El 186 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizará del 6 al 10 de marzo de 2023 en la Universidad de California (UCLA), Los Ángeles, Estados Unidos. Una de las audiencias públicas estará dedicada al derecho a la circulación de las personas en Cuba, uno de los derechos humanos más violados en los últimos años por las autoridades de la isla. 

El encuentro será el primero de tres períodos planificados en el año. Se presentarán diecisiete audiencias públicas «sobre diversos temas de derechos humanos que afectan a personas en situación de movilidad humana, LGBTI, mujeres, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en países miembros de la OEA y la región», acota el comunicado oficial de la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Las audiencias tendrán carácter público —la entrada será libre— y se transmitirán en vivo por las cuentas oficiales de la CIDH en Twitter, Facebook y YouTube. Agrega el sitio web de la comisión que tres de ellas darán seguimiento a casos tramitados con anterioridad y una a la implementación de medidas cautelares. 

CUBA Y EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN 

El 9 de marzo de 2023 tendrá lugar la audiencia pública titulada Derecho a la circulación de las personas en Cuba. 

Entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas invitados al evento —planificado desde las 10:30 a. m. hasta las 11:45 a. m.— figuran la curadora de arte Anamely Ramos González, la activista Ana Belkis Ferrer, los artistas y miembros del Movimiento San Isidro Iris Ruiz y Amaury Pacheco, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, Cubalex, Freedom House, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. El Estado cubano también está invitado al evento. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 13 que «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado» y, en consecuencia, posee el derecho a salir y regresar de cualquier país, incluido el de nacimiento. 

En la práctica, el derecho no es absoluto porque muchos Gobiernos limitan la movilidad de los ciudadanos, por temas de seguridad nacional (incluida la prohibición de salida y entrada de un país a personas vinculadas con hechos terroristas) o para frenar brotes pandémicos. 

En el caso cubano, el derecho se ha violado con asiduidad. El Gobierno ha prohibido la salida y entrada de nacionales y ha limitado la libertad de movimiento de miembros de la sociedad civil dentro del país; sin que pese sobre las personas acusación legal alguna ni representen un peligro para la nación.

¿Está garantizado el derecho constitucional de regresar a Cuba?

En la Constitución de 2019 está regulado que regresar al país es un derecho constitucional. Pero, ¿está realmente garantizado ese derecho? A propósito de la reciente denuncia del cineasta Lester Hamlet y la respuesta del ministro de Cultura cubano.

La Constitución cubana, vigente desde 2019, regula en el artículo 52 que «las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley». 

El cumplimiento del derecho no está garantizado a pesar de que está contenido en la carta magna. Un grupo de normativas, además, violan el derecho, como el Decreto 217 sobre las «Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus Contravenciones» (establecido desde 1997) que afecta el cambio de domicilio hacia y dentro de La Habana. La norma limita la migración interna con destino a la capital del país bajo la excusa de la sobrepoblación y los graves problemas habitacionales. 

El Decreto 217 ha sido empleado para deportar hacia sus lugares de origen a decenas de ciudadanos y para hostigar a disímiles activistas. 

Por otro lado, en el Decreto Ley 302 de 2013, modificativo de la Ley de Migración cubana (1976), aparecen un grupo de limitaciones al derecho a la libre circulación. 

Bajo la sombrilla de la norma, el Gobierno ha justificado el destierro y exilio forzado de activistas y periodistas como Anamely Ramos, la profesora Omara Ruiz Urquiola —quien ha intentado regresar en cuatro ocasiones— y el escritor Carlos Manuel Álvarez. Los afectados no han sido notificados de medida alguna con antelación. Las aerolíneas con las que volarían les comunicaron la prohibición minutos antes de tomar el vuelo. 

Según el artículo 23 del Decreto Ley 302, no tienen acceso a pasaporte corriente las personas sujetas a procesos penales o pendientes del cumplimiento de una sanción o medida de seguridad; quienes deban cumplir el Servicio Militar; quienes posean una obligación con el Estado o responsabilidad civil o carezcan de la autorización establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada o, incluso, «cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas». 

La limitación para salir del país se conoce en el contexto cubano como «regulación migratoria» y se emplea principalmente como arma represiva contra la disidencia. Un artículo de Connectas y Diario de Cuba recoge que 245 cubanos fueron regulados desde enero de 2019 hasta marzo de 2020 por motivos políticos.

Dónde está la respuesta legal del Gobierno cubano al destierro de Anamely Ramos

El Comité de Derechos Humanos considera que «hay pocas circunstancias, si es que hay alguna, en que la privación del derecho a entrar en su propio país puede ser razonable». El destierro de Anamely Ramos no es un acto de derecho, es la expresión de la arbitrariedad.

Hay, además, un grupo de ciudadanos considerados «inadmisibles» para entrar a la isla. El artículo 24.1 restringe la admisión para aquellos que: 

• Tengan antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente.
• Estén vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte.
• Organicen, estimulen, realicen o participen en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.
• Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
• Tengan prohibida la entrada al país por estar declarados indeseables o expulsados.
• Incumplan las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para la entrada al país.

 El Informe Anual de 2022 sobre los Derechos Humanos en Cuba de la organización sin fines de lucro Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documenta, al menos, 53 casos de activistas y periodistas exiliados. 

«La salida del país por cualquier medio, incluidos los más arriesgados, se ha convertido en una alternativa a la cárcel para quienes son hostigados por las autoridades; en especial, para los comunicadores que reflejan la realidad nacional», menciona el documento. 

En 2022, según el OCDH, fueron arrojados al exilio los activistas Carolina Barrero, Thais

Mailén Franco Benítez, Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Oscar Casannella, Katherine Bisquet, Sayli González, Keilylli de la Mora Valle, Camila Cabrera Rodríguez y Pedro López y su familia. 

LIBERTAD DE PRENSA Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) es uno de los invitados a la audiencia pública sobre Protección de personas defensoras y periodistas en la región en el 186 Período de Sesiones de la CIDH. 

El 8 de marzo —desde las 3:00 p. m. hasta las 4:15 p. m.— el Iclep estará junto a otras ONG como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 (México y Centroamérica) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para debatir sobre uno de los gremios más atacados por la oficialidad cubana y los cuerpos de seguridad del régimen durante 2022.

Periodistas independientes en Cuba: muerte civil o exilio

Cuba se sitúa actualmente en el lugar 173 de la Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa que emite la ONG Reporteros sin Fronteras, y es el país con la peor situación de libertad de prensa en América Latina.

El Balance Parcial de 2022 del Iclep recopila los hechos violatorios de la libertad de prensa en Cuba. Se contabilizaron 208 detenciones arbitrarias a periodistas, 101 amenazas y agresiones psicológicas, 149 restricciones al espacio digital, 39 casos en los que prima el abuso de poder, 8 agresiones físicas y 3 personas apresadas por ejercer la libertad de expresión. 

Dentro de las estadísticas mostradas por el Iclep destaca que 2021 fue el año de más reportes de ataques contra periodistas, con 1 129 violaciones; mientras que, durante 2022, hubo un total de 508. Por su parte, el OCDH documentó más de 697 acciones represivas contra periodistas independientes en 2022. 

Cuba es actualmente el país con la peor situación de libertad de prensa en América Latina, según la última Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. De 180 países, la isla caribeña ocupa el puesto 173.

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