Cuba es un archipiélago del cual la mayor de sus islas es larga y estrecha y el punto más distante del mar no rebasa los 100 kilómetros. A pesar de eso, los productos del mar no forman parte de la comida diaria del cubano promedio.

Un estudio que sirvió de base a la Fundamentación del Proyecto de Ley de Pesca, discutido por los parlamentarios cubanos entre los días 27 de marzo y 4 de abril del 2019, afirma que el consumo per cápita anual de pescado en Cuba disminuyó de 16 kilogramos en 1989 a 4,3 kilogramos en 2014.

De acuerdo con el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura en el 2018, publicado por la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Latinoamérica tiene el menor consumo per cápita de pescado del mundo entero con solo 9,8 kilogramos por año.

Los cubanos estamos muy por debajo de la media del continente.

Muchos son los factores que han influido en la reducción. Uno de ellos es la sobreexplotación y la utilización, durante mucho tiempo, de métodos irresponsables de pesca en toda la plataforma marítima cubana. Las 54 especies que se pescan en el país se han reducido en los últimos cinco años en un 44%, según explica la Fundamentación del proyecto.

Según las declaraciones, el objeto de la futura Ley de Pesca es contribuir a la soberanía alimentaria de la nación, a partir del establecimiento de regulaciones que “ordenen, administren y controlen la pesca”.

La norma apunta al control de la pesca como solución para la ausencia de productos del mar en el mercado cubano. Implícitamente, busca controlar fundamentalmente a los pescadores privados, sobrevivientes de la crisis del sector pesquero en el país.

A pesar de lo evidente e, incluso, del reconocimiento oficial de que el panorama no mejorará en los próximos tiempos, el Proyecto de Ley no ofrece pistas claras sobre cómo acercar el pescado a la mesa de los cubanos.

El texto regula nuevas modalidades de pesca, anuncia la aprobación de la figura del pescador por cuenta propia y la destrucción de las embarcaciones de la flota pesquera estatal que no cumplen con los estándares para un desarrollo sustentable de la pesca.

De igual forma, apela al aumento de los mecanismos de coacción y coloca en normas complementarias, elementos trascendentales como el sistema contravencional y los procedimientos para el otorgamiento o limitación de las autorizaciones de pesca.

El Proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos y establece, a diferencia de su predecesor el Decreto Ley 164, solo los principios generales por los que se regirá la actividad pesquera. Entre sus principales anuncios y regulaciones se encuentran las siguientes:

1. Se adecúan las modalidades de pesca:

Hasta el momento existían las clasificaciones de pesca comercial, o sea, la que podían realizar las entidades empresariales especializadas; la que se practicaba para el autoconsumo sin posibilidades de comercialización y la que se practicaba con otros fines diferentes al consumo humano como la artesanía o la extracción de sustancias químicas.

A partir de la aprobación del Proyecto, la pesca comercial se dividirá en comercial “estatal” y “no estatal”, a la cual también denominan en la Fundamentación “pesca comercial privada”. Se anuncia como un logro la aprobación de la figura del pescador por cuenta propia, la cual hasta el momento ha sido tolerada, aun sin estar legalizada.

A pesar del reconocimiento como “privados” en la Fundamentación, los pescadores considerados como tal son catalogados en el Proyecto como “no estatales”. Como parte de la propuesta se anuncian, además, sin detalles sobre su implementación, nuevas relaciones entre estos y las entidades estatales.

2. El eufemismo detrás del pescador por cuenta propia:

Los promotores del Proyecto afirman que la decisión de reconocer la actividad “no estatal” persigue fomentar fuentes de empleo, proveer protección al establecerles un régimen de seguridad social y disminuir la pesca ilegal instrumentando nuevos mecanismos para las relaciones entre las entidades estatales y los pescadores privados”.

Sin embargo, la decisión no crea nuevos puestos de trabajo; ofrece vías para que las 2 mil 500 personas que se dedican actualmente a la pesca ilegal puedan legalizarse y para que los 18 mil 638 que realizan la “pesca comercial privada” —no reconocida como labor independiente en la legislación vigente, pero sí admitida por el Estado y cuyos exponentes mantienen relaciones contractuales casi obligatorias con empresas estatales— puedan recibir las garantías de la seguridad social derivadas del trabajo por cuenta propia.

El Proyecto de Ley de Pesca regula nuevas modalidades de pesca, anuncia la aprobación de la figura del pescador por cuenta propia y la destrucción de las embarcaciones de la flota pesquera estatal que no cumplen con los estándares para un desarrollo sustentable de la pesca. Foto: Henry A. Pérez.

El Proyecto de Ley de Pesca regula nuevas modalidades de pesca, anuncia la aprobación de la figura del pescador por cuenta propia y la destrucción de las embarcaciones de la flota pesquera estatal que no cumplen con los estándares para un desarrollo sustentable de la pesca. Foto: Henry A. Pérez.

3. Epitafio de la flota pesquera estatal:

En Cuba existen 9575 embarcaciones y cerca de 39 000 personas se dedican a pescar en la plataforma marina cubana. De ese número, solamente 3 mil 376 son pescadores estatales.

La Fundamentación deja claro que no hay soluciones inminentes para la depauperada flota pesquera cubana. Por el contrario, se anuncia la eliminación de los restos de lo que fuera una de las flotas pesqueras más grandes del continente.

A pesar de reconocer la imposibilidad estatal de asumir los compromisos productivos de antaño, no se ofrecen soluciones para los principales problemas que enfrenta el sector privado, único capacitado en la actualidad para acercar el pescado a la mesa de los cubanos.

No se menciona nada, por ejemplo, sobre la flexibilización de la comercialización ni la eliminación de la intermediación del Estado en esos menesteres. Tampoco se anuncian nuevas políticas que favorezcan la modernización o sustitución de las embarcaciones privadas, tan o más necesitadas de reformas que las estatales, o de los implementos de pesca.

4. Coacción vs producción:

El Proyecto y la Fundamentación no apelan a cualquier sistema de control sino a uno basado en la coacción. En ese sentido, autoriza la intervención para acciones de prevención y enfrentamiento, no solo de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimenticia, sino también a las Tropas Guardafronteras y otras dependencias del Ministerio del Interior.

Se ha decidido, como ya es común en Cuba, utilizar la coacción y el control como el principal elemento para paliar una situación con un fundamento económico fuera de cualquier discusión.

Los legisladores apelan al control solo después de que se ha producido la depauperación de la industria pesquera cubana y el control de los actores estatales está garantizado no por los efectos de la legislación, sino por sus maltrechas condiciones materiales.

La que fuera una de las flotas pesqueras más grandes del continente y que empleara por muchos años, tanto dentro como fuera de la plataforma marina cubana, medios masivos y poco sostenibles de pesca como los chinchorros, es hoy solo un espejismo.

Recorte del periódico La Correspondencia sobre la creación en 1957 en Cienfuegos de una cooperativa de pesca para contribuir al desarrollo de este sector.

Recorte del periódico La Correspondencia sobre la creación en 1957 en Cienfuegos de una cooperativa de pesca para contribuir al desarrollo de este sector. Archivo privado del Ingeniero Eloy Manuel Viera Moreno.

De acuerdo con un reporte publicado en el periódico Granma en 2014, en los ochenta Cuba destinaba 200 mil toneladas anuales de pescado a la comercialización. Aproximadamente la mitad provenía de capturas realizadas en aguas no sometidas a la jurisdicción nacional.

El texto también reconoce que en el año de su realización, solamente se dispusieron de unas 37 mil toneladas, provenientes todas de la acuicultura y de la pesca en la plataforma nacional.

Tuit de la ministra de la Industria Alimenticia para felicitar a los pescadores. Tomado de su perfil en Twitter.

Tuit de la ministra de la Industria Alimenticia para felicitar a los pescadores. Tomado de su perfil en Twitter.

 

A la par de la reducción de las especies y la desaparición del soporte material de la pesca, se redujeron los niveles de capturas: los de pescado en un 75% y los de camarón y langosta en un 90 y 65%, respectivamente.

Ante esta situación, las importaciones que debieron haber suplido la demanda ante la falta de producción nacional, también disminuyeron. En el año 2013 solo se importaron 5 000 toneladas de pescado y un tercio de esa cantidad fue destinada al turismo.

5. Normas complementarias no analizadas por los diputados contienen los elementos trascendentales:

Muchos de los elementos analizados en la Fundamentación, documento que teóricamente responde a los contenidos del Proyecto, no encuentran respaldo en este.

Se anuncia que se regulan los “mecanismos para la concesión de las autorizaciones de pesca” y “los requisitos, condiciones y limitaciones”. Sin embargo, esos elementos al parecer se recogerán en el Reglamento de la norma, que será un Decreto del Consejo de Ministros; pues en lo que a la ley respecta, esos elementos no están descritos en el borrador.

En ese propio Decreto se recogerá el sistema de contravenciones (acciones prohibidas, no consideradas delitos) de notable impacto social, sobre todo por las afectaciones e indefensiones que el sistema vigente regulado en el Decreto Ley 164 ha generado en la ciudadanía cubana (como el decomiso de vehículos que las autoridades consideran implicados en transporte de productos del mar).

6. Imprecisiones con relación al destino de los vehículos:

El decomiso de vehículos que las autoridades consideren vinculados al traslado de productos del mar, en muchas ocasiones arbitrariamente, ha sido una situación común al aplicar el actual sistema contravencional de la pesca.

El Decreto Ley 164 permite el decomiso de los bienes implicados en las infracciones, sin aclarar si tienen que ser propiedad del infractor. Amparadas en esa vaguedad, las autoridades de la Oficina de Inspección Pesquera han decomisado vehículos pertenecientes a terceras personas no relacionadas con las infracciones y que no cuentan con los mecanismos para reclamar sus inconformidades ante los Tribunales. El jefe del funcionario que impone la sanción es el único y último facultado para conocer de los recursos.

Al parecer, las inconformidades con el tratamiento de los vehículos ha llevado a los promotores del Proyecto a pronunciarse especialmente con relación a su tratamiento en el nuevo sistema contravencional. Pero, igualmente, la forma en la que lo han hecho está marcada por las imprecisiones técnicas.

Se establece que los decomisos de vehículos derivados de la aplicación del sistema contravencional se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 313. Esta norma jurídica nada tiene que ver con el decomiso de bienes, sino con la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

Los promotores del Proyecto en una evidente equivocación intentaron hacer referencia al Decreto 313, que tampoco regula los casos y los procedimientos en los que proceden los decomisos de bienes muebles, sino el tratamiento que debe dársele una vez que sean declarados en depósito.

Los bienes solo se declaran en depósito cuando están en espera de la solución definitiva de procesos administrativos o judiciales. Las causas de esos procesos y los mecanismos de defensa de los implicados deben ser establecidos por la norma que rige la materia, que en este caso es el Proyecto o su Reglamento, pero en ningún caso el Decreto 313.

El consumo per cápita anual de pescado en Cuba disminuyó de 16 kilogramos en 1989 a 4,3 kilogramos en 2014. Foto: Henry A. Pérez.

El consumo per cápita anual de pescado en Cuba disminuyó de 16 kilogramos en 1989 a 4,3 kilogramos en 2014. Foto: Henry A. Pérez.

El plan: esperar

El Proyecto apela al desarrollo sostenible de la actividad pesquera y al fortalecimiento del control. Para ello pretenden reducir el número de licencias de pesca para disminuir la explotación y permitir la recuperación de los recursos a largo plazo.

De este planteamiento se desprenden dos interrogantes fundamentales que debieron haber sido discutidas por los diputados y consecuentemente informadas a los electores: ¿Cuán afectados están los recursos pesqueros cubanos? y ¿Cuáles son las causas de esa afectación?

De acuerdo a la Fundamentación, se hizo un estudio en 2016 —cuyos resultados los electores no conocemos. Será que a la luz de ese estudio están tan depauperados nuestros recursos marítimos que, incluso luego de haber reducido las capturas en números muy significativos, atendiendo al estado de la flota cubana, ¿es imprescindible continuar limitando el número de autorizaciones? ¿Cómo se entiende que se haya anunciado la creación del pescador por cuenta propia como solución al futuro de la pesca cubana y, al mismo tiempo, se anuncie la reducción del número de autorizaciones?

Aspiramos a que algún día los diputados cubanos puedan debatir e insistir en las respuestas. Mientras ese momento llega, los cubanos seguiremos esperando por el pescado.

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