A partir del viernes 11 de junio de 2021, las compras y ventas de viviendas en la capital del país fueron suspendidas como parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia ante el aumento de los contagios de COVID-19 en La Habana.

Al ser contactada por DeFacto, la oficina de Atención a la Población del Ministerio de Justicia declaró que no es una prohibición sino una suspensión temporal: «Se limitan temporalmente los trámites notariales que no resulten excepcionales; y en el Registro Civil se mantiene la tramitación de defunciones y nacimientos», constató la entidad.

Para la implementación de esta medida, se cierran 15 registros de la propiedad, 31 unidades notariales (se queda un notario por municipio para atender situaciones de alta sensibilidad) y 13 palacios de matrimonios. Los casos excepcionales se atienden a nivel provincial.

También cierran de forma temporal 17 oficinas de trámites de la vivienda y 15 oficinas de atención a la población de las direcciones municipales de vivienda. Las autoridades provinciales aseguraron que estas acciones se aplican desde el viernes 11 de junio.

La implementación de esta medida implica no solo la suspensión de los trámites de donación o compraventa de viviendas, terrenos o solares, sino también el cese de otros servicios notariales y registrales no excepcionales como la formalización e inscripción de matrimonios, la formalización de divorcios, la expedición de certificaciones, legalización de títulos y la emisión de expedientes de subsanaciones de errores u omisiones, entre otros.

Esta decisión no fue muy bien acogida por la ciudadanía. En las últimas horas, usuarios de redes sociales han referido que es una medida abrupta, en vista de su implementación casi inmediata —se anunció el jueves 10 de junio, para comenzar a aplicarse el día siguiente—. Afecta el normal desarrollo de planes; en especialmente, el caso de personas de otras provincias que se habían trasladado a la capital en los últimos días para legalizar sus trámites de compraventa de viviendas, han publicado.

El «nuevo» plan de acciones en La Habana

El Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en la capital, encabezado por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista, Luis Antonio Torres Iríbar, dio a conocer el jueves 10 de junio el plan de acciones recién aprobado.

Las acciones contenidas en este plan, en su mayoría, no son nuevas. En enero de 2021 se anunció el refuerzo de las medidas para enfrentar el rebrote de la pandemia y la alta transmisión del SARS-CoV-2 y en abril se volvió a retomar el tema. Entre las medidas adoptadas estuvo que las entidades y organismos cuyas actividades de la producción y los servicios no resultaran imprescindibles debían reducir su personal, prorrogar la vigencia de permisos, trámites y documentos que emiten y generar soluciones informáticas que permitan iniciar gestiones por vía digital y disminuir al máximo la opción presencial en sus servicios.

Otras orientaciones fueron el reforzamiento de la pesquisa activa con énfasis en la población vulnerable y garantizar que la distribución de productos en la cadena de tiendas y en el comercio sea lo más equitativa posible para evitar aglomeraciones.

Mucho antes, en agosto de 2020, se publicó un paquete de medidas en las que se disponía, entre otras, la implementación del cierre total de las playas del este de la ciudad, bares, piscinas, parques recreativos y las áreas de concentración; la limitación del traslado de pasajeros desde La Habana hacia el resto de las provincias, al disponer que los viajes debían ser aprobados por el Consejo de Defensa Provincial.

Entre las aciones previstas en el plan actual se encuentran:

• Duplicar la frecuencia diaria de la pesquisa en las zonas con mayor incidencia de la epidemia.
• Establecer un sistema de atención en cada municipio para reforzar la organización del acceso a las tiendas Cimex, Caribe, Caracol, y los mercados Ideal.
• Mantener cerrados bares, discotecas, playas, piscinas y otros centros recreativos. Las actividades deportivas masivas continúan suspendidas.
• No se permitirá la entrada ni salida de La Habana por cuestiones de trabajo, las excepciones deberán ser autorizadas por el primer nivel de dirección del país, o por el Gobernador de la ciudad, si son entidades provinciales.
• Las personas naturales que necesiten trasladarse hacia otros territorios por motivos de causa mayor también requerirán un permiso especial.
• Reducción de las autorizaciones a vehículos estatales para transitar después de las 9:00 p. m.
• Limitación de la cantidad de pasajeros en los ómnibus de transportación urbana a 30 pasajeros de pie en los articulados y 20 en los rígidos.
• Se permite realizar caminatas o carreras individuales, pero sin hacer estancias en la vía pública, los ejercicios de calentamiento deberán realizarse previamente en la casa.

Las autoridades no especificaron por cuánto tiempo se mantendría vigente este paquete de medidas, solo afirmaron que el avance de la intervención sanitaria y el cumplimiento estricto de estas medidas debe mostrar una tendencia positiva hacia fines de junio, como mínimo.

Suspensión también en Villa Clara

También en Santa Clara fue anunciada la suspensión de los servicios jurídicos, notariales y registrales, a partir del 7 de junio.

Elizabeth Alcázar, notaria principal, explicó a la prensa local que solo se atenderían los casos iniciados en semanas anteriores, y por su sensibilidad o excepcionalidad, algunos casos relativos a peligro inminente de muerte, herencia o trámites de pasaportes con análisis y aprobación previa.

A las personas con servicios iniciados se les notificará vía correo el día y la hora que deben presentarse en las entidades para concluir su trámite, declaró la notaria.

En el caso de las solicitudes de antecedentes penales y actos de última voluntad, las personas pueden solicitarlos vía electrónica mediante la página del Ministerio de Justicia.

La Dirección Provincial de Justicia de Villa Clara confirmó la suspensión de los trámites de compra y venta de viviendas en el territorio, tentativamente hasta fines del mes en curso, debido al contexto epidemiológico de la provincia.

En abril de este año, como parte de las medidas para contener el alza de los contagios en Villa Clara, se había implementado una limitación del horario de prestación de varios servicios públicos, entre los que se incluyeron los servicios jurídicos, y también los bancarios, de comercio y los demás considerados no prioritarios.

Otras provincias han reducido la cantidad de personal trabajando y solo se realizan trámites, previa autorización de los directivos a cargo.

En distintos momentos del enfrentamiento a la pandemia en el país, en otras provincias (Sancti Spíritus, Camagüey) se han adoptado restricciones de los servicios jurídicos prestados a la población, con el objetivo de limitar el movimiento y mantener el distanciamiento físico, según han argumentado las autoridades.

En estos casos, se ha implementado la suspensión de los servicios jurídicos y actividades notariales y se ha dispuesto que funcione el Registro del Estado Civil con el personal necesario solo para emitir certificaciones de nacimiento y defunción.

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