En noviembre del año pasado, el jurista e intelectual cubano Julio César Guanche expuso de manera razonable la duda de si los cubanos residentes en el exterior tendrían derecho a votar en el referendo constitucional. Como soy uno de los tantos que se encuentran en esta situación, hace dos semanas comencé a enviar tuits con esa pregunta a varios funcionarios cubanos, incluido el presidente Díaz-Canel y el Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez.

 

Captura de pantalla del perfil de Twitter de José Raúl Gallego

Captura de pantalla del perfil de Twitter de José Raúl Gallego.

 

Ante el silencio y pasados los días, decidí compartir vía Facebook mi preocupación y solicitar a quienes tuvieran la misma duda que reenviaran la pregunta para que ganara visibilidad. Esto hizo que varias personas se sumaran, compartieran y que algunos medios digitales se hicieran eco de la petición. Aun así no hubo respuesta y, sinceramente, no creo que la haya, a pesar de que se trata de una cuestión de suma importancia.

Este ejemplo —uno entre muchos— es una muestra más de las deficiencias en materia de Comunicación Política del Estado cubano y el entendimiento limitado que poseen los representantes de ese “gobierno electrónico” que el presidente Díaz-Canel ha defendido como “una prioridad para potenciar los vínculos con la población e impulsar el desarrollo socioeconómico de la isla”.

La concepción de gobierno electrónico implica no solo la presencia de los funcionarios en Twitter y la apertura de portales web de los ministerios y gobiernos locales, sino también aprovechar las nuevas tecnologías en función de aumentar la eficiencia de la gestión pública, su transparencia, mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y, sobre todo, hacerlos partícipes de los procesos de decisión e implementación de políticas como protagonistas activos. Por tanto, el gobierno electrónico no solo lleva inversión en recursos materiales; ante todo, requiere de un cambio cultural o de mentalidad —como se estila decir en el discurso político cubano— que como ya sabemos, es algo mucho más complicado que la compra de tecnología.

Según datos aportados por el proyecto Inventario, hasta el 31 de diciembre de 2018 y luego de casi tres meses de presencia en Twitter, el presidente Díaz-Canel solo había respondido 51 veces (menos de una por día) y de ellas solo 10 correspondían a ciudadanos cubanos “de a pie”, menos de la quinta parte.

El grueso de las respuestas fue dirigido a otros presidentes, así como a funcionarios, instituciones y periodistas del país (Ver Fig. 1). Al parecer, el presidente se siente más cómodo interactuando entre pares y cercanos. ¿Para qué abrir una nueva vía de comunicación y emplearla fundamentalmente para algo que puede hacer por otros canales institucionales ya establecidos?

 

Fig 1. Respuestas del presidente Díaz-Canel en Twitter hasta el 31 de diciembre de 2018. Diseño: Wendy Valladares

Fig 1. Respuestas del presidente Díaz-Canel en Twitter hasta el 31 de diciembre de 2018. Diseño: Wendy Valladares

 

De las 10 respuestas a ciudadanos cubanos —algunas con tonos subidos o algo distantes— solo cuatro fueron a sugerencias o preocupaciones (Ver Fig. 2), aun cuando han sido muchas las personas que han visto en Twitter la posibilidad de comunicarle directamente al presidente problemas que no han logrado resolver por otras vías.

A tono con esa postura, hasta el 12 de enero el presidente seguía a 108 personas e instituciones y de ellas solo 2 pudieran ser ciudadanos cubanos comunes, y digo pudieran, porque ninguno tiene foto ni identificación y jamás han tuiteado. Si una de las prioridades del gobierno electrónico es potenciar los vínculos con la población… quien lo impulsa no está predicando con el ejemplo.

 

 

A este panorama se suma el empleo por varios miembros del gobierno cubano de un discurso polarizado y agresivo, plagado de términos como malnacidos, “gusanos”, traidores, anexionistas, vendepatrias y un largo etcétera, que aplican por igual lo mismo al que pide que la Cuarta Flota bombardee al país que a quienes expresan su desacuerdo con el nuevo texto constitucional.

Varios funcionarios (incluso de altos niveles) clasifican de trolls y semi-trolls —demostrando desconocimiento sobre el significado de estos términos— a quienes los cuestionan. Algunos comparten videos con instrucciones para evitar el contacto con los usuarios ofensivos, pero muchas veces dedican tiempo a enfrascarse con ellos en “bronquitas” sazonadas con “guapería”, “chacalismos intelectuales y “pujos políticos”; mientras que ignoran o dan respuestas poco serias a las personas que de manera respetuosa les formulan inquietudes o críticas sobre su trabajo.

 

 

Completan el cuadro una gran cantidad de cuentas, a ambos lados del espectro político, muchas sin fotos ni descripciones, dispuestas a enrolarse rápidamente en cualquier altercado para polarizar aún más cualquier intento de debate.

Existe otro numeroso grupo de usuarios, que generalmente desde instituciones estatales retuitean frenéticamente, con comportamiento de bots y responden con más hashtags y consignas que con argumentos.

En medio de ese maremágnum, quedan prácticamente subsumidas las personas que, sin importar su posicionamiento político, intentan darle a Twitter un uso ciudadano responsable. Si hoy alguien se acerca con mirada crítica a este espacio emergente de esfera pública cubana, más que la imagen del ágora que sugeriría un gobierno electrónico funcional, observará la de una comparsa y/o un “salpafuera”, aun cuando existen sus excepciones, claro está.

Pero tampoco es de extrañar que sea de esta forma. Las redes son soportes tecnológicos, no espejos mágicos que transforman las prácticas y hábitos del mundo offline. Aun cuando su estructura favorece la horizontalidad y la interconexión, esta capacidad disminuye y hasta desaparece ante la verticalidad, el autoritarismo, el “discurso de trinchera”, el distanciamiento y la polarización sedimentados durante décadas.

Como se ve por estos días en las redes, gran parte de los políticos cubanos no poseen capacidad de debate y argumentación; en esencia porque no la han necesitado, y lo que no se ejercita, se atrofia.

La gestión pública en Cuba no es transparente, no se rinde cuentas de manera rigurosa y sistemática. Los dirigentes cada vez más parapetados en sus oficinas y en el poder casi absoluto de sus cargos no están acostumbrados a que los emplacen o cuestionen (desde abajo, por supuesto) y cuando sucede, muchos no saben si deben dar la respuesta que corresponde a un ciudadano para el cual trabajan o soltar el discurso belicoso destinado “al imperialismo yanqui y sus lacayos”.

Pueden triplicar los smartphones “petroleros” (pagados por el Estado), avanzar a conexiones con tecnología 5G, impartir cursos emergentes en las escuelas del Partido; pero mientras no cambien las lógicas, las prácticas y las deformaciones estructurales que hoy caracterizan la política cubana; el gobierno electrónico no distará mucho de lo que tenemos en el mundo offline… solo que digitalizado.