El 96 % de las personas juzgadas en Cuba entre enero y agosto de 2025 por delitos relacionados con el ganado mayor fueron declaradas culpables, informó esta semana el Tribunal Supremo Popular (TSP). El 90.7 % de esas sentencias incluyen el «internamiento» en centros penitenciarios, lo que revela un bajo índice de absoluciones y, según las autoridades, el «rigor en las sanciones impuestas» en medio de un contexto de crisis agropecuaria e inseguridad en los campos cubanos.

De acuerdo con la nota del TSP, entre enero y agosto de 2025 también se impusieron «penas alternativas» al 7.5 % de las personas juzgadas y el 1.8 % fueron multadas.

«Estas condenas se vieron complementadas con sanciones accesorias como el comiso de bienes, la prohibición de salida del territorio nacional y la privación de derechos», se agrega en la comunicación oficial, que no revela cifras totales de juicios realizados ni los delitos específicos ni otros detalles de las penas de privación de libertad impuestas.

En algunos casos, a las personas responsabilizadas por los Tribunales se les condenó a «resarcir económicamente a las víctimas y perjudicados». La suma total —sin que se detallaran los montos individuales— ascendió a 17.9 millones de pesos cubanos.

Según la información oficial, durante el período, los directivos y jueces de los Tribunales participaron en 185 asambleas con miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) para debatir con los campesinos «temas relacionados con el delito de sacrificio de ganado mayor y tráfico de sus carnes, y aquellos [delitos] que pudieran generarse de la inadecuada actuación en el enfrentamiento a estos».

En Cuba, el sacrificio ilegal de ganado mayor se sanciona con penas de privación de libertad de hasta diez años, según establece el Código Penal vigente.

Los delitos relacionados con el ganado mayor no solo incluyen el sacrificio, sino la compra de carne, la transportación e, incluso, el hurto o robo de esos animales. Las sanciones varían en dependencia de cuál (o cuáles) de esos delitos se le hayan imputado a la persona declarada culpable.

El TSP también anunció que el Sistema de Tribunales de Cuba realizó «19 juicios ejemplarizantes» ante campesinos y vecinos de las comunidades rurales donde ocurrieron los hechos delictivos.

Estos procesos penales públicos buscan servir de advertencia a la población y contradicen los estándares internacionales de justicia, que establecen que los Tribunales deben actuar sin presiones externas ni objetivos de escarmiento social.

Realidad tras la propaganda

El esfuerzo propagandístico del Tribunal Supremo Popular durante este año —ejemplificado con «614 publicaciones en medios de prensa (…) en las que se informó sobre la respuesta penal a los hechos de esta naturaleza»— busca contrarrestar la percepción ciudadana del aumento de la inseguridad en los campos de la isla, en medio de denuncias de víctimas y reportes independientes.

Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó al menos 193 robos vinculados con el hurto y sacrificio de ganado entre enero y junio de 2025. A juicio de la organización independiente, la cifra «muestra cómo la urgencia por conseguir alimentos en medio de la crisis económica se convierte en un motor directo de este tipo de actos delictivos».

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Julio (71 años), un campesino residente en una localidad rural del municipio Cárdenas, en Matanzas, confesó a la agencia de noticias EFE que en 2024 vendió su ganado, agobiado por los robos de vacas en las noches y los sacrificios ilegales.

«Han matado mucho ganado a muchos campesinos. A mí me empezaron a matar (vacas) cada dos o tres días, luego cada 15 días. ¡Me mataron hasta ocho!», dijo. Otro productor agropecuario dijo a EFE que en las afueras de Cárdenas «ya se han sufrido ataques con armas de fuego improvisadas».

La prensa estatal admitió en junio de 2025 que existía «un repunte» de «los delitos contra la masa ganadera» luego de una supuesta «disminución» a inicios de año. Según Cubadebate, «investigaciones en seis provincias y diez municipios evidenciaron mayor aplicación de prisión provisional como medida cautelar [contra los presuntos delincuentes]», pero el esclarecimiento de los hechos «es bajo (…) y los campesinos consideran que existe impunidad».

Varias fuentes oficiales indican que el 84.5 % de los productores de la ganadería cubana son privados, seguidos por las empresas estatales (8.2 %); el resto de la masa ganadera está en manos de cooperativas.

Durante un debate en la Comisión Agroalimentaria del Parlamento cubano, en julio de 2025, el diputado por el municipio Contramaestre (Santiago de Cuba) Víctor Manuel Montesinos afirmó que «de cada 100 casos [de robo de ganado], solo se aclara uno o dos».

El incremento del hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor se da en un contexto de escasez alimentaria crónica, con precios de la carne y la leche fuera del alcance de la mayoría de los hogares.

Solo en cuanto al ganado vacuno, ha ocurrido una reducción importante en los últimos años. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), entre 2019 y 2023, la existencia de ganado vacuno se redujo de 3.8 millones a 3.25 millones de cabezas, una caída de casi el 15 % en un lustro.

La situación actual es peor: a inicios de 2025 apenas quedaban 2.9 millones de cabezas de bovinos, según información del Ministerio de la Agricultura; un declive que refleja la gravedad de la crisis agropecuaria en la que el endurecimiento penal intenta, sin éxito aparente, contener el deterioro productivo.