A pesar de las dudas razonables sobre su implementación y de que llegan tarde, muchas de las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el Gobierno cubano se orientan en la dirección que numerosos economistas, analistas internacionales, empresarios y también Gobiernos de otros países han venido recomendando durante años.
El paquete anunciado no se concentra en un único sector o área, sino que abarca dimensiones centrales del funcionamiento económico: la empresa estatal, el sector privado, la agricultura, la inversión extranjera, el comercio exterior, el sistema financiero, el mercado cambiario, la política de precios, los subsidios, el turismo, la energía, el transporte y el comercio interno.
Lo más relevante de estas medidas es que, al menos en su formulación, podrían llevar a la economía a alejarse de rasgos centrales de un modelo que, durante décadas, ha empobrecido al país. La economía de comando, el monopolio estatal y militar sobre la mayoría de las industrias, los controles de precios, la administración centralizada de los recursos, la distorsión de los incentivos, la baja eficiencia empresarial, la excesiva burocracia y las bajas tasas de inversión —junto a las sanciones impuestas por Estados Unidos— han limitado sistemáticamente la capacidad productiva de Cuba.
Para los ciudadanos, el beneficio potencial más importante sería contar con más espacios reales para invertir, emprender y resolver problemas económicos por vías distintas a la dependencia directa del Estado. No cabe esperar resultados inmediatos ni milagrosos en una economía tan deteriorada, pero en la medida en que se logre un mejor funcionamiento de los mercados, se verán efectos en el alivio de la escasez de bienes y servicios y de las presiones inflacionarias.
La reducción de trabas a la iniciativa privada, la posibilidad de hacer crecer emprendimientos, el acceso a financiamiento y la entrada de inversión de la diáspora generarían empleos mejor remunerados y nuevas fuentes de ingreso. Las remesas y ayudas familiares también podrían convertirse con mayor facilidad en inversión productiva. Una eventual recuperación económica ampliaría la base tributaria y aportaría más recursos al presupuesto del Estado para sostener políticas sociales.
Sin embargo, reconocer los beneficios potenciales de las medidas no implica asumir que su implementación será automática ni que sus resultados están garantizados. El impacto real del paquete dependerá de condiciones que hoy siguen siendo inciertas. Tres limitaciones resultan especialmente importantes: la credibilidad política e institucional de quienes anuncian las reformas, la secuencia con que se apliquen las medidas y la disponibilidad de financiamiento en un contexto marcado por sanciones, aislamiento externo y severas restricciones de divisas.
Credibilidad y cambio institucional
La primera gran limitación es la credibilidad. Pocos creen hoy en día a las élites cubanas, dentro y fuera de Cuba. Las medidas económicas se anuncian sin transformaciones políticas e institucionales. Se proponen medidas de mercado y mayor espacio para el sector privado bajo la conducción del mismo Partido y sistema político que durante décadas bloqueó esas reformas.
Esa ausencia de cambios políticos e institucionales afecta directamente la confianza de los actores económicos. Para que una persona invierta, una empresa crezca, un emigrado coloque capital en Cuba o un inversionista extranjero asuma riesgos se requieren reglas estables, protección de los derechos de propiedad, garantías contractuales, menor discrecionalidad administrativa y mecanismos confiables para resolver conflictos. Sin esas condiciones, los anuncios pueden generar expectativas, pero difícilmente generarán suficientes compromisos de inversión a largo plazo.
La experiencia previa refuerza esas dudas. En distintos momentos, el Gobierno cubano ha anunciado reformas que luego fueron aplicadas parcialmente, ralentizadas, reinterpretadas por la burocracia o revertidas cuando comenzaron a producir efectos no deseados para el control político y administrativo. La pregunta no es solo si las medidas son correctas en el papel, sino si se sostendrán cuando generen mayor autonomía social y acumulación privada de capital.
Falta una narrativa política clara que legitime el cambio. Se anuncian reformas que podrían acercar la economía cubana a experiencias como las de China o Vietnam, pero sin reconocer explícitamente el nuevo modelo económico que se pretende construir ni definirlo con claridad. Esas ambigüedades, junto con la ausencia de cambios políticos e institucionales, generan dudas sobre cómo se van a dirimir los disensos dentro del Estado, del Partido, de la burocracia y de los distintos grupos de poder. Queda abierta la pregunta de cómo se gestionarán las resistencias previsibles de sectores que pueden percibir estas reformas como una amenaza a sus privilegios, a sus funciones de control o a su visión ideológica del sistema.
Secuencia
El paquete anunciado contiene un amplio número de medidas, todas necesarias, pero no todas pueden aplicarse al mismo tiempo ni con la misma urgencia. La economía cubana enfrenta restricciones institucionales, humanas, financieras y administrativas muy severas. Las reformas necesitan una hoja de ruta que ordene las prioridades, defina las fases y precise la interrelación entre las medidas.
La secuencia es importante para atender primero las urgencias que hoy condicionan cualquier posibilidad de recuperación y que más dañan a la sociedad cubana: la crisis energética, la escasez de alimentos, el deterioro de la atención médica y la pérdida de ingresos reales de los hogares. Sin un piso mínimo de funcionamiento en estas áreas, será difícil que el sector privado se expanda, que los inversionistas encuentren condiciones básicas para operar y que la población perciba beneficios concretos de las reformas.
Algunos economistas cubanos —que hemos venido trabajando en propuestas de transformación— hemos insistido en la conveniencia de pensar las reformas en al menos tres fases. La primera debería ser una etapa de estabilización y transformaciones de emergencia; la segunda, una fase de reactivación productiva más amplia; y la tercera, una etapa orientada a definir de manera más estratégica el modelo de desarrollo económico y social de largo plazo.
En la primera fase deberían priorizarse las medidas que permitan estabilizar la economía, detener el deterioro de la oferta productiva y generar resultados relativamente rápidos. Ello incluye la corrección de precios relativos, la reforma cambiaria, la liberalización agropecuaria, la ampliación efectiva del espacio para el sector privado, la solución de los cuellos de botella energéticos y la creación de mecanismos mínimos de protección social para amortiguar los costos del ajuste.
Sin energía no es posible la producción; sin correcciones cambiarias y de precios no se puede medir correctamente la rentabilidad ni tomar decisiones económicas racionales; y sin protección social, el ajuste puede recaer nuevamente sobre los hogares más vulnerables.
Otras transformaciones anunciadas, aunque necesarias, requieren más tiempo, mayor capacidad institucional y mejores garantías. Convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, vender activos del Estado, crear mercados de capitales o impulsar reformas financieras de mayor alcance son pasos que no deberían improvisarse en la primera fase. Las medidas exigen una valoración transparente de activos, reglas de competencia, supervisión independiente, mecanismos contra la captura de rentas y, probablemente, apoyo técnico u observación por parte de instituciones financieras internacionales.
Un caso especialmente delicado dentro de esa secuencia es Gaesa. Por el peso que este conglomerado ejerce sobre sectores estratégicos y el control de reservas en divisas no sería efectivo diseñar una reforma que lo deje por fuera. Reducir su control monopólico, transferir funciones y recursos a estructuras civiles, someter sus empresas a mecanismos de auditoría y rendición de cuentas, e integrar sus recursos al marco fiscal y monetario del país serían pasos necesarios para que las reformas tengan credibilidad macroeconómica, coherencia productiva y legitimidad social.
Financiamiento y sanciones
La tercera gran limitación es el financiamiento. Las reformas anunciadas pueden generar incentivos económicos y abrir espacios al mercado, pero su implementación requiere recursos. Cuba necesita divisas para importar alimentos, combustibles, insumos productivos, medicinas, piezas de repuesto, tecnología y bienes de capital. Sin una fuente clara de financiamiento, incluso las medidas mejor diseñadas pueden quedarse en el papel o producir resultados muy limitados.
Por ese motivo, una transformación económica efectiva tendrá que pasar por una negociación con Estados Unidos. Ninguna reforma podrá desplegar su potencial si la economía cubana permanece sin acceso a combustible y aislada del comercio y los mercados financieros internacionales. El levantamiento o flexibilización de sanciones no resolvería por sí solo los problemas estructurales del modelo cubano, pero sí facilitaría los efectos positivos de las reformas de mercado.
El turismo sería uno de los canales más rápidos. Una flexibilización de las restricciones a los viajes desde Estados Unidos podría elevar la llegada de visitantes, mejorar la ocupación hotelera y generar divisas en un sector que ya cuenta con una infraestructura instalada considerable, aunque hoy subutilizada. Eliminar las restricciones que limitan la inversión de cubanoamericanos y de la diáspora podría facilitar que remesas, ahorros familiares, redes empresariales y capital de pequeña y mediana escala se transformen en inversión productiva.
Un obstáculo particularmente complejo es el Título III de la Ley Helms-Burton y, en general, el tema de las propiedades confiscadas. Mientras persista un alto riesgo legal asociado a reclamaciones sobre activos expropiados, muchos inversionistas enfrentarán una incertidumbre adicional. La apertura externa de la economía cubana requiere incorporar una solución negociada, jurídicamente viable y financieramente realista al problema de las reclamaciones de propiedad.
También sería necesario considerar mecanismos de financiamiento externo más amplios. La magnitud del deterioro económico, social y de infraestructura sugiere que Cuba difícilmente podrá financiar por sí sola una recuperación sostenida. Por ello, debería considerarse la creación de un fondo multilateral de apoyo a la estabilización y reconstrucción económica, orientado a financiar importaciones esenciales, recuperación energética, infraestructura básica, protección social, fortalecimiento institucional y acompañamiento técnico a las reformas. Un mecanismo de este tipo podría involucrar Gobiernos, organismos financieros internacionales, bancos de desarrollo y actores de la diáspora.
