El anuncio de decisiones aparentemente unilaterales, pero conectadas, de las Administraciones en La Habana y Washington tomó por sorpresa el 14 de enero de 2025 a todo el espectro político. 

El presidente Joe Biden usó su autoridad ejecutiva para certificar que Cuba no cumplía los criterios para estar en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo y lo hizo apenas un mes después de que su Administración declarara lo contrario al incluir a la isla por otro año más en el listado. 

De igual forma, el presidente estadounidense restableció por seis meses el waiver que suspende la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton (o LIBERTAD). Derogó, además, otra decisión ejecutiva del presidente Donald Trump que estableció una lista de entidades cubanas especialmente designadas con las que no se podía hacer negocios desde Estados Unidos y dentro de la cual se encontraban entidades como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y su Grupo de Administración Empresarial (Gaesa). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) anunció, por su parte, que a inicios de enero de 2025 Miguel Díaz-Canel habría dirigido una carta al papa Francisco en la que le comunicó «la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos».

En Washington aseguran que la decisión del presidente Biden fue tomada luego de conocer, a través del papa Francisco, el mensaje del Partido Comunista.

Al parecer, puesto a escoger entre estimular la liberación de prisioneros con algunas de las medidas más deseadas por los gobernantes cubanos y no hacer nada, que era sencillamente continuar con el camino ratificado un mes antes, Biden habría escogido dar pasos que según su lectura pudiesen promover la salida de la cárcel a cientos de personas detenidas injustamente por motivos políticos.

Desde la capital estadounidense dicen haber entregado listados de prisioneros de alto perfil que quisieran ver liberados, pero anticipan que algunos saldrán y otros no. Conceden, además, que no hay garantía de libertad plena, sino que los prisioneros recibirán distintos tratamientos. 

No obstante, el binomio efectividad/oportunidad ha estado en el centro del debate desde el anuncio de Biden y la respuesta «independiente» del régimen cubano. Durante cuatro años, las dos Administraciones intentaron negociar en varias oportunidades, pero se encontraron siempre con el mismo nudo: Biden no aflojaría sanciones hasta que el Gobierno cubano no liberara prisioneros, en especial luego de la oleada represiva para aplacar el estallido social del 11 de julio de 2021. Por su parte, las autoridades cubanas se negaron de forma reiterada a dar cualquier paso en ese camino. 

Biden sacó a Cuba de lista de países patrocinadores del terrorismo

En un movimiento sorpresa, la Administración liderada por Joe Biden quitó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. A cambio, el Gobierno cubano prometió liberar a presos políticos.

¿Qué cambió al final del mandato de Biden?

Faltan apenas seis días para que tome posesión (por un nuevo período) el presidente Donald Trump e incluya en su gabinete como responsable de la política exterior de Estados Unidos a un profundo crítico de cualquier acercamiento con el régimen cubano, el senador Marco Rubio.

Cuando se analiza el guion de lo ocurrido, no es descabellado pensar que pudiera ser un movimiento de influencias indirectas diseñado desde La Habana. De acuerdo con Washington, el cambio repentino de Biden estuvo motivado exclusivamente por la comunicación con el pontífice. Tan repentina parece haber sido la decisión que incluso dejó en evidencia al secretario de Estado Antony Blinken que la semana anterior, durante una sesión del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara, aseguró a la representante María Elvira Salazar que no se preveían cambios en la política hacia Cuba antes de que concluyera el mandato de Biden. Luego del anuncio del 14 de enero, Salazar aseguró que Blinken la llamó para informarle que la decisión no había sido tomada en su departamento, sino directamente en la Oficina Oval.

La reacción en cadena generada por la carta de Díaz-Canel al papa Francisco a principios de enero parece casual si se evalúa que la decisión del presidente Biden puede ser revertida en menos de una semana cuando Donald Trump sea investido. Pero la práctica política indica que el régimen cubano ha ganado un tiempo —sin importar su duración— con el que hasta ayer no contaba.

Las medidas anunciadas tienen sus propios tiempos burocráticos de ejecución, tanto para entrar en vigor como para dejarlo de estar, y la Administración Trump trae su amplio listado de pendientes. Además, el hecho de que Biden haya excluido a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo basándose en el argumento de que existe un proceso de negociación que podría incluir la excarcelación de prisioneros políticos introduce un nuevo factor a considerar por la nueva Administración antes de tomar cualquier decisión respecto a la posible reinclusión de Cuba en la lista. 

Establecer las reglas de juego desde La Habana permite al régimen cubano un amplio margen de maniobra. A fin de cuentas, más que un ejemplo del humanismo del régimen penal y penitenciario cubano —como dice la nota del Minrex— la excarcelación de prisioneros es una necesidad para el superpoblado sistema carcelario cubano. En la nota en la que se anuncia la excarcelación del medio millar de prisioneros se reconoce que en apenas un año, entre 2023 y 2024, el régimen cubano excarceló por su libre y espontánea voluntad a alrededor de 10 000 personas. 

Si de forma inmediata Trump vuelve a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo o implementa otras sanciones, la respuesta de La Habana puede ser la no inclusión de «prisioneros políticos» en un proceso de excarcelación en el que solo se han comprometido pública y oficialmente a liberar a personas «sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley». Sobre todo, es muy probable que conserven como principales «rehenes» a los prisioneros de «alto perfil» en los que Washington mostró interés previamente.

Pero más allá de los manejos de La Habana, algunos beneficios iniciales pudieran derivarse de la exclusión de Cuba de la lista. La inclusión del archipiélago en el listado, si bien cumple con los propósitos de presionar intensamente a sus gobernantes, también genera consecuencias para ciudadanos comunes, víctimas y no responsables de la maquinaria represiva. 

Ahora mismo existe mucha expectación por saber qué pasará con los límites y complicaciones para viajar a Estados Unidos que tienen ciudadanos europeos (en especial cubanos-españoles) como consecuencia de la lista. De igual forma, vemos interés en saber si de ahora en adelante será menos complicado abrirse cuentas bancarias en cualquiera de los países a donde están llegando por miles los compatriotas que escapan del país, y que por ser ciudadanos de un país patrocinador del terrorismo se vuelve un viacrucis. 

Pero mientras las posibles consecuencias positivas se concretan, es muy probable que lo que veamos en Cuba sean excarcelaciones a cuenta gotas, para tratar de contener al nuevo mandatario y evitar que restablezca de inmediato las medidas derogadas por Biden ofreciéndole la libertad de los presos como estímulo. 

Luego de los anuncios, lo que más nos preocupa es la falta de claridad de lo que este acuerdo indirecto va a significar para centenares de posibles excarcelados en los próximos días. El lenguaje de las comunicaciones oficiales deja todo colgando de un cronograma de excarcelaciones impreciso.

El régimen cubano insiste en que son «liberaciones» demostrativas de la «naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba». Sin embargo, hablamos de meras excarcelaciones que podrían justificarlas —como ha sido común en la historia reciente de Cuba— bajo figuras como la «licencia extrapenal» o la «libertad condicional» para mantener a los prisioneros bajo la espada de Damocles de un posible regreso a prisión si no se comportan. 

Además, nos preocupa profundamente que la falta de transparencia en este proceso termine ocultando, con un beneficio exclusivo para el régimen y su propaganda, una injusticia aún mayor: la revictimización que, durante meses, han sufrido decenas de prisioneros políticos cubanos a quienes se les han negado los beneficios que por ley les corresponden. Los mismos beneficios que ahora el régimen cubano intenta presentar como una muestra de su humanismo. 

Por ejemplo, si mañana se decidiera la excarcelación de uno de los prisioneros de conciencia más emblemáticos de los últimos años, Luis Robles, la liberación ocurriría cuando él ya ha excedido con creces el tiempo que le correspondía para acceder a la libertad condicional, y faltando solo unos meses para cumplir íntegramente la condena de cinco años de prisión impuesta por el Tribunal que lo sentenció.

Biden ha decidido apelar a la honestidad y la buena voluntad de los gobernantes de Cuba. Ha decidido confiar en que honrarán la palabra que le han dado al papa Francisco y que, efectivamente, 553 personas saldrán de las cárceles. Lo diremos claro, tomando ideas de personas cuyos padres y familiares fueron prisioneros políticos por más de 20 años en Cuba: un preso político fuera de prisión es una excelente noticia. 553 lo es mucho más. Pero, a falta de salvaguardas claras y acuerdos públicos firmes, toca ahora a la sociedad civil vigilar y documentar quiénes salen, bajo qué condiciones lo hacen y, sobre todo, quiénes quedan detrás.