Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos ha deportado a miles de migrantes cubanos —incluidos solicitantes de asilo y residentes de larga data— a terceros países. México se ha convertido en el principal receptor, bajo acuerdos que ni Washington ni Ciudad de México han reconocido públicamente.
Basado en entrevistas con 53 migrantes deportados —41 de ellos cubanos—, datos obtenidos mediante litigios de acceso a la información y otros de acceso libre, el informe «Nos abandonan a morir aquí» publicado por Human Rights Watch (HRW) el 27 de mayo de 2026 documenta esta campaña de deportaciones que ha afectado sobre todo a cubanos con largas trayectorias de vida en Estados Unidos.
¿A qué cubanos está deportando Trump hacia México?
Una documentación interna del Departamento de Justicia —compartida por asociaciones de derechos humanos en México— a la que tuvo acceso HRW reveló que aproximadamente 6 000 cubanos, de un total de 12 977 nacionales de terceros países, fueron deportados por Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Los nacidos en la isla son el grupo expulsado más numeroso.
Los cubanos retratados en el informe poco se parecen a la imagen habitual del migrante recién llegado a la frontera sur. De los 41 cubanos entrevistados, 35 habían residido en el país durante al menos 15 años; varios superaban las cuatro décadas de permanencia. 17 tenían más de 60 años. El mayor tenía 83.
Muchos llegaron a Estados Unidos durante momentos históricos del exilio cubano. 11 eran «marielitos» que arribaron en 1980; otros entraron en los años noventa mediante el Programa Especial de Migración Cubana, conocido como «el bombo».
Manuel, de 63 años, llegó a Florida en 1968 cuando tenía apenas seis años, después de que su padre recibiera estatus de refugiado. Pasó los siguientes 58 años en Estados Unidos antes de ser deportado a México. «Algunas de estas personas que conocí tenían 33, 40, 50 y tantos años viviendo en Estados Unidos», contó. «Esto es una locura».
Javier, de 62 años, llevaba 44 años en el país. Había estudiado en Wisconsin mientras trabajaba en restaurantes y, al momento de su detención, tenía dos empleos en Orlando. «No dejé de trabajar ni un solo momento», dijo.
Casi todos los entrevistados habían sido residentes permanentes legales en algún momento. Muchos perdieron la green card tras condenas penales, a menudo por delitos no violentos cometidos años o incluso décadas atrás.
Según el análisis de los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizado por Human Rights Watch, el 26 % de los cubanos deportados a México no tenía antecedentes penales. Otro 56 % sí tenía condenas previas, aunque en la mayoría de los casos los delitos más graves estaban relacionados con agresiones menores, robos o hurtos. Solo el 16 % tenía condenas por delitos violentos o potencialmente violentos. Varios entrevistados insistieron en que ya habían cumplido sus condenas mucho tiempo atrás.
Otros, no obstante, ni siquiera tenían condenas. Alex, un cubano de 60 años que llegó a Estados Unidos en 2023, aseguró que acudió regularmente a sus citas migratorias hasta que fue detenido en una oficina de inmigración en California. «Nos acusaron de ser delincuentes», dijo.
El informe también describe un patrón marcado por la edad y la enfermedad. Más del 21 % de los cubanos deportados tenía 55 años o más. Al menos 20 de los 41 entrevistados sufrían problemas de salud; varios padecían enfermedades crónicas.
Miguel Ángel, de 67 años, dijo sufrir diabetes, hipertensión, osteoporosis y secuelas de cáncer de colon. Otros relataron haber perdido acceso a medicamentos tras llegar a México.
La deportación ha significado, además, la ruptura de familias enteras. Al menos 27 de los cubanos entrevistados dijeron tener hijos, esposas o familiares cercanos con ciudadanía estadounidense o residencia permanente. Mario, un cubano de 59 años que vivía en Detroit, dejó atrás a su esposa estadounidense, cinco hijos y 11 nietos. «A veces lloro por las noches», dijo desde México. «Hablar de mi familia duele».
Muchos de los deportados también describieron haber salido de Cuba por persecución política. Un exmilitar de Guantánamo afirmó haber abandonado la isla tras múltiples arrestos por oponerse al Gobierno cubano. Otro hombre, de Sancti Spíritus, contó que vendió su casa para escapar después de denunciar abusos policiales. «No me dejaban vivir. Me iban a detener», recordó.
¿Cómo ocurre el proceso de deportación?
Según HRW, la mayoría de los cubanos fueron arrestados mientras cumplían con los requisitos impuestos por el sistema migratorio estadounidense. Muchos acudían a sus chequeos anuales con ICE bajo órdenes de supervisión migratoria conocidas como I220-B.
Julio, un vendedor de plantas de 48 años en Florida, contó que fue detenido por agentes de ICE mientras trabajaba. «Yo pensé que todo estaba bien», dijo. «De repente, vienen cuatro camionetas y yo las miro, no corro ni nada. Yo no me voy [porque], supuestamente, estoy legal [en Estados Unidos]. Me dicen: “¿Tienes identificación?”, les doy la licencia, les doy el permiso de trabajo también. Y cuando revisan mi información, un oficial le dice al otro: “Es él”. Como que me están buscando a mí».
Otros fueron arrestados en sus casas o transferidos directamente desde cárceles estatales hacia centros de detención migratoria. Fernando, de 66 años, afirmó que un juez desestimó los cargos de drogas que enfrentaba en Arizona. Al salir del Tribunal, agentes de ICE lo arrestaron. Su familia no pudo localizarlo en registros oficiales. «Me desaparecieron», dijo. «Es como si nunca hubiera existido».
Después de los arrestos, los detenidos eran enviados a centros migratorios de ICE, donde muchos permanecían entre dos y cinco meses. Algunos estuvieron detenidos hasta un año. Los testimonios recogidos por Human Rights Watch describen condiciones severas: hacinamiento, frío extremo, iluminación permanente, aislamiento y deficiente atención médica.
Varios entrevistados denunciaron abusos en el centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz», en Florida; situación que ha sido documentada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Fermín, un cubano de 52 años con diabetes, dijo que allí el agua «sabía como agua de inodoro» y que numerosos detenidos enfermaban constantemente. Miguel Ángel aseguró haber visto personas con infecciones en la piel y problemas respiratorios sin recibir tratamiento médico.
Otros describieron castigos prolongados en aislamiento. Alejo, un cubano de 50 años, contó que pasó 15 días en «el hoyo», una celda de castigo en El Paso, Texas. «No ves la luz del sol», dijo. «Te vuelven loco».
Al menos 15 entrevistados denunciaron violencia física o verbal por parte de guardias migratorios. Tres dijeron haber presenciado muertes bajo custodia. Uno de los casos coincide con reportes publicados sobre la muerte del cubano Geraldo Lunas Campos en un centro de detención de El Paso, Texas. Una autopsia posterior clasificó la muerte como homicidio por «asfixia debido a compresión del cuello y torso» durante una inmovilización realizada por guardias.
Finalmente, los deportados son enviados a México y transportados al sureste del país en autobuses. Según el informe, el 97 % de los cubanos deportados estuvo previamente bajo custodia migratoria.
En algún caso, el proceso de deportación acarreó consecuencias fatales. Ricardo del Pino Olivera, de 67 años, fue deportado a México en julio de 2025 tras cumplir 17 años de prisión en Estados Unidos. Solicitó refugio en México, pero permaneció sin estatus legal estable y con acceso limitado a tratamiento médico. Murió en febrero de 2026 en condiciones de extrema desnutrición. Su certificado de defunción registró su nacionalidad como «desconocida».
Trump y la promesa de deportaciones
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la Administración Trump habría negociado al menos 27 acuerdos bilaterales para facilitar deportaciones hacia terceros países. El resultado ha sido un incremento del 90 % en este tipo de deportaciones respecto a la Administración Biden.
La política forma parte de la ofensiva migratoria lanzada por Trump desde su primer día de mandato, cuando prometió «movilizar todos los recursos y facultades disponibles para detener la avalancha sin precedentes de migrantes ilegales hacia Estados Unidos». La orden presidencial instruyó a los departamentos de Seguridad Nacional, Estado y Justicia a ampliar la cooperación internacional para acelerar deportaciones masivas.
Sin embargo, mientras el flujo de expulsiones aumentaba, la transparencia oficial disminuía.
Los paneles estadísticos públicos de ICE dejaron de actualizarse en diciembre de 2024. Informes requeridos por el Congreso comenzaron a retrasarse. Funcionarios encargados de procesar solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información fueron despedidos o reasignados a otras tareas. En consecuencia, gran parte de los datos disponibles hoy provienen de litigios judiciales y documentos obtenidos mediante demandas de acceso a la información.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, el programa plantea interrogantes legales fundamentales. Expertos consultados por HRW sostienen que el uso de acuerdos secretos o informales para trasladar personas a terceros países podría violar obligaciones internacionales de protección a refugiados y garantías básicas de debido proceso.
A principios de mayo de 2026, Trump dijo en una entrevista telefónica que había obtenido el 94 % de los votos de la comunidad cubanoamericana y que, por ello, «tenía la obligación de hacer algo con respecto a Cuba», refiriéndose a realizar una operación similar a la del 3 de enero en Venezuela. Aunque la estimación del mandatario puede ser exagerada, sí es cierto que la gran mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos con derecho a voto lo eligió como su presidente.
Sin embargo, la ofensiva migratoria de su Administración ha terminado afectando precisamente a miles de cubanos que construyeron su vida en Estados Unidos durante décadas. Para el Gobierno estadounidense, parece que no todos los cubanos son igual de importantes.
