Pérdida de suministros, clientes, contrato de servicios; difícil movilidad y conectividad; aumento del precio de materias primas y transportación; mantenimiento y pago de alquileres y servicios básicos… algunos de los obstáculos que sortean hoy los emprendedores cubanos.

Como en el resto del mundo, en Cuba la crisis por la COVID-19 desborda lo sanitario para desafiar además, y como nunca antes, lo político, lo social y lo económico.

En el sector privado, todavía emergente con apenas una década de existencia, han sido solicitadas hasta el momento más de 139 mil suspensiones temporales: el 22% de los aproximadamente 605 mil cuentapropistas del país.

Los efectos de la pandemia han perjudicado a más de 26 mil arrendadores, más de 500 experiencias de Airbnb y a más de 52 mil transportistas, de acuerdo con datos ofrecidos en televisión por Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios, citado por un informe que publica hoy AUGE.

AUGE_Covid 2020

 

“El emprendimiento privado en Cuba. Un paciente positivo a la COVID-19”, elaborado por esta agencia consultora que desde 2014 asesora la creación y gestión de negocios, explica por qué los emprendedores cubanos se encuentran ante la mayor amenaza desde que el gobierno autorizó su actividad en 2010.

AUGE describe en su informe cómo los negocios intentan adaptarse a las nuevas circunstancias. Además, propone medidas concretas que los decisores políticos podrían tomar para apoyar al sector privado mientras duren las restricciones y, fundamentalmente, para aliviar el impacto de esta crisis cuando la economía retome su actividad en una “nueva normalidad”.

Adaptarse o desaparecer 

La cubana es una “economía abierta, bajo fuertes sanciones, dependiente de turismo y remesas, y con nulo acceso a algún mecanismo de compensación externa en la forma de préstamos contingentes de organismos financieros internacionales”.

En medio de ese escenario, el sector privado atraviesa su propia tormenta perfecta, al desplomarse sus ingresos o directamente haberse interrumpido del todo. La disponibilidad de suministros, antes limitada, ahora es casi nula.

Está detenida la inversión para nuevos negocios o la ampliación de los existentes, algo que “se mantendrá a lo largo del presente año” y cuya recuperación en 2021 “dependerá mucho de cómo evolucione la crisis a nivel global, y en especial, del reinicio de los viajes internacionales, la recuperación del turismo y del resultado de las elecciones en los EE.UU.”, detalla el informe, realizado a partir de información proporcionada por expertos, declaraciones de autoridades y consulta a 20 emprendedores que desempeñan algunas de las actividades más dinámicas dentro del sector.

El cierre de fronteras afecta también al eliminar viajes personales, fuente esencial de suministros dentro de la isla. Las estimaciones de compras totales para importación individual de mercancías se situaban entre 1500-2000 millones de dólares anuales en los últimos años.

Los emprendedores consultados han dirigido su resistencia a la crisis en dos sentidos: funcionamiento del negocio y protección a los empleados.

Los emprendedores cubanos también mutan

En lo posible, han adoptado el teletrabajo y realizan campañas digitales para mejorar su visibilidad, lo que supone un alza de costos por conexión a Internet; han habilitado servicios a domicilio y, en algunos casos disminuido precios para estimular ventas o retener clientes.

Privados del turismo, muchos se enfocarán hacia lo local y habrá competencia por el mercado nacional, en el que el poder adquisitivo es inferior al de los visitantes extranjeros.

“La mortalidad de los negocios que no logren adaptarse” será alta, remata el informe. Y aun para los que logren sobrevivir, el proceso será difícil: para muchos supondrá una completa “reconversión hacia actividades más simples y de consumo masivo”.

De 38 actividades escogidas para el mapeo, las que reportan un nivel de impacto más bajo son precisamente las relacionadas con servicios básicos o de primera necesidad: venta minorista de alimentos, transporte de carga, mensajería, agentes de telecomunicaciones y programadores de equipos de cómputo, entre otros. En dos palabras: comida y comunicación.

Se espera que en junio disminuya el número de trabajadores contratados. Muchos negocios que hasta ahora han conseguido continuar su actividad y apoyar salarialmente a sus empleados, no lograrán mantener una o ambas cosas bajo condiciones limitadas que se prolongarían entonces por más de dos meses.

La pandemia no ha sido el detonador de todos los problemas. El sector privado y cooperativo venía padeciendo “condiciones domésticas desfavorables” desde 2017.

AUGE enumera: “La imposición de una moratoria a la autorización de nuevos negocios por un año y medio, la reducción de los flujos turísticos, el impacto de las nuevas sanciones de Estados Unidos y la creciente escasez de bienes para completar las cadenas de suministros habían reducido la dinámica del sector y los niveles de rentabilidad de los negocios”.

Recomendaciones “express”

“La respuesta de la política económica debe ser coherente con la ‘actualización’”, afirman los autores, Oniel Díaz, asesor de negocios y Ricardo Torres, doctor en Economía, quienes identifican como áreas fundamentales a tener en cuenta la economía digital, la producción de alimentos y las PYMES.

“Creación ‘express’ de pequeñas y medianas empresas a través de la conversión a estas formas de los actuales cuentapropistas con licencias de elaboración de alimentos. (…) Estas empresas deberían poder realizar importaciones de equipamiento destinado a la producción agroindustrial, libres de impuesto”, proponen como parte de un total de doce medidas concretas.

Otras son: eliminar el impuesto de la fuerza de trabajo con el objetivo de proteger el empleo; flexibilizar regulaciones aduanales para la importación de productos de primera necesidad; precios preferenciales para la conexión a internet y otras facilidades tecnológicas para la interacción de servicios estatales y privados.

Debería valorarse de inmediato, añaden, “eliminar o flexibilizar la política de actividades autorizadas” para impactar en la economía nacional y “evitar que la oferta de servicios/negocios similares (…) termine en una competencia desmedida que impacte en los precios, suministros y la destrucción de empleo y desaparición de negocios”.

Se propone consensuar “una agenda conjunta” para fortalecer la infraestructura y los servicios conexos, incluyendo las plataformas de compra en línea y los servicios de entrega, en los cuales tienen experiencia varios emprendimientos.

Por último, hay normas jurídicas en el calendario legislativo previstas a aprobarse en 2022 cuyo adelanto “se podría explorar”, al estar “directamente vinculadas con la actividad productiva, como la ley de empresas, asociaciones y sociedades mercantiles”.