Seis nuevos decretos leyes, dos decretos y 17 resoluciones modificarán las normativas principales que regulan a los actores económicos no estatales. Aunque hasta la fecha no se han publicado los textos que actualizarán las normas vigentes, el primer ministro Manuel Marrero dio algunas pistas sobre los cambios a implementar durante su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 17 de julio.

Las propuestas legislativas fueron presentadas el 11 de julio en una sesión extraordinaria de trabajo del Consejo de Ministros de Cuba que solicitó la aprobación del Consejo de Estado. Los cambios incluyen la actualización de las contravenciones y los términos que regulan las relaciones comerciales entre empresas estatales y privadas.

De acuerdo con la nota de Presidencia de Cuba, las modificaciones corregirán «las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal». La publicación precisa que se trata de «acciones encaminadas a ordenar dicha actividad, de manera tal que se actúe coherentemente».

Los cambios que pretende el Gobierno afectarán cuestiones dispuestas actualmente en el Decreto Ley 44 Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia (TCP); el Decreto Ley 46 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes); y el Decreto Ley 47 sobre las Cooperativas no Agropecuarias (CNA).

También serán objeto de modificaciones la Ley 113 Del Sistema Tributario, el Decreto-Ley 45 que establece las contravenciones en el sector no estatal, y los decretos leyes 48 y 65, que definen el Régimen Especial de Seguridad Social aplicable a los actores económicos del privado. 

ANUNCIOS DEL PRIMER MINISTRO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

La comparecencia del primer ministro Manuel Marrero ante los parlamentarios cubanos esclareció detalles sobre los principios que regirán las relaciones entre el sector estatal y el privado, prioridad del Estado en el segundo semestre de 2024. 

Según Marrero «se han cometido barbaridades» que es necesario corregir, por lo que insistió en reforzar el carácter obligatorio de los procesos de licitación y concertación de precios. Las autoridades velarán por que las entidades estatales no excedan el límite de gastos aprobados para comercializar con otros actores económicos.

La medida responde a que entre enero y julio de 2024, las unidades presupuestadas pagaron a personas naturales y formas de gestión no estatal 4 mil 750 millones de CUP, lo que representa un incremento de 900 millones en comparación con 2023. Como respuesta, el Gobierno decidió acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos al sector no estatal en un límite máximo del 30% de utilidad.

El primer ministro indicó también que se modificarán los requisitos para ser socio o administrador de una de mipyme o CNA (será necesaria la condición migratoria de residente efectivo) y se establecerá un sistema de control interno más riguroso. 

Ante las demoras que en la actualidad enfrenta la aprobación de nuevas formas de gestión no estatales, se decidió ampliar los plazos. De esa forma, la recepción de solicitudes se convertirá en prerrogativa de las administraciones locales. El proceso se llevará a cabo de forma gradual y comenzará en un municipio por provincia.

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En cuanto al TCP, los familiares se incluirán en el límite de tres personas contratadas y la afiliación a la Seguridad Social será obligatoria. Otra modificación remite a que los TCP que superen el nivel de facturación establecido por la autoridad competente, deberán convertirse en personas jurídicas.

Asimismo, el primer ministro anunció la creación del nuevo Instituto para la Atención a los Actores Económicos No Estatales, cuyo funcionamiento iniciará en enero de 2025. La entidad tendrá como objetivo principal supervisar y regular las actividades del sector, con el fin de asegurar mayor control y transparencia.

Entre las regulaciones que ya han sido aprobadas, pero no hechas públicas, figura el Decreto modificativo del Decreto 49 De las actividades no autorizadas a realizar por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas privadas, Cooperativas No Agropecuarias y Trabajadores por Cuenta Propia. En el documento actual existen 112 actividades prohibidas a las que se añadirán nuevas, mientras otras se eliminan o requerirán certificaciones especiales para su ejercicio.

La aprobación de una nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, así como su comercialización e importación fue otro de los anuncios realizados por Marrero. La política establece límites estrictos en la cantidad y tipos de vehículos que las formas de gestión no estatales pueden importar. 

Marrero Cruz reiteró que las propuestas del Consejo de Ministros no debían interpretarse como «una cruzada contra las Mipymes, ni contra las otras formas de gestión no estatal». Sin embargo, en las últimas semanas, publicaciones de la prensa estatal y organismos del Estado sobre los resultados de la entrada en vigor de la Resolución 225 sugieren un refuerzo del control sobre la iniciativa privada. El primer ministro precisó que en los días 12 y 13 de julio se recaudaron más de 13 millones de pesos en multas y se procedió al retiro de licencias y al cierre de establecimientos.

Si bien reconoció que las tiendas que comercian en MLC tienen precios más altos que las MIPYMES, dijo que es «injusto hacer ese análisis». Tampoco refirió sanciones para este tipo de actores económicos a causa de «precios abusivos». De forma similar ocurrió con las empresas privadas que incumplieron con la bancarización, lo que provocó el cierre temporal de 476 establecimientos no estatales y la cancelación de 380 licencias entre diciembre de 2023 y abril de 2024. 

Por otro lado, dejó claro que era necesario avanzar en «el camino correcto» y reiteró que «el principal actor de la economía cubana es la empresa estatal socialista», lo que significa que las empresas privadas están llamadas a interpretar un rol secundario.