Organizaciones de derechos humanos documentaron algunas excarcelaciones de personas presas políticas en Cuba el 13 de marzo de 2026, tras la confirmación oficial del régimen de La Habana de que ha mantenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos.
Los informes preliminares de excarcelaciones se producen luego de la promesa del Gobierno cubano de «liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad», como un gesto de buena voluntad hacia el Vaticano.
«Por ahora, tenemos confirmación de ocho presos políticos excarcelados», dijo a elTOQUE Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD).
Luego de ofrecer sus declaraciones, el total de presos políticos excarcelados reportados por esta organización aumentó a 19 personas. Además, PD ha documentado la salida de prisión de al menos dos reclusos por motivos comunes.
De acuerdo con el registro de PD, entre los presos políticos beneficiados están:
- Ariel Pérez Montesino, condenado a diez años, quien cumplía su pena en la Prisión de Guanajay (Artemisa);
- Juan Pablo Martínez Monterrey, condenado a 11 años, quien estaba en un campamento de trabajos forzosos en Artemisa;
- Ronald García Sánchez, condenado a 14 años, recluido en Toledo 2 (La Habana);
- Adael Jesús Leivas Díaz, que purgaba una sanción de 13 años en un campamento de trabajo asociado al penal Combinado del Este (La Habana);
- Roberto Ferrer Gener, con sentencia de 15 años que cumplía en el Combinado del Este (La Habana);
- Ibrahín Ariel González Hodelín, condenado a 9 años, prisión Mar Verde (Santiago de Cuba);
- Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, condenado a 13 años, centro de trabajos forzosos La Lima (La Habana);
- José Luis Sánchez Tito, sentenciado a 16 años, condena que cumplía en el penal Combinado del Este (La Habana);
- Deyvis Javier Torres Acosta, condenado a 10 años, Prisión Valle Grande (La Habana);
- Yussuan Villalba Sierra, condenado a 10 años. Se encontraba en un campamento de trabajo asociado al penal Combinado del Este (La Habana);
- Eduardo Álvarez Rigal, condenado a 13 años, centro de trabajos forzosos La Lima (La Habana);
- Wilmer Moreno Suárez, condenado a 18 años, que cumplía en el Combinado del Este (La Habana);
- Frank Aldama Rodríguez, condenado a 16 años, Combinado del Este (La Habana);
- Miguel Enrique Girón Velázquez, condenado a 11 años, Prisión de jóvenes La Aguada (Holguín);
- Jorge Vallejo Venegas, condenado a 15 años, centro de trabajos forzosos La Lima (La Habana);
- Luis Esteffani Hernández Valdés, condenado a 6 años, campamento de trabajos Ho Chi Minh (Mayabeque);
- Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, condenado a 9 años, Prisión Provincial de Holguín;
- Carlos Pérez Cosme, condenado a 10 años, pena que cumplía en Toledo 2 (La Habana);
- Felipe Almirall, condenado a 9 años, centro de trabajos forzosos La Lima (La Habana).
Sin embargo, Larrondo aclara que estas personas, quienes cumplen condenas por las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, continuarán con limitaciones de libertad. Según comentó, la decisión de las autoridades ha sido «aplicar una libertad condicional bajo amenazas y restricciones, que es en la práctica un régimen carcelario domiciliar».
Por su parte, la organización Justicia 11J dijo a elTOQUE que tienen confirmación de la excarcelación «bajo la figura de libertad condicional» de los manifestantes del 11J Adael Jesús Leivas Díaz y Ronald García Sánchez, ambos incluidos en la lista de PD.
Justicia 11J comunicó que realiza una verificación de los casos de posibles excarcelaciones sobre las que ha tenido conocimiento. También dijo haber recibido alertas de «tres fuentes familiares distintas» sobre presuntas liberaciones de «personas privadas de libertad por delitos comunes, en una proporción que, según estas primeras informaciones, podría superar la de personas encarceladas por razones políticas».
«Recordamos que un proceso similar desarrollado en el primer trimestre de 2025 consistió en el otorgamiento de beneficios penitenciarios condicionados y revocables, y no en amnistías ni indultos que implicaran la extinción total de las sanciones», advirtió Justicia 11J al ampliar en sus redes sociales la información.
En un pronunciamiento anterior publicado por Justicia 11J, el 12 de marzo de 2026, ante el anuncio de supuestas «liberaciones», la organización independiente alertó: «la experiencia de los últimos años demuestra que las excarcelaciones no han significado una disminución de la represión contra el disenso en el país. Mientras algunas personas han sido excarceladas, otras han sido detenidas por participar en protestas, expresar opiniones críticas o ejercer actividades de activismo político y social».
En una opinión coincidente, el presidente de PD, Javier Larrondo, dijo: «que nadie tenga la esperanza de que el régimen va a liberar completamente a los presos políticos, más bien está jugando a la puerta giratoria [de la prisión] para excarcelar a algunos y tenerlos a todos amenazados y controlados».
El régimen justificó las excarcelaciones anunciadas con «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano». Como en otras ocasiones en las que ha intentado desligar las excarcelaciones de la presión de EE. UU., el Gobierno cubano afirmó que se trata de una «decisión soberana» que «constituye una práctica habitual» del sistema de justicia cubano.
Sin embargo, en este contexto, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en una reunión del Comité Central del Partido Comunista, realizada el 12 de marzo, y en una conferencia de prensa transmitida en la mañana del 13, que funcionarios cubanos han mantenido recientes conversaciones con representantes de la Administración Trump.
De acuerdo con Díaz-Canel, esos contactos —que el presidente estadounidense había mencionado en varias ocasiones, pero que La Habana negó de forma reiterada— «han estado encaminados a buscar soluciones, mediante el diálogo, a las diferencias bilaterales existentes entre ambos países».
No es la primera vez que el Gobierno de Cuba realiza excarcelaciones con la mediación del Vaticano y en relación con el Gobierno de EE. UU. La más reciente ocurrió en enero de 2025 con la salida de Biden de la Casa Blanca.
No obstante, el número de personas que serían sacadas de las cárceles es muy inferior con respecto a los más de 1 000 presos políticos que permanecen privados de libertad, según estimaciones independientes.
Amnistía Internacional criticó el proceso por realizarse «sin transparencia, sin lista pública y sin garantías reales». De acuerdo con la organización internacional, «procesos similares en el pasado han sido usados de forma deshumanizante: liberaciones selectivas, condicionadas y bajo amenaza de volver a prisión».
Uno de los excarcelados, Juan Pablo Martínez —condenado a 11 años por manifestarse en Güira de Melena—, dijo a Martí Noticias que le hicieron firmar un documento donde le prohíben «subir contenido a las redes sociales» y «relacionarse con personas consideradas “delincuentes”» por el régimen.
Aunque el beneficio de obtener «libertad condicional» generalmente implica restricciones, según Martí Noticias, Martínez «enfatizó que, en su caso, la prohibición de usar las redes sociales fue reiterada de manera directa por las autoridades, antes de permitirle abandonar el penal».
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (Iclep) alertó el 14 de marzo de 2026 sobre «amenazas» contra Adael Jesús Leyva Díaz. La ONG documentó denuncias del periodista independiente Yosmany Mayeta, sobre una llamada de familiares del joven «en la que fueron amenazados con la revocación de su excarcelación, presuntamente como represalia por los videos difundidos en redes sociales tras su salida de prisión».
* Nota 1: Este artículo se actualizó para agregar dos nuevos casos de excarcelaciones reportadas por PD (Yussuan Villalba y Eduardo Álvarez).
* Nota 2: Este artículo se actualizó el 16 de marzo de 2026 (6:25 p. m. hora de Cuba) para agregar otras identidades de personas presas políticas excarceladas hasta este día, así como declaraciones de organizaciones de derechos humanos.
