La propaganda cubana y la defensa de Cuba en el proceso judicial de Londres se han referido a CRF I Ltd —titular de la deuda reclamada al Gobierno de Díaz-Canel— como fondo buitre, en un intento por deslegitimar y vulgarizar ese tipo de sociedades. 

El término «fondo buitre» —también conocido como fondo distressed o holdouts— no tiene trascendencia legal, sino meramente peyorativa. Son fondos de capital de riesgo que compran deudas de economías en problemas y cercanas a la quiebra para después presionar y cobrar la totalidad de su valor; además de los intereses adeudados por los años sin atender a reestructuraciones. Su campo de acción abarca tanto países con situaciones financieras críticas, como empresas con graves problemas económicos.

CRF I Ltd no se reconoce como fondo buitre, sino que afirma que sus empleados y asesores «tienen una amplia experiencia en la reestructuración de la deuda de los mercados emergentes y han estado tratando de trabajar constructivamente con Cuba durante un período de muchos años para ayudar a reestructurar su deuda de una manera que fuera equitativa y mutuamente beneficiosa».

El fondo de inversión CFR I Ltd niega haberse involucrado en la deuda de Cuba con fines de ejecución inmediata, como los típicos fondos buitres. CRF I Ltd ha acumulado deuda del archipiélago desde hace varios años y, al menos desde 2013, ha demostrado el deseo de llegar a un acuerdo con las autoridades de La Habana. No fue hasta 2020 que decidió —ante la negativa cubana de negociar— demandar en cortes. 

Los argumentos que omite la oficialidad sobre la demanda a Cuba

Cuando faltan unos días para el inicio del juicio que enfrentará Cuba en una corte londinense, los aparatos de propaganda en voz de Humberto López ofrecieron su versión de los hechos. El siguiente texto comparte detalles no abordados o manipulados por la oficialidad.

De acuerdo con uno de los documentos presentados por CRF I Ltd a la Corte en Londres, el 6 de agosto de 2013 envió al Gobierno cubano una carta en la que expresó su deseo de convertirse en «socio a largo plazo» y buscar «una reestructuración justa, racional y equitativa para todas las partes sobre la base de las normas internacionales establecidas».

Asimismo, en 2018 el Club de Londres, impulsado en lo fundamental por CRF I Ltd, también intentó llegar a un acuerdo con Cuba. Un deseo que se repitió en 2021, cuando después de presentada la demanda en la corte londinense CRF I Ltd propuso al Gobierno de La Habana —de acuerdo con un reporte de Bloomberg— convertir los 1 400 millones de dólares de deuda de la que es titular en un bono de cupón cero (no implica pagos periódicos de intereses durante la vida del bono y se comercializa con un descuento inferior a su valor nominal) sin pagos hasta 2026. 

Si bien la denominación fondo buitre tuvo algún efecto en tiempos pasados (bajo el argumento de la doctrina Champerty), la tendencia se ha revertido al punto de ser rechazada por muchos países, sobre todo del sistema anglosajón de justicia, como Reino Unido. La apelación de la defensa de Cuba en Londres a un término como fondo buitre solo persigue desviar la atención de lo más importante: su incapacidad para pagar una deuda que es legítima.

La doctrina Champerty se expresa en la sección 489 de la Ley Judicial del estado de Nueva York; reconoce que ninguna persona natural o jurídica puede comprar documentos de crédito vencidos con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial. Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense ha ido modificando la interpretación y ha emitido fallos que contradicen los argumentos de la doctrina Champerty.

Juicio de Cuba en Londres: testigos, gastos y una notificación roja en la Interpol

¿Cuánto le cuesta a Cuba la celebración del juicio internacional por impagos de la deuda externa que tendrá lugar en Londres? ¿Quiénes serán los testigos? ¿Por qué emitió una orden de captura a través de la Interpol contra uno de los consultantes del fondo de inversión que la demanda?

Un ejemplo claro es el caso del fondo de riesgo Elliot, de Paul Singer. Elliot estableció en una corte neoyorquina un proceso contra Perú por el cobro de parte de la deuda soberana del país andino, que estaba en default (impago). Como parte del proceso, en 1998 el juez Robert W. Sweet declaró que la deuda realmente existía, pero que Elliot no era un titular válido porque había cometido «Champerty».

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York se pronunció a favor del fondo Elliot, anuló la decisión de primera instancia y con ello el uso de la aplicación de la doctrina Champerty para proteger a los deudores de fondos de riesgo que acumulan deuda soberana.

El caso peruano sirvió como argumento y antecedente para que Paul Singer ganara, en 2013, otro caso contra la República Argentina. Durante el litigio, el Estado austral intentó utilizar el término fondo buitre y la doctrina Champerty para negarse a pagar un segmento de su deuda soberana, cuyos titulares se habían negado a pactar con Argentina con la única intención de litigar en las cortes estadounidenses.

En la contemporaneidad, se alienta el acceso a la justicia como forma de dirimir conflictos. Por esa razón, los argumentos de la doctrina Champerty se han desechado en diferentes jurisdicciones dentro de las que destacan Australia, Canadá y Reino Unido. En 2013, Lord Neuberger, presidente de la Corte Suprema de Reino Unido, dijo que «el acceso a los tribunales es un derecho y el Estado no debe interponerse en el camino de las personas que hacen uso de ese derecho».

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