Foto: Sadiel Mederos.
Brechas de género en Cuba. ¿Qué dicen los datos independientes?
31 / enero / 2023
Los escasos reportes estadísticos del Estado sobre problemas de género fallan en reconocer y dar cuenta del agravamiento de fenómenos como los feminicidios y la violencia doméstica en Cuba. Dicha falta contrasta con el esfuerzo que sostienen al proveer a organismos internacionales de información positiva y actualizada sobre paridad de género en la representación política.
El hecho muestra que la causa de los vacíos no son dificultades para producir estadísticas sobre desigualdad de género de la institucionalidad, sino que existe una intencionalidad en el ocultamiento de fenómenos negativos como la brecha económica o el acceso a la justicia de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Ante la invisibilización institucional de las problemáticas y la consecuente imposibilidad de avanzar hacia la generación de políticas para enfrentarlas, las tareas de recopilar información, producir datos, diagnosticar y ofrecer herramientas para paliar o abrir vías de solución han sido asumidas por personas y grupos de la sociedad civil. Estos esfuerzos ya muestran resultados, y en algunos casos se han sumado a registros de América Latina.
Feminicidios, violencia obstétrica y política
Un ejemplo emblemático se encuentra en la generación de datos sobre feminicidios en el país. Han sido recopilados desde hace varios años por observadoras independientes e iniciativas más estructuradas como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), una revista feminista fundada en octubre de 2016 en la región central de Cuba. El último cierre reportaba 34 casos en 2022 y el año anterior, el informe anual daba cuenta de 36 casos. Recientemente, las estadísticas recogidas por Alas Tensas han sido incorporadas al Mapa Latinoamericano de Feminicidios. Los feminicidios son reportados y recopilados también por el Observatorio de Feminicidios de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba desde 2019. El observatorio recaba datos «corroborados con el apoyo de observadores independientes, activistas y periodistas».
Otras estadísticas, igualmente producidas por la sociedad civil y el periodismo independiente, indican que la violencia de género no puede ser achacada —en una conveniente generalización que igualaría la situación de Cuba con la de cualquier otro país latinoamericano— solamente al patriarcado en un sentido genérico. Aunque el patriarcado es un sustrato común de las sociedades modernas industrializadas, no en todas se manifiesta de la misma manera y, sobre todo, no en todas ellas la acción de la sociedad civil es sistemáticamente estigmatizada o directamente ilegalizada. Esto es característico del accionar de los regímenes autoritarios o explícitamente totalitarios como el cubano.
Por otra parte, la investigación periodística «Partos rotos» recoge testimonios de 514 mujeres cubanas que confirman, «pese a la ausencia de datos oficiales», que la violencia obstétrica existe en Cuba. Según la presentación de la investigación, realizada por varias periodistas independientes, la muestra no es representativa a nivel estadístico y hay sobrerrepresentación de la capital cubana, de modo que no es posible extrapolar o generalizar la experiencia de los testimonios a todas las experiencias de parto en el país. La selección fue aleatoria y se realizó a través de contactos de 13 encuestadoras con las entrevistadas, que decidieron libremente responder las preguntas del cuestionario.
Con este ejemplo, como en el de los observatorios de violencia de género, se observa una forma de obtener estadísticas que no tiene la infraestructura necesaria para acceder a un grupo grande de población y obtener muestras representativas de cantidad de participantes en relación con los totales poblacionales. Sin embargo, usan un sistema de redes constituidas por contactos directos que, con mecanismos de corroboración, producen información fidedigna.
El valor de estas investigaciones es que producen información significativa, si bien no representativa estadísticamente. En el caso de los feminicidios, la cantidad reportada por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba es calificada de subregistro porque la única cifra oficial disponible de 2016 y 2013, además de la lógica, indican que la situación es más grave de lo reportado con esfuerzo ciudadano.
En el caso de la investigación de «Partos rotos», incluso si se tratase de una minoría en términos numéricos, la mera existencia de los testimonios evidencia un problema subyacente en la práctica médica, en cantidad suficiente como para desechar la tesis de que se trata de sucesos aislados achacables a la acción individual de galenos específicos.
Recientemente, una petición conjunta en favor de las presas políticas cubanas daba cuenta de la violencia política hacia las mujeres y del posicionamiento de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas al activismo con enfoque de género. La Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), una iniciativa independiente surgida en 2019 y conformada por mujeres activistas cubanas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en Cuba, había firmado en diciembre de 2020 una carta en contra de «reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas». Este es un tema completamente ausente en la mirada oficial y constituye, sin dudas, la otra cara de la moneda en el intento de glorificar la acción del Estado mientras se invisibilizan las discriminaciones basadas en el género. Si la violencia familiar o doméstica pudiera no ser directamente vinculada a la estructura totalitaria del régimen cubano —aunque esta relación es innegable por fallas de funcionamiento, inacción o invisibilización del problema—, la violencia política hacia las mujeres es responsabilidad directa del Estado como ejecutor directo del maltrato.
Sociedad civil invisibilizada y perseguida
En marzo de 2021, el Gobierno cubano puso en vigor, por decreto presidencial, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). El Programa constituye una plataforma programática que, «con la participación de la Federación de Mujeres Cubanas, como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, promueve y garantiza las acciones de seguimiento, evaluación y control que corresponden a los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y otras organizaciones e instituciones, así como las respuestas de estos a las recomendaciones que emite el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres».
El diseño mismo del Programa atestigua la vocación del Estado cubano de que la vía de enfrentamiento de los problemas de la sociedad cubana sea su sistema institucional, excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil independiente del diseño y de la aplicación de las políticas. En el caso de las políticas de género, solamente la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) está facultada para diseñar, proponer y ejecutar las políticas de género. La federación ha sido presentada en varias ocasiones como una organización de la sociedad civil pero esto es únicamente una construcción discursiva de los últimos años, en respuesta al crecimiento y la organización de una real sociedad civil que actúa al margen del Estado. La FMC ha sido responsable directa en varias ocasiones, muchas de ellas registradas en video y disponibles en Internet, de violencia política ejercida contra mujeres activistas u opositoras al organizar grupos para actos de repudio (acciones de odio y acoso).
La insistencia en excluir a la sociedad civil del diseño de programas tales como el PAM contrasta con la creciente incapacidad de la institucionalidad estatal para diagnosticar la realidad, planear y realizar los cambios necesarios para mejorarla. A poco más de año y medio de la puesta en vigor del PAM, no son visibles los avances en su implementación.
La necesidad de tener muestreos representativos de la realidad es reconocida por el programa, por ejemplo, cuando se refiere a «medir y valorar económicamente la contribución a la economía familiar social del trabajo remunerado». Sin embargo, la medición está subordinada a la creación de condiciones para ello. Se refiere también a la difusión de la información estadística sobre las mujeres, pero tal difusión sería imposible en ausencia de la información a ser difundida. El área dedicada a Estadísticas e Investigaciones hace referencia a incorporar variables socio-demográfiacs, de sexo, edad y color de piel para los análisis de género; pero tales datos no se han producido. Ni siquiera el Observatorio de Género anunciado en marzo de 2021 por la FMC, que incluirá según la declaración inicial reportes de feminicidios, ha producido datos que permitan evaluar la realidad.
En ausencia de estadísticas fiables, los cimientos del PAM son débiles y parecen más la manifestación de un deseo de mostrar voluntad política que una hoja de ruta pragmática hacia la superación de las asimetrías de género.
El Programa Nacional del Adelanto reproduce, una vez más, la fractura entre instituciones cuyo rol fundamental es refrendar la ideología, las narrativas y las políticas del Estado, y una sociedad cada vez más diversificada con capacidad de organización para la observación, el análisis y el reclamo de derechos y políticas que den respuesta a sus problemas. Tal fractura, que se traduce en invisibilización y en muchas ocasiones en criminalización y ataque sobre las agrupaciones que actúan al margen del Estado, es la condición estructural que dificulta la generación concreta de acciones que respondan con la urgencia necesaria a, por ejemplo, la prevención de los feminicidios.
Por ello, parte del activismo feminista se orienta al ámbito legislativo y se constituye en una fuerza capaz de articular demandas sustentadas y proponer leyes. Uno de esos reclamos articulados es la Solicitud de la ley integral contra la violencia de género, que comenzó a impulsarse en 2019 por un grupo inicial de 40 mujeres.
Los puntos fundamentales de la solicitud consistían en incluir en el cronograma legislativo previsto la elaboración de una ley integral contra la violencia de género, constituir un grupo asesor cuya composición sea de conocimiento público, integrado por personas con experiencia en el tema, con representación de distintas regiones del país y sectores sociales y que se aceptaran y procesaran las propuestas de la ciudadanía. La respuesta a la petición fue que la misma [la ley integral] «no está considerada como parte del cronograma legislativo aprobado que, no obstante, se someterá a revisión continua», según le informaron a parte de las firmantes.
Capacidades que no se aprovechan
En términos de estadísticas, y también de observación sistemática, investigación, visibilización de las problemáticas de género y legislación, las organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas tienen actualmente una mayor capacidad efectiva para el monitoreo, el diagnóstico y la intervención que las instituciones del Estado.
Estas capacidades se han construido con herramientas de contacto directo y redes, apelando a la recopilación de testimonios y a la corroboración cruzada para producir resultados fidedignos. Y ha sido posible sin respaldo alguno del Estado, e incluso sin reconocimiento legal; en muchos casos, bajo el asedio y el descrédito provenientes del propio Gobierno. Además, los datos producidos por organizaciones independientes no suelen ser reconocidos por organismos internacionales, que siguen teniendo a las instituciones del Estado cubano como único referente válido para la producción de estadísticas.
No obstante, hay excepciones. Un ejemplo de la inclusión de cifras independientes en reportes internacionales es el documento Tortura en Cuba: Informe de organizaciones de la Sociedad Civil al Comité contra la Tortura, presentado en 2022 al Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas. El informe dedica un acápite a la violencia de género y rescata el registro de la Red de Defensa de los Derechos Humanos según el cual, en 2021, de los 1 225 incidentes que afectaron a 1 448 víctimas, un 41.9 % (607) eran mujeres.
También señala la ausencia de un plan estratégico nacional de prevención, castigo a los perpetradores y protección a las víctimas, lo que acentúa la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Cuba. Además, apunta que si bien en el Código Penal —que entró en vigor el primero de diciembre de 2022— se incluye la violencia de género como agravante de ciertos delitos, ha dejado de lado los reclamos de la sociedad de tipificar el feminicidio como delito específico.
Aportes desde una mirada interseccional
Mención aparte merecen también las estadísticas recogidas por el grupo Justicia 11J, una de las fuentes del informe. Justicia 11J ha recopilado datos sobre las personas presas a raíz de la represión del estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), en la Marcha Cívica por el Cambio (15N), y en relación con las protestas del segundo semestre de 2022. Asimismo, la plataforma ha elaborado un listado de represores del 11J junto a Cubalex. El grupo ha constituido la fuente para varios reportes y han producido un informe, Un año sin justicia, que aplica una «lente interseccional y de género, para resaltar los patrones de abuso que las mujeres cubanas, afrodescendientes y personas de la comunidad LGBTQA+ han enfrentado como parte de la respuesta estatal desde el 11J hasta la fecha».
El informe contiene un análisis de vulnerabilidades, una de las cuales es ser mujer en detención, lo cual revela un patrón en la violencia política con sesgo de género; «ellas han sido mantenidas en celdas de aislamiento y maltratadas físicamente». Otros patrones son «la mantención de medidas cautelares y sanciones privativas de libertad a las mujeres» y la excarcelación y posterior regreso a la prisión.
El reconocimiento de las estadísticas recabadas a partir de observatorios y reportes de la sociedad civil por parte de los organismos internacionales sería necesario para dejar de reproducir una imagen irreal de la situación cubana; creada y transmitida para reivindicar al Estado y el modelo social, que desde 2019 llaman «Estado socialista de derecho». Encontrar la forma de que tales reportes puedan ser reconocidos internacionalmente es uno de los desafíos permanentes que enfrenta la sociedad civil. Ello contribuiría, sin duda, a generar presión para viabilizar solicitudes como la de una ley integral de género y para erosionar el pretendido monopolio del Estado sobre la identificación de las problemáticas, la imagen que se proyecta de ellas y las posibles vías de solución.
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