Incluso en medio del naufragio en que se ha convertido el final de su mandato, al presidente Donald Trump no le faltó tiempo para volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La decisión era firme desde hace días, indicaban voces autorizadas en Washington. Sería tomada como pago al búnker anticastrista del sur de la Florida, que durante los últimos años brindó al trumpismo uno de sus caladeros de votos más seguros y decisivos. Una eventual apuesta presidencial en 2024 tendría en ese gesto un excelente punto de partida.

«Los motivos políticos de esta decisión son tan transparentes que no requieren mucho análisis», considera el doctor Michael Bustamante, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU). «Recordemos que entre los congresistas que votaron a favor de cuestionar los resultados del colegio electoral se encuentran varios representantes cubano-americanos del Partido Republicano, que alardean de su defensa de la democracia alrededor del mundo. Se trata de una decisión excepcionalmente cínica».

La designación conlleva una prohibición de la ayuda económica de Estados Unidos, control de artículos de “doble uso” con aplicaciones militares y civiles, oposición a los préstamos a Cuba por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Otras sanciones descritas por la resolución —limitaciones para postular a programas de colaboración internacional, negocios y esquemas financieros de los que participen entidades estadounidenses o sus subsidiarias— también suponen una carga adicional sobre la maltrecha economía cubana.

Para Collin Laverty, especialista en las relaciones Cuba-Estados Unidos y fundador de la organización de intercambio cultural y educativo Cuba Educational Travel, «aún las implicaciones no son muy claras, pues Cuba tiene muchas sanciones vigentes y cuesta medir por separado los impactos de cada una, pero es un hecho que habrá consecuencias prácticas».

Se afectan directamente el transporte aéreo y los ya limitados intercambios académicos. «Luego de cuatro años de sanciones, los bancos y la economía de Cuba están muy afectados, y habría que ver cómo reaccionan ante las revisiones de las pólizas de seguro de las aerolíneas y otras empresas, y a dificultades adicionales, no solo financieras sino en cuanto a transferencia de bienes y tecnologías», añade Laverty.

Tampoco escapan terceros países, puesto que la inclusión en la lista “también implica otras sanciones legales que penalizan a personas y países que realizan determinado comercio con patrocinadores estatales”.

«Las instituciones financieras tendrán otro motivo para evitar operaciones con Cuba, y las aseguradoras podrán suspender las coberturas de transacciones», explicó a la BBC John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, radicado en Nueva York. Sin ir más lejos, las millonarias importaciones de combustible desde Argelia o Rusia, con las cuales Cuba ha compensado el déficit en los suministros que antes le llegaban de Venezuela, verían multiplicados sus fletes. Los impactos alcanzarían también sectores como la industria farmacéutica, como ocurría antes de 2015.

Contrario a lo que declaran Trump y sus asesores, no solo el entramado empresarial «controlado por los militares» sufrirá los efectos: «Una de las nuevas restricciones que resultan de esta designación se relaciona con la exportación de software y tecnología de Estados Unidos a Cuba, incluso a su sector privado, que prefiere en gran medida los productos estadounidenses por encima de los chinos. Esta no es forma de apoyar a los emprendedores tecnológicos (o a nuestra seguridad nacional)» tuiteó el director ejecutivo del Cuba Study Group, Ricardo Herrero.

Negocios no estatales como los de alojamiento o restauración verán aun más limitadas sus opciones para gestionar pagos desde el exterior. La afirmación de Joe Biden durante su campaña presidencial, de que «el enfoque de este Gobierno no está funcionando», difícilmente pudiera fundamentarse mejor, si de promover una emergente clase media privada en Cuba se trata.

MONEDA DE CAMBIO EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

En 2015 Barack Obama dio luz verde para que Cuba fuera sacada de la lista por el Departamento de Estado. Corrían los tiempos del deshielo y ambas capitales se preparaban para reabrir embajadas como parte de un proceso diplomático que culminaría, al año siguiente, con el viaje del mandatario estadounidense a La Habana.

Cinco años después bajo la nueva administración, un procedimiento igual de expedito concluyó con la inclusión de Cuba en una categoría especial: la de países que no «cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EE. UU.». Expertos lo consideraron un primer paso para hacer regresar a la nación caribeña a la condición que había tenido por más tres décadas, y anticiparon que de cara a los comicios presidenciales seguirían otras medidas punitivas, como en efecto sucedió.

En septiembre de 2020, al lanzar un nuevo paquete de restricciones, Trump se enorgulleció de haber desmontado la política conciliatoria de Obama y Biden. El marco de aquellas declaraciones no podía ser más simbólico: en la Casa Blanca y durante un homenaje a veteranos de la invasión de Playa Girón, ante los cuales ratificaría el «inquebrantable compromiso con una Cuba libre». Sería su latiguillo hasta el día de las votaciones, en las que su fórmula alcanzó un éxito fundamental en el condado de Miami-Dade para llevarse los 29 votos electorales de la Florida (aunque perdió, consiguió arrebatar a los demócratas más del 22 % de los sufragios que le habían sacado de ventaja en 2016).

Hasta que las reacciones contra el asalto al Capitolio por un grupo de sus seguidores lo pusieran contra las cuerdas, Trump alentaba la posibilidad de no abandonar la Casa Blanca, o eventualmente, regresar luego de los comicios de 2024. Era un objetivo en pos del cual se mantenía funcionando la maquinaria del ejecutivo y buena parte del Partido Republicano. Apenas este 10 de enero un grupo de sus aliados se atrevió a solicitarle que no se postule dentro de cuatro años, pero dentro del espectro de la derecha estadounidense no faltan los políticos dispuestos a asumir su agenda; entre ellos, los cubano-americanos Ted Cruz y Marco Rubio, defensores de la política de línea dura hacia su país de ascendecia. La reinclusión de Cuba en la lista de Gobiernos filoterroristas pudiera darles el margen de maniobra necesario para entorpecer la política de normalización prometida por Biden y Harris durante la campaña electoral.

«Biden puede y debe revertir esta medida. Pero requerirá un proceso de revisión que puede durar meses, y el desastre que heredará de Trump en todos los órdenes hace muy posible que Cuba no tenga prioridad al principio», reflexionó el profesor Bustamante.

A juzgar por las decisiones del último cuatrienio, la agenda trumpista siempre tuvo como norte de sus desvelos no La Habana, sino el Sur de la Florida. Y los efectos de su política continuarán luego de que el magnate haya abandonado el Despacho Oval; sea por su mano, o por la de sus febriles seguidores.

HERENCIA DE LA GUERRA FRÍA

La lista de «Países patrocinadores del terrorismo internacional» fue creada en diciembre 1979 por el Departamento de Estado y en su primera versión incluía a Irak, Libia, Siria y Yemen del Sur.

Cuba fue la primera incorporación a esa relación, en 1982, acusada de proporcionar asistencia a los movimientos guerrilleros FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA (independentista vasco, de España). Se promovió una campaña mediática sobre supuestos envíos de armas y entrenamiento militar que desde Cuba habrían beneficiado a ambas organizaciones.

Los ejemplos de Afganistán y Sudán dan cuenta de la criticada parcialidad del listado. A despecho de los informes de inteligencia, Kabul nunca recibió el calificativo de «patrocinador del terrorismo» bajo pretexto de que el Gobierno talibán no era reconocido por Washington y por tanto no podía considerarse objeto de sanciones. Otras fuentes indicaban que la permisividad de la Casa Blanca tenía que ver con sus planes para construir un oleoducto que atravesaría esa nación al sustraer del control ruso la gigantesca producción petrolera de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central.

Por su parte, a Sudán le bastó sumarse a la campaña de reconocimientos diplomáticos a Israel, promovida por Trump, para que este notificara al Congreso de su salida de la lista en diciembre último (la integraba desde 1993). En paralelo, Jartum debió negociar una compensación de 335 millones de dólares con los familiares de las víctimas de los atentados que en 1998 destruyeron la embajada local de Estados Unidos.

“Los países que terminan en esa lista son países que no nos gustan”, dijo en 2014 Michael Oppenheimer, profesor del Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York. “Otros países y potencias extranjeras apoyan el terrorismo, y objetivamente hablando son terroristas, pero los que no nos gustan son los que están en la lista, y nuestros aliados no. Se trata de un doble estándar”.

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