Un análisis desapasionado de la historia compartida entre Estados Unidos y Cuba revela que, mucho antes de las tensiones ideológicas impuestas por la Guerra Fría, existió un vínculo de profunda cooperación y beneficio mutuo. Aunque la historiografía posterior a 1959 se ha encargado de sobredimensionar las fricciones, las etapas de la Guerra de Independencia y la era republicana dejaron un legado de alianza estratégica, desarrollo científico e intercambio cultural que transformó las bases de la isla y la posicionó a la vanguardia de América Latina.
El hito fundacional de esta relación positiva nació en el terreno militar durante la Guerra Necesaria (1895-1898). La intervención estadounidense en 1898, tras la explosión del acorazado USS Maine, catalizó la derrota definitiva del ejército colonial español. En esta campaña, líderes del Ejército Libertador cubano coordinaron directamente con el mando norteamericano en Santiago de Cuba, aportaron inteligencia del terreno y tácticas de guerrilla indispensables para asegurar la victoria. Aunque la posterior ocupación militar generó complejos debates soberanos, la acción conjunta logró el objetivo primordial de los patriotas: poner fin a cuatro siglos de dominio colonial y dar nacimiento a la República de Cuba en 1902.
Durante la era republicana (1902-1958), esa cercanía geográfica se tradujo en una constante transferencia de conocimientos y capitales que dinamizaron la infraestructura y la ciencia en la isla. El ejemplo más significativo de esa cooperación científica fue la erradicación de la fiebre amarilla. El médico cubano Carlos J. Finlay descubrió que el mosquito Aedes aegypti era el vector de la enfermedad, pero su teoría fue ignorada hasta que la Comisión de la Fiebre Amarilla del Ejército de Estados Unidos, liderada por Walter Reed, la validó experimentalmente. Juntos, científicos cubanos e ingenieros sanitarios estadounidenses limpiaron los focos de infección, una campaña que no solo salvó miles de vidas en la isla, sino que revolucionó la salud pública mundial.
Esa sinergia positiva se reflejó también en la modernización física y económica del país. La construcción del Ferrocarril Central, financiada con capitales estadounidenses bajo rigurosos estándares técnicos, unificó económicamente a la isla de La Habana a Santiago de Cuba. Asimismo, el auge constructivo de las décadas de 1920 y 1930, plasmado en obras icónicas como el Capitolio Nacional o el Hotel Nacional, combinó el talento artesanal cubano con firmas de arquitectura y estructuras de acero importadas del norte.
En el plano comercial, el Tratado de Reciprocidad garantizó un mercado estable para el azúcar y el tabaco cubanos, financiando el surgimiento de una robusta clase media y un acceso temprano a la modernidad, como lo demostró la pronta adopción de la televisión a color en 1958 cuando en Argentina fue 20 años después. Paralelamente, la corriente cultural fue bidireccional y orgánica: mientras el jazz estadounidense enriquecía las bases del son y el mambo, el béisbol penetraba en la isla con tanta pasión que se convirtió en el deporte nacional, uniendo las identidades de ambos pueblos más allá de la política.
Sin embargo, la llegada del régimen castrista en 1959 sepultó esa memoria de beneficio mutuo. La instrumentalización del enemigo externo es uno de los mecanismos de control social más antiguos del totalitarismo, pero la dictadura cubana lo elevó a la categoría de dogma político. El régimen ha explotado de manera sistemática y selectiva los aspectos negativos del vínculo histórico con un propósito estrictamente estratégico: garantizar la supervivencia de la cúpula en el poder a costa del bienestar de la ciudadanía.
La genialidad táctica de esa narrativa radicó en transformar una asimetría geopolítica en la coartada perfecta para la ineficiencia. Al reducir la compleja relación con Washington a un estado de asedio permanente, el Estado centralizado se vació de responsabilidad: si la zafra azucarera fracasa, si los servicios públicos colapsan o si sobrevienen apagones masivos, la culpa es invariablemente del «bloqueo». Esa maniobra intenta anular cualquier debate técnico sobre las reformas urgentes que el aparato productivo necesita y justifica la miseria interna como un supuesto costo colateral de la soberanía nacional.
Además de escudo económico, la explotación del agravio histórico sirvió para diseñar el delito de opinión y criminalizar el disenso. Utilizando las heridas legítimas que dejaron roces históricos como la Enmienda Platt, el castrismo decretó una ecuación matemática: el régimen es la Patria; por ende, cualquier crítica interna es una traición patrocinada por el enemigo. Bajo ese esquema, un periodista independiente, un artista contestatario o un ciudadano que marcha pacíficamente son despojados de su cubanía y catalogados de «mercenarios» o «anexionistas». Eso le permite al Estado justificar ante la opinión pública internacional la violencia política, el exilio forzoso y las condenas desmesuradas bajo el manto de la seguridad nacional.
Para sostener ese mito de la agresión perpetua, el aparato educativo e ideológico aplicó una amnesia selectiva. Se borró de los libros escolares la cooperación en la independencia, los logros científicos conjuntos y los profundos lazos culturales, lo cual redujo más de medio siglo de historia republicana a una caricatura de «neocolonia y humillación». El objetivo fue crear una dependencia psicológica en la que el dictador se presenta como el único salvador frente al abismo.
La paradoja más grande de esta retórica antiimperialista es que, mientras la cúpula condena a Estados Unidos en sus discursos, la precaria economía de la isla sobrevive gracias al dinero que la diáspora cubana genera en ese país, sosteniendo a sus familias a través de remesas y recargas. La hostilidad, por lo tanto, nunca fue diseñada para proteger al pueblo cubano, sino para blindar al poder totalitario frente a sus demandas democráticas.
En el contexto actual, en el que la sociedad civil independiente empieza a diseñar la hoja de ruta para la liberación del pueblo cubano, la recuperación de este vínculo positivo no es un ejercicio de nostalgia; es una necesidad estratégica fundamental. Para desmontar la psicología de trinchera que ha sostenido al castrismo por más de seis décadas, la nueva Cuba debe resignificar su relación con Washington, elevándola por encima de la falsa dicotomía oficialista.
El primer paso para sanar el tejido político es arrebatarle al totalitarismo el monopolio de la soberanía. Coincidir con la política internacional de las democracias occidentales en la exigencia de derechos humanos, elecciones plurales y el fin de la impunidad no es anexionismo. Al contrario, rescatar los hitos históricos de beneficio mutuo demuestra que la sintonía entre ambas naciones siempre ha traído progreso, libertad y salud. Coordinar esfuerzos con actores internacionales es una vía legítima para acelerar el fin de un sistema opresor, tal como ocurrió en las transiciones de Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín, las cuales contaron con el respaldo decidido del mundo libre.
Un estudio realizado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia presentado en la Asamblea General de la OEA en Panamá arrojó datos reveladores sobre cómo los activistas y analistas conciben el rol de la comunidad internacional, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de presiones diplomáticas, militares, económicas y jurídicas desde Washington durante 2025 y principios de 2026. Al ser consultados sobre un potencial escenario que involucre el apoyo o intervención de Estados Unidos, las posturas de la sociedad civil reflejan un debate estratégico profundo:
Un sector, que representa el 16 %, defiende firmemente una línea reformista y soberana, argumenta que el cambio debe gestarse y ejecutarse por manos cubanas a través de la presión social y el fortalecimiento cívico. En el otro extremo, una porción con el 22 %, apoya de manera rotunda una intervención exterior de carácter humanitario o político bajo el postulado de que el aparato represivo del régimen es asimétrico e imposible de desmontar únicamente desde el civismo interno. Acompañado del 62 % que apoya algún tipo de intervención y presión internacional que fuerce al régimen a negociar y dejar el poder pero con matices y condiciones al estilo de que no sea una intervención militar —o que no se prolongue un Gobierno transicional más allá de 18 meses—, de que la sociedad civil independiente cubana se encuentre en la mesa de negociación también o que el castrismo no deje el poder con el motín de las últimas finanzas nacionales y con impunidad. Los datos no solo demuestran que el movimiento democrático ha superado el debate puramente retórico, sino que revelan una madurez pragmática: el 84 % de los consultados aprueba la acción o el respaldo de Estados Unidos, lo cual desarma por completo la narrativa totalitaria de que el disenso interno es un bloque homogéneo de «anexionistas sin agenda propia».
La Cuba del futuro no debe contemplar a Estados Unidos como un tutor político, sino como un aliado natural e indispensable en una relación bilateral madura basada en la cooperación por la paz y la estabilidad regional. En las fases iniciales de la transición, este vínculo será vital para contener la crisis humanitaria mediante la asistencia logística en alimentos y medicinas, así como para reactivar la economía a través de la inversión y el comercio, impulsados por una diáspora que constituye el puente vivo más potente entre ambas sociedades.
Enterrar la narrativa del enemigo útil implica entender que los pueblos de Cuba y Estados Unidos están unidos de forma indisoluble por la geografía, la cultura y la familia. Recuperar la memoria de esa relación positiva es la mayor garantía de que el fin de la dictadura no derivará en el caos, sino en el regreso definitivo de Cuba al concierto de las naciones libres, soberanas y prósperas.
