Casi con el mismo frenesí que lo guió en su “cruzada” contra la masonería y el comunismo, en el ocaso de su existencia el “generalísimo” español Francisco Franco asumió la misión de marcharse de este mundo dejándolo todo “atado y bien atado”.

En su visión de futuro no cabían ni una España republicana, ni sindicatos ajenos al control del gobierno, ni –guardáranos Dios– “perversiones” como el matrimonio igualitario o el derecho al aborto. En la hoja de ruta legada por El Caudillo todo estaba previsto… salvo la impensable circunstancia de que su heredero terminara haciendo lo contrario a lo que de él se esperaba.

A 40 años y un océano de distancia de la transición española, Cuba enfrenta un contexto diferente y similar a la vez. Como en la España setentera, nuestro país atraviesa por un inevitable período de renovación de su cúpula dirigente y debe lidiar con complejos problemas sociales (la migración, el decrecimiento demográfico, entre las más importantes). Como entonces, también el mecanismo de sucesión parece funcionar sin mayores tropiezos, con el 19 de abril de 2021 como fecha definitiva para que culmine el traspaso de responsabilidades a la “generación intermedia” capitaneada por el presidente Díaz-Canel.

Si todo marcha apegado al guión, los cubanos habremos presenciado la primera transición política de la Revolución (los relevos Dorticós-Fidel Castro y Fidel-Raúl Castro no pueden comparársele en sus alcances reales y simbólicos). Digo “presenciado”, porque de la observación a la participación efectiva media una distancia considerable; tan grande como la que por estos días se pone de manifiesto a causa de la nueva Ley Electoral.

No es pecatta minuta. El “cómo” y el “quiénes” siguen siendo los ejes de conflicto en torno a los que escora el andamiaje eleccionario de Cuba; y con él, buena parte del discurso oficial. Entre el perfectible pero meritorio mecanismo de selección de los delegados municipales, y el que da por resultado al resto de los cargos electivos, pueden encontrarse pocos vasos comunicantes. A lo sumo, las urnas y los colegios empleados el día de los comicios.

Cuesta encontrar en toda la Isla un puñado de personas que defienda tal orden de cosas. Al menos, si se descuenta a los funcionarios del Partido y el Gobierno, a la clase dirigencial, y a un segmento cada año más reducido de antiguos combatientes de la lucha revolucionaria.

Para el común, lo “lógico” sería que la ciudadanía pudiera proponer y elegir a sus autoridades, comenzando por el presidente de la República y terminando por el de la Asamblea del Poder Popular en cada municipio.

Se trata de una corriente de pensamiento de tal intensidad, que durante los debates sobre la nueva constitución, 16 176 cubanos se motivaron a abordar el tema, según Cubadebate. La mayoría (11 080) lo hizo reclamando votaciones directas para escoger al primer mandatario. Otras 16 188 intervenciones pidieron que los gobernadores no fueran designados “desde arriba”, sino por voluntades más cercanas a las realidades territoriales.

Ni siquiera el ser uno de los puntos intocables del proyecto (junto a la preeminencia del Partido), impidió que a alguna gente le pasara por la mente la posibilidad de reescribir lo que ya estaba grabado en piedra.

Como era de esperar, todo quedó allí. Ninguno de los 583 diputados que en diciembre dieron su respaldo al texto que se sometería a referendo, abordó públicamente la inquietud de esos miles de compatriotas suyos. A lo más que pudo llegarse fue a la concesión de que fueran los delegados municipales los encargados de ratificar al candidato propuesto por el presidente para gobernar su provincia. Los delegados municipales, no el pueblo.

¿Trae cambios la nueva Ley Electoral?

Días atrás se presentó el proyecto de la que será nuestra nueva Ley Electoral. De acuerdo con lo anunciado ese día, la discusión del texto acontecerá durante reuniones territoriales, como sucediera en abril y mayo al entrar en agenda las nuevas legislaciones sobre pesca y símbolos nacionales.

Las numerosas piezas periodísticas dedicadas a reseñar el hecho pueden resumirse en cuatro aspectos básicos:

Primero, que la ley deberá entrar en vigor antes del 10 de octubre (cuando se cumple el plazo de seis meses fijado para tal fin por una de las disposiciones transitorias de la actual carta magna);

Segundo, que se trata de una “norma bastante voluminosa y extensa” (de acuerdo con José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional) basada en el principio de preservar las comisiones de candidaturas (el ente para-gubernamental donde, en definitiva, se deciden los nombres que irán a boleta);

Tercero, que “profesionaliza” las labores comiciales, estableciendo de manera permanente el Consejo Electoral Nacional;

y cuarto, que la voz cantante en las deliberaciones seguirá llevándola el Estado (aunque se ha convocado a la población a aportar sus ideas mediante plataformas digitales, cuesta creer que merezcan mayor atención que la recibida en ocasiones anteriores).

Queda poco para sorprenderse. Con la cantidad de diputados que habrán de integrar la futura Asamblea Nacional ya definida (se supone que rondarán los 474) y un calendario “firme”, que prevé la elección del Presidente y el Primer Ministro antes de que concluya 2019, al ciudadano promedio solo le resta preocuparse por sus asuntos y dejar que otros decidan por él la estructura funcional de su sistema de gobierno.

Corren días de mucho trabajo en el Palacio de la Revolución; se impone dejar todo “bien atado” para asegurar la continuidad. Liborio, en tanto, tiene suficiente con acopiar provisiones de cara a los meses del verano.

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