cartel reja trabajo por cuenta propia

Foto: Sadiel Mederos.

Gobierno cubano pone freno al sector no estatal

19 / diciembre / 2022

Dos meses después de que el Consejo de Ministros mostrara las primeras señales de un cambio de actitud respecto a las formas de gestión no estatal (FGNE), el 12 de diciembre de 2022 la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, envió un mensaje contrapuesto.

A partir del primero de enero de 2023 quedará «sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las mipymes, por un período de seis meses cuando surgen de una reconversión y de un año cuando son de nueva creación», anunció la funcionaria al presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el proyecto presupuestario del Estado para el año próximo. La decisión fue justificada bajo el supuesto de que «todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales».

Para 2023, el Gobierno se ha propuesto rebajar el déficit actual y buena parte de los ingresos para hacerlo provendrán del sector no estatal. 

Al intervenir ante la ANPP, el vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández anticipó que «se esperan unos 4 000 nuevos actores en la economía, con una participación en el PIB de entre un 12 y un 14 % a precios corrientes». La reorganización prevista del empresariado estatal —incluso con cierres de empresas con pérdidas— y las dificultades para conformar compañías mixtas o de capital exclusivamente extranjero hacen suponer que la mayoría de los «nuevos actores» serán mipymes privadas, las cuales no gozarán de condonación impositiva en sus primeros meses de labor.

La decisión contrasta con las facilidades que se brindan a las firmas de otros países para motivarlas a invertir en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El Decreto Ley 313, de 2013, las exonera de impuestos sobre las utilidades durante sus primeros diez años de operación, y de forma permanente de los que habrían de pagar por la utilización de fuerza de trabajo, importaciones con fines inversionistas y contribuciones destinadas al desarrollo local. «Para el capital extranjero que va al Mariel, diez años libres […]. Para nosotros los cubanos, ni un solo día», lamentó el director de la consultora de negocios Auge, Oniel Díaz Castellanos.

¿CUESTIÓN DE ECONOMÍA O CONVENIENCIA POLÍTICA?

En octubre último, el primer ministro Manuel Marrero Cruz denunció supuestas «distorsiones» que ocurrían en el proceso de creación de las mipymes y su funcionamiento. Las anomalías «contradicen un principio esencial de nuestro modelo económico: la empresa estatal socialista es el actor fundamental y los nuevos actores son su complemento», recalcó.

Desde su punto de vista, la política de fomento del sector no estatal no debería detenerse, pero en los meses siguientes sí habría de sujetarse a «mecanismos de control» en los que se trabajaba. En otro momento de la sesión del Consejo de Ministros se habló de la necesidad de que las nuevas formas de gestión no estatal se incorporaran al «ecosistema municipal», en lo que en principio pudiera interpretarse como un regreso a las regulaciones que años atrás limitaban el desarrollo de las primeras cooperativas no agropecuarias (CNA).

No eran declaraciones vacías. Así lo percibieron especialistas como el economista Oscar Fernández, quien alertó en su perfil de Facebook que el «único control específico a ejercer sobre el sector privado debería ser para perseguir la evasión fiscal y exigir el apego a las actividades aprobadas en su escritura constitutiva. Si se desea que actúen en una y otra dirección, lo que se requiere no son mecanismos de control, sino generar incentivos a través de políticas de fomento».

«Incentivos» es una palabra que no acaba de encontrar acomodo en el vocabulario oficial. A más de un año de la autorización de las primeras empresas privadas, sus promotores todavía reclaman facilidades para el comercio exterior, mejores vínculos con el empresariado estatal, créditos bancarios en divisas y una política impositiva más amigable (en actividades como la gastronomía los impuestos pueden representar más de un tercio de las utilidades).

Un reportaje reciente del periódico camagüeyano Adelante da cuenta de cómo las dificultades han incidido en que 123 de las 181 mipymes aprobadas en la provincia no hayan iniciado labores. La primera de las entidades apenas pudo comenzar a funcionar un año y un día después de su constitución, tras cambiar su inicial pretensión de producir pastas frescas por el procesamiento industrial de pescado. En el camino todavía tiene por delante prohibiciones como la de no poder comprar directamente su materia prima a los pescadores (debe hacerlo a través de una empresa estatal). «Lo logré porque no me rendí a pesar de todas las puertas que se cerraron», declaró Miguel Alejandro Sánchez González, el socio mayoritario de la empresa.

Pero no todos los emprendimientos tienen igual capacidad de resiliencia, y en el contexto en el que vive la isla, para el Gobierno debería ser prioridad respaldarlos.

Al menos eso esperaba Yulieta Hernández Díaz, la presidenta de la junta de socios del Grupo de Construcciones Pilares. Como otros empresarios, considera urgente una reforma impositiva para el sector no estatal. «Tenía muchas esperanzas en la Asamblea Nacional […], de que cambiara hacia la flexibilidad que se requiere […]. Es un error igualar aún más el sistema tributario, cuando lo que se necesita es crear más esquemas tributarios que incentiven […] la producción de bienes, energías renovables, responsabilidad social empresarial o negocios liderados por mujeres», dijo Hernández Díaz.

En lugar de las propuestas de Yulieta, la ministra de Finanzas y Precios planteó ante la ANPP la necesidad de «modificar la base imponible sobre las ventas y servicios de las mipymes». Fue una declaración sobre la que luego no profundizó, pero que podría ser el anticipo de un aumento de impuestos similar al que se prevé para las ventas y donaciones de viviendas y otras propiedades.

«Definir valores mínimos en aportes tributarios no va a eliminar la evasión fiscal. Es un error. Y este error traerá consigo otra ola de subida de precios», explicó Yulieta Hernández. «Para evitar la subdeclaración se necesita llegar a la causa. Una de estas causas es un esquema tributario rígido, sin flexibilidad, netamente recaudador, que no incentiva y por demás es asfixiante».

Aun con los ingresos que reportarían los nuevos impuestos —al menos, a corto plazo—, su motivación no parece ser solo económica. El Gobierno también ralentizó el proceso de aprobación de nuevas mipymes (en las tres primeras semanas de diciembre el Ministerio de Economía y Planificación dejó de actualizar semanalmente su listado al respecto). En la ANPP, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros funcionarios no perdieron oportunidad para resaltar el «papel preponderante de la empresa estatal socialista».

Demasiadas señales como para pasarlas por alto, consideró Oniel Díaz luego de anunciarse la eliminación de las exenciones impositivas a los nuevos negocios. «Me quedo sumamente preocupado y es una preocupación que comparten muchos de mis colegas, y creo que es importante hacerla saber. No es hora de replantearse lo que tomó años construir como consenso, de integrar como regulaciones. Es hora de perfeccionarlas», reflexionó en una transmisión en vivo en Facebook.

El doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví también alertó que las medidas son una barrera para el crecimiento del sector —y por consecuencia de nuevos ingresos fiscales en el presupuesto nacional— e impactan de manera negativa en la dinámica del empleo (el 40 % de la fuerza laboral cubana está en el sector no estatal).

La decisión del Gobierno «es incoherente con la necesidad de incrementar la oferta y de impulsar el crecimiento económico utilizando las fortalezas del país. De la misma forma debe esperarse una reducción de las posibilidades de fomentar nuevos encadenamientos a partir del nacimiento de emprendimientos», aclaró Triana Cordoví. 

ESPERAR, EMIGRAR O COLGAR LOS GUANTES

En varios grupos destinados a debatir, informar y asesorar a los trabajadores de las FGNE, muchos han asegurado que «colgarán los guantes» y hasta evaluarán la opción de emigrar porque el Gobierno cubano no garantiza la prosperidad del sector. 

Uno de los representantes de PescaSur-Lay —sociedad para la pesca y comercialización de productos marinos y derivados— reconoció que aunque no quiere cerrar su negocio tendrá que mantenerse a capacidad mínima, y especificó: «hasta ver qué camino coge esto».

«No hay recursos ni materiales y para colmo te van a subir los impuestos y regularte los precios... ¿A dónde vamos a parar?».

Con la valoración también coincide el representante comercial de Pinturas MFR Vida a Color, quien aseguró que sin la exención de impuestos al inicio de la creación de un negocio es muy difícil que se pueda salir adelante.

Ejemplificó que ellos, por ejemplo, al tener ese año sin impuestos pudieron comprar dos maquinarias para la producción de pintura. «Si hay que pagar impuestos el primer año, las nuevas mipymes están condenadas al fracaso y ellos lo saben. Es una verdadera lástima que los que decidimos darle un voto de confianza a nuestra patria tengamos que emigrar sin opción alguna», lamentó. 

Desde el 12 de diciembre de 2022, cuando se conoció la nueva medida incluida en la Ley de Presupuesto de 2023, los trabajadores privados también han lamentado que nadie en el Parlamento fuera capaz de cuestionar la decisión y representar sus intereses.

«Se confirma que el sector privado es visto como un mal necesario», dijo Ernesto Pérez Castells. «Las medidas van en contra del estímulo al sector privado, más bien son medidas para ralentizar[lo]. Sin ser absoluto, podría decir que en la mayoría de los países las mipymes tienen un régimen fiscal diferenciado y flexible. Aquí, todo lo contrario. En fin, un mal necesario a controlar», agregó. 

La posibilidad de mantener dentro de ciertos límites el déficit fiscal, y a un sector que comenzaba a discutirle el campo al empresariado estatal, parece pesar tanto o más que el sentido común.

SECTOR PRIVADO, ¿ENEMIGO O SOSPECHOSO?

En las últimas semanas, teóricos cercanos al Gobierno cubano han retomado el discurso «antiprivatizador», que había quedado en un segundo plano. Uno de los más activos es Ernesto Estévez Rams, quien en un largo artículo pone negro sobre blanco el motivo de recelo oficial: «La propiedad privada en lo económico […] crea desigualdades sociales, y crea clases asociadas a ellas […] también crea los intelectuales orgánicos asociados a ellas, que la defenderán [… e] intentarán pujar por sus propias asociaciones, sus propios instrumentos de comunicación, y sus propios espacios de acción política».

En la reciente campaña gubernamental y mediática contra las ilegalidades, revendedores y acaparadores, los actores privados son el principal blanco de las inspecciones y controles; mientras que de las empresas estatales, de las cuales sale la mayoría de los productos comercializados en el mercado informal, poco o nada se conocen sobre las investigaciones.

Durante un programa de televisión sobre el delito económico, el coordinador del Gobierno de La Habana, Orestes Llanes Mestre, dijo que en poco más de un mes de enfrentamiento han realizado «683 acciones de control profundo, cooperativos conjuntos, inspecciones, verificaciones y controles fiscales tanto a trabajadores por cuenta propia y titulares de licencias como a entidades estatales».

Informó que la Oficina de Administración Tributaria en La Habana (ONAT) está inmersa en el control fiscal de grandes importadores privados y más de 8 191 titulares de las nuevas FGNE.

Al referirse a la percepción popular de que el enfrentamiento es solo para el sector privado, Llanes Mestre reconoció: «no es menos cierto que estos actores han ido ganando preponderancia en la comercialización de artículos de primera necesidad y, por tanto, es del sector que más denuncias recibimos, pero también de entidades estatales». 

En el programa, la contralora jefa de la Dirección de Atención del Sistema Nacional de Auditoría y Planificación Darma Solá López fue cuestionada sobre el procesamiento desigual entre actores estatales y no estatales . Al respecto respondió que —en el caso de los «cuadros estatales»— Cuba «tiene una política inclusiva y hay que darles segundas oportunidades a las personas».

Agregó que, en dependencia de la sanción, a algunos directivos removidos de su puesto se les degrada jerárquicamente, pero pasan a cargos de inferior categoría con condiciones de trabajo similares —mantienen el auto asignado, el celular y otros recursos—. Por eso la población tiene la percepción de que no les ha pasado nada. 

En consonancia con «la campaña contra las ilegalidades», el jueves 15 de diciembre de 2022 se conoció que la Oficina de Administración Tributaria en La Habana ha establecido como forma para calcular los ingresos de los trabajadores por cuenta propia la observación de una parte de su jornada laboral. 

«La nueva ofensiva se basa en hacer una observación de cuatro horas de las ventas de un negocio y de esa forma determinar cuáles debieron ser las ventas de un día y por ende de un mes y por ende de un año», explicó Frank Pérez, emprendedor habanero. 

Pérez agregó que, si el cálculo con base en la muestra no coincide con las declaraciones e impuestos pagados por los negocios o emprendedores, se procede «de inmediato a multar por impago y a exigir el pago de los valores no declarados».

Aunque este tipo de auditorías se aplican en varios países para evitar el fraude fiscal y sancionar a morosos, las muestras son mucho mayores y contemplan otras condiciones como estación del año, períodos menores de tiempo, cambios en la economía mundial y nacional, etcétera. 

«Puedes morir diciendo que el valor de una botella de ron en diciembre equivale a las ventas de un mes en marzo, para esas personas ningún argumento es válido y no molestes mucho que pasan a la amenaza de proceso de cierre», lamentó Pérez.

El Gobierno está en una mejor posición para imponer condiciones, gracias al respaldo económico de aliados extranjeros y señales de una posible distensión con Estados Unidos, una vez pasado el momento de mayor contestación social. 

Las conversaciones con la Administración Biden podrían indicar señales, si se toman en cuenta las recientes declaraciones del demócrata cubanoamericano Joe García, quien aseguró que durante una reunión en La Habana el Gobierno cubano dejó clara su posición en torno al crecimiento del sector privado. 

«No vamos a permitir que las empresas privadas interfieran con nuestras empresas estatales o abran una brecha entre el Estado y el pueblo cubano», contó Joe García que mencionaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

García también confirmó el interés de los estadounidenses en invertir en el sector privado cubano, en caso de que el Gobierno de Díaz-Canel permita su crecimiento. Sin embargo, pareciera que no es en esa dirección en la que los funcionarios de la isla desean las nuevas inversiones. Por ello ofrecen mayores garantías a las inversiones extranjeras en el sector estatal, fundamentalmente.

El miércoles 14 de diciembre de 2022, Carlos Fernández de Cossío, vicecanciller del Minrex, dijo que la Administración de Biden no se esconde para impulsar el sector privado como un arma política o un instrumento de subversión política.

«Sueña [EE. UU.] con impulsarlo para erosionar al sector público en Cuba, al Estado cubano, a la administración pública de la que depende la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la garantía de la justicia social, la superación de diferencias económicas y sociales», expresó. 

Durante la XX Edición de la Serie de Conversaciones sobre Cuba en la Política Exterior de Estados Unidos, Cossío agregó que si la flexibilización de las sanciones estadounidenses permite una mayor prosperidad de cualquier sector, al tiempo que beneficia a unos y castiga a otros, el Gobierno cubano no pondrá negativas.

«Comete un error mayúsculo [EE. UU.] en pretender impulsar el sector privado como arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana», sentenció Fernández de Cossío. 

Durante el mandato de Barack Obama y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, hubo un florecimiento del sector privado en Cuba que contó con el apoyo estadounidense y que más de una vez fue visto con sospechas —razonables o no— desde La Habana. 

¿POSIBLES SOLUCIONES?

Ileana Díaz Hernández, profesora de la Universidad de La Habana, cuestionó en su muro de Facebook que no fuera público —si existe— un estudio que demuestre lo innecesario de las exoneraciones de impuestos y el enriquecimiento de las mipymes.

«Se elimina la exoneración fiscal para reconversión y nuevas mipymes, casi no se les otorga crédito, no existe mercado cambiario y para colmo los ingresos en divisa por exportación se los convierten a MLC con los que no pueden importar, ¿se puede saber cómo se piensa que los negocios puedan desempeñarse y crecer? ¿Cómo puede un productor de bienes mantener insumos estables?», detalló Díaz Hernández.

Muchos de quienes reaccionaron a la medida de la ANPP no discuten que haya impuestos para los nuevos actores económicos. Pero estos deben incentivar la creación de nuevas FGNE dada la importancia que tienen para la economía cubana. 

«El precepto de progresividad en el pago de los impuestos sobre los ingresos personales es un principio que nadie discute. Que cada actor tribute según sus ingresos, con el precepto de que aporte más, quien más gane, es totalmente lógico», explicó en su Facebook la emprendedora Yulieta Hernández. «Se necesitan diferentes esquemas tributarios que incentiven renglones claves de la economía y la producción», agregó. 

El abogado José Ángel García Veloso califica como ineludible el enunciado de Meisis Bolaños de «reconocer la tasa del mercado cambiario en las operaciones de importación, acceso al mercado cambiario en MLC e ingresos recibidos por los actores económicos no estatales. Esta medida permite reconocer un mayor nivel de costo, que en la práctica lo están compensando con la subdeclaración de impuestos».

De acuerdo con sus declaraciones, el margen entre la tasa oficial del Banco Central de Cuba y la del mercado informal no puede compensarse con subdeclaración en las mipymes y cooperativas.

«No existe manera de que una producción o venta originada en una compra en MLC o importación pueda ocultarse sin violentar el sistema contable; el impuesto que paga la diferencia, el ingreso ficticio, va al precio también», explicó en su muro de Facebook García Veloso. 

Yulieta, aunque aclara que no es economista ni especialista en temas tributarios, coincide en que lo necesario sería establecer un mercado cambiario de divisas para los nuevos actores. 

«Para qué se crearon las mipymes si a un año arremetemos no contra los que hacen mal las cosas, sino contra todos», se preguntó la profesora Ileana Díaz Hernández. 

«Necesitamos de todos los actores, una empresa estatal fuerte y eficiente, unos actores no estatales con negocios sostenibles y todos articulándose y encadenándose. Para ello, es indispensable un programa de estabilización macroeconómica y uno de transformación estructural de la economía. ¿Para cuándo?», concluyó Díaz Hernández.  

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Andy

Quienes apuestan por criticar, criminalidad y enjuiciar a los trabajadores TCP escogieron un camino que además de mezquino, es risible, por insostenible..Raul Castro. Exhorto a todo el q desacuerdo con el sector no estatal a leerse este discurso por el General de Ejército.
Andy

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