El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció cambios en el sistema de comercio exterior durante la clausura del Pleno Extraordinario del Partido Comunista de Cuba, el 17 de junio de 2026, en un contexto de crisis económica, escasez de divisas, dependencia de importaciones básicas y limitada capacidad productiva interna.
En su intervención, afirmó que se debe «autorizar la importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales, productivas, exportadoras o que sustituyan importaciones, manteniendo requisitos técnicos y fiscales, pero eliminando la intermediación obligatoria». Según los acuerdos anunciados por el primer ministro Manuel Marrero en la Asamblea Nacional realizada el 18 de junio, las empresas privadas y cooperativas podrán realizar estas operaciones de forma directa, aunque previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).
Según dijo Díaz-Canel, también se «permitirán cuentas en el exterior, pagos en divisas entre empresas y operaciones internacionales auditables para actores que importan, exportan o prestan servicios globales».
Entre los cambios anunciados figura la aplicación del llamado principio de «nomenclatura negativa» para las empresas que realizan comercio exterior, incluida la inversión extranjera. Ese mecanismo implica que las actividades económicas estarán permitidas salvo las que el Estado prohíba expresamente, una lógica distinta al sistema tradicional de autorizaciones caso por caso.
Asimismo, se prevé autorizar a instituciones cubanas a comercializar marcas y patentes en mercados internacionales.
El presidente designado por Raúl Castro vinculó las nuevas medidas con la captación de divisas, la descentralización, eliminación de intermediarios y la apertura a actores estatales y no estatales para operar directamente en mercados internacionales.
Sin embargo, ¿estas reformas suponen realmente el fin del monopolio estatal del comercio exterior en Cuba o se trata de una reorganización parcial del sistema bajo nuevas formas de control?
Entre reformas parciales y el modelo centralizado
El comercio exterior cubano ha estado estructurado bajo un esquema de monopolio estatal desde 1959.
A partir de 2021, con la autorización de mipymes, el sector no estatal comenzó a hacer operaciones de comercio exterior, pero bajo esquemas regulados y a través de intermediación estatal. La Resolución 166/2024 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera también estableció que las formas de gestión no estatal pueden realizar operaciones de importación y exportación en moneda libremente convertible (MLC), pero únicamente a través de entidades estatales autorizadas. Ello significa que mantienen un esquema de intermediación en el que no operan de forma directa en el comercio exterior, sino bajo la gestión y supervisión de organismos estatales.
En medio de las restricciones, las mipymes se han consolidado como un actor relevante en la importación de bienes y alimentos, pero con limitada capacidad exportadora. Una parte significativa de esas empresas enfrentan restricciones operativas para importar insumos de alto costo o complejidad, lo que condiciona su participación efectiva en el comercio exterior.
Ante este contexto, el economista Miguel Alejandro Hayes dijo en declaraciones a elTOQUE que considera que las medidas anunciadas responden a un patrón recurrente de liberalización parcial en el que, según explica, «los grandes ganadores, en general, son los que llevaban ventaja», ya sea en términos de información, capital o redes de contactos. A su juicio, en escenarios de apertura, tienden a consolidarse actores previamente posicionados en el sistema económico.
En el caso cubano, advierte que una eventual eliminación de intermediarios en el comercio exterior no implicaría una redistribución equilibrada de oportunidades, sino el fortalecimiento de quienes operan en ese espacio. «Los vencedores de ese proceso van a ser los actores que ya han acumulado experiencia en el sector privado y estatal», señala, en referencia a mipymes y entidades que participan en importaciones y exportaciones bajo el esquema vigente.
No obstante, sostiene que «mientras mantengan ese control discrecional de a qué actores económicos aprobar y a cuáles no, el régimen cubano sigue teniendo el monopolio institucional», afirma. En su análisis, más que una desmonopolización, lo que ocurre es una «desconcentración de funciones administrativas» dentro de un sistema en el cual el Estado conserva la capacidad de autorizar, restringir o revertir la participación de los actores económicos.
Sobre ese punto —el alcance real de las reformas dentro de un modelo altamente centralizado—, el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo añade una lectura crítica sobre la distancia entre los anuncios y su implementación efectiva. El discurso oficial «introduce más interrogantes que certezas sobre la profundidad real de las reformas» y evidencia la falta de claridad sobre cómo se materializarán los cambios.
El especialista subraya, además, la brecha entre diseño y ejecución: «[La apertura] no lo ha logrado la planificación centralizada jamás y no lo va a conseguir. Eso lo puede lograr el mercado regulado por un Estado democrático, cuya función sea eliminar los fallos que producen los mercados sin regular», apuntó.
Miguel Díaz-Canel también aseguró que «cada divisa que entre debe tener caminos para financiar producción, importaciones, inversión, salarios e infraestructura», lo que refuerza la idea de una circulación controlada de las divisas en función de prioridades económicas definidas por el Estado. Sin embargo, en la práctica, diversos análisis económicos han señalado el persistente desbalance en la asignación de inversiones estatales, con una fuerte concentración en el sector turístico —hoy en declive— en detrimento de áreas productivas, la industria nacional y los servicios sociales. En ese punto, las advertencias de los economistas sobre la capacidad del modelo actual para generar transformaciones estructurales apuntan a una tensión: la coexistencia entre apertura operativa y control centralizado de los recursos claves de la economía.
El anuncio de las nuevas medidas se produce en un contexto marcado por nuevas sanciones de la Administración de Donald Trump contra el Gobierno cubano y el conglomerado militar Gaesa, así como por la reducción sostenida de los suministros de combustible hacia la isla, lo que ha agravado la crisis energética. A ello se suman protestas ciudadanas en distintos puntos del país debido a los apagones, la escasez de bienes básicos y el deterioro de las condiciones de vida.
