La COVID-19 coloca al mundo frente a dos realidades interconectadas pero no idénticas: exhibe y agudiza las desigualdades preexistentes y genera nuevas, ahora a partir de la dinámica que impone el coronavirus: esta pandemia no discrimina, las desigualdades sí.

Las políticas de enfrentamiento a la crisis son diversas. Desde la irracionalidad del ultraconservador Jair Bolsonaro en Brasil hasta la rápida y eficiente gestión de Corea del Sur, pasando por el sórdido manejo de Lenín Moreno en Ecuador, que es uno de los epicentros de la pandemia en la región.

Los países que han implementado medidas o políticas sociales coherentes e integrales que protejan a las personas más vulnerables son los menos. El panorama más nítido es el de sobresaturación de los servicios de salud pública y la desprotección de quienes trabajan allí, la fragilidad de los derechos laborales, las tasas elevadísimas de precariedad del trabajo, el ejercicio desmedido de la fuerza militar y policial en las calles, la división sexual desigual de los cuidados entre hombres y mujeres y familias y Estado, y hasta la incapacidad para la gestión práctica y ética de los cadáveres. La otra cara de la moneda son las solidaridades de base activándose, comunidades haciéndose cargo de la gestión colectiva de la vida, intentos por politizar lo privado.

A poco más de veinte días del primer diagnóstico de coronavirus, en Cuba se registran 269 personas con la enfermedad, 3 241 ingresadas, 15 recuperadas y 6 fallecidas. Cuba restringió sus fronteras progresivamente y se cerraron las instituciones escolares. También se han tomado medidas respecto al trabajo y las políticas sociales.

Representantes políticos han reiterado que esas medidas hacen parte del esfuerzo porque nadie quede desamparado. La intención está plena de justicia, aunque no se verificará para todas las personas. De hecho, algunas quedarán más empobrecidas o tendrán grandísimas dificultades para reproducir su vida y la de sus familias.

No todos saldremos por la misma puerta ni a la misma vez de esta crisis. Si no se asume esa realidad, las medidas poscrisis (que sin duda tiene que haberlas) no responderán al país que tendremos luego de la COVID-19.

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Toda crisis tiene efectos negativos inesperados, pero algunos pueden anticiparse. Si una medida es deforme y excluyente desde su diseño, así mismo serán los efectos que tendrá. En el conjunto de acciones de política social que se han tomado en Cuba, una es particularmente preocupante. Si se corrige con celeridad, sus efectos podrían evitarse.

El 31 de marzo de 2020 el periódico Granma sistematizó los mandatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para enfrentar la epidemia, y respondió preguntas frecuentes de la ciudadanía. El texto deja claro que “Cuba no se detiene y, a la par de atender sanitariamente a toda su población ante esta peligrosa enfermedad, ha aplicado numerosas medidas para proteger a los trabajadores y a sus familias”.

Las medidas dictadas son protectoras, sobre todo, para quienes trabajan en el sector estatal (que acoge a aproximadamente el 69 por ciento de la fuerza laboral). Las autoridades decidieron que si se realiza teletrabajo se percibirá el 100 por ciento del salario, si se le reubica temporalmente al trabajador en otras labores recibirá el salario del nuevo puesto y no perderá el anterior; si no es posible lo primero ni lo segundo recibirá el 100 por ciento de su salario durante el primer mes y el 60 por ciento del salario en lo sucesivo mientras dure la paralización. También las medidas incluyen agilizar trámites de suspensiones temporales de licencias para el trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, la protección a las personas trabajadoras remuneradas a cargo de menores y ancianos está teniendo un sesgo grave, con perjuicio para grupos poblacionales específicos.

La publicación en Granma tiene una sección sobre las “madres trabajadoras”. Allí se confirma que:

                La madre o el padre o el familiar que tenga la condición de trabajadores, y están encargados del cuidado del menor al que se le suspenda la escuela en la educación primaria y especial, reciben durante el primer mes una garantía salarial equivalente al ciento por ciento del salario básico, y de mantenerse la suspensión, la garantía es del sesenta por ciento.

La medida es protectora. El problema viene después, cuando se deja en claro que ella no aplica para

  1. “las madres trabajadoras con hijos en el círculo infantil”, porque esas instituciones se mantienen ofreciendo servicio,
  2. las “madres trabajadoras con hijos en la secundaria”,
  3. las madres de los y las preescolares que reciban cuidados en guarderías privadas que hayan cerrado por la emergencia sanitaria,
  4. las personas que estén a cargo de un menor que reciba cuidados en un círculo infantil pero que se suspenda su asistencia “por catarro”,
  5. “Los trabajadores con responsabilidades familiares por el cuidado de sus padres ancianos”

En esos casos, la persona empleada no perderá su trabajo pero no recibirá porciento alguno de su salario. Si lo necesita, podrán solicitar una licencia no remunerada.

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Al igual que en el resto del mundo, en Cuba las mujeres somos las principales cuidadoras de menores, de personas con necesidades especiales y de la tercera edad. Miremos con ese lente los incisos listados arriba.

Asumamos que los menores que cursan la secundaria básica (de 12 a 14 años) pueden autovalerse (al menos en cuanto a necesidades biológicas) en ausencia de una persona adulta en el hogar. La duda razonable sería entonces respecto al resto de las condiciones mencionadas.

Veamos algunos datos.

En Cuba, la capacidad de los círculos infantiles es limitada. Su matrícula abarca solo al 22.66 por ciento del universo de la población preescolar. Aproximadamente el 77 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años recibe cuidados en los hogares o en guarderías privadas (registradas o no registradas formalmente como actividad por cuenta propia). Con las guarderías privadas cerradas con motivo de la crisis sanitaria, las madres de esos menores que también hagan trabajo remunerado tendrán que dejar temporalmente su empleo y no recibirán remuneración.

El universo preescolar es relativamente pequeño (en 2018 había en todo el país solo 456 450 preescolares) y la tasa de participación laboral femenina también baja (alrededor del 50 por ciento). El número de mujeres en esa condición es, por demás, comparativamente pequeño respecto a quienes tienen hijos e hijas escolares.

Al desconsiderar a ese grupo concreto, la medida es selectivamente discriminatoria. Por demás, no es claro su basamento. ¿Por qué no ofrecer los mismos derechos y garantías a esas mujeres? ¿Cuál es la razón, si la hay?

Lo mismo podría decirse de quienes tienen a su cargo –nuevamente, mujeres– a personas de la tercera edad con necesidades de asistencia que se acrecienten por la crisis sanitaria. ¿Por qué su licencia es no remunerada?

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece una alternativa a quienes producto de esta crisis queden con una comprobable “insuficiencia de ingresos para el pago de los servicios básicos”: “prestación monetaria temporal de la asistencia social, en las cuantías actualmente vigentes”.

Según la Base de Datos de Protección Social no contributiva disponible a través de la CEPAL, el rango de los valores de las transferencias monetarias por asistencia social en Cuba en 2018 era de entre 217 y 260 pesos cubanos (CUP). Esos montos son insuficientes para cubrir las necesidades familiares. Un estudio publicado en 2018 por el Centro de Estudios de la Economía Cubana calculó que en 2016 el gasto mensual promedio de consumo de un hogar de tres personas era de 2 245 CUP.[i]

Si bien las prestaciones monetarias temporales de la asistencia social son imprescindibles como política social, ellas no son, ni pueden ser, una alternativa para las trabajadoras remuneradas cuyo único “pecado” es ser madres de preescolares que reciben cuidados fuera de un sistema público de cuidados con poca capacidad, o de ser cuidadoras de personas adultas mayores con necesidades acrecentadas por la pandemia.

Esas mujeres estarán entre las más afectadas ahora y en lo que venga después. Y ese no será un efecto inesperado. La medida produce, desde su diseño, exclusión a un grupo específico. Y debe corregirse.

Para gestionar esta coyuntura necesitamos filtrar todas las acciones institucionales a través de un lente que permita advertir desigualdades existentes o emergentes.

La justicia con la que, de hecho, se han tomado las medidas en Cuba debe alcanzarnos a todos, a todas. Lo que no puede pasar es que mujeres, o grupos específicos de nosotras, seamos amortiguadoras de una crisis que pertenece al conjunto.

 

[i]                       Anicia E. García Álvarez y Betsy Anaya Cruz: “Gastos básicos de familias cubanas urbanas dependientes de salarios y pensiones: dinámicas recientes”, Centro de Estudios de la Economía Cubana, La Habana, 15-16 de marzo de 2018.

 

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