Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 cambiaron el mapa político de Estados Unidos. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, después de dos años en los que el Partido Republicano dominó ambas cámaras y la Casa Blanca. Los primeros estudios realizados durante la jornada electoral identificaron la economía, el costo de vida y el funcionamiento del Gobierno entre las principales preocupaciones de los votantes. La inmigración también formó parte del debate, aunque no siempre ocupó el primer lugar entre las prioridades del electorado.
Sin embargo, el resultado nacional no se reprodujo de igual manera en Florida —con una importante población inmigrante y latina—, donde los republicanos conservaron importantes posiciones de poder. El contraste plantea preguntas que van más allá de quién ganó las elecciones. ¿Qué revelan los resultados sobre las preocupaciones de los votantes y cómo se comportó el voto del electorado latino en Florida? ¿Por qué este estado mantuvo la gobernación republicana mientras los demócratas avanzaban en el resto del país? ¿Qué puede sugnificar lo que ocurrió en Miami-Dade, el condado con mayor presencia de cubanos en Estados Unidos, donde los candidatos demócratas consiguieron importantes victorias?
Byron Donalds mantendrá la gobernación republicana en Florida
En Florida, el republicano Byron Donalds ganó las elecciones para gobernador frente al demócrata David Jolly. Donalds sucederá a Ron DeSantis, quien no podía presentarse a un tercer mandato consecutivo.
Según los resultados electorales de Florida, Donalds obtuvo aproximadamente el 50 % de los votos, frente al 48.7 % de Jolly. La diferencia entre ambos candidatos fue de alrededor de 113 000 votos, equivalente a 1.3 puntos porcentuales. Donalds se convertirá en el primer gobernador negro de Florida elegido por voto popular.
Los republicanos también conservaron el escaño del Senado federal que estaba en disputa en el estado. Ashley Moody derrotó a la candidata demócrata Angie Nixon y continuará ocupando el puesto al que había sido designada después de la salida de Marco Rubio para incorporarse a la Administración Trump.
Miami-Dade se pintó de azul
La victoria de los republicanos no se reprodujo de manera uniforme en Florida. En Miami-Dade, uno de los condados con mayor presencia de población cubana y latinoamericana, el demócrata David Jolly obtuvo más votos que su rival republicano en la elección para gobernador.
Los datos publicados por la División de Elecciones de Florida permiten consultar los resultados de Miami-Dade por contienda y compararlos con los del conjunto del estado. Sin embargo, no se puede afirmar o refutar que el resultado de Miami-Dade equivale al comportamiento electoral del total de hispanos que viven en el condado. Tampoco, que los votantes cubanos respaldaron mayoritariamente a Jolly.
Los resultados oficiales registran cuántos votos recibió cada candidato, pero no identifican el origen nacional de quienes los emitieron. Por esa razón, cualquier afirmación sobre el porcentaje de cubanos que votó por uno u otro partido debe estar respaldada por estudios específicos.
La diferencia entre los resultados de Florida y Miami-Dade estuvo entre los asuntos de interés de la cobertura electoral realizada por Factchequeado el 3 de noviembre, en la que participó Eloy Viera Cañive, abogado y analista político de elTOQUE.
Para Eloy Viera, los resultados de Miami-Dade invitan a revisar algunas ideas sobre el peso electoral de la comunidad cubana y su relación con el Partido Republicano.
«Es verdad que el resultado del condado, por sí solo, no nos dice cómo votaron los cubanos. Pero sí nos obliga a revisar esa costumbre de contar a un tercio del electorado y dar por hecho que esos votos están en el bolsillo republicano», escribió Viera en su perfil de Facebook.
El analista también destacó la necesidad de distinguir entre el tamaño de una comunidad y su participación efectiva en las elecciones. «Una cosa es cuántos somos y otra diferente es cuántos salimos a votar y lo más importante, por quién votamos realmente», señaló.
Más allá de cómo se distribuyó el voto, los resultados dejaron un escenario político con consecuencias para las comunidades inmigrantes del sur de Florida. Mientras los republicanos conservaron la gobernación estatal, los demócratas recuperaron el control del Congreso federal, dos niveles de gobierno con responsabilidades diferentes en materia migratoria.
Aunque la economía y el costo de vida estuvieron entre las principales preocupaciones expresadas por los votantes a escala nacional, las políticas de inmigración siguen teniendo efectos directos sobre numerosas familias de Florida. Las detenciones, los procedimientos de deportación y la cooperación entre las autoridades estatales y federales son asuntos sobre los que intervienen distintas instituciones, no únicamente el presidente.
Dos Gobiernos, competencias diferentes: ¿qué puede cambiar para los inmigrantes en Florida?
La llegada de Donalds a la gobernación, prevista para enero de 2027, mantendrá al Partido Republicano al frente del Ejecutivo estatal mientras que el nuevo Congreso federal estará controlado por los demócratas.
La coexistencia de ambas mayorías tiene consecuencias sobre la distribución de responsabilidades políticas, especialmente en asuntos como la inmigración, en los que intervienen instituciones federales, estatales y locales.
El Congreso tiene autoridad para aprobar leyes federales, determinar los fondos destinados a las agencias gubernamentales y fiscalizar la actuación del Ejecutivo. Sin embargo, no asume las competencias que corresponden al gobernador, la Legislatura de Florida o las autoridades de los condados.
En materia migratoria, ello significa que las políticas estatales relacionadas con la cooperación entre agencias locales y autoridades federales seguirán dependiendo, en buena medida, de la legislación de Florida y de las decisiones de sus instituciones.
Las normas federales prevalecen sobre las estatales cuando existe un conflicto jurídico en un ámbito sujeto a la supremacía federal. Pero esa regla no convierte al Congreso en administrador de los Gobiernos estatales.
Por otra parte, las autoridades estatales tampoco pueden modificar por sí solas las condiciones federales para obtener una residencia permanente, solicitar asilo o adquirir la ciudadanía estadounidense.
La distinción es importante para comprender qué decisiones pueden adoptar los legisladores elegidos el 3 de noviembre de 2026 y cuáles continuarán correspondiendo al Gobierno estatal o a las agencias federales.
Para los inmigrantes de Miami-Dade, la nueva mayoría demócrata en el condado y en el Congreso abre interrogantes sobre el futuro de las políticas migratorias de la Administración Trump, especialmente en lo relacionado con las detenciones, las deportaciones y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, el cambio de mayoría legislativa no implica que estas políticas queden suspendidas. Las facultades del presidente y las del Congreso son diferentes.
El Congreso puede aprobar leyes federales, participar en la asignación de recursos públicos y fiscalizar las actuaciones del Gobierno. Por su parte, la aplicación cotidiana de las leyes migratorias corresponde principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las agencias bajo su supervisión.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) explica que ICE es una de las principales agencias responsables de las operaciones de control migratorio dentro de Estados Unidos, incluidas la identificación, detención y expulsión de personas sujetas a procedimientos de deportación.
Por tanto, para las familias inmigrantes de Miami-Dade, la nueva composición del Congreso no supondrá automáticamente la suspensión de los operativos migratorios, la cancelación de órdenes de deportación ni la eliminación de las disposiciones que continúen vigentes.
Para modificar determinadas políticas mediante una ley, el Congreso tendría que aprobar una propuesta en ambas cámaras y enviarla al presidente, quien podría firmarla o vetarla.
Si Trump ejerciera su derecho de veto, los legisladores necesitarían una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en cada cámara para anularlo, siempre que exista quórum. Aunque los demócratas consiguieron el control del Congreso, no alcanzaron por sí solos esa mayoría. Por tanto, para superar un eventual veto presidencial tendrían que contar con el respaldo de legisladores republicanos.
Ese procedimiento está establecido en el artículo I, sección 7, de la Constitución de Estados Unidos. Para quienes tienen procesos de asilo pendientes, órdenes de deportación o familiares detenidos en el sur de Florida, la distinción es importante. Sus casos continuarán sujetos a las leyes aplicables, las decisiones administrativas y las resoluciones judiciales correspondientes.
No obstante, la nueva mayoría legislativa sí tendrá facultades para supervisar a las agencias federales, investigar sus actuaciones y participar en las decisiones sobre los recursos destinados a las operaciones migratorias.
¿Qué facultades tendrá el Congreso para investigar a ICE?
La nueva mayoría demócrata contará con mecanismos para supervisar la actuación de las agencias federales.
Las comisiones del Congreso pueden convocar audiencias, solicitar documentos, exigir explicaciones a funcionarios y desarrollar investigaciones sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. También pueden recurrir a citaciones formales para obtener información o testimonios, dentro de los límites establecidos por la ley.
En materia migratoria, esas facultades permiten examinar las condiciones de los centros de detención, los procedimientos empleados durante operativos de ICE, la contratación de instalaciones privadas y la utilización de recursos federales.
La capacidad de supervisión no equivale a dirigir las operaciones de las agencias. Sin embargo, permite someter las decisiones administrativas al escrutinio de los legisladores.
Otro instrumento importante es el presupuesto. El Congreso participa en la aprobación de las asignaciones presupuestarias que financian las operaciones federales. Por esa vía, los legisladores pueden negociar determinadas partidas, exigir informes sobre el uso de recursos o establecer condiciones legales para algunos gastos.
No obstante, la capacidad para reducir o condicionar el financiamiento de ICE dependerá de las leyes presupuestarias vigentes, los fondos previamente aprobados y las negociaciones con el Ejecutivo.
Los recursos plurianuales y otras autorizaciones de gasto no desaparecen porque cambie la mayoría parlamentaria. En el sur de Florida, donde las oficinas migratorias y los centros de detención forman parte de la experiencia de numerosas familias, estas facultades de supervisión tienen una importancia concreta. El nuevo Congreso podrá investigar el funcionamiento de las agencias federales y examinar la utilización de sus recursos. Sin embargo, no asumirá la dirección de ICE ni las competencias de las autoridades estatales de Florida.
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