En la ciudad de Las Tunas, Mercasa S.U.R.L es un negocio privado popular no solo por sus ofertas de alimentos, sino también por sus facilidades de pago y compra a través de puntos de venta físicos y virtuales.

Durante años, revitalizó mercados estatales en crisis, como el de Bonachea y el Mambí, restaurando el abastecimiento y la actividad comercial. Sin embargo, a pesar de su éxito, el Estado no extendió los contratos de arrendamiento de estos espacios, condenándolos de nuevo al deterioro y la escasez.

La negativa estatal hacia Mercasa S.U.R.L no se limitó a la gestión de mercados. Durante dos años y medio, su propietario, Frank Argel Fundora, solicitó tierras para producir alimentos, un paso clave para reducir intermediarios y fortalecer su encadenamiento con productores agrícolas. Sin embargo, su solicitud fue rechazada en varias ocasiones.

En un intento por avanzar, Mercasa se reunió con una empresa privada vietnamita interesada en invertir en la producción de alimentos en Cuba. La propuesta inicial contemplaba 20 000 hectáreas (ha) de tierras con tecnología de punta para la producción agrícola.

Las negociaciones involucraron a la Cámara de Comercio de Cuba y Vietnam, a ambas embajadas y al Ministerio de Agricultura a nivel nacional y provincial. Pero el proyecto nunca se concretó. Según Fundora, «alguien no estuvo de acuerdo porque era un negocio con una mipyme privada». Como resultado, la empresa vietnamita decidió invertir en otro país.

«Perdió Mercasa, perdió Las Tunas y perdió Cuba», lamentó el tunero.

¿Podrán heredar la tierra quienes no la trabajan?

Las reglas para heredar tierras en Cuba están por cambiar. Un nuevo anteproyecto de ley podría abrir nuevas posibilidades para la transmisión de tierras, incluso por testamento.

Tierras para empresarios extranjeros, no para cubanos

Mientras Mercasa y otras mipymes enfrentan barreras para acceder a tierras en usufructo, el Gobierno cubano aprobó en enero de 2025 la entrega de terrenos agrícolas a una empresa vietnamita.

Según reportó el periódico estatal Granma, la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en Pinar del Río, cedió tierras por tres años a una entidad vietnamita para la producción de arroz. Los extranjeros aportarán sus propios especialistas, tecnología, fertilizantes, herbicidas y otros recursos, pero contratarán fuerza laboral cubana.

Dos meses después, la prensa asiática reportó que de las 16 ha iniciales pasaron a 1 100.

Desde mayo de 2023, se conoce que el Gobierno cubano estaría dispuesto a entregar tierras en usufructo a extranjeros. En aquella fecha, Titov Boris, jefe del Comité Empresarial Cuba-Rusia, dijo que la isla «les daba un trato preferencial» y estaba dispuesta a dar tierras en usufructo por 30 años a empresas rusas.

La entrega de tierras a personas jurídicas y naturales extranjeras (con residencia en Cuba), es una experiencia inédita desde 1959, ahora contemplada en el anteproyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra, que se discutirá en diciembre 2025 en el Parlamento cubano. El anteproyecto busca legalizar una práctica que ya ha comenzado de facto.

Según explicó elTOQUE Jurídico, el borrador no establece límites explícitos sobre la cantidad de tierras que las empresas extranjeras pueden explotar, como sí ocurre con las personas naturales, con un límite máximo de 67.10 hectáreas (5 caballerías). No obstante, mantiene la exclusión de las mipymes privadas en el acceso a tierras en usufructo.

«Las personas jurídicas privadas no son sujetos directos de la entrega de tierras en usufructo. Se autoriza su encadenamiento con usufructuarios y propietarios de tierras, naturales, jurídicos o mixtos, mediante la correspondiente contratación», indica el artículo 39.4 del anteproyecto.

Lo anterior significa que las mipymes solo pueden acceder a tierras a través de acuerdos con otros productores, sin la posibilidad de gestionarlas directamente.

Hasta la fecha, ninguna mipyme privada ha recibido tierras en usufructo o propiedad en Cuba, a pesar de que se les exige «producir» como parte de su objeto social. No hay una legislación que les permita acceder a tierras. Algunos optimistas pensaron que el anteproyecto corregiría tal exclusión.

Cuba abre la compraventa de tierras, qué debes saber

El acceso a la tierra en Cuba está cambiando, pero no todos podrán comprar o vender libremente. ¿Quiénes podrán acceder a la compraventa de tierras y bajo qué condiciones? 

Las empresas privadas solo participan en la comercialización de productos agrícolas o en procesos industriales, como transformar los alimentos en conservas, jugos, salsas u otros derivados listos para el consumo.

La prohibición refuerza la crisis agropecuaria del país, donde la producción continúa fragmentada, con escasa tecnificación y limitada capacidad de inversión privada para escalar.

«Un factor importante de la crisis agropecuaria cubana es que no se ha llevado la producción privada —que ya es mayoritaria en alimentos cruciales— a la escala que la haría comercialmente viable, en términos estratégicos», comentó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. «La prohibición de mipymes agropecuarias es otro error de política económica. De hecho, habría que ir más allá de las mipymes, estableciendo empresas privadas nacionales agroindustriales grandes».

Las tierras y los usufructuarios

Además de negar el acceso a la tierra a las mipymes, el Gobierno ha intensificado la revisión de tierras en usufructo. En algunos casos, el Estado ha retirado terrenos a productores que no cumplen estrictamente con las condiciones de sus contratos.

Aunque es cierto que en algunos casos se han quitado las tierras arrendadas por continuar ociosas o tener baja explotación, también existen denuncias de campesinos a quienes se les han quitado tierras porque han cultivado alimentos distintos a los especificados en sus acuerdos iniciales.

Más de 9 600 usufructos cesaron tras el ejercicio de control realizado en 2024. «Es verdad que ha existido falta de control, pero cada productor sabe para qué se le entregó la tierra», dijo Idael Pérez Brito, ministro de Agricultura.

De acuerdo con un reporte de Granma, el «ejercicio de control de la tierra y el ganado» efectuado en 2024 reveló que entre las principales «irregularidades» encontradas a los tenentes se encontraban las construcciones ilegales.

El titular del Minag alertó que el 40 % de estas ilegalidades en las bienhechurías se corresponden a viviendas en espacios que se entregaron para la producción.

«Por no tener un papel, un certificado, nos han cuestionado la construcción de un pozo, de una cerca, hasta de un almacén», dijo a elTOQUE un campesino del municipio cienfueguero Cumanayagua. «Aunque a veces el ministerio o la ANAP nos ayudan a “agilizar” los trámites, las producciones no pueden pararse porque para aumentarlas tenga que hacer algún trámite».

Según comentó el cienfueguero, hay familias que han construido y mejorado sus viviendas y también han sido cuestionadas o sancionadas. «Es una locura», dice. «Aunque hay uno o dos que hacen ranchones para negocios, fiestas y otros asuntos, la mayoría no pide tierras en usufructo para hacer un hotel. Si acaso le construyen una casa a alguien de la familia que va a ayudar a trabajar».

No obstante, el cumanayaguense reconoció que el anteproyecto tiene puntos positivos como la venta de tierra entre propietarios —antes solo podían vender al Estado— y flexibiliza el proceso de «herencia» de la tierra, un asunto que a más de un campesino le ha provocado litigios y dolores de cabeza.

Pero la producción agrícola en Cuba no solo está limitada por la falta de incentivos, sino también por obstáculos burocráticos, decomisos arbitrarios y corrupción institucional, que muchas veces desmotivan a quienes sí quieren producir.

Según contó en redes sociales el productor agropecuario Samuel Rodríguez, una vez intentó importar maquinaria para trabajar mejor en su finca y, estando ya en Cuba, le decomisaron una en los almacenes Berroa.

«A muchos campesinos le han prohibido entrar maquinarias (tractores, motoblok, etcétera), a pesar de los altos precios de aranceles, que deberían ser mucho más flexibles en la Aduana. Las trabas son tantas, y la corrupción en las instituciones de la agricultura es tan grande, que mencionarlas todas sería un derrame cerebral. El problema no somos los campesinos, son los dirigentes y sus leyes».

Si la lógica indicara que el requisito indispensable para quien arrienda tierras al Estado es cultivarlas, la familia Ruiz Urquiola no fuera blanco de amenazas constantes para quitárselas. La oposición de Ariel —principal usufructuario— y de su hermana Omara —con poder legal para representarlo— han sido la razón (disimulada) para acosar a Isabel, la madre de ambos.

La Seguridad del Estado —a través de funcionarios de la Agricultura— ha amenazado a la señora de 78 años con quitarle las tierras, a pesar de las condiciones óptimas de la finca. Como Ariel no ha podido renovar el contrato por su situación política, la tierra que cultiva su madre está en riesgo, aunque ella es quien la trabaja.

No basta con la intención de la familia de mantener su usufructo en Viñales. Ni Ariel ni Omara pueden regresar a Cuba y su madre enfrenta a diario la amenaza del desalojo.

Desalojo a cuentagotas: el sufrimiento de Isabel Urquiola

En conversación con elTOQUE, la activista y académica Omara Ruiz Urquiola explicó que desde hace meses percibía señales de que las autoridades preparaban la expropiación forzosa de la finca familiar en Viñales, al cuidado de su madre. 

A saber si también con la intención de «ofrecer» tierras en mejor estado (al menos limpias de marabú) para la inversión foránea, algunos campesinos han visto rescindidos sus contratos como usufructuarios. No sería la primera vez que el Gobierno pusiera por encima los intereses de entidades extranjeras.

Entre 2014 y 2016, durante el período en que se proyectaba la participación de la empresa brasileña Odebrecht en la administración del central azucarero 5 de Septiembre, algunos campesinos fueron «persuadidos» para entregar sus tierras y sembrarlas nuevamente con caña. El objetivo era reducir la distancia entre los campos de cultivo y el ingenio, ya que gran parte de la caña se transportaba en camiones desde Matanzas.

«Creo que lo que hace falta es producir sin mirar quién lo hace», aseguró Frank Argel. «Hoy quiero que Mercasa produzca y funcione, y que mis hijos continúen mis pasos como nuevos socios en Cuba y que puedan lograr el sueño que yo no pude lograr».