La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó y aprobó el viernes 22 de marzo de 2024 una normativa que autoriza el financiamiento de 1 200 millones de dólares para sostener las operaciones de algunas áreas del Gobierno estadounidense (los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Estado y el poder legislativo).

El paquete de financiamiento, que pasará al Senado para ser evaluado, comprende también la aprobación de asistencia económica a aliados de Estados Unidos (como lo es Israel) y fondos para la «promoción de la democracia» en países como Cuba y Nicaragua.

En el caso de la isla y de acuerdo con una nota de prensa que publicó la oficina del congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart, la normativa contempla 25 millones de dólares para los programas de «promoción de la democracia en Cuba». La suma representa un incremento del 5 % en relación con 2023.

La ley aprobada por la Cámara asigna 25 millones para el trabajo de 2024 de la Oficina de Transmisiones a Cuba —encargada de Radio y TV Martí— y reserva un fondo adicional para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden las amenazas de la censura. En ese sentido, la normativa establece que 90 días después de la aprobación definitiva de la ley, el secretario de Estado y el director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (en consulta con el presidente del Fondo de Tecnología Abierta) deberán presentar a los Comités de Asignaciones los fondos y planes para implementar lo dispuesto con respecto a los programas de desarrollo de tecnologías de Internet. 

Pero de manera puntual, la normativa aprobada por la Cámara de Representantes establece restricciones específicas para la transferencia de fondos gubernamentales estadounidenses a la promoción del emprendimiento en Cuba.

Desarrollo local en Cuba: ¿una oportunidad para el emprendimiento?

El Decreto 33 «Para la gestión estratégica del desarrollo territorial» junto a tres resoluciones complementarias abren un nuevo horizonte hacia el desarrollo local como oportunidad para emprender.

La ley contiene un pronunciamiento que prohíbe destinar los fondos disponibles para programas de «promoción de la democracia en Cuba» en temas vinculados con el impulso «empresarial, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia» que no estén relacionados con el fomento de la democracia —«como expresamente autoriza la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (Ley Helms-Burton) y la Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli)»—.

De acuerdo con la nota de prensa que emitió la oficina de Mario Díaz-Balart —quien promovió la inclusión de la provisión en la ley—, la prohibición de utilizar fondos públicos del Gobierno estadounidense en la promoción del emprendimiento en Cuba es una «[restricción sólida] para evitar que la Administración Biden utilice fondos de democracia para fines no autorizados».

La decisión podría incidir de manera directa en la reproducción de programas y convocatorias, como la recientemente lanzada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que ofrece un fondo de 400 000 USD para tres proyectos que se dediquen a impulsar el sector privado en Cuba.

Por último, la normativa incluye provisiones relacionadas con los Gobiernos y oficiales que contratan los servicios de médicos cubanos. La norma califica la contratación de galenos de la isla en el exterior de «tráfico y trabajo forzado» (coerced and trafficked labor). La normativa dispone que dentro de los 90 días posteriores a la fecha de promulgación de la ley, el secretario de Estado deberá presentar un informe ante los comités congresionales correspondientes y enumerar los países y organizaciones internacionales sobre los cuales se tenga información creíble de que pagan de manera directa al Gobierno de La Habana por «tráfico y trabajo forzado» de médicos cubanos.

La norma reconoce que el informe podría dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en la sección 7 031 de la ley contra los funcionarios o Gobiernos relacionados con la contratación de médicos cubanos. Dentro de las medidas contempladas en la sección se encuentra la posibilidad del secretario de Estado de declarar inelegibles para entrar en Estados Unidos a «los funcionarios de Gobiernos extranjeros y sus familiares directos (...) que han estado involucrados, directa o indirectamente (...) en una violación grave de los derechos humanos».

De acuerdo con la oficina de Díaz-Balart, la provisión implica una «[instrucción clara] para negar visas a Gobiernos y organizaciones internacionales involucradas en el tráfico de médicos cubanos».

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