Raúl M., un médico cubano, reside en España desde el 28 de agosto de 2024. Llegó con visado de estudios y actualmente se encuentra con prórroga de estancia. Su caso apunta a los límites que enfrentan los migrantes cubanos ante la regularización extraordinaria que prepara el Gobierno español. No todos los migrantes cubanos encajan con facilidad en el nuevo esquema. Según explica, las modificaciones introducidas en el borrador lo dejaron fuera de la expectativa inicial que había generado el anuncio. «Con el primer borrador sí, pero con las modificaciones que ha tenido, los estudiantes quedan relegados», afirma.
Su testimonio coincide con el de otros dos migrantes cubanos que afirman que obtener papeles desde Cuba, uno de los requisitos para quienes busquen la regularización, suele ser un proceso lento, incierto y caro. «Las mayores trabas son en Cuba, donde existe un negocio con todo lo referente a la obtención y legalización de documentos», dice.
Según relata el médico, para acelerar certificados y otros trámites ha sido necesario pagar a terceros «en negro», mientras los documentos obtenidos fuera de Cuba han podido conseguirse con más facilidad.
Ese elemento es central porque la futura regularización exigirá acreditar presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y los Antecedentes Penales de los países donde el solicitante residió los últimos cinco años.
La regularización extraordinaria podría abrir una vía de residencia y trabajo para al menos 16 097 cubanos que, en enero de 2025, vivían en España en una situación administrativa irregular o precaria, según una estimación de Funcas. A ese grupo se suman miles de solicitantes de asilo cubanos cuyos expedientes siguen sin resolverse y que, tras la reforma del Reglamento de Extranjería, han quedado atrapados en un limbo jurídico.
La medida, pactada a finales de enero entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, prevé beneficiar a más de 500 000 personas. La autorización inicial sería de residencia con permiso para trabajar durante un año, y bastará la admisión a trámite para comenzar a trabajar legalmente.
La fotografía cubana dentro de ese proceso merece una lectura aparte. No solo por el crecimiento de la migración en España, donde hasta el cierre de 2024 el Instituto Nacional de Estadística contabilizaba 252 290 residentes cubanos, sino porque una parte de migrantes han intentado regularizarse por la vía del asilo y se ha encontrado con demoras, archivos y rechazos, que han dejado a muchas personas suspendidas en una especie de espera indefinida.
El asilo: una vía cada vez más estéril
Aunque Cuba es un país del que salen personas por persecución política, represión, restricciones de libertades y temor fundado a represalias, la respuesta española en materia de asilo ha sido restrictiva.
Durante 2025, había pendientes 225 solicitudes de protección internacional en España, según los datos oficiales del Ministerio del Interior consultados para este reportaje. En ese período, solo 40 cubanos obtuvieron el estatuto de refugiado. Ninguno recibió protección subsidiaria ni autorización por razones humanitarias. En cambio, 331 solicitudes terminaron con resolución desfavorable y 1 177 expedientes fueron archivados. Al cierre de 2025, había 4 131 solicitudes de cubanos admitidas a trámite y pendientes de resolución, una cifra que ilustra el volumen del atasco administrativo.
La tendencia no ha cambiado en 2026. Entre el primero de enero y el 28 de febrero, los cubanos presentaron 34 nuevas solicitudes de asilo. En ese lapso, solo cinco obtuvieron estatuto de refugiado, mientras 44 recibieron resolución desfavorable y 90 expedientes fueron archivados, de nuevo sin que se concediera protección subsidiaria ni razones humanitarias.
Ese patrón convierte la regularización extraordinaria para muchos cubanos en la primera salida realista tras años de espera en el sistema de asilo.
De la «tarjeta roja» al limbo
La nueva regularización llega, además, después de una reforma del Reglamento de Extranjería que golpeó con fuerza a los solicitantes de asilo. Hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento, el 20 de mayo de 2025, quienes llevaban al menos dos años en España y habían cotizado gracias al permiso de trabajo asociado a la llamada «tarjeta roja» podían aspirar, en ciertos supuestos, al arraigo laboral. Con los cambios introducidos, esa puerta se cerró para quienes seguían en procedimiento de asilo o habían recurrido una denegación.
Ese es precisamente el perfil de Axiel Díaz Casas, médico cubano llegado a España el 16 de octubre de 2022, quien accedió a dar su testimonio a este medio.
Desde el 20 de enero de 2023 es solicitante de asilo político. Más de tres años después de su llegada, sigue sin una respuesta definitiva.
«A la fecha no he recibido una respuesta administrativa ni positiva ni negativa al respecto; solo he conseguido el documento que se nos emite acá, la tarjeta roja, la cual voy por su segunda renovación», explica.
Para él, la regularización extraordinaria representa una posibilidad concreta de salir del estancamiento. «Mi valoración es muy positiva, porque me va a abrir varias puertas: la posibilidad de cruzar fronteras, lo que no te permite una tarjeta roja; y el acceso a diferentes servicios y beneficios que requieren una residencia legal», afirma.
Su caso no es aislado. Otro cubano que llegó en 2023 y que pidió mantener el anonimato, resume su experiencia en términos similares. También es solicitante de asilo y asegura que su procedimiento «se ha extendido durante más de dos años sin resolución a corto plazo».
Para él, la regularización llega como una oportunidad, pero también como una admisión tácita de las fallas del sistema. «El proceso de regularización viene a suplir una deficiencia del Estado español que no ha podido darle a los cubanos que solicitamos asilo una respuesta rápida», sostiene.
Ese mismo migrante describe además las barreras materiales que acompañan la espera. Una de las más duras fue conseguir antecedentes penales en Cuba. «Tuve que hacerlo pagando una alta suma de dinero en el trámite». A ello se sumó la renovación del pasaporte cubano, otro gasto elevado para alguien que intenta estabilizar su vida en España mientras su expediente sigue sin resolverse.
