El pasado 27 de enero, horas después de que un grupo de artistas y activistas se reunieran frente al Ministerio de Cultura y fueran sacados por la fuerza del lugar, la prensa oficial cubana transmitió una reconstrucción de los hechos en la cual determinados aspectos quedaron fuera.

Estos medios se han enfocado en cuestionar la decisión del grupo de no aceptar la invitación del viceministro Fernando Rojas de entrar al Ministerio. Días después, varios participantes han dado distintas explicaciones sobre el porqué de su elección.

«Nos negamos a entrar hasta que no liberaran a personas detenidas sin razón esa mañana», publicó el artista visual Julio Llópiz-Casal. Para él, esa era la única manera de hacer el pedido de libertad.

Los detenidos eran la periodista independiente Camila Acosta, la poeta Katherine Bisquet, la artivista Tania Bruguera y el poeta Amaury Pacheco, cuya detención transmitió en vivo. Acosta, Bisquet, y Bruguera integran el grupo de los 30 que dialogó con las autoridades el 27 de noviembre de 2020; Amaury Pacheco pertenece al Movimiento San Isidro.

El viceministro Rojas dijo que se enteró de las detenciones por los manifestantes.

«Fernando Rojas decía que podíamos entrar todos, pero sin los teléfonos, lo cual nos dejaba totalmente desprotegidos una vez que entráramos al Mincult», escribió Miryorly García, otra de las artistas detenida con violencia ese día. «De ese mismo ministerio, donde queríamos que entráramos sin teléfono, salió una turba y se nos encimó, protagonizada por el ministro de Cultura, que le daba un manotazo al celular de un periodista, mientras acompañado de un grupo de personas, comenzaba a agredirnos», agregó.

Según testimonios de participantes, el grupo estaba rodeado por policías que impedían el acceso a la zona. Apenas un minuto antes de que saliera el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, varios de los manifestantes le dijeron al viceministro Rojas que no entrarían al Mincult a conversar mientras se mantuviera el cerco policial.

«Decidimos no pasar porque, en ese caso, el diálogo sería desde la coerción, desde la asimetría de poder, y eso no es diálogo», dijo la historiadora de arte Carolina Barrero.

«Estábamos previendo que algo pudiera pasar dentro», dijo en conferencia de prensa virtual la curadora Solveig Font, una de las tres personas que tenían un encuentro con el viceministro Fernando Rojas ese mediodía, y que no tuvo lugar por el curso que tomaron los acontecimientos. Para Font, no era confiable la invitación cuando minutos antes había ocurrido la detención de Amaury Pacheco. «Yo no me sentía en confianza de entrar para dialogar», opinó.

Desde inicios de diciembre, se mantuvo una comunicación privada entre el viceministro Rojas y miembros del 27N para reintentar el diálogo. Horas antes de los sucesos del 27 de enero, Solveig Font habló por teléfono con el viceministro para confirmar la reunión con ella y otros dos voceros del 27N, Camila Lobón y Yunior García.

Esa mañana, Camila Lobón fue violentada y temporalmente detenida durante el arresto de la periodista Camila Acosta. El dramaturgo Yunior García no pudo llegar al Ministerio de Cultura porque oficiales apostados en los alrededores no le permitieron pasar, dijo. Y Solveig Font sería una de las personas conducidas por la fuerza hacia la estación de policía de Infanta y Manglar.

Según el programa televisivo Hacemos Cuba, ante «las provocaciones» de los artistas el 27 de enero solo hubo una «respuesta por los trabajadores del Ministerio», que se sintieron agredidos y asediados. Según se ve en las transmisiones en vivo de Facebook y en los videos compartidos por los participantes, el grupo estaba frente al Mincult leyendo poesía con mascarillas puestas y distancia entre ellos.

En cuanto a las conversaciones y cómo se han dilatado, Yunior García declaró en el último episodio del podcast El Enjambre que los voceros del 27N aún no llegaban a un acuerdo con el Mincult sobre las bases del diálogo porque la institución insistía en borrar nombres de la lista de participantes propuestos, bajo el argumento de que estas personas estarían financiadas por el Gobierno estadounidense.

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