El 13 de noviembre de 2025, Xiomara Companioni González salió temprano para su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Era un trámite que conocía: desde que llegó a EE. UU., tras entregarse en la frontera sur en 2022, había cumplido con cada reporte migratorio anual. Su hija, Yaimi Yanet Companioni, pensó que aquella mañana terminaría como las anteriores: con una nueva fecha para la próxima cita. Pero ese día, los agentes migratorios la dejaron detenida. Han pasado más de seis meses desde entonces.
Hoy, según denuncia su familia, la cubana de 63 años permanece encerrada en el centro de detención El Valle, en Raymondville, Texas, mientras su salud se deteriora entre dolores, sangramientos y un tratamiento médico inadecuado. Yaimi asegura que su madre apenas puede caminar y que los oficiales tienen que ayudarla a moverse. «Mi mamá tiene un estado de salud crítico en este momento», dijo a elTOQUE. «Tiene diabetes, hipertensión, una hernia hiatal, un problema ginecológico que necesita cirugía, sangramientos y un nódulo en un seno que le encontraron antes de entrar a detención».
El dolor en el pecho se ha intensificado por el nódulo y en el centro migratorio no recibe la atención que necesita. «Los medicamentos que le dan no resuelven su situación». Su salud mental también se ha deteriorado: desesperada por el encierro y el dolor, Xiomara atentó contra su vida. «Quiso hacerse daño porque dijo que no podía más con los dolores que tiene», relata su hija.
El limbo migratorio que marca a miles de cubanos con I-220A
Como Xiomara, miles de cubanos que llegan a Estados Unidos y se entregan a las autoridades en la frontera reciben un formulario I-220A tras permanecer detenidos durante algunos días. Ese documento, conocido como Orden de Libertad Bajo Supervisión, les permite continuar sus procesos migratorios fuera de un centro de detención, obtener permisos de trabajo y solicitar asilo político.
Sin embargo, el I-220A no otorga un estatus migratorio legal ni está considerado una admisión formal al país por lo que muchos cubanos en esta situación no pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Esa diferencia jurídica los mantiene en un estado de incertidumbre. Aunque muchos tienen permisos de trabajo vigentes, números de seguro social, casos de asilo abiertos o peticiones familiares en trámite, continúan siendo considerados por el Gobierno estadounidense personas sujetas a procedimientos migratorios y, en determinadas circunstancias, pueden ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Abogados de inmigración han explicado que tener un proceso abierto, una apelación pendiente o incluso una petición familiar aprobada no impide de forma automática una detención migratoria. Durante los últimos meses, se han multiplicado los reportes de cubanos con I-220A detenidos durante controles rutinarios de ICE o mientras sus casos migratorios continúan pendientes de resolución.
Xiomara se encuentra en esa situación. Tiene una solicitud de asilo político activa, lo que le permite contar con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y un número de seguro social. Además, su hija, ciudadana estadounidense, presentó una petición familiar a su favor que ya fue aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ninguno de esos elementos ha evitado que permanezca detenida mientras su caso continúa en los Tribunales migratorios.
«Mi mamá salió de Cuba por problemas políticos», asegura Yaimi. «Siempre cumplió con sus citas. Tiene su caso activo y quiere seguir su proceso migratorio».
Tres solicitudes de fianza y un habeas corpus sin resultado positivo
Desde el 13 de noviembre de 2025, la familia ha intentado sacarla del centro de detención por distintas vías legales: tres solicitudes de fianza, un habeas corpus y una apelación migratoria. Nada ha funcionado. Han tenido dos representantes legales y abrieron una campaña digital de donaciones para intentar cubrir los honorarios de los abogados y una posible fianza. «He pagado muchísimo dinero y hasta el momento no he resuelto nada», lamenta Yaimi.
El habeas corpus que presentaron en enero de 2026 fue negado en mayo. Según relata su hija, en la audiencia más reciente relacionada con el caso de asilo de Xiomara, ya en detención, el juez apenas permitió que la defensa hablara. «El juez federal se veía bien duro. No permitió que el abogado hablara y dijo que pusiera una apelación», que está vigente desde marzo.
Mientras tanto, la condición médica de Xiomara continúa empeorando. Yaimi denuncia que cuando las detenidas son trasladadas de área, su madre —que no está en condiciones físicas para hacerlo— debe cargar bolsas pesadas como todas las demás. La hija insiste en que Xiomara no representa peligro alguno para Estados Unidos y podría continuar su proceso migratorio fuera de detención mientras recibe un tratamiento médico adecuado.
La política migratoria como sistema de desgaste
En septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una decisión —conocida como Matter of Yajure Hurtado— que eliminó el derecho a audiencias de fianza para la mayoría de los inmigrantes detenidos que entraron sin autorización, independientemente de cuánto tiempo llevan viviendo en el país.
La medida, respaldada por un memorando de ICE del 8 de julio de 2025, convirtió la detención obligatoria en la norma. Su efecto fue inmediato: mientras más de 100 personas por día recibían fianza a principios de julio de 2025, el número cayó a un promedio de solo 22 aprobaciones diarias para finales de agosto. El 6 de febrero de 2026, el Quinto Circuito —que cubre Texas, Luisiana y Misisipi, los estados con mayor número de detenidos del país— ratificó esa política en un fallo dividido, avalando la capacidad del Gobierno de mantener detenidos indefinidamente sin audiencia de fianza. Más de 100 jueces federales habían fallado en sentido contrario antes de esa decisión, pero en Texas dicho fallo es de obligatorio cumplimiento para los jueces federales.
Al cerrarse la vía de liberación con fianza, el habeas corpus —una demanda presentada directamente ante un juez federal, fuera del sistema de Inmigración— se convirtió en el último recurso disponible. Solo en el Distrito Oeste de Texas se presentaron 759 peticiones de habeas corpus en 2025, más que en cualquier año anterior —récord que se rompió en enero de 2026. Pero ese camino tampoco garantiza la libertad.
En Texas, un juez federal no puede conceder el habeas corpus por el argumento de que la ley migratoria da derecho a fianza, dado el carácter vinculante del fallo del Quinto Circuito. Sí puede concederlo, en cambio, por vías constitucionales que ese fallo no alcanza a bloquear —si la detención prolongada viola el debido proceso, si la persona enfrenta una emergencia médica sin atención adecuada, o si ICE no siguió sus procedimientos—, aunque la discrecionalidad judicial juega un papel determinante.
La historia de Xiomara Companioni confirma un patrón documentado de denegaciones sistemáticas de alivios migratorios, incluso en casos de personas detenidas con condiciones médicas críticas.
Por ejemplo, Andrea Pedro Francisco, guatemalteca de 23 años detenida en Minnesota en febrero de 2026, tenía programada una cirugía para remover un quiste ovárico el 11 de febrero. Seis días antes, agentes de ICE la detuvieron camino al trabajo y la trasladaron a un centro en El Paso, Texas; la cirugía nunca ocurrió. En detención, un juez federal negó su habeas corpus, como sucedió en fecha más reciente a Xiomara. ICE negó también la solicitud de parole humanitario que los abogados de Andrea presentaron. En su caso, gracias a la intervención de políticos locales, nueve médicos independientes revisaron su expediente y coincidieron en que necesitaba cirugía urgente; sin embargo, ICE la mantuvo en detención.
«ICE está usando esto como táctica para presionar a las personas a rendirse y autodeportarse, lo cual es inhumano. Todo el mundo merece su día en la Corte y la oportunidad del debido proceso», declaró la abogada Ruby Powers al Minnesota Reformer en relación al proceso de la joven guatemalteca.
«El caso de Andrea prueba la necesidad de que exista el habeas corpus. ICE la arrestó cinco días antes de esa cirugía. La Constitución no tiene excepciones para los inmigrantes. Cuando el Gobierno le quita la libertad a alguien, asume la responsabilidad por su vida. Ahora mismo, está fallando en eso», dijo también Powers al Texas Public Radio.
Los cubanos, entre los más afectados
El caso de Xiomara ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias que también afectan a los cubanos. Según datos del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA), al menos 1 379 cubanos fueron deportados directamente a Cuba durante 2025. A esa cifra se suman otros 453 cubanos retornados en vuelos de repatriación desde Estados Unidos entre febrero y mayo de 2026, para un total de 1 832 deportaciones directas a la isla desde comienzos de 2025.
Además, CEDA estima que 3 757 cubanos fueron enviados a terceros países durante 2025, mientras que un informe de Human Rights Watch documentó que más de 4 300 cubanos fueron deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, sin que existan acuerdos públicos entre Estados Unidos y el país azteca.
