Con la entrada en vigor de la Ley 171 de Migración, el primero de noviembre de 2026, circulan en redes sociales versiones que aseguran que desde este mes «todo tipo de profesional» necesita una autorización para salir de Cuba.
En un video con más de 15 400 reacciones al momento de escribir esta verificación —y compartido más de 1 100 veces—, se afirma que el título universitario «es el stop» para que alguien pueda salir del país. Otra publicación, en el perfil de Facebook de Alberto Pantoja Ponce (10 000 seguidores), sostiene que la nueva ley amplía la «regulación» a más profesionales y que incluye a auditores y fiscalizadores en una «lista de perfiles [laborales] bloqueados».
elTOQUE Jurídico contrastó esas afirmaciones con la nueva ley migratoria y con las normas que regulan la autorización para salir del país por razones vinculadas a la preservación de la fuerza de trabajo calificada. La conclusión: es FALSO que todos los profesionales necesitan autorización para viajar, ni el artículo 97 de la Ley 171 ni el Decreto 306 convierten el título universitario en un impedimento en sí mismo.
Lo que sí hace la nueva ley es incorporar un motivo específico de impedimento de salida relacionado con las funciones de control y fiscalización.
Qué dice la ley sobre los profesionales
La afirmación de los contenidos falsos se apoya en el inciso f del artículo 97 de la Ley 171 que impide salir de la isla a quien carezca de «la autorización establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada». Ese inciso no menciona títulos ni profesiones específicas: remite a otras normas.
Una de las principales es el Decreto 306 de 2012, que establece cuatro grupos de trabajadores sujetos a este tipo de regulación. A saber:
cuadros categorizados como directivos superiores y otros directivos de organismos, entidades y organizaciones, así como directivos y ejecutivos con responsabilidades sobre actividades vitales o facultades decisorias relacionadas con los recursos;
graduados de la educación superior que realizan actividades vitales para el país en programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud;
técnicos medios especializados en actividades vitales para los servicios de salud y la actividad científico-técnica;
atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores cuyas actividades sean vitales para el deporte.
Quien lea o escuche solo «graduados de la educación superior» —como se ha mencionado en redes sociales— puede creer que basta con tener un título universitario para que le restrinjan la salida. Sin embargo, el decreto delimita el grupo: se trata de quienes realizan actividades consideradas vitales en determinados ámbitos. Lo relevante no es solo la formación académica, sino el trabajo que se desempeña y si el cargo o la función están incluidos en el sistema de autorización.
Según el artículo 4 del Decreto 306, los jefes facultados de cada organismo fundamentan y proponen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los cargos y funciones que deben quedar sujetos a las regulaciones. El Ministerio analiza las propuestas y las presenta al Consejo de Ministros para su aprobación. Las modificaciones a esa relación se proponen en noviembre de cada año. El artículo 5 estableció en 2012 que se creara un sistema automatizado bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el artículo 8 dispuso que los jefes facultados informen a los trabajadores afectados.
El decreto incluye las categorías generales de personas que pueden quedar sujetas a la regulación, pero no contiene una relación pública y detallada de los cargos y funciones incluidos en el sistema automatizado. La Ley 171 tampoco la incorpora.
El video viral afirma, además, que «un técnico [medio] también es una persona calificada» sujeta a la prohibición de salida. Dicho de manera absoluta, ese comentario también es falso: el decreto no regula a cualquier técnico medio, sino a los especializados en actividades consideradas vitales para los servicios de salud y la actividad científico-técnica.
Qué pasa con auditores, fiscalizadores y maestros
La segunda publicación que verificamos afirma: «Auditores y fiscalizadores […] entran directo a la lista de perfiles bloqueados». Esa afirmación exagera el alcance de la norma, aunque alude a un cambio que sí debe tenerse en cuenta.
El inciso j del artículo 97 de la Ley 171 impide salir a quien esté vinculado, «por la función que desempeña en la entidad que labora, con acciones de control y fiscalización de los organismos competentes». El criterio es la función concreta que cumple la persona, no su profesión ni el simple hecho de trabajar en un área de auditoría o fiscalización. Este motivo aparece en la nueva ley y no figuraba con esa formulación en el Decreto Ley 302 de 2012.
La publicación también atribuye al Ministerio de Educación el endurecimiento del control sobre bajas laborales y permisos de pasaporte de maestros y profesores. No se encontró en las normas analizadas ninguna disposición que respalde esa afirmación, y el Decreto 306 tampoco incluye a los maestros como categoría específica. Lo anterior no permite descartar que algún trabajador del sector educativo quede comprendido por otras responsabilidades o funciones, pero ese decreto no regula de forma general a los docentes por el mero ejercicio de la enseñanza.

Hay una parte cierta, aunque requiere matices: el Decreto 306, de 2012, somete a regulaciones para viajar al exterior a determinados profesionales de la salud que desempeñen actividades consideradas vitales y sus cargos o funciones estén incluidos en el sistema de autorización. Eso no significa que todos los médicos, por el hecho de ejercer, tengan prohibido salir del país. Para conocer en detalle las regulaciones a los médicos cubanos, puedes leer este artículo.
En 2012, el Decreto Ley 302 modificó la Ley de Migración de 1976 y estableció, en su artículo 25, que no podían salir del país quienes carecieran de la autorización «establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país (…)». La Ley 171 deroga ese decreto ley, pero conserva la fórmula en el inciso f del artículo 97. Además, incorpora expresamente, en el inciso j, el impedimento relacionado con las funciones de control y fiscalización. Mantiene también, en el inciso i, una causa amplia referida a «otras razones de interés público» que ya existía en la legislación anterior.
Lo anterior no significa que no haya ningún motivo de alarma. Aunque la obtención de un título universitario no impide por sí solo la salida, la ley cubana mantiene la posibilidad de argumentar razones de preservación de la fuerza de trabajo calificada y de interés público, que en el Estado cubano pueden ser usadas de forma arbitraria y a conveniencia del régimen de La Habana.
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