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Foto: Melissa.

China, Rusia y Cuba entre los países con mayor censura a Internet

9 / noviembre / 2022

La censura online alcanzó un «máximo histórico» entre 2021 y 2022, luego de que un número récord de Gobiernos nacionales bloquearan contenido político, social y religioso no violento en el ámbito digital.

Así lo hizo saber Freedom House, la organización no gubernamental con sede en Washington D. C., en su duodécimo estudio anual Freedom on the Net. El trabajo evalúa los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información en 70 países, el 89 % de los usuarios de Internet.

De acuerdo con la investigación, 47 países limitaron el acceso de sus usuarios a fuentes de información extranjeras. Mientras que, en al menos 53 países, los usuarios enfrentaron repercusiones legales —incluidas condenas de privación de libertad— por expresarse online.

En la inmensa mayoría de los casos, las políticas se desarrollaron dentro de sistemas autoritarios, en los que líderes o aspirantes al poder intentaron y continúan intentando callar, contener o desarmar a la disidencia desde un campo de batalla diferente: el universo digital.

Cuba y varios de sus aliados comparten la violación a las libertades de los ciudadanos a través de la censura y los cortes de Internet.

La censura de Internet en China, Venezuela y Rusia

A pesar de los intentos de callar o alienar a las masas a través de bloqueos tecnológicos, cada vez son más los esfuerzos desplegados por periodistas, activistas y usuarios comunes para contrarrestar la censura estatal sobre todo en tiempos de crisis.

Un papel importante lo desempeñan las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), que se han consagrado como herramientas de elusión para navegar el mundo digital de manera segura y anónima. Por tanto, no debería ser sorpresa que las VPN sean consideradas «herramientas criminales» por parte de las figuras de poder.

Durante las elecciones regionales de Venezuela de noviembre de 2021 —por ejemplo—, además de bloquear sitios de noticias (independientes e internacionales), presuntamente por orden del Gobierno de Nicolás Maduro, los proveedores de servicios obstruyeron el uso de las VPN en el país. Al igual que el uso del navegador web anónimo Tor.

«Los usuarios de Internet venezolanos no recibieron información crítica (…). Las autoridades también invocaron el espectro de la interferencia extranjera para expandir la censura de sitios web con sede en el extranjero o aquellos que reciben financiamiento extranjero».

Venezuela, sin embargo, no es un caso aislado en esta guerra cibernética. Tras la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, el Kremlin aceleró el cierre de los medios de comunicación independientes que quedaban en el país. Mientras, los que permanecieron —de cierta forma intactos— fueron obligados a referirse a la guerra como una «operación militar especial». También se bloqueó Facebook, Instagram, Twitter y cerca de cinco mil sitios web; con una condena de hasta 15 años de privación de libertad para quienes difundieran «información falsa» sobre el conflicto. Según las métricas usadas por Freedom on the Net, la libertad en Internet en Rusia disminuyó siete puntos, al alcanzar un mínimo histórico.

La libertad de Internet en Nicaragua también experimentó un descenso. Sobre todo, durante las elecciones de noviembre de 2021, cuando líderes de la oposición, disidentes y periodistas independientes fueron objeto de duras represiones y políticas como la Ley de Delitos Cibernéticos afianzaron el camino a una mayor censura.

Por octavo año consecutivo, China encabezó el listado de países con menor libertad en Internet. Todo contenido relacionado con los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, la pandemia de COVID-19 y la acusación emitida por la estrella del tenis Peng Shuai contra un funcionario de alto rango del Partido Comunista Chino (PCCh) por agresión sexual sufrió una fuerte censura. Los residentes de Shanghái experimentaron un bloqueo que comenzó en abril de 2022 y duró casi dos meses.

«Por separado, periodistas, activistas de derechos humanos, miembros de grupos religiosos y de minorías étnicas y usuarios comunes fueron detenidos por compartir contenido en línea, y algunos enfrentaron duras sentencias de prisión», detalla el informe.

Cuba, en el escenario global de la información

Cuba no está lejos de este escenario. La isla encabeza —junto a Belarús, Rusia, Irán, Singapur, India y Ruanda— el listado de Gobiernos que más barreras ha creado para limitar el flujo de la información fuera de sus fronteras. El país caribeño ha sido escenario de múltiples apagones informáticos desde que comenzara hace casi una década su «expansión tecnológica». En los últimos dos años, ha ocurrido con mayor énfasis al registrarse un creciente número de movilizaciones masivas contra el aparato estatal.

El 11 de julio de 2021, mientras fuerzas policiales y efectivos militares reprimían las protestas populares, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ordenó el corte de los servicios de Internet y telefonía celular. El bloqueo duró un aproximado de 48 horas y fue confirmado por organizaciones como el Open Observatory of Network Interference (OONI), la plataforma IODA del Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA), y el observatorio de internet NetBlock. En similar situación se encontraron los usuarios cubanos el 14 de julio de 2022, durante las protestas en Los Palacios, provincia Pinar del Río, y el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, durante sendas manifestaciones frente al Ministerio de Cultura.

También han sido múltiples las denuncias de cortes selectivos de Internet a activistas, periodistas independientes y opositores, una táctica que se realiza en coordinación con el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, Etecsa. A pesar de ser una entidad pública, tiene la potestad de decidir —según sus criterios ideológicos— quién y de qué forma recibe sus servicios. El apartado se encuentra incluido en los contratos que ofrece la compañía. Si el usuario no firma el contrato, la entidad no presta servicio.

El bloqueo de sitios del periodismo independiente cubano como El Estornudo, 14ymedio, Diario de Cuba o CiberCuba también forma parte de la cotidianidad en la isla. Todo ello, unido a la reincorporación de Cuba en el listado de naciones patrocinadoras del terrorismo —que limita su acceso a determinadas plataformas como Zoom o Asana—, ha llevado a la población a recurrir a las VPN. Para mediados de 2021, cerca de 1.3 millones de internautas cubanos habían usado la red privada virtual Psiphon.

En agosto de 2021, el Gobierno hizo público el Decreto Ley 35 dirigido a regular el uso de las telecomunicaciones —dígase Internet y radio—, evitar «incidentes de ciberseguridad» y defender las conquistas de la Revolución. En sí, el marco regulatorio de la normativa tiene una serie de puntos polémicos como la suspensión o cancelación de servicios a aquellos usuarios que divulguen noticias «falsas» o «mensajes ofensivos», que «atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado» e «inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público».

En su momento, varios expertos señalaron la ambigüedad e imprecisión de las definiciones utilizadas en la normativa, y cómo podría traer como resultado cierta «selectividad» a la hora de poner la ley en práctica. Por otra parte, el decreto ley requiere que los proveedores de telecomunicaciones otorguen una amplia gama de informaciones y servicios a las autoridades gubernamentales, lo cual atenta contra la privacidad de los usuarios.

Bajo la justificación de «incumplimiento del Decreto Ley 35», activistas, periodistas independientes y otros cubanos han sido multados con hasta 3 000 pesos.

El acceso a la información ¿privilegio o derecho?

Cada vez son más los usuarios que solo tienen acceso a espacios online en los cuales se reflejan las opiniones e intereses de sus respectivos Gobiernos. ¿Cómo? A través del bloqueo de sitios web extranjeros, el acaparamiento de datos personales y la centralización de la infraestructura técnica de sus países.

«Como resultado de estas tendencias, la libertad global de Internet ha disminuido por décimo segundo año consecutivo», revela el informe de Freedom House.

«La creciente fragmentación de Internet tiene graves consecuencias para los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad, en particular para las personas que viven bajo regímenes autoritarios o en democracias en retroceso», añade.

Con espacios digitales domésticos, en los que predominan las narrativas del Estado, las voces de los medios independientes y la sociedad civil en general parecerían ser casi nulas o inexistentes. Sin embargo, son estos mismos grupos los que pueden llegar a impulsar infraestructuras descentralizadas; en las cuales los usuarios accedan a la información sin importar su ubicación geográfica. Así como ejes que protejan sus derechos a la hora de crear o acceder a espacios en línea «libres, seguros e inclusivos».

Freedom on the Net menciona formuladores de políticas, organismos reguladores y otras agencias gubernamentales ubicados en 26 países que, durante el período de estudio, pusieron en marcha medidas para proteger los derechos humanos en línea.

«La sociedad civil ha desempeñado un papel de liderazgo primero en crear conciencia sobre un problema y luego en crear una estrategia para abordarlo», señala Freedom House.

Para impedir que la ciudadanía tenga acceso al flujo de noticias e información transfronteriza y en cierto grado «justificar» la censura o los cierres localizados en Internet, muchos Gobiernos y líderes han hecho alusión a una «intromisión extranjera». Sobre todo, en momentos de alta tensión política: protestas, elecciones y demás. Con la premisa del enemigo invisible bajo el brazo, los Estados autoritarios no solo refuerzan el apoyo a aquellas plataformas online alineadas con sus ideas políticas, sino que sumergen a los usuarios en lo que Freedom House denominó «la oscuridad digital».

«Lo que demuestra hasta qué punto tanto los líderes autoritarios atrincherados como los aspirantes a autoritarios confían en los controles de información para retener el poder», señalan. «Estas restricciones nacionales tienen un impacto global, limitando las conexiones a familiares en otros países y las comunidades de la diáspora que utilizan tecnologías digitales para mantenerse en contacto con sus países de origen».

El acceso a la información no debería ser considerado un privilegio sino un derecho básico, Internet no es un campo de batalla. El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aclara que la libertad de expresión abarca la libertad de «buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio e independientemente de las fronteras». La corriente de pensamiento se concretó cuando en 2015 la Conferencia General de la Unesco designó el 28 de septiembre el «Día Internacional para el Acceso Universal a la Información».

Es poco probable que se logren soluciones duraderas para combatir la desinformación o que los Gobiernos autoritarios renuncien a sus esfuerzos de aislar a la población. Sin embargo, de acuerdo con Freedom House, «aún existe la oportunidad de convencer a muchos Estados menos represivos de que una Internet abierta es lo mejor para ellos».

Aquí es donde entran a jugar un papel decisivo los periodistas y defensores de los derechos humanos, figuras claves en el fortalecimiento de las normas internacionales contra los cierres en el escenario digital y la presión para que los líderes democráticos se comprometan a preservar los beneficios de una Internet libre y abierta.

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Silvano

Muy normal. La dictaduras aborrecen todas las libertades, especialmente la de expresión. Dentro de ellas, las lideradas por partidos marxistas son las más represivas, porque saben que de perder el poder, jamás lo recobrarian en elecciones democráticas. Nunca un partido comunista lo ha logrado, salvando las fraudulentas "elecciones" organizadas por los soviéticos en Europa Oriental después de la II Guerra Mundial.
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