Cuando en marzo de 2014 la Asamblea Nacional del Poder Popular discutía la actual Ley de Inversión Extranjera, Marino Murillo Jorge —entonces vicepresidente del Consejo de Ministros— fundamentó su defensa del proyecto en la necesidad que tenía la isla de «alrededor de 2 500 millones de dólares anuales en inversiones para estimular un desarrollo que [deviniera] prosperidad y sustentabilidad para su proyecto socioeconómico socialista».
Solamente así se conseguiría acelerar el ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB), elevándose desde el 1.8 % promedio de la década anterior (2004-2014) al «5 o 7 % que se [precisaba]», aseguró.
Como era de esperar, la Ley de Inversión Extranjera se aprobó sin mayores cuestionamientos. Pero entre publicar una nueva norma en la Gaceta Oficial y que sus efectos se hicieran sentir sobre la economía y la sociedad cubanas mediaba una distancia considerable.
Una ley que nació torcida
En Cuba, la inversión extranjera se aprueba caso por caso. La autorización es un proceso demorado, discrecional y poco transparente y se concede por un plazo limitado prorrogable. Existen tres modalidades de inversión, (1) empresas 100 % extranjeras, (2) empresas mixtas con posibilidad de mayoría extranjera y (3) contratos de Asociación Económica Internacional (AEI) para diversas actividades.
La inversión extranjera puede asociarse de manera excepcional con cooperativas no agropecuarias y mipymes, aunque la oficialidad se inclina a no facilitarla. Solamente los residentes en la isla pueden constituir y formar parte de los emprendimientos privados. Una legislación más permisiva al respecto fue anunciada en agosto de 2022 y más de un año después sigue sin promulgarse.
Tal circunstancia ha obligado a un número indeterminado de emigrados a participar a través de terceros en los negocios que financian, lo que desestimula la llegada de nuevos capitales y abre la puerta a potenciales ilegalidades y conflictos.
La legislación cubana impide a los socios extranjeros tener participación mayoritaria en negocios relacionados con la explotación de recursos naturales y servicios públicos. Pero, a la par, favorece a quienes generen encadenamientos productivos y transferencias tecnológicas o contribuyan a la producción de energía e hidrocarburos y al desarrollo agropecuario y turístico.
Se trata de un complicado quid pro quo bajo el cual el Gobierno compensa exigencias suyas (mantener las empleadoras estatales para la contratación de trabajadores con virtuales acuerdos de exclusividad que privilegian a empresarios afines y calmar los temores respecto a la inseguridad financiera de la isla).
Como la burocracia cubana aprueba las licencias de manera discrecional, algunos de los permisos terminan por constituir virtuales acuerdos de monopolio.
Existe un régimen tributario especial para inversiones extranjeras que excluye a las empresas 100 % extranjeras, salvo que exista una autorización específica. El régimen incluye una exoneración del impuesto sobre utilidades durante los primeros ocho años —con posibilidad de extensión— y otras exenciones y exoneraciones temporales en diferentes impuestos. Garantiza también, en teoría, la libre repatriación de utilidades.
Los inversionistas «tienen derecho a la libre disposición de sus fondos y a transferir al exterior las utilidades netas o dividendos que obtengan provenientes de sus actividades, así como a repatriar el capital invertido» —regula el artículo 42 del Decreto Ley 313 que dio personalidad jurídica a la Zona Especial de Desarrollo Mariel—. Las operaciones anteriores son en moneda libremente convertible, a través del Sistema Bancario Nacional y no se pagan impuestos ni otro gravamen relacionado con la transferencia.
Pero la aplicación del Decreto Ley 313 y de la Ley 118 (de Inversión Extranjera) ha sido muchas veces problemática.
«No hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente», lamentó en enero de 2022 el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos. «Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos de cobro y los procesos de pago a realizar por las entidades cubanas (…). [Lo cual] hace que se desestimulen los potenciales inversores», opinó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana.
A pesar de los «incentivos», «en términos prácticos, el marco legal y regulatorio no proveen garantías para posibles inversionistas ni nacionales ni extranjeros», explicó el economista Ricardo Torres.
Otros expertos también coinciden en que el proceso de negociación es «complejo» y extenso» y que «entorpece» los futuros negocios.
«El sistema de aprobación de la inversión extranjera en Cuba es congestionado e incómodo. Pero no es lo único», analizó la abogada Diana Yuditxa Bautista Martínez. «Han quedado pendientes de modificar las normas que sirven de manera complementaria para resolver los aspectos fuera de los marcos de la ley de inversión».
«El proceso no da certezas a los inversionistas, que necesitan saber a qué se deben atener para poder emprender sus negocios», aseguró.
El pasado reciente recoge historias como la del empresario canadiense Cy Tomakjian, quien durante 22 años regentó un negocio de automotores en la isla. Al momento de ser intervenido en 2011, facturaba más de 80 millones de dólares anuales y resultaba fundamental para la operatoria de la industria azucarera, la agricultura y la transportación de cargas por carreteras.
Tomakjian fue el empresario extranjero de mayor nivel purgado durante la campaña anticorrupción que impulsó Raúl Castro a comienzos de 2010. Permaneció en prisión dos años y medio antes de ser sometido a juicio y perder sus propiedades en Cuba, que incluían la representación exclusiva de marcas (Hyundai, entre otras).
Logró regresar a su país en febrero de 2015 gracias a un indulto concedido en el marco del «deshielo» con Estados Unidos.
La cuestionada dependencia del poder judicial cubano respecto al Gobierno resulta más preocupante ante conflictos como los que puedan derivarse de la aplicación de la Ley 159 («De la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social») que entró en vigor en mayo de 2023.
Aunque algunos analistas han considerado que se trata de una norma orientada a dar tranquilidad a los inversionistas extranjeros —en particular a los vinculados con el turismo—, no es improbable un escenario en el que un proyecto foráneo chocase con los «intereses públicos». En circunstancias de este tipo, ¿cabría esperar un fallo judicial a favor del inversionista?
2 500 millones para la prosperidad
De 2019 a 2022, la población ocupada laboralmente en Cuba disminuyó en 80 000 personas. En el período, el registro correspondiente al trabajo por cuenta propia también experimentó un descenso, con 21 000 inscriptos menos luego de la pandemia. Por el contrario, el acápite de los empleados en otras actividades de la economía no estatal —no compilados ni como cuentapropismo ni como cooperativismo— aumentó en 57 000 personas (14 %).
Entre los «otros» trabajadores —cuya ocupación formal no define la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en sus anuarios— cabe suponer que se cuentan los contratados por las empresas mixtas y de propiedad íntegramente extranjera. Según el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), la presencia de los negocios de inversión extranjera no ha dejado de crecer en la isla (sumaban 334 negocios hasta noviembre de 2023).
«Como parte de la actualización del modelo económico cubano, la inversión extranjera en Cuba se enfoca hacia la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, el acceso a tecnologías de avanzada, la sustitución de importaciones, la obtención de financiamiento externo y la creación de nuevas fuentes de empleo, la contratación de métodos gerenciales y su vinculación con el desarrollo de cadenas productivas, así como el cambio de la matriz energética del país mediante el uso de fuentes renovables de energía», anuncia la página de la Cámara de Comercio.
Desde la puesta en vigor en 2013 de la Ley de Inversión Extranjera, los reportes de la prensa oficiales recogen iguales problemas: «todavía no se ha logrado atraer, en la magnitud requerida, el capital que el país necesita para reactivar su economía».
La justificación, casi siempre expresada por Rodrigo Malmierca —anterior ministro de Comercio Exterior— ha desoído las alertas, por años, de varios economistas, algunos incluso vinculados directamente con el poder en Cuba.
En noviembre de 2017, el analista económico Ariel Terrero observaba que en el Plan de la Economía de ese año las empresas extranjeras aportarían apenas el 6.5 % de los fondos de inversión previstos. Los 510 millones de dólares captados del capital foráneo quedaban lejos del monto «ideal» de 2 500 millones que se había planteado durante el debate de la ley.
Las sanciones estadounidenses contra Cuba influyen de manera significativa las inversiones extranjeras, pero el analista insistía en que «igual o más atención merecen otros obstáculos internos que dilatan los trámites de cualquier inversión». A las desmotivaciones, Terrero sumó la dualidad monetaria y cambiaria como uno de los obstáculos más considerables en la pretensión de captar socios extranjeros.
En 2018, el economista Omar Everleny alertó: «aunque las cifras muestran una ascendencia positiva en el número de negocios, las autoridades deben acelerar el ritmo de aprobaciones, toda vez que en la actual situación económica del país las cifras de inversión concreta resultan insuficientes».
De acuerdo con Everleny, una burocracia persistente frena los negocios. Las complejidades incluyen la agencia empleadora como intermediaria entre trabajadores e inversionistas, entre otros obstáculos.
En el Comercio Interior (Mincin) prevalecen deficiencias, a pesar de ser uno de los sectores más necesitados de inversiones extranjeras por su crónico desabastecimiento.
Según reconoció en julio de 2023 la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez, algunas de las trabas están relacionadas con «la dilación de los términos por las entidades que realizan los trámites y expiden los documentos, la morosidad en la actualización del dominio de inmuebles, la limitada experiencia en el desarrollo de la actividad y la incertidumbre en cuanto a la efectividad del esquema financiero aprobado».
En 2023, el Mincin comenzó las operaciones de comercio minorista y mayorista con la empresa mixta Gran Ferretero S. A. (productos de ferretería y materiales de la construcción) y la Asociación Económica Internacional (AEI) Faibus S. A. (productos alimenticios e higiene y útiles del hogar).
Díaz Velázquez comentó a la prensa: «se han recibido 52 intereses de negocios de 18 países. De ellos, seis se encuentran en avance, cinco con posibilidades de concreción y tres en fase exploratoria, y los restantes no han realizado propuestas concretas, o han estado vinculados a otros organismos».
¿Ventanilla y oportunidades semicerradas?
En enero de 2020, el Mincex inauguró la Ventanilla Única para la Inversión Extranjera (Vuinex), una oficina destinada a aligerar la burocracia relacionada con la actividad. Durante el primer año de trabajo completó 186 trámites.
Un año más tarde, en noviembre de 2021, su directora Anabel Reloba Pérez aceptaría que la lentitud era la característica distintiva de la Vuinex: «La inversión extranjera sigue estando por debajo de las necesidades y potencial del país. Tenemos que contribuir, junto con todos los organismos que participan en los procesos de trámites, para que los negocios comiencen a dar resultados lo antes posible», aseguró.
En 2021, Vuinex manejó 284 proyectos. Entre enero y septiembre de 2022 se procesaron 204 solicitudes y en 2023 se realizaron 174 trámites. Lo anterior puede indicar, entre otras posibilidades, que no ha habido un incremento en las intenciones de inversión o, al menos, que la lentitud continúa siendo el principal impedimento.
La aprobación de negocios de inversión extranjera desde 2020 muestra similar decrecimiento. Entre 2020 y 2021 solo se aprobaron 47 nuevos negocios y de ellos apenas 25 se habían constituido.
Rodrigo Malmierca informó a los diputados en diciembre de 2021: «se mantiene como una de las principales insatisfacciones de los inversionistas la obligación de contratar a través de una entidad empleadora».
En la rendición de cuentas de Malmierca, identificó problemas que afectaban la atracción de inversión extranjera en Cuba; desafíos económicos y financieros internos que desestimulaban a los posibles inversores; políticas desalineadas con intereses inversionistas; y errores y deficiencias administrativas.
Dos años después de sus «críticas», poco ha cambiado. Desde finales de 2021 y hasta octubre de 2022 solamente se aprobaron 30 negocios con capital extranjero por un monto aproximado de 402 millones de dólares.
Un año después, se mantenía igual cantidad de nuevos negocios aprobados. De los 30 negocios aprobados en 2023, diez corresponden al turismo y solo seis a la producción de alimentos, a pesar de que en este último sector están las mayores oportunidades de inversión (275 de 729).
Las circunstancias actuales todavía no alcanzan el máximo logrado en 2018, momento en el que se autorizaron 38 nuevos negocios con inversión extranjera y con un capital comprometido cercano a los 2 300 millones de dólares.
En los últimos nueve años completaron sus trámites 334 negocios y 172 contratos de asociación económica internacional.
Durante la más reciente Feria Internacional de La Habana, Carlos Luis Jorge Méndez —entonces director general de Inversión Extranjera del Mincex y hoy viceministro del ramo— lamentó que persistieran demoras en la aprobación de los negocios y convocó a «aligerar» la burocracia. ¡Casi diez años con el mismo discurso!
La parsimonia de las autoridades cubanas y las inversiones extranjeras aprobadas contrastan con la difícil situación que vive la isla.
«Los recurrentes impagos de la deuda externa, el creciente desbalance en las cuentas del presupuesto del Estado, las divergencias cambiarias y la persistente inflación son factores de incertidumbre que desincentivan la inversión en el mercado cubano», explicó a elTOQUE Pavel Vidal, doctor en Ciencias Económicas.
«Son una muestra de un manejo financiero imprudente y errático de las autoridades económicas cubanas. Lo anterior, junto a las sanciones estadounidenses, ponen a pensar a muchos inversores si vale la pena correr el riesgo de poner sus divisas en Cuba».
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