La tarde del 18 de agosto de 2026, José Ramón Viñas Alonso, la máxima autoridad del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería cubana, llegó acompañado de un abogado a la unidad policial en Infanta y Manglar, después de que agentes de la Seguridad del Estado intentaran arrestarlo media hora antes. Lo esperaba un interrogatorio por un presunto delito de desobediencia: negarse a acatar una resolución del Ministerio de Justicia, avalada por el Tribunal Supremo, que ordena su salida del cargo que ocupa desde 2016. Horas después, cuando salió de la estación, llevaba una medida cautelar que lo obliga a firmar cada miércoles ante las autoridades y le prohíbe moverse de su casa, de su provincia y del país. Es el capítulo más reciente de una ofensiva que el Estado cubano libra desde hace más de cinco años contra la principal fraternidad del país, y que en paralelo ha intervenido también en la Gran Logia de Cuba.
Para seguir el conflicto hace falta distinguir dos estructuras que suelen confundirse:
- La Gran Logia de Cuba (GLC) dirige los grados simbólicos de la masonería (del 1 al 3: aprendiz, compañero, maestro masón). La encabeza un Gran Maestro. Es la base de la institución y la que reúne al mayor número de miembros, más de 15 000, según cifras citadas por masones a la prensa independiente.
- El Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba dirige los grados filosóficos (del 4 al 33, rito escocés antiguo y aceptado). Lo encabeza un Soberano Gran Comendador. Es independiente de la Gran Logia desde 1875, aunque ambas instituciones están vinculadas por un tratado de reconocimiento mutuo: la expulsión de un miembro en una obliga a su expulsión en la otra.
Desde 2024, el Estado ha intervenido en las dos estructuras casi al mismo tiempo, usando el mismo instrumento legal en ambos casos: la Ley 54, o Ley de Asociaciones, que otorga al Registro de Asociaciones la potestad de «velar por el cumplimiento de los estatutos» de cualquier asociación, incluida la masonería. En la práctica, eso significa que ninguna elección, destitución o acuerdo interno tiene efecto legal hasta que el Ministerio de Justicia (Minjus) le otorga «vigencia», el documento que permite, entre otras cosas, operar las cuentas bancarias de la institución.
Frente 1: la Gran Logia de Cuba, quince años de intervención
La intervención en la Gran Logia no arrancó en 2024. Uno de los casos que más se cita como precedente es el de Manuel Collera Vento, expulsado en junio de 2010 tras haber ejercido como Gran Maestro, y de quien pocos meses después se reveló que era un agente de la Seguridad del Estado cubana infiltrado durante 36 años en la masonería.
El conflicto actual tiene su origen inmediato en julio de 2021. El 16 de julio, José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, hizo pública una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que rechazaba el llamado a la represión contra los manifestantes de las protestas del 11 de Julio. Horas después fue interrogado por la Seguridad del Estado en la estación de Zapata y C, en el Vedado. Ese mismo mes, el régimen convocó a organizaciones religiosas y fraternales a una reunión con Díaz-Canel. El entonces Gran Maestro, Ernesto Zamora Fernández, la rechazó públicamente en nombre de la unidad masónica.
En marzo de 2022, Francisco Javier Alfonso Vidal asumió como nuevo Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba. En diciembre de ese año, durante la gala por el aniversario de la fundación de la Gran Logia de Colón, el entonces Gran Orador, Luis Stive Ocaña, llamó públicamente a los masones cubanos a pronunciarse sobre la situación del país, un gesto poco común dado el principio masónico de no injerencia partidista. Poco después, Alfonso Vidal viajó a México invitado por la Gran Logia de Veracruz y continuó rumbo a Estados Unidos, donde pidió asilo político. El 2 de enero de 2023 hizo pública su renuncia y denunció el acoso constante de agentes de la Seguridad del Estado, entre ellos uno identificado únicamente como «Poll», que, según su testimonio, le insistía en que había masones que «trabajaban para ellos». Alfonso Vidal advirtió a la fraternidad que evitara que alguien vinculado a la Seguridad asumiera el cargo más alto de la institución.
La crisis abierta (2024-2026)
5 de enero de 2024. El robo que destapó la crisis. Desaparecieron 19 000 dólares destinados a la administración del Asilo Nacional Masónico Llansó, en Arroyo Naranjo, guardados en la oficina del entonces Gran Maestro, Mario Alberto Urquía Carreño, en el Gran Templo Nacional Masónico de Belascoaín y Carlos III. No había señales de forzamiento y Urquía era el único con llave del local. Una revisión posterior de las cuentas reveló irregularidades adicionales por unos cinco millones de pesos, incluida la presunta falsificación de facturas.
12 de enero de 2024. 18 funcionarios de la Gran Logia exigieron por carta la renuncia inmediata de Urquía. Ante su negativa, la Alta Cámara del Rito del Supremo Consejo decretó su expulsión como masón, una decisión que, por el tratado de reconocimiento mutuo entre ambas instituciones, debía aplicarse también en la Gran Logia.
24 de marzo de 2024. En la sesión semestral de la Alta Cámara de la Gran Logia, representantes de más de 300 logias validaron la expulsión de Urquía. Juan Alberto Kessel Linares asumió el cargo por un año, hasta nuevas elecciones.
3 de junio de 2024. La primera intervención directa del Minjus. El Ministerio de Justicia envió una carta a Viñas declarando ilegítima la expulsión de Urquía y restituyéndolo como Gran Maestro, con lo que invalidó de facto el cargo de Kessel.
19 de julio de 2024. El Decreto 1791. Ya restituido, Urquía firmó un decreto que suspendía el Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento entre la Gran Logia y el Supremo Consejo, desconociendo la autoridad de este último sobre los grados filosóficos. Fue la primera vez que la crisis de la Gran Logia golpeó directamente la legitimidad del Supremo Consejo como institución.
23 de julio de 2024. La protesta. Cientos de masones se reunieron frente a la Gran Logia, a los pies de la estatua de José Martí, para exigir el fin de la gestión de Urquía. Un día después, el Ministerio de Justicia publicó en el diario oficialista Tribuna de La Habana una nota reconociendo «irregularidades» en el cumplimiento de los estatutos internos y llamando a nuevas elecciones.
24 de julio de 2024. La Gran Secretaría de la Gran Logia distribuyó la Circular 116, en la que Urquía desconoció su expulsión y responsabilizó de la «campaña de descrédito» en su contra al escritor y masón Ángel Santiesteban y a la periodista independiente Camila Acosta, quien cubría los hechos sobre el terreno.
25 de julio de 2024. Santiesteban fue detenido por la Seguridad del Estado al salir de su casa, interrogado en una estación de La Lisa y liberado horas después. Camila Acosta quedó bajo vigilancia policial, según relató a Martí Noticias.
18 de agosto de 2024. La Gran Logia emitió la Circular Especial 123 con la renuncia formal de Urquía, quien había seguido ejerciendo el cargo de forma ilegítima desde enero.
Septiembre de 2024. Mayker Filema Duarte, hasta entonces Diputado Gran Maestro bajo Urquía, asumió el liderazgo de forma provisional, con mandato de seis meses hasta la celebración de elecciones generales. Durante su gestión, denunció irregularidades de la administración anterior, pero empezó a generar desconfianza por su cercanía al Ministerio de Justicia y a Miriam García Mariño, directora de Asociaciones.
23 de marzo de 2025. En la sesión semestral de la Alta Cámara, Filema se negó a convocar las elecciones generales pactadas y abandonó la sesión sin concluirla. Cerca de 209 logias, más del 60 % de las existentes en el país, firmaron un documento exigiendo su destitución.
25 de mayo de 2025. Primera destitución de Filema. En una sesión extraordinaria celebrada a los pies de la estatua de José Martí, 117 representantes de logias de todo el país, acompañados por cientos de masones, votaron por unanimidad la destitución de Filema. Kessel asumió el liderazgo interino hasta las elecciones previstas para septiembre. En los días previos, varios masones denunciaron llamadas de funcionarios del Partido Comunista advirtiéndoles que no asistieran.
Junio de 2025. Kessel fue citado por la policía política y amenazado con cargos de desorden público por asuntos internos de la logia.
4 de julio de 2025. Kessel y Víctor Bravo Cabañas, elegido Gran Secretario, fueron detenidos varias horas en la estación de Picota. Salieron con actas de advertencia que les prohibían participar en los actos convocados por la Gran Logia.
6 de julio de 2025. Toma del edificio. Un grupo de masones irrumpió en la sede de la Gran Logia para impedir una sesión de la Alta Cámara convocada por Filema, quien, pese a su destitución, se negaba a abandonar el cargo. Hubo empujones e insultos; los masones cantaron el himno nacional para reafirmar su derecho a entrar. Filema respondió anunciando que denunciaría a Kessel y Bravo por usurpación de cargo, reunión ilegal y falsificación de documentos.
28 de septiembre de 2025. El giro. En la sesión semestral de la Alta Cámara, Kessel propuso, y una minoría de representantes aceptó, dejar sin efecto la destitución de Filema y permitirle presidir la sesión de elecciones generales prevista para octubre.
25 de octubre de 2025. Elecciones generales. Representantes de unas 130 logias se presentaron en el Edificio Nacional Masónico. Filema, presidiendo la sesión, intentó limitar la participación solo a las logias que no se le hubieran opuesto (poco más de 20 de haberlo logrado). Tras horas de forcejeo, Filema abandonó la sesión al mediodía; Kessel invocó la normativa interna que permite al Diputado Gran Maestro continuar la sesión cuando el Gran Maestro está «incapacitado», y así lo hizo. José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta, masón con más de 25 años en la institución, fue elegido nuevo Gran Maestro bajo el lema «Unidos somos más fuertes».
Noviembre de 2025. El Ministerio de Justicia otorgó finalmente la «vigencia» a la nueva directiva, restituyendo su acceso a las cuentas bancarias de la institución.
5 de junio de 2026. Las expulsiones. La Corte Suprema de Justicia Masónica, ya bajo la nueva dirección, emitió la Circular Especial 15 expulsando a ocho miembros por «traición a la Fraternidad y sus Instituciones», abuso, fraude, malversación y participación en lo que el fallo describe como un golpe de Estado interno. Entre los expulsados figuran Urquía, el ex Gran Tesorero Airam Cervera Reigosa y el propio Mayker Filema Duarte. El dinero sustraído había sido devuelto en 2025 en varias entregas, pero eso no detuvo el proceso disciplinario interno.
Frente 2: el Supremo Consejo y el caso Viñas
Marzo de 2016. José Ramón Viñas Alonso es elegido Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, tras haber ejercido de forma interina desde 2015.
2017. El Supremo Consejo modifica sus propios estatutos y fija un límite de dos reelecciones (nueve años en total), sin ninguna cláusula que ordene contar de forma retroactiva los años que Viñas ya llevaba en el cargo.
16 de julio de 2021. Viñas publica una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, tras las protestas del 11 de julio, en la que rechaza la represión y llega a comparar al Gobierno con la dictadura de Gerardo Machado.
16 de julio de 2021. Primera citación. Viñas es interrogado por la Seguridad del Estado en la estación de Zapata y C, en el Vedado. Tres oficiales cuestionan la posición de la masonería ante los hechos y le sugieren redactar una carta «sobre la vacuna y otros logros». Al salir, lo espera un grupo de hermanos masones desafiando el toque de queda. Un mes después, el entonces Gran Maestro de la Gran Logia, Ernesto Zamora Fernández, rechaza públicamente una convocatoria de Díaz-Canel a reunirse con organizaciones religiosas y fraternales, «en aras de preservar la unidad masónica». Según la periodista Camila Acosta, autora de un libro sobre la masonería cubana, es la primera vez en la historia de la dictadura que la institución toma una posición tan frontal contra el poder.
18 de mayo de 2022. La primera «regulación». Cuando se disponía a viajar a Florida para un evento masónico junto al entonces Gran Maestro Francisco Javier Alfonso Vidal, las autoridades le prohíben la salida del país en el aeropuerto José Martí, sin explicación alguna. Es la primera vez que un alto dirigente de la masonería cubana es «regulado», el eufemismo que usa el régimen para las prohibiciones de salida.
19 de julio de 2024. Mario Urquía, restituido como Gran Maestro por el propio Ministerio de Justicia, firma un decreto que suspende unilateralmente el Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento entre la Gran Logia y el Supremo Consejo, desconociendo la autoridad de este último. Es el punto en que la crisis de la Gran Logia golpea directamente la legitimidad institucional de Viñas.
Mayo de 2025. El Ministerio de Justicia respalda la pretensión de otro dirigente, identificado en la prensa independiente como Lázaro Cuesta, de asumir el control del Supremo Consejo. El intento es rechazado por la mayoría de los masones del Rito Escocés.
30 de julio de 2025. Abren los procesos penales. La Seguridad del Estado interroga durante horas a Viñas y a Juan Alberto Kessel Linares, Gran Maestro de la Gran Logia, y los libera con medidas cautelares que restringen su movimiento a casa y centro de trabajo. A Viñas lo imputan por «tráfico de divisas»: el Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó había acordado, por unanimidad, cambiar 100 dólares en dos ocasiones ese año a la tasa informal (370 CUP por dólar, frente a los 120 CUP oficiales) para cubrir gastos urgentes del asilo. Las autoridades lo tipifican como delito económico, sancionable con dos a cinco años de prisión. A Kessel lo acusan de «incitación a delinquir» por visitar el Gran Templo Nacional Masónico el 6 de julio, en supuesta violación de una restricción de movimiento previa.
1 de agosto de 2025. Viñas es citado de nuevo, esta vez para declarar con su abogado presente, después de negarse en una comparecencia anterior a testificar sin asistencia legal. Más de 40 masones se concentran frente a la estación policial de Acosta y Diez de Octubre en señal de apoyo.
6 de agosto de 2026. Miriam García Mariño, directora de Asociaciones del Minjus, cita a Viñas.
7 de agosto de 2026. El plantón en la «Catedral Escocesa». García Mariño se presenta en persona en la sede del Supremo Consejo, acompañada de dos funcionarios, para exigirle a Viñas que entregue el cargo. Sostiene que el organismo designará un sustituto hasta nuevas elecciones y que «los masones deben respetar las leyes del país». Más de un centenar de masones se reúnen para respaldarlo; corean consignas como «No más injerencia» y «Los masones decidimos lo de los masones». García Mariño se retira ante el rechazo. El abogado del Supremo Consejo, Roberto Ortega, afirma que no existe mandato legal que respalde la exigencia.
17 de agosto de 2026. Un oficial de la PNR entrega en la vivienda de Viñas, a su esposa, la citación oficial: debe comparecer el martes 18 a las 2:00 p. m. en la estación de Infanta y Manglar, acusado de «desobediencia».
18 de agosto de 2026. La citación por «desobediencia». Viñas acude a la unidad acompañado de un abogado, tras un intento fallido de detenerlo media hora antes. La acusación de desobediencia se basa en su negativa a acatar una resolución del Ministerio de Justicia, avalada por el Tribunal Supremo, que ordena su salida de la dirección del Supremo Consejo. Decenas de hermanos masones, junto a la esposa y la hija de Viñas, se concentran frente a la estación bajo el lema «La masonería se respeta». Viñas permanece, además, bajo reclusión domiciliaria por el proceso abierto en 2025 por el cambio de los 100 dólares.
El argumento oficial se apoya en las Institutas de 1875 (resultado de un convenio de supremos consejos que se reunieron en Suiza), que fijan en nueve años el período máximo de gobierno de un supremo consejo antes de nuevas elecciones. La defensa de Viñas sostiene que esa norma regula el ciclo del cuerpo colegiado, no prohíbe la reelección de una persona, y que la autolimitación de 2017 no tiene cláusula retroactiva, por lo que debería aplicarse desde el siguiente ciclo electoral (2019), no de forma retroactiva a los años previos.
Por qué la masonería es un blanco
La masonería regular se rige por un principio de no injerencia en política partidista y de respeto a las leyes del país donde se asienta, pensado originalmente para un contexto de Estado de derecho. Cuba es uno de los pocos países donde la masonería siguió activa de forma ininterrumpida bajo un régimen comunista durante más de 60 años. Ahí está la contradicción de fondo: una institución que enseña a sus miembros a deliberar, votar y sostener criterios propios choca con un sistema de partido único que no tolera esa autonomía fuera de sus propios márgenes.
Los frentes de ataque muestran el mismo repertorio. El primero es administrativo y, precisamente por eso, el más eficaz: ninguna directiva masónica puede operar sus cuentas sin el visto bueno del Ministerio de Justicia. Esa «vigencia» bancaria, un trámite que en cualquier otro contexto sería rutinario, se ha convertido en la práctica en un instrumento de presión política, capaz de asfixiar a una institución sin necesidad de cerrarla.
Cuando el trámite administrativo no basta, aparecen los cargos penales. Tráfico de divisas, desobediencia, desorden público: son acusaciones que, según coinciden masones consultados por distintos medios, no responden a delitos reales, sino a la negativa a someterse. El patrón se repite con tanta regularidad que ya funciona como advertencia: negarse a entregar un cargo tiene, tarde o temprano, una acusación penal esperando.
El Minjus aplica además un doble rasero con las elecciones internas. Ha tardado meses en reconocer resultados que no le convienen, como ocurrió con Valdés Menéndez-Cuesta en octubre de 2025, mientras ha respaldado con rapidez a dirigentes cuestionados dentro de la propia fraternidad, como Urquía y Filema. El reconocimiento selectivo funciona como una forma de veto: no hace falta anular una elección si basta con no reconocerla.
Y cuando la presión administrativa y judicial no alcanza, entra la propaganda. Canales y medios alineados con la Seguridad del Estado han dedicado espacios a desacreditar tanto a Viñas como a la cobertura independiente del conflicto. El 7 de agosto de 2025, el sitio oficialista Razones de Cuba llegó a publicar un artículo que acusaba a Viñas y a Ángel Santiesteban de encabezar una «red de corrupción» dentro de la masonería, sin aportar una sola prueba documental.
Pese a la intervención estatal, las logias han recurrido de forma sistemática a sus propios mecanismos: sesiones de la Alta Cámara, votaciones, expulsiones internas y, cuando ha hecho falta, ocupación física de sus sedes. La publicidad de cada episodio, a través de medios independientes cubanos, ha funcionado como una forma de protección, pues hace más difícil que una intervención se resuelva en silencio.
