Un país que aspira al socialismo donde los funcionarios públicos no rinden cuentas públicamente sobre las medidas gubernamentales. Este post sobre automóviles aborda mucho más que eso… un reclamo para que la “actualización” vaya también sobre ruedas.

Por Harold Cárdenas Lema

Tener un automóvil en Cuba es el sueño de muchos cubanos y forma parte del imaginario popular. Ignorar esta realidad o sabotear este deseo es un ejercicio suicida que el Estado viene practicando durante demasiado tiempo. Quizás sea hora de “normalizar” también la situación de los autos en el país, dejar de atribuirles un fetichismo de clase que los considera señal de aburguesamiento y verlos como otra herramienta para mejorar las condiciones de vida del país.

Una de las campañas publicitarias más exitosas en el período republicano anunciaba que “usted también puede comprarse un Buick”. La creadora de la misma fue una cubana que aún hoy vive en la Isla y que logró tomarle el pulso a los anhelos populares. ¿Acaso le resulta eso tan difícil a los decisores que han encarecido esto hasta el absurdo?

La suerte de los autos se asemeja un tanto a la de Internet en Cuba: se ven como fuente de ingresos en vez de como instrumento de desarrollo.

En el caso de Internet, muchos de los decisores sobre ella sienten un temor que nace del desconocimiento. Pero el prejuicio con los automóviles resulta mucho más grave. Estos funcionarios públicos sí tienen transporte, en ocasiones hasta dos coches designados y es muy moralmente cuestionable que en tales condiciones firmen medidas que encarecen exageradamente lo que ellos ya tienen seguro.

Foto: Harold Cárdenas

No fue hasta septiembre de 2011 que se autorizó la compraventa de vehículos usados en el país. Antes solo era posible hacerlo con los autos previos al 1959. Es decir, solo podía comerciarse con los bienes adquiridos antes de la Revolución. Era el Estado quien daba la oportunidad de tener un coche nuevo y esto respondía generalmente a un estímulo laboral o al cargo que ocupara la persona en el aparato gubernamental.

La medida tomada en 2011 no resolvió el problema pues todavía los autos nuevos quedaban ajenos al alcance social. El Estado regulaba su venta en dependencia de las “categorías ocupacionales”, es decir, solo artistas, deportistas o profesionales de renombre podían recibir una carta autorizando la compra en un concesionario. Los insatisfechos no podían imaginar que la situación de esta limitación significaría un golpe aún mayor para la sociedad.

El 19 de diciembre de 2013 se abría la venta de vehículos de motor a los cubanos, pero los precios fijados luego fueron los del mercado informal entre particulares. La inflación en los precios de este mercado era harto conocida, provocada precisamente por el impedimento gubernamental de adquirir vehículos en una forma normal o por un monto razonable. La justificación estatal para fijar precios astronómicos era precisamente causada por él mismo: la medida que buscaba combatir la inflación terminaba por encarecer aún más la adquisición de los coches.

Foto: Harold Cárdenas

Lo más doloroso fue que muchos profesionales cubanos habían trabajado durante años en el extranjero para ganarse el derecho a una carta que autorizaba la compra de un auto nuevo o usado, pero “moderno”, según los bajos estándares de los cubanos. Desde hace años existía un contrato social entre los trabajadores internacionalistas y el Estado mediante el cual uno de los beneficios de trabajar fuera de Cuba era soñar con regresar y poseer un automóvil, que para cualquier profesional en el país resulta inalcanzable. Ese sueño se rompió en diciembre de 2013 y con ello aumentó la desconfianza en las promesas gubernamentales.

Si este comportamiento impopular no genera un pensamiento neoliberal, no sé qué lo hará. Al otro día en la mañana muchos comentaban cómo el Ministerio del Transporte lograba lo que la prensa extranjera y la disidencia interna del país no habían podido nunca: rechazo masivo a medidas del Estado cubano. Lo más preocupante es que cualquiera que conozca el funcionamiento de la institucionalidad cubana sabe que no se trataba de una medida ministerial, sino que estaba aprobada desde el mayor de los niveles.

Las razones para limitar las compras o el ajuste de los precios fueron ambiguas e impersonales, mediante una breve nota en el periódico oficial del partido comunista.

No hubo un funcionario público frente a las cámaras que rindiera cuentas al respecto o pudiera esclarecer los resortes detrás de este inexplicable comportamiento. No encontramos en la nota una justificación moral, económica o de otro tipo que compensara ser el hazmerreír de la prensa mundial. En lo interno, en un país que aspira al socialismo, con el control social del poder que ello implica, es al menos contradictorio que sus representantes públicos no rindan cuentas de cómo ocurre esa representación.

En la actualidad hay dos formas de comprar un auto en Cuba: que un particular te venda el suyo o visitando un concesionario de la empresa CIMEX. Los precios allí, tanto para población como para las empresas extranjeras, son multados con el 800%. De esa manera, un auto que originalmente cuesta 10.000 CUC llega hasta 80.000 CUC. Habría que valorar si esta política de multar a los ciudadanos 8 veces y, sin embargo, mantener el precio original para las empresas estatales, no implica una doble moral. Como la inflación automovilística en Cuba es tan alta, importar un auto sería un buen negocio de no ser porque los propietarios deben pagar un impuesto también del… -sorpresa- 800%.

Foto: Harold Cárdenas

Sería interesante estudiar quiénes son los que han comprado autos al Estado desde entonces. Difícilmente será un trabajador sacrificado o un profesional que lo haga con sus ahorros laborales. Estos quizás no puedan ni adquirir uno con más de 10 años de uso. Otro aspecto urgente en esta situación es el fraude al seguro. La agencia de seguros cubana (ESEN) está muy preocupada porque los autos modernos que se usan como reposición ante robos o accidentes son inmediatamente vendidos por sus dueños a precios astronómicos, defalcando así la economía nacional.

Medidas impopulares como éstas provocaron el distanciamiento entre la clase dirigente y el pueblo en la Europa del Este, con las consabidas consecuencias. Espero que nuestros servidores públicos (que lo son, para los desmemoriados) sean superiores a los soviéticos y que nuestro país se enrumbe en un sentido más democrático y humano que el alcanzado por ellos.

En lo personal siempre he sido partidario del transporte público, que es más ecológico y rentable, pero ante la incapacidad estatal de brindar soluciones a este problema, son muchos los que optan por tener su propio auto.

Si hacemos un ejercicio de empatía y nos ponemos en el lugar de los decisores, es cierto que no existen muchas soluciones. No obstante, afectar a la ciudadanía o limitarle sus derechos bajo la promesa de revertir esto en futuras mejorías, no es una técnica popular ni razonable. Hay que intentarlo por otro camino. Debemos establecer mejores relaciones con Estados Unidos, pero también con nosotros mismos.