Mientras en Cuba el Gobierno limita el sector privado y lo trata como «mal necesario», en Estados Unidos —que por cercanía y por la gran presencia de cubanos debería ser un socio comercial clave— políticos estadounidenses y parte del exilio cubano cuestionan su «legitimidad».
En declaraciones en Miami, el 23 de mayo de 2025, el jefe de misión de la Embajada de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer, ofreció su perspectiva basada en los intercambios que ha tenido con quienes llama «microemprendedores».
Durante sus recorridos por provincias como Holguín, Pinar del Río y Camagüey, Hammer se ha reunido con mujeres que trabajan en pequeños salones de manicura, cafeterías y talleres artesanales de confecciones de ropa y zapatos con materiales reciclados.
En sus palabras, se trata de «personas que quieren ganarse la vida porque no hay otra manera» ante la crítica situación económica.
El diplomático, quien llegó a Cuba en noviembre de 2024, comparó estos negocios familiares con los tradicionales «mom and pop stores» (pequeños negocios independientes) de Estados Unidos.
Dijo que ese tipo de iniciativa privada es la que «aprecian y apoyan» desde la Administración que representa en Cuba, porque demuestran «ingenio y creatividad para montar su propio negocio y cambiar el sistema económico actual».
Sin embargo, señaló una diferencia: la controversia sobre la legitimidad del sector privado se enfoca en «empresarios a otro nivel». Su apoyo explícito es hacia los pequeños emprendedores de subsistencia que, según dijo, no tienen participación estatal directa.
Hammer reconoció las limitaciones del entorno emprendedor en la isla debido al control del Estado y a su presencia en casi todos los ámbitos de la sociedad.
En su conferencia de prensa en Miami, fue enfático en reconocer que hay cubanos «luchando y sufriendo para conseguir alimentos, medicinas, electricidad» y que montar un pequeño negocio para alimentar a sus hijos o cuidar a sus abuelos «es valiente y merece apoyo».
El «mito» del sector privado
Las declaraciones de Hammer no se producen en el vacío. Desde que Joe Biden —anterior presidente de Estados Unidos— asumió la presidencia en 2021, su Administración intentó trazar una línea diferenciada en la política hacia Cuba: mantener la presión sobre el Gobierno y, al mismo tiempo, abrir resquicios para el crecimiento del sector privado independiente.
La lógica de algunos Gobiernos estadounidenses ha sido empoderar a los ciudadanos cubanos comunes —en especial a los microemprendedores— sin beneficiar directamente al aparato estatal.
En tal contexto, la Administración Biden promovió una serie de medidas como la autorización a emprendedores cubanos a abrir cuentas bancarias en el país norteño en mayo de 2024; y la habilitación de licencias específicas para exportaciones destinadas a actores privados. Además, flexibilizó el acceso a plataformas digitales y servicios de pago online.
La postura de la Administración Biden generó fricciones con sectores del exilio cubano.
En enero de 2024, la congresista María Elvira Salazar convocó una audiencia en el Subcomité del Hemisferio Occidental para examinar lo que llamó «propaganda del régimen cubano» en torno al «creciente sector privado».
«El régimen cubano es un maestro del disfraz (…). Esto huele a un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo», declaró.
La congresista Salazar ha defendido que las mipymes registradas en Cuba son en realidad estructuras controladas por el Partido Comunista, con acceso privilegiado a divisas y protección política. Además, según ejemplificó en la audiencia del Congreso de Estados Unidos, muchas pertenecen a familiares o personas relacionadas con el Gobierno.
Parte del exilio cubano coincide con la representante del Partido Republicano y ha denunciado que varios represores —exagentes de la Seguridad del Estado, funcionarios del Gobierno, etcétera— son dueños o socios de algunos de estos nuevos negocios.
Al igual que Salazar, señalan que bajo la apariencia de una supuesta apertura hacia el emprendimiento privado, el Estado garantiza el control político y económico sobre la sociedad.
Días más tarde, la viceministra de Economía de Cuba, Johana Odriozola, defendió al sector privado durante una entrevista con CNN.
«Tenemos muchas formas de demostrar que no son un mito, porque participan en inversiones, generan empleo, aportan a la economía y tienen relaciones de compraventa con otros países».
En sus declaraciones, Odriozola negó que fuera preciso tener un vínculo con el poder para formar una mipyme; aunque varios medios han reportado negocios vinculados con figuras gubernamentales.
A pesar de las declaraciones de la viceministra, las críticas al sector privado son frecuentes también desde el Gobierno cubano. En varias ocasiones, funcionarios como el primer ministro Manuel Marrero han culpado a los actores privados del aumento de la inflación y de la escasez de algunos productos.
Asimismo, en los últimos años, varias medidas han intensificado el control gubernamental sobre los emprendedores, con normativas que limitan su autonomía y crecimiento.
Entre las resoluciones del Gobierno cubano que restringen la actividad privada se encuentran los topes de precios a varios productos, las limitaciones al comercio mayorista, la eliminación de varios beneficios fiscales y el aumento en la recaudación por impuestos.
Comentarios
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Yenydo
Conclusión que entre verdades y mentiras, los más perjudicados seguimos siendo los cubanos de "a pie", con sus altos precios la realidad es q gracias a estos sectores privados los cubanos seguimos vivos