Nadie, ni gobiernos ni ciudadanos ni personal sanitario o académico, estaba preparado para la COVID-19. Nadie podía prever la escalada de la pandemia a nivel global con semejantes proporciones y consecuencias. Por tanto, nadie sabe con exactitud cómo solucionarlo. Ante este escenario cada país ha establecido estrategias diversas para afrontar la situación, con mejores o peores resultados de acuerdo a sus características. Mantener la vida y responder a las necesidades sociales, mientras se apuntalan las estructuras económicas, es el principal reto para el mundo en 2020.

A 69 días de diagnosticado el primer paciente de COVID-19 en Cuba, no se ha decretado estado de emergencia ni cuarentena general. Desde entonces se contabilizan casi 180 medidas anunciadas por diferentes espacios oficiales de comunicación y casi siempre en voz de las principales autoridades gubernamentales. Algunas de alcance nacional con un impacto social elevado y otras para territorios, grupos y sectores específicos dictadas desde las instituciones.

 

Desde que se confirma el primer caso positivo al nuevo coronavirus, el 11 de marzo, el gobierno ha desarrollado un Plan de prevención y control gubernamental —que no se ha publicado íntegramente— estructurado por fases y en el cual, según se ha informado, participan todos los organismos estatales. Solo a la altura del 12 de mayo, el Ministerio de Salud Pública emite las disposiciones sanitarias de carácter nacional, en la Gaceta Oficial, las cuales se estaban ejecutando desde que el pasado 8 de abril el país entrara en la fase de transmisión autóctona limitada.

Las medidas no han llegado solo desde el gobierno, otros actores de la sociedad civil también han desarrollado iniciativas individuales como confeccionar mascarillas, articulaciones entre emprendedores para distribuir alimentos o reinventar los negocios.

¿Qué se ha hecho en Cuba?

Aunque en general la respuesta a la crisis ha sido favorable: se transmite información continuamente y el sistema de salud garantiza la atención de todos los pacientes; la ciudadanía ha debatido sobre la pertinencia, legalidad y mejor momento para aplicar ciertas medidas.

Por ejemplo, mientras una parte del mundo estaba en jaque y ya con el primer caso diagnosticado, Cuba ratificaba que era un destino seguro para el turismo. Hasta el 24 de marzo y luego de fuertes presiones populares y en redes sociales, el gobierno decidió cerrar parcialmente las fronteras para los extranjeros; días después anunció una fecha límite para la entrada de residentes y prohibiría la salida de todos los nacionales. Una decisión difícil, considerando que el turismo es la segunda fuente de ingresos de la economía nacional.

La suspensión de las actividades docentes, culturales, deportivas y religiosas, la protección de núcleos familiares con bajos ingresos; así como la garantía salarial al 100 % durante el primer mes y el 60 % en los meses siguientes para trabajadores que vean interrumpidas sus actividades laborales y exonerar del pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia en paro laboral; son algunas de las que mayor impacto social han tenido en la modificación de las actividades cotidianas durante esta etapa.

 

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En general las medidas se pueden catalogar como:

• higiénico–sanitarias: aquellas relacionadas directamente con prevenir o erradicar situaciones de salud,
• sociales: su ejecución impacta positiva o negativamente en sectores determinados de la población,
• económicas: modifican o afectan la estructura económica del país,
• políticas: tienen un impacto general en el sistema político y solo las máximas autoridades podrían tomarlas,
• institucionales: están encaminadas a modificar la actuación de una institución específica en su rutina o sistema de trabajo.

Las autoridades insisten en que las decisiones fueron graduales. En otras palabras, han sumado, derogado y evolucionado en cuanto a severidad, duración, implicados y control, de acuerdo al comportamiento de la pandemia y, en ocasiones, a las alertas ciudadanas.

Se puede notar una radicalización en algunas de las que ya existían. Por ejemplo, con respecto al transporte se comenzó por restringir el número de pasajeros y orientar el uso del nasobuco en el transporte público hasta suspenderlo totalmente para el 4 de mayo. Incluso, se anunció la paralización de 37 mil vehículos estatales.

También se corrigieron otras ante la preocupación expresada en medios de comunicación y redes sociales, como permitir que las mujeres con responsabilidades de cuidado a niños preescolares durante el cierre de escuelas y círculos infantiles se beneficiaran del tratamiento salarial del 100 % en el primer mes y el 60 % en los siguientes.

El gobierno adecua su estructura

Para dar prioridad a la crisis, la estructura de gobierno cambió. Desde el 23 de marzo, el presidente de la República decidió activar los Consejo de Defensa provinciales y algunos municipales. Esta estructura de mando está prevista en la Ley de Defensa Nacional para situaciones de emergencia, guerra o desastres naturales y establece claramente la jerarquía local: están presididos por el primer secretario del Partido y tiene como vicepresidente a los gobernadores.

A diferencia de otras situaciones excepcionales no se activó el Consejo de Defensa Nacional. Se creó un grupo de trabajo permanente presidido por el primer ministro e integrado por el resto de los ministros y directores de instituciones nacionales. Cada día representantes de este grupo se reúnen con el presidente de la República para actualizar la situación en el país y “ajustar el plan” según evolucione la pandemia en Cuba.

Otra diferencia importante respecto a anteriores situaciones similares fue la responsabilidad asignada, sobre todo a los consejos de defensa provinciales y las direcciones provinciales de Salud, para decidir, aplicar y controlar medidas restrictivas y de cuarentena en los distintos territorios.

Las autoridades locales han gestionado soluciones propias en los 44 eventos de transmisión local declarados hasta hoy en el país. Este carácter descentralizado trae consigo que la cantidad, variedad y alcance de las medidas en los territorios varíe. Algunos han optado por aplicar disposiciones más generales y rigurosas, como el toque de queda vigente en toda la provincia de Pinar del Río o la prohibición de entrada de vehículos a la provincia de Granma. Otros se enfocan en medidas más localizadas, como reforzar el distanciamiento social, decretar fases de cuarentena o reordenar la distribución de alimentos en consejos populares, barrios, instituciones o comunidades específicas.

Históricamente, ante escenarios de emergencia como desastres naturales, aunque se activaban los consejos de defensa provinciales y municipales de las zonas afectadas, decretar las fases y sus medidas asociadas era competencia del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Es oficial pero no es ley

Llama la atención que la mayoría de las medidas se han anunciado por las autoridades y se ha sancionado a los infractores, pero no necesariamente han estado avaladas por normas legales publicadas, ni siquiera cuando han modificado leyes vigentes.

Entre el 17 de marzo y el 12 de mayo se publicaron 29 ediciones de la Gaceta Oficial de la República de Cuba con más de 135 normas jurídicas y solo 14 de ellas hacen referencia a alguna medida general o institucional relacionada con la pandemia: una instrucción del Tribunal Supremo Popular, una resolución del Ministerio de Transporte y una del Ministerio de la Construcción, dos del Ministerio de Educación Superior y dos del Banco Central, tres del Ministerio de Finanzas y Precios  y cuatro del Ministerio de Salud Pública, la mayoría con indicaciones de carácter interno.

Gestión de la pandemia en Cuba: entre lo legal y lo fáctico

El pasado 12 de mayo este medio oficial publicaba la resolución no. 128 del ministro de Salud Pública que dispone, entre otras cuestiones, el uso obligatorio del nasobuco y mantener el distanciamiento social. Sin embargo, desde finales del mes de marzo, se vienen tomando acciones judiciales contra aquellos que incumplen.

Con el objetivo de evitar las ilegalidades se declararon alrededor de ocho medidas encaminadas a reforzar la labor policial en las calles, así como la aprobación de la presencia de un representante de la fiscalía en todas las unidades policiales de la capital.

Entre el 27 de marzo y el 30 de abril fueron sancionadas 503 personas en el país por violaciones de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19. Fueron celebrados 418 juicios para tramitar, entre otras figuras delictivas, la propagación de epidemias, desobediencia, resistencia, desacato y acaparamiento, según declaró Otto Molina Rodríguez presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.

Ha sido cuestionado en medios y redes sociales el carácter público de algunas acciones de control y sanciones judiciales en televisión nacional, con intención aleccionadora, pero contrario a la práctica habitual y las normativas.

¿Qué quedará?

Para que se reconozca el cese de la propagación de la enfermedad en el país, el Ministerio de Salud Pública ha explicado que es necesario que pasen 28 días luego del último caso detectado; sin embargo, en la reunión del grupo de trabajo gubernamental del día 8 de mayo se anunció que se están preparando condiciones para volver a la normalidad progresivamente, en cuanto sea posible.

Durante estos meses, entre las medidas tomadas para enfrentar la COVID-19, ha habido algunas que recurren con rigurosidad a acciones punitivas o que limitan derechos como la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, y también otras que dejan un acumulado social y político; por ejemplo, en la actuación y coordinación entre gobierno nacional y autoridades locales, en posibles soluciones económicas desde los distintos actores, en nuevas formas de organización del trabajo o en las acciones para impulsar el comercio electrónico.

Incluso, algunas de las decisiones corresponden a antiguas demandas de la ciudadanía. Una de ellas es la posibilidad de que los cubanos no pierdan la condición de residentes permanentes en el territorio nacional luego de cumplir 24 meses de estancia ininterrumpida en el extranjero.

La pregunta que hoy centra el debate de expertos y ciudadanos es cuántas y cuáles de estas medidas podrían permanecer activas tras el paso de la pandemia.

 

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