El 28 de julio de 2024 algo va a cambiar en Venezuela; está definido y prácticamente nada puede impedirlo.

Detallar qué cambiará es imposible en este momento. No obstante, hace diez meses el escenario era de una aparente mayor certidumbre. La idea era que el dictador Nicolás Maduro se perpetuaría fácilmente en una elección no reconocida por nadie pero que nadie tendría el poder de fuego para contrarrestar; lograría un porcentaje abrumador de votos (pero con una participación muy baja) contra un puñado de desconocidos y grises candidatos testimoniales a cargo de recoger, sumisamente, las migajas que dejara.

Si alguien en ese momento hubiera dicho que hoy, a menos de una semana del proceso electoral, no se sabe quién será el presidente de Venezuela, hubiera sido tomado o bien por un partidario velado de Maduro o bien por tonto.

Venezuela se apresta a un proceso electoral que, de la mano de la fuerza política construida por María Corina Machado y la presencia de una candidatura legalizada ante la autoridad electoral (como la de Edmundo González Urrutia) ha volteado por completo el tablero político venezolano.

El chavismo no solo pasó de verse casi imbatible a que cualquier sondeo de opinión remotamente fiable pronostique su desalojo del poder por paliza, sino que hoy nadie en Venezuela duda de que la única incertidumbre que pesa sobre la elección pasa por el carácter autoritario del régimen. Si la elección fuese realizada con transparencia garantizada, el triunfo de Edmundo González se habría dado por descontado.

En última instancia, lo que está por ocurrir en Venezuela es, a todas luces, una demostración de que es posible desalojar un Gobierno autoritario por medio del voto. Hoy, la única forma que tiene Maduro de salvarse sería que muchos venezolanos —movidos por la propaganda desalentadora tanto de un chavismo que busca mostrarse omnipotente como de sectores marginales de la oposición extremista que (cómodos desde el exilio) tuitean que «en dictadura no se vota»— decidan que la mejor forma de tumbar el régimen sea sentarse en su sillón de brazos cruzados y, quizá, tuitear hasta que pase la hora de votación en espera de una intervención armada estadounidense que jamás llegará sin importar quién ocupe la Casa Blanca.

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¿Cómo es posible que bajo un régimen que tiene cientos de presos políticos, ocho millones de exiliados, los medios de comunicación del Estado a su entera disposición y los escasos privados en completo silencio y que es conocido por haber torturado a personas y haber disparado contra manifestantes pacíficos (algunos incluso menores de edad) se llegue a celebrar semejante evento si históricamente se nos ha enseñado que en dictadura no se vota o se vota, pero no se elige?

En principio, Venezuela está votando, pero no está eligiendo. No porque esté garantizado que el régimen de Nicolás Maduro controlará el proceso, sino porque los venezolanos tendrán que elegir entre un candidato que se compromete con respetar sus mínimas garantías cívicas y otro que (en el poder) no lo hace. En Venezuela no habrá una genuina democracia hasta que los venezolanos puedan votar lo que quieran (e incluso ser acérrimos opositores a un eventual Gobierno de González o de María Corina Machado) sin que les represente perjuicio arbitrario o riesgo alguno. En efecto, Venezuela votará, pero si elige, será luego.

Luego está el hecho de que sí, en efecto, Nicolás Maduro enfrentará un candidato alternativo viable y respaldado por la mayoría de los partidos mayoritarios de la oposición, pero no quiere decir que las elecciones sean limpias. A un ente electoral politizado, el aparato político de un sinnúmero de partidos opositores intervenidos judicialmente (y que postulan otros candidatos cuya tarjeta electoral puede confundir al votante), la inhabilitación de dirigentes y las restricciones de la observación internacional y nacional, se suma la escalada represiva en la que el régimen ha incurrido en las últimas dos semanas. 102 personas han sido detenidas de forma arbitraria desde que comenzó el proceso; 77 de las detenciones han tenido lugar desde la apertura de la campaña el 4 de julio de 2024.

La oposición mayoritaria boicoteó varias elecciones desde 2017 en adelante y alegó disímiles irregularidades. La actual elección, en particular, no la boicotea. ¿Qué la vuelve entonces, además de la candidatura de Edmundo González, diferente?

Nicolás Maduro no ha cambiado. Ni él ni su régimen ni el ente electoral. Lo que ha cambiado para siempre es la sociedad civil venezolana.

Desde el surgimiento del liderazgo de María Corina Machado y el nacimiento de una nueva esperanza de cambio por la vía electoral, la sociedad civil venezolana se encuentra en pleno florecimiento y va tornándose mucho más valiente conforme pasan los días. Desde la formación de los «comanditos» con los que Machado aspira defender el voto de la Plataforma Unitaria el 28 de julio de 2024 y publicar un conteo paralelo que refleje los verdaderos resultados en caso de que el boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) pretenda alterarlos, hasta la masiva militancia y participación en las enormes concentraciones que Machado ha organizado en su largo recorrido por el territorio venezolano.

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Hoy vemos que venezolanos que llevaban 20 años sin votar se registraron y están dispuestos a hacerlo y venezolanos que llevaban diez años sin una mínima expectativa de ver un cambio en su país a largo plazo se ven hoy seguros —como si su vida dependiera de ello— de que este 28 de julio verán a Maduro derrotado.

Cuando la gente cree que algo es posible, el algo termina volviéndose realidad, así fuera por fuerza propia. La elección, el voto en sí mismo, actúa de punto de inflexión. Veremos qué mutación toma la revitalización de la sociedad civil venezolana.

Habrá voces que dirán que hemos tenido esperanza con Venezuela antes —tanto por vía electoral como por vía insurreccional— y al final nothing ever happens. Pero la historia no es un círculo, no se repite. Cada escenario fue distinto y fracasó por motivos muy diferentes y el actual escenario es distinto también.

Un escenario, es un resultado cuestionado en una elección muy ajustada (con el chavismo aún fuerte tras la muerte de su fundador) y cuyas cifras reales no se pueden demostrar (como en 2013). Otro, es una elección parlamentaria que no define el ejecutivo (como en 2015). Otro, es tomar las calles violentamente, pero solo por un estallido de necesidad y sin liderazgo claro (como en 2017). Otro, es intentar juramentar a un presidente interino (lo que te da un liderazgo claro), pero con la calle dormida y debilitada (como en 2019). Finalmente, otro escenario es tener la demoledora evidencia de una foto que muestra a un candidato apoyado por la mayoría de los partidos opositores recibiendo más votos que Nicolás Maduro.

Partiendo del hecho de que, este 28 de julio, comanditos mediante, veremos una fotografía de Nicolás Maduro recibiendo menos votos que otro candidato, cualquier sabotaje al proceso en el que pudiera llegar a incurrir el chavismo —desde inhabilitar a Edmundo González para asumir, anular el resultado, lanzarse a un masivo fraude electoral o desatar una violencia represiva— será reprendido con un costo político a pagar cada vez más alto.

A nivel internacional, se ve con las reacciones de Lula, quien critica el discurso de campaña de Maduro y le recuerda: «si ganas te quedas y si pierdes te vas». Lula, a quién conocemos por ser un aliado cercano del chavismo, del castrismo y del orteguismo no diría lo que dice si no tuviese la certeza de que a partir del 28 de julio le tocará o bien entenderse con Edmundo González o bien afrontar una guerra civil fratricida en su frontera. No es muy difícil suponer cuál escenario es preferible para el líder de la potencia regional de Sudamérica.

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Si ganara Edmundo González se abre entonces el escenario de la transición. ¿Qué puede pasar? Muchos se lo preguntan. ¿Cómo es posible que un régimen acusado y hasta con órdenes de captura por parte de Estados Unidos entregue pacíficamente el poder?

No lo entregarán pacíficamente. Sabotearon las primarias opositoras, sabotearon la campaña de la oposición, han saboteado la administración del proceso y no cabe duda de que, incluso en un escenario en el que Maduro deba admitir una derrota electoral, harán lo posible por sabotear la transición. En 2016, la Asamblea Nacional estaba dominada por la oposición —que controlaba dos tercios de los escaños— y no pudo destituir a Maduro. ¿Qué diferencia hay?

Hoy el escenario sería el contrario, a Edmundo González le tocaría presidir Venezuela con el chavismo controlando la totalidad de los demás resortes de poder del país (la legislatura, la judicatura, las gobernaciones, las alcaldías y las fuerzas de seguridad). En ese contexto, el chavismo sabrá, desde un principio, que todavía le queda poder de fuego para hacer exigencias, para sacar la mejor tajada posible de una transición.

Abandonar el poder tiene sus costos para el chavismo. Suponiendo tal escenario inevitable, deberán elegir cómo abandonarlo. Una transición electoral pacífica en la que ellos sigan teniendo (citando a María Corina Machado) «hasta el final» la sartén por el mango aparece por ahora como la opción más favorable para ellos.

Incluso si en última instancia no es la elección del 28 de julio la que termina por precipitar la transición (hoy aparentemente inevitable) en Venezuela, el proceso habrá sido el principal medio empleado por la oposición para concretar el fin. Nicolás Maduro ha descansado por años sobre los hombros de la apatía de su pueblo. Cuando tuvo la oportunidad de anular el ritual electoral pluralista periódico por medio de la constituyente de 2017 y seguir la senda de Cuba de manera definitiva, no lo hizo, confiado en que su pueblo no votaría en elección alguna en la que él compitiera en el poder. No es cierto que votar lo legitimara. Él no necesitaba legitimidad, no la necesitó los últimos seis años que no la tuvo y no la necesitaría por otros seis más si María Corina Machado hubiera decidido abstenerse.

Las dictaduras, los autoritarismos de todo tipo, seguirán haciendo elecciones. En la gran mayoría de los casos preferirán que los opositores se queden en sus casas, enojados, tuiteando que en dictadura no se vota.

*Este texto es resultado del trabajo conjunto entre elTOQUE y Gobierno y Análisis Político (Gapac).

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