Pese a no ser uno de los entretenimientos más comunes en la Isla, los cubanos hemos visto suficientes películas como para saber de qué va el póker. Sobre todo en su momento decisivo y audiovisualmente más emblemático, cuando dos jugadores pulsean en torno a una apuesta que aseguran poder honrar si fuera el caso. Por norma, alguno termina errando a cuenta de su ingenuidad o exceso de confianza.

En el tema de la dualidad —y ahora, parcial “trialidad”— monetaria al Gobierno cubano ha terminado por corresponderle el papel del parroquiano perdedor.

Hasta este jueves la apuesta oficial era simple. Había sido planteada en octubre de 2019 por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Alejandro Gil Fernández, quien al explicar la decisión de vender electrodomésticos y autopartes mediante tarjetas en dólares había asegurado: “Nosotros no tenemos la pretensión de eliminar las monedas nacionales ni de ampliar la venta en dólares o cualquier otra divisa en el resto del comercio. La pretensión es captar las divisas y mantenerlas en el país”.

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Poco después, en enero de 2020, el también ministro de Economía y Planificación había considerado pertinente complementar aquella idea con la observación de que las nuevas tiendas se orientaban “hacia un segmento muy específico del mercado, con una oferta de productos de gama media y alta, que hasta entonces no se comercializaban”.

Atendiendo a sus palabras, los establecimientos de marras no pasarían de ser excepciones dentro del entramado comercial del país; excepciones en las que por demás no se permitirían ilegalidades, pues “habrá una estricta vigilancia para que no haya reventa y especulación” (vicepresidente Salvador Valdés Mesa, en la Mesa Redonda de octubre de 2019).

A comienzos de enero de 2020 la COVID-19 —que aún no se llamaba así— era solo un brote de gripe registrado en una ciudad del centro de China y, con todo y las vicisitudes sufridas durante el año anterior, la economía cubana esperaba encontrar un respiro en una buena “temporada alta” del turismo internacional y el incremento de exportaciones tradicionales como el tabaco y el ron. Citando a la Comisión Económica para América Latina, Gil Fernández resaltaba que el crecimiento estimado del producto interno bruto (PIB) de la Isla debía superar el 0,5 %, cuatro décimas por encima del promedio general del continente. Si bien la mayoría de los artículos vendidos en las tiendas en divisas había desaparecido de sus homólogas en CUC/CUP —algo que las autoridades habían asegurado no ocurriría—, lo cierto era que esa red funcionaba sin mayores sobresaltos.

Seis meses más tarde la historia es completamente distinta.

La cuestión no está en el número de comercios que se dedicarán a la nueva modalidad de ventas —en definitiva, ni son tan pocos como insisten en plantear los directivos de Cimex y Tiendas Caribe, ni tantos como han proclamado opositores al Gobierno—, sino en qué productos se mostrarán en sus anaqueles. Entre los equipos de climatización y los paquetes de detergente media una gran distancia, sin importar que los segundos sean considerados de “gama media y alta”, y se pretenda destinar a fines sociales las ganancias que reporten.

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A los efectos de la psiquis colectiva esas 72 tiendas, de las cadenas CIMEX y Caribe, marcan un nuevo quiebre dentro del entramado social de la Isla, para mayor inconveniencia en un momento de crisis.

¿Podía haberse evitado tal decisión?

En fecha tan lejana como julio de 2008, el economista Pavel Vidal Alejandro reflexionaba sobre el impacto de la dualidad monetaria, parte integral de “una política económica caracterizada por la discrecionalidad”. Pero el investigador era optimista, pues “parece existir consenso en considerarla causa de más distorsiones que de beneficios [y] respecto a que es necesario afrontar las transformaciones requeridas para su eliminación”.

Vidal y muchos de sus colegas eran conscientes de los obstáculos que habrían de superarse en el camino hacia la unificación de monedas. Entre los más notables se  hallaban el de la convertibilidad respecto al dólar y el empleo de este en negocios fuera de fronteras. Por entonces todavía estaban frescas en la memoria las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a entidades como la Unión de Bancos Suizos, que a mediados de 2004 se había visto obligada a pagar más de 100 millones de dólares por aceptar depósitos en dólares de “países enemigos” como Cuba. Diez años más tarde a BNP Paribas, uno de los principales bancos de la Unión Europea, se le impondría por la misma causa la mayor penalización en la historia de las operaciones financieras: una multa de 8.834 millones de dólares pagaderos al Gobierno de Washington.

El gravamen del 10 %, que pretendía desincentivar la llegada de billetes verdes a la Isla, en principio logró su objetivo: “Antes de la medida, 80 % de los flujos de entrada de efectivo desde el exterior eran en dólares; un año después se habían reducido a 30 % y habían aumentado sobre todo los ingresos en euros”, recordaba Vidal.

Los entendidos coincidían en que los pasos siguientes debían orientarse a la eliminación gradual del CUC del esquema cambiario, a la par que se reorganizaba la escala de salarios y se devaluaba el tipo de cambio del peso cubano dentro del sector empresarial (en 2020 sigue siendo, en teoría, de 1 CUP igual a 1 USD).

“La moneda con la que nos vamos a quedar es el CUP”, sentenciaría enfático cinco años más tarde el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, al confirmar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el tema seguía ocupando un lugar preeminente en la agenda de Estado. Era un latiguillo que venía signando el discurso oficial desde el sexto congreso del Partido Comunista, en abril de 2011, y que ha continuado hasta nuestros días.

En la práctica, poco ha cambiado. Ni siquiera la puesta en vigor de la nueva Ley de Inversión Extranjera, en 2014, o la expansión del trabajo por cuenta propia, alcanzaron a crear el “marco propicio” —a juicio de las autoridades— para la desaparición de la doble moneda. Todo lo contrario. Durante el último lustro se mantuvo la práctica de continuar incorporando efectivo a la circulación, a pesar del sostenido menguar de las reservas en divisas debido a la baja productividad y el recrudecimiento del bloqueo.

Un punto culminante en esa temeraria política fue el aumento de salarios anunciado en junio de 2019, a pocas semanas de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y en medio de una comprometida situación de desabastecimiento de artículos de primera necesidad. Por esos días el economista Pedro Monreal consideró “altamente improbable que la oferta de alimentos de base nacional se incremente en los restantes seis meses de 2019 al nivel que se necesita para responder al aumento de la demanda asociado al incremento de salarios y pensiones”.

Aquellos 7.700 millones de pesos que entre julio y diciembre se incorporaron a los presupuestos familiares agregaron mayor tensión a la contabilidad pública del país y sustentaron la subida gradual de precios en el mercado informal, agudizada exponencialmente luego del comienzo de la pandemia.

En justicia, no es un problema exclusivo de Cuba. Un reporte emitido en junio por el Banco Mundial pronostica que “la Economía mundial podría contraerse hasta un 8 % este año, para recuperarse apenas por encima de un 1 % en 2021”. El director del Grupo de Perspectivas de ese organismo multilateral, Ayshan Kose, ha señalado que “no existen registros de correcciones a las bajas tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial como las que se han visto en la época actual”. El referente más cercano en el tiempo de un fenómeno similar sería la “Larga Depresión” de 1873, que marcó el fin de la supremacía británica y la consolidación de Estados Unidos como potencia económica de primer orden.

Un mal compartido no pasa de ser un magro consuelo, sin embargo. En especial para Cuba, que deberá lidiar —además de con sus propios demonios— con un probable decrecimiento del 9 % en el PIB de la Europa comunitaria, principal mercado de sus producciones y mayor emisor de turistas hacia los balnearios de la Isla.

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A los historiadores tocará analizar cuánto de diferente pudo haberse intentado para evitar que la situación económica volviera a ser tan comprometida como a mediados de los noventa. Pero a los periodistas les corresponde preguntarse —ahora— si en las continuas apuestas por la recuperación primó la ingenuidad o el exceso de confianza.

Difícilmente las cartas con que se afrontaba el juego justificaban seguir postergando las reformas, o insistir en que no sería necesaria una decisión tan cargada de significado como emplear el dólar para la comercialización de paquetes de pollo y detergente.

 

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