Una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento Migratorio descubrió grandes irregularidades en el programa parole humanitario. Entre las principales denuncias que hizo el informe están el fraude masivo, el supuesto uso de dinero público y la posible trata de personas. El reporte fue presentado por el congresista republicano Jim Jordan el 20 de noviembre de 2024.

El parole es un programa disponible para venezolanos desde octubre de 2022 y desde enero de 2023 para haitianos, nicaragüenses y cubanos. El requisito fundamental para aplicar es tener un patrocinador con estatus regular en Estados Unidos. Hasta el momento, se otorgaron permisos de viaje a 531 000 personas (211 000 haitianos, 117 000 venezolanos, 110 000 cubanos y 93 000 nicaragüenses). El programa se creó para permitir la migración ordenada de 30 000 personas de esas nacionalidades cada mes.

De acuerdo con el reporte presentado por Jordan, se encontró que el mismo número de Seguro Social se utilizó en al menos 20 solicitudes diferentes. No se trata de un caso aislado porque se repitió más de 3 200 veces. También se reportó que un único número telefónico se empleó para otras 20 aplicaciones distintas; en este caso, la presunta estafa se repitió 3 300 veces.

El comité afirmó encontrar patrones similares con otros datos: varias aplicaciones tenían el mismo código postal, el mismo correo electrónico, la misma respuesta a una pregunta. El informe aseguró que varios patrocinadores enviaron documentos fraudulentos como parte de su aplicación y criticó que algunas personas patentaron como recursos propios dinero proveniente de beneficios sociales.

¿CBP One facilita más la entrada de migrantes cubanos que el parole humanitario?

Desde 2023, 110 000 cubanos han llegado a EE. UU. bajo el programa de parole humanitario, permitiendo su tránsito legal. Sin embargo, otras aplicaciones como CBP One podrían beneficiar más a los migrantes de la isla.

El sitio The Washington Times publicó en septiembre de 2024 que algunas personas en EE. UU. venden patrocinios en redes sociales a migrantes con quienes no tienen relación, y que casi 1 000 solicitudes fueron aprobadas con números de Seguro Social de personas fallecidas. Asimismo, el comité comentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aprobó a personas con estatus temporal en el país y a otros que admitieron patrocinar con fondos provenientes de actividades ilegales.

Existe la posibilidad, además, de que traficantes de personas utilizaran el programa para explotar a mujeres y niñas. El análisis del comité reveló que varias solicitudes (enviadas desde las mismas direcciones IP) se relacionaban con un alto porcentaje de mujeres migrantes. En un caso específico, se enviaron 21 solicitudes desde una misma IP para 18 mujeres y solo tres hombres. De estas mujeres, al menos seis eran menores de 18 años. Lo anterior evidencia posibles casos de explotación y abusos.

El informe señaló deficiencias en los controles de seguridad del programa y subrayó que el DHS no realiza verificaciones completas de antecedentes. Según el comité, lo anterior sucede porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) no tiene autorización para usar el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) en revisiones sistemáticas. La limitación reduce la capacidad de identificar riesgos potenciales asociados con los solicitantes.

La Administración Biden-Harris detuvo temporalmente el parole en julio de 2024 porque descubrieron el fraude masivo. El programa se reanudó un mes más tarde, suceso que fue criticado. Desde entonces, la cantidad de personas aprobadas para viajar disminuyó considerablemente.

El parole y CBP One —una aplicación de móvil que permite agendar una cita con las autoridades de la frontera sur estadounidense— podrían haber beneficiado a más de 130 000 cubanos desde enero de 2023, según estimaciones. Donald Trump, el nuevo presidente electo, prometió eliminar ambas políticas una vez que llegue a la Casa Blanca el 21 de enero de 2025.