El carro en el que viajaba Manuel* avanzaba lento en la madrugada por una trocha de tierra húmeda, en el estado Táchira en Venezuela. Cuatro pasajeros iban apretados en el asiento trasero, mientras el conductor apagaba las luces cada vez que escuchaba ruido de motor a lo lejos. Habían dejado atrás varias alcabalas de la Guardia Nacional en la carretera hacia San Antonio del Táchira, pero aún faltaban «los controles más complicados», recuerda. «Si te paran, te revisan todo, te quitan la documentación y te devuelven a Cuba sin nada», prosigue.

Durante más de una década, Manuel había formado parte de la misión médica en Venezuela. Su llegada al país sudamericano se produjo cuando a los colaboradores todavía «les garantizaba salario, alimentos y facilidades para comunicarse con la familia». Con los años, los beneficios se evaporaron. La reforma monetaria implementada por el Gobierno cubano en 2021 terminó por licuar sus ahorros: los 13 000 CUC (moneda equivalentes al mismo monto en dólares) que guardaba en el banco, se convirtieron en 2 000 USD. «No había a quién reclamar», dice.

La decisión de abandonar la misión la tomó al cumplir 42 años. Sabía que cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar (la principal vía terrestre hacia Colombia) con el pasaporte oficial —un tipo de documento que identifica a los colaboradores y miembros de misiones oficiales cubanas en el extranjero— podría salirle caro. Manuel y sus compatriotas en Venezuela estaban al tanto de que en cada estado operaban asesores jurídicos de la misión, conectados con la inteligencia cubana y la Guardia Nacional, listos para detener cualquier intento de fuga. 

Por eso eligió la trocha y el riesgo de la extorsión. No quería volver a someterse a un sistema que, según organismos Human Rights Watch, reproduce prácticas de esclavitud moderna: confiscación de pasaportes, prohibición de reunirse libremente, vigilancia constante y apropiación de hasta el 70 % de los salarios pagados por los países receptores. Por el camino, Manuel pensaba que si lo agarraban lo tratarían como desertor y perdería toda opción de ayudar a sus padres en Cuba, dos ancianos jubilados con muy pocos recursos para subsistir por sí mismos. 

En la zona de Aguas Claras, uno de los pasos informales más usados para cruzar hacia Colombia, dos hombres uniformados detuvieron el vehículo. Iban vestidos con atuendo militar y portaban brazaletes con la bandera colombiana cosida en la manga y botas de caucho. «Nos pidieron cuatrocientos dólares para dejarnos seguir. Si no, se quedaban con los papeles», contó Manuel.

Pagaron el monto y llegaron a Cúcuta, una ciudad colombiana situada justo en la frontera con Venezuela. Desde allí Manuel tomó un bus que durante dieciséis horas lo condujo hasta Bogotá. En el bolsillo llevaba un papel arrugado con una dirección escrita a mano. Al llegar a la terminal, lo entregó a un taxista que lo dejó frente a una vivienda en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Lo recibió un cubano que alquilaba cuartos. A Manuel le tocó alojarse con ocho personas más. Juntos compartían dos habitaciones y un baño.

Colombia no era el destino final de Manuel. El plan consistía en volar a México con el pretexto de asistir a un congreso usando el pasaporte oficial. Aunque logró entrar a territorio mexicano, a Manuel lo clasificaron como posible «migrante» y lo devolvieron a Bogotá, con una medida que le impedía regresar durante seis meses.

Cubanos en el limbo: la migración invisible

Cuando Manuel llegó a Colombia en la primavera de 2024, el país se había consolidado como el principal receptor de migración en América Latina, y en particular, del éxodo venezolano. Sin embargo,«Nuevos flujos migratorios en las Américas», coordinado por la Fundación 4Métrica, indica que la apertura de las autoridades colombianas a la migración ha sido selectiva. 

Mientras la población venezolana contó con rutas de regularización bastante expeditas en los años finales de la pandemia, y se han ampliado los mecanismos para que accedan a algunos servicios básicos, la migración cubana no ha corrido con igual suerte. Así lo explica Nastassja Rojas Silva, investigadora a cargo del estudio en Colombia: el sistema colombiano asigna condiciones de acogida desiguales según la nacionalidad, más que en función de la vulnerabilidad.

Parte de esa diferencia radica en que la población cubana es significativamente menor en términos numéricos y no existe certeza de cuántos residen actualmente en el país. El último Censo Nacional de 2018 registraba 4 383 personas, una cifra desactualizada que no refleja el éxodo posterior al estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), agudizado por la crisis económica y represiva en la isla. Entre 2021 y 2024 salieron de Cuba más de 1,5 millones de personas; una parte de ese flujo —especialmente los colaboradores de brigadas médicas— ha salido por Venezuela y desde allí han cruzado hacia Colombia por pasos fronterizos irregulares, muchas veces con la idea de continuar al norte para llegar a México o a Estados Unidos.

Según datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entre 2012 y 2025 ingresaron de forma registrada más de 85 mil cubanos. Aunque lo más probable es que las intenciones oficiales con las que entraron corresponden a estadías temporales —dado que Colombia no figura entre los principales destinos migratorios de los cubanos—, el agravamiento de la crisis en la isla y las dificultades para continuar hacia el norte puede haber influido en que algunos optaron por quedarse. La cifra supone otro indicio de que la presencia cubana en Colombia ha crecido en los últimos años.

Rutas del desarraigo: La vida de migrantes cubanos y venezolanos en Chile

Marta y Mariana llegaron a Chile desde puntos distintos del continente, pero ambas sueñan con regularizar su situación migratoria. Una escapó de la precariedad en Cuba; la otra, huyó de amenazas políticas y del colapso institucional en Venezuela. Marta quisiera poder trabajar de forma estable para costear su tratamiento de cáncer. Mariana aspira a revalidar sus estudios para terminar de formarse como ingeniera y ofrecer a su hija un mejor futuro.

La llegada a Bogotá le confirmó a Manuel esa sensación de limbo en el que se encuentra la comunidad cubana. En la casa donde se instaló, apenas había espacio para dormir y pronto descubrió que sin papeles formales no podía arrendar un cuarto por contrato, a lo que se sumaba que en los anuncios de vivienda era común leer el requisito de «cero extranjeros». 

Rojas, profesora de la Universidad de los Andes, lo resume de la siguiente forma: «Es muy difícil acceder a los alquileres en Colombia. Muchas personas terminan viviendo donde pueden, con dificultades para el acceso a servicios básicos». Además, alerta sobre la xenofobia creciente y la legitimación de los discursos de odio en los espacios públicos, incluidos los medios de comunicación.

El refugio político figuró como la única vía de regularización que le quedó a Manuel, consciente de que el proceso podía tardar años y mientras tanto no tendría permiso para trabajar. «Agradezco que me dejen quedarme, pero si no puedo trabajar formalmente, ¿cómo pago el arriendo o la comida?», se pregunta. 

Sin opciones de obtener una residencia legal en el corto plazo Manuel está fuera del sistema. No puede acceder de forma plena a servicios financieros ni a la salud pública. En ese sentido, Rojas apunta que el primer derecho vulnerado de las personas migrantes en la situación de Manuel es el de la regularización: «La regularización no es una condición suficiente, pero sí necesaria para garantizar la vida digna de las personas migrantes. Es el derecho que habilita otros derechos».

Las personas cubanas entrevistadas reportan dificultades sistemáticas para acceder al estatus de refugiado o a una visa, pese a contar con argumentos sólidos para solicitar protección internacional. Una mujer cubana cuenta: «Yo llevé todo lo que pedían, pero igual me lo negaron. No sabes qué criterio usan. Te dicen que puedes apelar, pero nunca contestan».

Según los testimonios recogidos por la investigación citada, la mayoría de cubanos en Colombia se desempeña en la informalidad, incluso cuando cuentan con alta calificación profesional. Médicos, fisioterapeutas, enfermeros o maestros terminan en oficios precarios, con trabas para homologar sus títulos y conseguir empleos en el sector formal. La brecha entre formación y oportunidades laborales genera frustración y desgaste psicológico. 

«He tenido ofertas buenas, pero en cuanto preguntan por papeles se acaba todo», relata Manuel, que sobrevive ofreciendo terapias de rehabilitación a domicilio cobradas en efectivo. Cuando tiene delante a un potencial cliente hace cuentas rápidas, arma paquetes de sesiones de fisioterapia con descuentos para lograr que le paguen por adelantado. Otro compatriota suyo, formado como electricista en Cuba, alega: «Nadie te contrata si no tienes visa. Y si tienes visa, igual te dicen que no vale, que mejor buscan un colombiano. Entonces trabajas al día, sin contrato».

En barrios periféricos de Bogotá, Medellín o Barranquilla, muchos cubanos como Manuel comparten habitaciones pequeñas en casas subdivididas y sin contratos escritos, lo que los deja en condiciones de alta precariedad. Una migrante entrevistada describió su pieza como «una habitación sin ventanas, con filtraciones, pero lo único que podía pagar sin papeles». 

Rojas destaca también que las personas migrantes irregulares llegan con necesidades urgentes, sin recursos materiales ni económicos y, en la mayoría de los casos, «carecen de los documentos para la regularización migratoria», lo que se convierte en un círculo de vulnerabilidad del que es muy difícil salir. Manuel lo resume así: «Aquí camino tranquilo, no siento que me vigilan como en Venezuela, pero tampoco puedo hacer planes. Es como estar siempre a prueba».

Entre el arraigo y la espera

Manuel no sabía casi nada de Colombia antes de llegar. Conocía de Bogotá, Medellín o Barranquilla como nombres en un mapa, y poco más. Su referencia más clara sobre el país eran los partidos de fútbol y algunos eventos deportivos internacionales que había seguido por televisión. Hoy comparte una habitación en el sur de la capital con su esposa —que también desertó de la misión médica—. «Hay que ser emigrante pa’ saber qué cosa es ser emigrante. No es lo mismo contarte lo que tú vives que llegar a un sitio que tú no conoces», reflexiona.

Su experiencia resume la paradoja cubana: profesionales altamente capacitados obligados a moverse en la sombra. Agradece la hospitalidad, pero insiste en que podrían existir apoyos mínimos: «Tendría que haber aunque sea un bono alimentario. Son cosas que se pueden mejorar. No lo veo como una exigencia, porque al final yo no puedo tener derechos acá si no soy ciudadano. Pero sí se podría».

Su relato ilustra las tensiones que recoge la investigación: la percepción de libertad y oportunidades que ofrece Colombia frente a la precariedad que marca la vida cotidiana de quienes carecen de documentos o redes de apoyo. La mayoría de las personas entrevistadas en el estudio describió un balance positivo respecto al acceso a servicios básicos o al empleo informal, pero matizado por la inestabilidad y la vulnerabilidad. Migrar, en palabras de Manuel, «es como nacer siendo adulto»: implica aprender de golpe a valerse por sí mismo en un lugar extraño, lidiar con la incertidumbre y, muchas veces, con la xenofobia.

La propuesta de los expertos es clara: Colombia necesita pasar de respuestas de emergencia a políticas de integración sostenibles, que reconozcan la diversidad de perfiles migratorios y sus aportes al desarrollo nacional. Lo anterior implica garantizar igualdad en el acceso a vivienda, salud, empleo y servicios financieros; fortalecer un sistema de refugio hoy debilitado; y diseñar políticas de integración que no dependan de la nacionalidad. 

* Los nombres de las personas migrantes así como algunos detalles de sus historias se modificaron para proteger su identidad.

Este reportaje forma parte de una serie multimedia de la Fundación Más Voces y 4Métrica dedicada a difundir los resultados del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas» que analiza la migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia Chile, Colombia, México y Estados Unidos.