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Internet en Cuba, protesta en Cuba. Foto: Ernesto Verdecia.

Foto: Ernesto Verdecia.

El apagón de Internet que siguió a las protestas en Cuba

Tras las masivas protestas del domingo 11 de julio, el Gobierno decidió sin previo aviso restringir el acceso a las redes sociales y otros servicios de Internet. Cubanos dentro de la Isla comenzaron a reportar la ausencia de servicio. Lo confirma además un reporte de la empresa global de monitoreo de Internet NetBlocks.

Luego de más de 48 horas sin servicio de Internet, varios cubanos desde la Isla reportan un restablecimiento paulatino del acceso a la red de redes.

Los datos de Internet NetBlocks confirmaron la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba a partir del 12 de julio.

WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram fueron interrumpidos por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

«Las métricas de rendimiento de Internet de NetBlocks en 50 puntos de observación desde el 12 de julio de 2021, confirman que los servidores frontend y backend de las plataformas en línea listadas han dejado de estar parcial o totalmente disponibles para líneas fijas y celulares en Cuba, lo que corrobora los difundidos reportes de los usuarios», expuso en un informe dicha compañía.

Durante ese lapso, los cubanos se han visto impedidos de comunicarse a través de esta vía dentro y fuera del país. Asimismo, quedaron inhabilitados los servicios de compra en línea y por supuesto el acceso a grupos de compraventa de alimentos, medicamentos y otros productos en grupos de redes sociales y mensajería.

El domingo 11 de julio miles de personas salieron a las calles en todo el país, protagonizando un hecho insólito en Cuba. Reclamaban libertades, cambio, vacunación y, en sentido general, soluciones para la crisis actual del país.

El Gobierno reaccionó con una actitud confrontacional bajo el argumento de que son solo “hechos de desorden público y vandalismo” incentivados desde el exterior. El presidente Miguel Díaz-Canel, después de convocar en televisión a “los revolucionarios” a tomar las calles y enfrentar las protestas, asegura que “el pueblo” está actuando con espontaneidad, «defendiendo sus razones y sus verdades, y nosotros tenemos muchos compañeros, muchas personas de ese pueblo que tienen heridas, que han sido golpeados, que han sido apedreados por toda esa delincuencia». Hay denuncias y evidencias de los conocidos grupos parapoliciales vestidos de civil que pasando por “pueblo” han reprimido bajo la mirada permisiva de las fuerzas del orden, con las que colaboran.

El Gobierno cubano señala a enemigos externos como únicos causantes de lo que llama “disturbios” y culpa a las redes sociales de haber incitado las acciones del domingo. El martes 13 de julio el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió en una conferencia ante la prensa extranjera dos preguntas sobre la restricción de datos en Cuba.

“Ante las agresiones, claro que responderemos de una manera apropiada y medida siempre sobre la base del consenso”, dijo, y aludió a dificultades en las redes y los nodos informáticos debido a la “difícil situación económica”.

Rodríguez mencionó que “el país está viviendo una situación compleja” y que reconoce el acceso a la información como derecho; sin embargo, el diplomático evadió la confirmación de que se trataba de un corte voluntario ni explicó las razones. Desvió sus comentarios hacia problemas en los suministros de alimentos y electricidad.

Poco después, la periodista Arleen Rodríguez reconoció en el programa Mesa Redonda que “el corte” del servicio había sido deliberado.

“Entiendo, como periodista, aunque me dañe, la medida del corte de las redes sociales, porque es el área donde se está realizando la guerra contra Cuba”, expresó a propósito de otro tema.

Ciudadanos cubanos han expresado su molestia por esta restricción que los ha mantenido incomunicados y en medio de la incertidumbre. Además, se trata de uno de los servicios de más elevado costo en el país (1 gb por 100 CUP es la opción más económica).

En respuesta al reclamo de un usuario en Facebook, el gobierno provincial de Matanzas justificó la limitación de acceso con una “saturación en las líneas” y prometió que transmitirían la queja a las autoridades de Etecsa.

EL PAPEL DE ETECSA EN LOS CORTES DE INTERNET EN CUBA

Cuba cuenta con un monopolio que controla las Telecomunicaciones; un monopolio estatal, lo cual no quiere decir que sea público. ETECSA es la empresa que controla todos los accesos a la red de redes en el país y que define, de acuerdo a criterios políticos, quién y de qué forma recibe sus servicios.

Los reportes de cortes selectivos de Internet y de la telefonía móvil a activistas, periodistas independientes y opositores políticos han sido una constante en Cuba. Esta táctica de discriminación y aislamiento político se produce con la complicidad del único proveedor de esos servicios en el país: ETECSA. Los apagones locales o generales y la ralentización de los servicios de Internet tampoco tienen un origen diferente.

Los contratos de servicio de Internet que ofrece ETECSA a sus clientes son la confirmación expresa de su subordinación a intereses políticos. Como es común en este tipo de compañías, los contratos que ofrecen son de adhesión. O sea, contratos en los que el cliente no puede negociar la inclusión o exclusión de una cláusula o pacto determinado. La autonomía de la voluntad del cliente en estos casos alcanza, de manera única, a poder decidir si firma o no firma el contrato. En los casos de la existencia de monopolios, no firmar el contrato de adhesión equivale a no recibir el servicio. En el caso de Cuba, no contratar los servicios de ETECSA equivale a no contar con Internet en tu dispositivo móvil.

Este contrato, además, establece como una obligación del usuario «no usar el servicio para realizar acciones que puedan considerarse por ETECSA o por las autoridades administrativas o judiciales competentes como dañinas para la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional». También norma la obligación del usuario de «actuar con total respeto a la legislación vigente».

Como otra de las condiciones generales del servicio ETECSA formaliza la denegación al usuario del uso del servicio de forma inmediata cuando se detecte que «durante el transcurso de la sesión, ha incurrido en alguna violación de las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano».

A través de estas cláusulas ETECSA mantiene la capacidad de limitar de manera selectiva el acceso de determinados usuarios al servicio de navegación por Internet. Con esas cláusulas, y su indiscutida condición de monopolio, ETECSA demuestra que no es una empresa pública sino otro brazo del Gobierno cubano. Un brazo que convierte el acceso a la información en un privilegio y que no lo defiende como derecho. No deberíamos asombrarnos entonces si en los casos en los que el Gobierno se siente amenazado, ETECSA actúa como un agente protector de la estructura a la que sirve y no como un proveedor de servicios públicos a toda la ciudadanía.

El acceso a la información no es un privilegio. Internet y las redes sociales no son un campo de batalla que un Gobierno pueda limitar para así eliminar o reducir las posibilidades de articulación de quien le adversa de manera legítima. El acceso a la información es un derecho humano. Los derechos humanos no pueden condicionarse. Quien condiciona derechos humanos los limita y merece ser recriminado. Pero si se limitan derechos humanos con la intención de garantizar impunidad durante la violación de otros, ese acto no solo debería ser recriminado y señalado, sino, además, duramente sancionado.



 

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Jorge Carlos De La Paz
Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana y Máster en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Periodista y community manager en elTOQUE.
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Durante ese lapso, los cubanos se han visto impedidos de comunicarse a través de esta vía dentro y fuera del país. Asimismo, quedaron inhabilitados los servicios de compra en línea y por supuesto el acceso a grupos de compraventa de alimentos, medicamentos y otros productos en grupos de redes sociales y mensajería.

El domingo 11 de julio miles de personas salieron a las calles en todo el país, protagonizando un hecho insólito en Cuba. Reclamaban libertades, cambio, vacunación y, en sentido general, soluciones para la crisis actual del país.

El Gobierno reaccionó con una actitud confrontacional bajo el argumento de que son solo “hechos de desorden público y vandalismo” incentivados desde el exterior. El presidente Miguel Díaz-Canel, después de convocar en televisión a “los revolucionarios” a tomar las calles y enfrentar las protestas, asegura que “el pueblo” está actuando con espontaneidad, «defendiendo sus razones y sus verdades, y nosotros tenemos muchos compañeros, muchas personas de ese pueblo que tienen heridas, que han sido golpeados, que han sido apedreados por toda esa delincuencia». Hay denuncias y evidencias de los conocidos grupos parapoliciales vestidos de civil que pasando por “pueblo” han reprimido bajo la mirada permisiva de las fuerzas del orden, con las que colaboran.

El Gobierno cubano señala a enemigos externos como únicos causantes de lo que llama “disturbios” y culpa a las redes sociales de haber incitado las acciones del domingo. El martes 13 de julio el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió en una conferencia ante la prensa extranjera dos preguntas sobre la restricción de datos en Cuba.

“Ante las agresiones, claro que responderemos de una manera apropiada y medida siempre sobre la base del consenso”, dijo, y aludió a dificultades en las redes y los nodos informáticos debido a la “difícil situación económica”.

Rodríguez mencionó que “el país está viviendo una situación compleja” y que reconoce el acceso a la información como derecho; sin embargo, el diplomático evadió la confirmación de que se trataba de un corte voluntario ni explicó las razones. Desvió sus comentarios hacia problemas en los suministros de alimentos y electricidad.

Poco después, la periodista Arleen Rodríguez reconoció en el programa Mesa Redonda que “el corte” del servicio había sido deliberado.

“Entiendo, como periodista, aunque me dañe, la medida del corte de las redes sociales, porque es el área donde se está realizando la guerra contra Cuba”, expresó a propósito de otro tema.

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A través de estas cláusulas ETECSA mantiene la capacidad de limitar de manera selectiva el acceso de determinados usuarios al servicio de navegación por Internet. Con esas cláusulas, y su indiscutida condición de monopolio, ETECSA demuestra que no es una empresa pública sino otro brazo del Gobierno cubano. Un brazo que convierte el acceso a la información en un privilegio y que no lo defiende como derecho. No deberíamos asombrarnos entonces si en los casos en los que el Gobierno se siente amenazado, ETECSA actúa como un agente protector de la estructura a la que sirve y no como un proveedor de servicios públicos a toda la ciudadanía.

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