El 25 de diciembre de 2025, vecinos del reparto Zamora, en el municipio Marianao (La Habana), no pudieron hacer otra cosa en Navidad que manifestarse por la gestión estatal de la crisis «endémica» que agobia —con más fuerza desde hace varios años— a la mayoría de las familias en Cuba. Tras un largo periodo sin servicio eléctrico, los vecinos de Zamora expresaron su descontento mediante cacerolazos y la quema de basura.

Otras protestas similares se repitieron a lo largo del año que terminó en Cuba, un país donde, si bien no se ha visto un estallido social tan extendido y masivo como el de julio de 2021, tampoco se ha apagado del todo el desafío al poder político, a pesar de que la represión estatal continúa asfixiando el espacio cívico. No puede ser de otra manera cuando en la isla se ha sobrevivido entre la decadencia sin precedentes de servicios básicos, el azote de epidemias y la mano dura del régimen del Partido Comunista.

2025 confirmó la persistencia de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos, marcado por la represión del disenso, el uso del aparato legal como herramienta de control y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Desde los primeros días del año, organizaciones independientes documentaron detenciones arbitrarias, vigilancia policial y hostigamiento sistemático contra activistas, periodistas y ciudadanos críticos, estableciendo un tono que se mantuvo durante los doce meses.

Excarcelaciones de enero: opacas e insuficientes

Uno de los primeros hechos relevantes del año fue el anuncio oficial, en enero de 2025, de excarcelaciones vinculadas a gestiones con el Vaticano en el contexto del Jubileo de 2025, y tras la decisión de la administración de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo».

Aunque el Gobierno cubano presentó la medida como un gesto humanitario, organizaciones de derechos humanos advirtieron que muchas de estas excarcelaciones —realizadas en distintos momentos entre enero y marzo de 2025— estuvieron condicionadas, carecieron de transparencia y no implican el reconocimiento de la existencia de presos políticos.

De las 553 «liberaciones» prometidas por el régimen, apenas 231 fueron de personas presas por motivos políticos y de conciencia, según documentó elTOQUE y otros medios independientes con información aportada por la sociedad civil y familiares. Además, algunas fueron devueltas a las celdas con diversas justificaciones; como ocurrió con Adán Kiubel Castillo Echevarría, Donaida Pérez Paseiro, Félix Navarro y José Daniel Ferrer (quien sería desterrado en octubre de 2025).

José Daniel Ferrer no abandonó Cuba, lo sacaron

¿Qué Estado de derecho libera a un presunto delincuente solo porque su adversario político lo solicita? No hay forma de interpretar a favor del régimen cubano el destierro de Ferrer.

El derecho penal se afianza como mecanismo de control del disenso

Uno de los rasgos más persistentes del año fue la aplicación selectiva del derecho penal contra personas críticas del Gobierno. Tipos penales amplios y ambiguos —como desórdenes públicos, desacato, atentado o propaganda enemiga— continuaron siendo utilizados para sancionar conductas protegidas por estándares internacionales de derechos humanos, como la expresión de opiniones, la protesta pacífica o la actividad periodística independiente.

Así ocurrió con seis personas que llevaban meses en «prisión provisional» por la protesta del 20 de octubre de 2024 en Manicaragua (Villa Clara). Un año después el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara impuso penas de seis años de privación de libertad a Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez, acusados de «desórdenes públicos»; y también a José Águila Ruiz por supuesta «propaganda contra el orden constitucional». Además, fueron condenados a cinco años de prisión Osvaldo Agüero Gutiérrez, Yoan Pérez Gómez y Narbiel Torres López, también por «desórdenes públicos».

La sentencia reafirmó que la protesta pacífica es intolerable para el régimen de La Habana y que la propaganda oficial miente al tratar de instalar la idea del «diálogo» con los dirigentes como una práctica del poder para resolver las insatisfacciones de la ciudadanía.

El «ruido» de la protesta es insoportable para el régimen: hasta seis años de cárcel para manifestantes de Manicaragua

El Tribunal de Villa Clara dictó sentencias privativas de libertad para seis personas que llevaban tiempo en prisión provisional por una manifestación de hace un año en Manicaragua. Se reafirma que la protesta pacífica es intolerable para el régimen de La Habana.

Johanna Cilano, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional (AI), ha dicho a elTOQUE que en Cuba «existe una regulación restrictiva de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión».

«El Código Penal mantiene delitos vagos —“desacato”, “resistencia”, “desórdenes públicos”, “propaganda contra el orden constitucional” y “financiamiento extranjero”— utilizados para criminalizar a la disidencia, como ha sido habitual durante los últimos 60 años. Además, existen regulaciones discrecionales en materia de vigilancia y acceso a datos personales, entre otras normativas», agrega Cilano.

Golpear al mensajero: libertad de expresión y periodismo bajo presión

La libertad de expresión continuó enfrentando restricciones sistemáticas y el Partido Comunista no permite críticas ni en espacios digitales.

Periodistas independientes, activistas y usuarios de redes sociales fueron objeto de citaciones policiales, interrogatorios, multas administrativas y amenazas de procesos penales. Estas prácticas, aunque a veces no culminan en condenas, generan un efecto inhibidor que limita el debate público.

Sin embargo, ir a prisión por opiniones políticas también es una posibilidad real. En los últimos días de diciembre de 2025 trascendió la condena a siete años de cárcel para el activista Alexander Verdecia Rodríguez. El miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) está arrestado desde el pasado febrero por expresar opiniones contra el Gobierno en su cuenta personal de Facebook.

Freedom House mantiene a la isla entre las naciones sin libertad en Internet, según su último informe anual. «El Estado comunista unipartidista cubano proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios de comunicación independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas», concluye la ONG.

Un ejemplo de esto son los ataques contra elTOQUE y las personas vinculadas al medio durante 2025, dentro y fuera de Cuba, cuyo colofón fue el bloqueo para acceder al medio desde la Isla en diciembre, así como la campaña de difamación y las amenazas de procesar penalmente a miembros del equipo y colaboradores.

Amenazas de extradición y cárcel: el más reciente acto de hostigamiento contra elTOQUE

La escalada de agresiones contra el equipo de elTOQUE continúa. En un nuevo paso para tratar de callarnos, la página oficiosa de la Seguridad del Estado, Razones de Cuba, ha publicado el supuesto listado de «directivos» de nuestro medio que estarían siendo investigados por ese cuerpo.

Cuba continuó clasificado por Reporteros sin Fronteras (RSF) en 2025 como «el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa».

El control sobre el espacio digital, combinado con regulaciones administrativas y vigilancia tecnológica, refuerza un entorno en el que expresar opiniones críticas implica riesgos jurídicos reales. Desde una perspectiva legal, estas medidas no superan los estándares de necesidad y proporcionalidad exigidos por el derecho internacional, aun cuando el Estado invoque razones de orden público o seguridad nacional.

Hasta noviembre de 2025, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) había documentado más de 1 100 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo censura, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y hostigamiento a periodistas y activistas.

Estado cubano señalado por sus violaciones

En el plano internacional, 2025 estuvo marcado por nuevos pronunciamientos de organismos y mecanismos de derechos humanos que señalaron la arbitrariedad de las detenciones y la falta de garantías procesales en Cuba, incluido el otorgamiento de varias medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para activistas, presos políticos y familiares en riesgo por el hostigamiento del Estado.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió las Opiniones 46/2025 y 57/2025, según las cuales considera que 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 —juzgados en dos causas penales distintas en las provincias Villa Clara y Artemisa— fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión.

Por otra parte, Amnistía Internacional publicó el informe «Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba», en el que se analiza cómo las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas en Cuba son objeto de una represión diferenciada, en la que el Estado utiliza los vínculos familiares, la vida privada, la dependencia económica, la sexualidad y la apariencia como herramientas de control, intimidación y castigo.

Johanna Cilano, investigadora de AI, dijo a elTOQUE que, entre los patrones destacados de violencia política con sesgo de género en Cuba, analizados por su organización, está «la instrumentalización de la maternidad para intentar que estas mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, dejen de realizar su labor, de participar en protestas o exigir la libertad de sus hijos».

Aunque estos señalamientos expusieron al régimen y pueden incidir en la presión diplomática, no se tradujeron en cambios sustantivos en la política interna del Estado, que continuó rechazando las críticas y atribuyéndolas a injerencias externas, mientras colabora solo con las instancias internacionales que puede utilizar para reforzar su narrativa.

Las personas privadas de libertad por motivos políticos siguen vulnerables

A lo largo del año se mantuvo un número significativo de personas privadas de libertad por razones políticas o vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales. Según los subregistros de diversas organizaciones independientes, entre 750 y 1 192 personas se encuentran en esta situación.

La ONG Justicia 11J informó que, según sus registros, al menos 562 personas continúan encarceladas «por ejercer el derecho a la protesta desde julio de 2021».

Más allá de las cifras, las denuncias recurrentes apuntan a condiciones de reclusión incompatibles con estándares internacionales. Problemas de acceso a atención médica, aislamiento prolongado y sanciones disciplinarias arbitrarias fueron señalados de manera reiterada. Desde una perspectiva jurídica, estas condiciones pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos de forma absoluta por el derecho internacional de los derechos humanos.

Pedro Carlos Camacho: 19 meses en el «infierno» del presidio político cubano

A sus 27 años, las pocas veces que Pedro Carlos Camacho Ochoa ha conocido un calabozo en Cuba ha sido por motivos políticos. Tras 19 meses recluido, no conoce petición fiscal contra él o los demás procesados en Las Tunas ni les han notificado una fecha para llevarlos a los Tribunales.

La crisis económica afecta los derechos sociales

El deterioro económico del país tuvo un impacto directo en el ejercicio de derechos como la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado. La escasez de bienes esenciales y medicamentos, sumada a la inflación, afectó de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.

Desde el punto de vista jurídico, el problema no es solo material, sino institucional: no existen mecanismos efectivos para reclamar estos derechos ni tribunales independientes que permitan exigir responsabilidades al Estado. La ausencia de garantías convierte los derechos sociales en promesas formales sin contenido exigible, y a quienes los reclaman en potenciales «enemigos» del régimen que no tiene otra respuesta segura que la violencia y la represión estatal.

A medida que avanzó el año, los registros de violaciones aumentaron. En el primer semestre, la ONG Cubalex documentó más de 1 500 hechos represivos en distintas provincias del país, incluyendo detenciones arbitrarias, amenazas, citaciones policiales y restricciones de movimiento.

Muchos de los picos de represión coinciden con protestas motivadas por apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de agua y el colapso de servicios básicos.

Mención aparte merece la articulación estudiantil que emergió en Cuba tras el 30 de mayo de 2025 —cuando el monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa anunció elevados precios del Internet móvil—, y que intentó revertir el «tarifazo» con paros académicos y protestas en varios centros de enseñanza, pero que terminó disolviéndose debido a la represión.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó, entre enero y noviembre de 2025, al menos «2865 acciones represivas» en Cuba, incluidas más de 500 «detenciones arbitrarias».

Cómo leer la protesta de los estudiantes cubanos contra el tarifazo

Hay en las palabras de los estudiantes universitarios cubanos la lucidez que solo es posible cuando se sufre, cuando la acumulación de los pesares es más grande y más absoluta que cualquier concesión para no meterse en problemas. ¿Qué importan los problemas si no nos importa la gente?

En declaraciones a elTOQUE, el director de estrategias del OCDH, Yaxys Cires, opinó que «la situación socioeconómica de Cuba es crítica y que el régimen está asumiendo una posición peligrosa entre el inmovilismo y la represión».

La desaprobación de las autoridades impuestas por el Partido Comunista de Cuba (PCC) es del 92 %, según el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, del OCDH.

Los apagones se sitúan como la preocupación número uno de los cubanos (72 %), superando por poco margen a la crisis alimentaria (71 %), de acuerdo con la investigación anual del OCDH. Los cubanos también expresaron su malestar por el alto costo de la vida (61 %), los bajos salarios (45 %) y la deficiente Salud pública (42 %).

En conjunto, 2025 dejó el saldo de un país donde la represión se mantuvo como política de Estado, pero también donde la demanda de derechos, dignidad y libertad persiste, incluso en las condiciones más restrictivas.