Los testimonios de maltrato y torturas de quienes participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba han salido a la luz durante los días posteriores a la fecha. Las máximas autoridades gubernamentales niegan, con argumentos absolutos, lo narrado por las víctimas. En su lugar, solo han admitido la posibilidad de que ocurriera algún exceso puntual de violencia policial, el cual —afirman— será esclarecido en su momento. Pero los alegatos de quienes han sido violentados, maltratados y torturados desmienten la versión oficial y colocan en evidencia que el abuso cometido durante el 11J y días siguientes fue norma y no excepción.

Ha sido norma, además, silenciar desde lo estatal estas historias, mientras sí reproducen las vivencias de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y ciudadanos progobierno quienes sufrieran lesiones durante los enfrentamientos. Organizaciones de la sociedad civil, como Cubalex, insisten en la importancia de la denuncia. Si las víctimas no testifican lo que padecieron entonces es baja la posibilidad de justicia, o al menos hace insostenible una presión internacional en pos de ello.

El abuso, la persecución, los excesos de violencia, las presiones y amenazas —sumado al control hacia el interior del país de toda narración sobre los sucesos del 11J— han golpeado a los protagonistas directos y sus familias en primera instancia. Pero, de manera general, el Gobierno ha mantenido la vigilancia sobre toda persona que incluso sin participar hubiere apoyado de manera pública o compartido en las redes sociales textos que denunciaran el erróneo manejo estatal en este caso.

Cuando ha transcurrido más de un mes de las protestas, continúan en las cárceles cubanas varios detenidos y condenados; otros, esperan en libertad la celebración de juicios donde se les acusa de disímiles delitos por el hecho de haber salido a las calles a mostrar su descontento y disentimiento con la política del Estado cubano.

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