La mentira detrás de la «neutralidad» del Ministro de Justicia en la crisis masónica cubana

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«Fuera. No vas a subir. No vas a subir. ¡Viva la masonería cubana! ¡Vivan los masones de Cuba!», se escucha decir en un video publicado en redes sociales a quienes el 6 de julio se plantaron en la sede de la Gran Logia de Cuba (GLC), en La Habana, decididos a recuperar el espacio a manos del Gran Maestro Mayker Filema Duarte, a quien la mayoría de la Cámara Masónica destituyó el pasado mayo y dispuso que asumiera el cargo Juan Alberto Kessel Linares, según los estatutos fundacionales de la fraternidad.

En este contexto, el ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, negó cualquier tipo de injerencia del Gobierno en los asuntos internos de la masonería. «Es falso, es tendencioso, es malintencionado atribuir al Ministerio de Justicia ni a ninguna otra institución del gobierno y del Estado del país, interferencia alguna en la institución masónica», declaró el funcionario en un reporte transmitido el 7 de julio de 2025 por la televisión nacional y replicado en los medios estatales.

En cambio, la afirmación de Silvera Martínez sí es FALSA, y hay evidencias de la «interferencia» de la policía política y el Estado, todo bajo el ala del Partido Comunista de Cuba (PCC), en los asuntos actuales de la masonería cubana.  

El ministro omitió durante su comparecencia que la Gran Logia de Cuba, con sede en las calles Belascoaín y Carlos III, en La Habana, se encontraba rodeada por agentes de la Seguridad del Estado desde hacía días, lo que imposibilitó reuniones internas y generó un clima de hostigamiento contra quienes cuestionan la permanencia de Filema Duarte al frente de la institución, como se explica en esta cronología de elTOQUE. 

Mayker Filema Duarte. Foto: Captura de video.

Días antes, Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, secretario por sustitución reglamentaria de la GLC, fueron arrestados tras recibir una citación policial. Los dos masones fueron liberados pocas horas después, aunque denunciaron presiones, vigilancia y advertencias por parte de la policía política si persistían en ejercer sus funciones.

Fue la segunda ocasión en menos de un mes en que la Seguridad del Estado citó a Kessel Linares. El 21 de junio también tuvo que asistir a la estación policial de Infanta y Manglar, en La Habana. 

El Gran Maestro Kessell Linares tras ser liberado en la noche del 5 de julio emitió una declaración advirtiendo: «Hermanos, esta crisis es un desafío, pero también una oportunidad para demostrar la grandeza de nuestra institución. Con inteligencia, unidad y discernimiento, saldremos adelante más fuertes y unidos».

«Con profunda preocupación y sentido del deber, reitero que estaré presente este domingo 6 de julio en el Gran Templo Nacional Masónico haciendo frente a lo que considero una violación extrema de la Legislación Masónica Cubana. Nuestra presencia, unida a todos los Hermanos que espontáneamente han decidido que no podemos quedarnos impasibles, es imperativa para impedir la grave falta que pretende cometer Mayker Filema Duarte al intentar llevar a cabo, sin autoridad ni legitimidad alguna, una aparente Sesión de la Alta Cámara. Este acto no solo desconoce la voluntad soberana de la Gran Logia reunida el 25 de mayo, sino que representa una ofensa más a nuestra dignidad institucional», expresó Kessel Linares citado por CubaNet.  

El 25 de mayo, Mayker Filema fue destituido como Gran Maestro por acuerdo unánime de más del 60% de los masones reunidos en la Alta Cámara (Poder Legislativo). 

Juan Alberto Kessel Linares, segundo a la izquierda. Foto: J.A.K.L/ Facebook.

Uno de los detonantes del conflicto actual fue precisamente la negativa del Ministerio de Justicia (Minjus) a reconocer a Kessel Linares como nuevo Gran Maestro, a pesar de haber sido elegido democráticamente por los órganos internos de la institución, según las denuncias en redes sociales de masones cubanos. 

La siguiente carta, que circuló abiertamente por los grupos masónicos de WhatsApp, es el documento que envió el Registro de Asociaciones de Cuba para desconocer el resultado de la sesión de la Alta Cámara donde Filema fue destituido, declaró a elTOQUE Aslam Castellón, masón hace más de 20 años, grado 33 y Gran Funcionario de la GLC durante tres años, antes de migrar a los Estados Unidos. Castellón, quien fue además Venerable Maestro de su logia durante dos años y presidió en diferentes momentos las cuatro logias capitulares de la provincia de Cienfuegos, cree que la carta es un ejemplo claro de que el ministro de Justicia de Cuba miente sobre la no interferencia del gobierno cubano en los asuntos de la masonería en la isla.

«Nosotros hicimos la Alta Cámara, hicimos la destitución de Filema, y hasta ahora el Ministerio de Justicia sigue sin darnos respuesta», dijo uno de los masones presentes en la Gran Logia de Cuba este 6 de julio. 

Durante una conferencia de prensa el 14 de junio, Kessel Linares también denunció públicamente la «complicidad» del Minjus, en particular de la funcionaria Miriam García, con Filema, y los acusó de bloquear deliberadamente el proceso democrático interno.

Por su parte, en su reciente declaración, el ministro de Justicia insistió en que su organismo tiene la obligación —por mandato de ley (Ley de Asociaciones)— de supervisar a todas estas entidades. Silvera mencionó que en el país existen 2 261 formas asociativas registradas, de las cuales 1 141 son fraternales. «Una buena parte… son los masones», dijo.

Este episodio refleja, una vez más, la falta de separación real de poderes en Cuba, donde las estructuras del Estado, bajo la influencia del Partido Comunista, extienden su control incluso sobre las organizaciones civiles que históricamente han mantenido una identidad propia, como la masonería. 

La intervención de la Seguridad del Estado en los asuntos internos de la Gran Logia de Cuba y la negativa del Ministerio de Justicia a reconocer un proceso democrático interno no son hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia para suprimir cualquier atisbo de autonomía que pueda ser percibido como una amenaza política. La Ley de Asociaciones, utilizada por el Gobierno para vigilar y controlar las entidades civiles, refuerza esta centralización de poder, impidiendo que organizaciones como la masonería puedan actuar independientemente, e imponiendo, de facto, una homogeneización ideológica en todas las esferas de la sociedad cubana.




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