El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en contra del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses el 24 de enero de 2023. 

La demanda impulsada por el fiscal general texano contó con el apoyo de otros 19 estados (Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming) cuyos liderazgos son republicanos. La demanda reclama que el programa de parole (que permitiría la llegada anual de más de 300 mil nacionales de los países beneficiados) sea declarado ilegal.

Paxton expuso el asunto en la Corte de Distrito de la División de Victoria del Distrito Sur de Texas. En la corte trabaja el juez Drew B. Tipton, designado por Trump y quien ha emitido fallos sin precedentes en materia de inmigración, sobre todo en contra de las decisiones de este tipo que ha tomado la Administración Biden.

En 2021 Tipton —con argumentos considerados por muchos especialistas como «impactantes»— declaró inválidas las prioridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) establecidas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. 

La decisión se basaba en una solicitud hecha por los fiscales generales de Texas y Luisiana en la que pedían al juez que invalidara un memorándum de Mayorkas que establecía las prioridades que debía seguir ICE al detener y remover migrantes indocumentados. El oficio reconocía que la agencia debía concentrarse solo en los extranjeros indocumentados que «significaran un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos».

Tipton validó el criterio de los fiscales generales de que ICE no podía seguir las prioridades porque era preciso actuar contra los migrantes indocumentados en Estados Unidos, que sumaban en ese momento más de 11 millones. Sin embargo, ICE solo contaba con recursos para remover 400 mil cada año y de ahí la necesidad de establecer prioridades.

RAZONES ESGRIMIDAS POR LOS DEMANDANTES

Además de seleccionar la corte en la que pudiesen tener mayores posibilidades de éxito, la demanda se justifica bajo un argumento parecido al que empleó la Administración Biden para combatir la decisión de Tipton de 2021. Los demandantes consideran que la Administración Biden creó de forma arbitraria el programa de parole, el cual permite que cientos de miles de migrantes ingresen al país sin que las autoridades tengan en cuenta su real capacidad «para sacar a esos extranjeros de Estados Unidos al final de sus respectivos períodos de libertad condicional». 

Asimismo, consideran que el programa se basa en la posibilidad de encontrar un «patrocinador» que acepte brindar apoyo, pero a la vez no establece un «mecanismo significativo para hacer cumplir legalmente dicho acuerdo contra el patrocinador». 

Consideran que la Administración Biden no ha ideado un engranaje para recuperar los fondos que los estados tengan que gastar en caso de que los patrocinadores no satisfagan las necesidades de los beneficiados por el parole.

Alegan, además, que —de acuerdo con la ley federal estadounidense— se han violado procedimientos en la forma de aprobar el programa; el cual, afirman, entró en vigor mediante un ejercicio excesivo de los poderes de las agencias demandadas. 

La demanda reconoce que la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (the Immigration and Nationality Act) detalla los casos específicos en los que el Gobierno puede usar su autoridad para conceder parole. Sostienen que, de acuerdo con las leyes federales, el parole solo se puede otorgar caso por caso y atendiendo a «razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo». Para los demandantes, los requisitos no se cumplen, pues entienden que el programa permite —sin base legal alguna— que desde sus países de origen los extranjeros obtengan una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos.

Los estados que impulsan el reclamo consideran que el programa de parole humanitario es un nuevo mecanismo de concesión de visas que permite a cientos de miles de extranjeros entrar en EE. UU. cuando en otras circunstancias, es probable, no tendrían base para hacerlo. 

Para apoyar la idea, apelan al Código de Estados Unidos (USC Code) que establece que no puede concederse parole a un extranjero que sea «refugiado» a menos que el fiscal general determine «que razones convincentes de interés público con respecto a ese extranjero en particular requieren que sea puesto en libertad condicional» antes de ser admitido como refugiado.

Para sostener la demanda apelan, también, a pronunciamientos de cortes estadounidenses como la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Mencionan el fallo en el caso Texas vs. Biden, No. 21-10806, cuando la Corte de Apelaciones reconoció que el poder del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para conceder parole no es ilimitado, en tanto «no puede usar ese poder para poner masivamente a extranjeros en libertad condicional». 

GASTOS Y CRISIS EN LOS ESTADOS RECEPTORES COMO ARGUMENTO

Más allá de los argumentos utilizados para justificar las alegaciones de «ilegalidad» del procedimiento de parole humanitario, los demandantes fundamentan sus reclamos con los «daños» que pueden sufrir si se continúa la implementación del programa.

Por ejemplo, el estado de Texas considera que el programa de parole le perjudica, en tanto gasta cantidades significativas de dinero en servicios a extranjeros irregulares. Los gastos, de acuerdo con sus alegaciones, incluyen educación, salud y otros servicios sociales. Sostiene que son gastos inevitables debido a que la ley federal exige incluir a los migrantes en algunos de los programas. Por esa razón, dicen que, a medida que aumente el número de extranjeros irregulares en Texas, también aumentarán los servicios que reciben y, por ende, los gastos y el daño para el estado.

Los números detrás del parole para cubanos

¿Qué resultados tuvo del proceso de libertad condicional aplicado a venezolanos? ¿La Administración Biden tenía pruebas para afirmar que el parole frenaría la llegada irregular de cubanos a territorio estadounidense?

Una lógica así es defendida también por el estado de Florida, a donde va a parar la mayoría de los cubanos beneficiados con el programa. Florida alega que gasta importantes recursos estatales en la prestación de servicios a los migrantes irregulares. Considera que la presencia en Florida de quienes lleguen a través del parole «viola el interés soberano del estado en su territorio y el bienestar de sus ciudadanos». Además, apela a los costos como argumento y utiliza un dato que puede inducir al criterio de que muchos migrantes irregulares son delincuentes.

En sus argumentos, el estado de Florida reconoce que el sistema penitenciario estatal «gasta más de 100 millones de dólares cada año en encarcelar a extranjeros que cometen delitos en Florida» y solo «una pequeña fracción de ese gasto es reembolsada por el Gobierno federal».

Los costos de la emigración irregular para las autoridades estatales también están en el centro de las posiciones de otros estados como Alaska; el cual, a pesar de no ser gran receptor de migrantes, apoya la demanda contra la Administración Biden. Alaska asegura que también se verá perjudicado por el programa de parole en tanto tiene aproximadamente entre 5 y 11 mil extranjeros irregulares en su territorio y le cuestan más de 72 millones de dólares al año. 

Alaska considera que el programa de parole puede aumentar el número de migrantes irregulares en su territorio, lo que obligaría a gastar recursos que son limitados en educación, atención médica, asistencia pública y servicios generales. Al igual que Florida, alega que la emigración irregular es un factor en el aumento de la delincuencia y consideran que con el programa de parole es probable que crezca «el tráfico de drogas en las comunidades, lo que requerirá gastos adicionales por parte de las fuerzas del orden».

Otros estados como Kentucky consideran que, lejos de ayudar a una emigración segura y legal, el programa fomenta lo contrario. Reconocen que incentiva una mayor migración irregular al permitir que quienes no ingresaron de manera legal a Estados Unidos actúen como «patrocinadores» y alienten a otros extranjeros que aún no han salido de sus países a hacerlo. 

¿CUÁLES PUEDEN SER LOS RESULTADOS DE LA DEMANDA?

El principal reclamo de los estados demandantes es que la corte suspenda, posponga o prohíba preliminarmente la implementación del programa de parole. Por tanto, un fallo a favor pudiese derivar en una suspensión temporal inmediata hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, la legalidad del programa.

La suspensión puede declararse como medida cautelar, pero el deseo final de los demandantes, de acuerdo con lo expresado en el documento de la demanda, es que se decrete que el programa de parole fue emitido en violación de la ley federal estadounidense y, por ende, tiene que ser anulado o prohibida su implementación. 

A pesar de lo anterior, también hay actores en EE. UU. como el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council) que consideran que la demanda —a pesar de utilizar argumentos atendibles— pudiese no surtir los efectos que esperan los demandantes. La organización ha reconocido que «si bien el [parole] está explícitamente autorizado por la [Ley de Inmigración y Nacionalidad] bajo “razones humanitarias urgentes”, no existe una definición legal o reglamentaria de “razón humanitaria urgente”», lo que otorga al ejecutivo un amplio margen en la definición de la libertad condicional.

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