Cubanos deportados en Villahermosa (IV y final). «Amparito», el refugio del migrante desconocido

16 de julio de 2026 a las 06:30 a. m.

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Interior del albergue, que fue adaptado en una nave industrial. Foto Katia Monteagudo.

Interior del albergue, que fue adaptado en una nave industrial. Foto Katia Monteagudo.

Ricardo del Pino Olivera llegó deportado desde Estados Unidos a Villahermosa en julio de 2025. Siete meses después, sus cenizas fueron colocadas en una pequeña urna de madera, junto a los restos de 32 personas que reposan en la capilla del albergue católico «Amparito». Su cofre funerario lleva la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. También, una de sus últimas fotos, en la que posaba sonriente bajo los almendros del refugio que ha estado acogiendo a decenas de los más de 6 000 cubanos expulsados hacia el sureste mexicano desde inicios del último año a la fecha. En la urna aparece, además, la única identificación que nadie le pudo quitar: su nombre y apellido. Tenía 67 años cuando llegó desde Las Vegas, California, tras cumplir 17 años en prisión. Cuba nunca aceptó su retorno. Le dolía la columna vertebral. Decía que eran hernias discales. Después, supo que el cáncer lo devoraba.

«En el acta de defunción ni siquiera se le pudo dar la nacionalidad cubana. Aparece como “desconocida”. Fue un choque. No tuvo derecho a una identidad ni en sus últimos momentos. Peleamos mucho para que se le reconociera y tuviera una muerte digna. Pero no se pudo. Su solicitud de refugio tampoco fue reconocida por el Estado mexicano», cuenta Josuel M. Leal, coordinador del albergue, quien también tuvo que firmar como «familiar» de Ricardo para que las autoridades certificaran su fallecimiento el 21 de febrero de 2026.  

Leal cuenta que Ricardo del Pino tenía una hermana de 75 años en Las Vegas, pero «tampoco pudo hacer mucho». Ella no contaba con el dinero para repatriar los restos. Ningún Gobierno lo facilita. «Ricardo quería retornar a su tierra, pero la Embajada dijo “no” y ahora descansa con nosotros. Se trata de un problema sistémico regional. No solo Estados Unidos es responsable. También lo son México y Cuba. Para los Gobiernos de esos tres países la vida de estas personas no importa», señala.

La urna funeraria que guarda las cenizas de Ricardo del Pino en la capilla del albergue. Foto Josuel M. Leal.

Cuando Ricardo llegó al albergue se quejaba de dolores; después de innumerables gestiones lo diagnosticaron con cáncer de páncreas e hígado. «Se batalló mucho para que recibiera atención hospitalizada. Cuando se logró, falleció a los 18 días. Una cremación cuesta unos 18 000 MXN (1 035 USD). Como el Estado no respondió, el albergue asumió esos gastos funerarios para darle una sepultura digna y que quedara un registro de su muerte», refiere el coordinador.

En el más reciente informe de Human Rights Watch, la organización internacional denunció también que Ricardo «no tuvo acceso a un empleo formal ni a servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos. Solo después de que el albergue Amparito, que le proporcionó cierta atención, interviniera, tuvo acceso a un tratamiento médico avanzado».

El albergue del hospital que dio espacio a los migrantes

«Amparito» está registrado oficialmente como «Oasis de Paz del Espíritu Santo». En sus inicios, no se concibió como un espacio para migrantes. En una vieja nave industrial —a un costado del Hospital Regional de Alta Especialidad «Dr. Juan Graham Casasús», en Villahermosa—, comenzó a operar el primero de diciembre de 2006. Ese día abrió sus puertas a pacientes (y sus familiares) bajo quimioterapia, hemodiálisis y radioterapia que vivían alejados de la capital tabasqueña y no tenían dónde quedarse durante esos tratamientos, según la idea original del fundador, el ciudadano tabasqueño José de la Cruz Vidal, tras el fallecimiento de su esposa en un accidente. También, en las afueras de la ciudad, creó el hogar «Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El Choquito» para personas sin redes de apoyo. Ambas casas se gestionan a través de una Asociación Civil sin fines de lucro.

«Realmente, no somos una casa migrante como la que existe en Ciudad Juárez, por ejemplo. Somos el albergue del hospital. Esa es la razón de ser de este espacio. Con el tiempo —bajo la idea de predicar el Evangelio de Cristo: amar al prójimo como se ama uno mismo, y predicar con el ejemplo—, abrimos las puertas a migrantes de manera temporal», aclara Leal sobre la misión de «Amparito».

Allí procuran ser un espacio de atención psicosocial para acompañar a las personas en su tránsito por México, explica. En 2024, recibieron a más de 6 000 personas y, en el último año, a 1 300. «Fueron menos, pero se elevó la complejidad de los casos. En 2025, empezaron a llegar desde Estados Unidos deportados de terceros países. Muchos eran cubanos adultos mayores, enfermos y sin redes de apoyo, a quienes tampoco se les permitía regresar a la isla». 

Entrada del refugio Oasis de Paz del Espíritu Santos. Foto Katia Monteagudo.

«Ellos han quedado atrapados desde que llegaron», subraya el coordinador de «Amparito». Explica que sin documentos no pueden acceder a nada. «Primero, deben existir legalmente, pasar por un proceso de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que no siempre es favorable después de esperar hasta más de un año. Sin la regularización no pueden tener trabajos formales ni acceder a servicios médicos ni rentar un lugar decoroso para vivir. Tampoco acceden a las prestaciones que por ley están establecidas. Situación que los convierten en blancos fáciles para el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado», alerta Leal.

Además, en el albergue —donde cada día se sirven unos 60 platos, entre el desayuno y la comida—, colaboran con la plataforma digital «Confía en El Jaguar» —de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)— para informar sobre trámites de refugio, prevenir estafas y la trata de personas; ayudan a los deportados a contactar familiares y enviarles paquetes. En ocasiones, actúan como «gestores migratorios» en los casos más complejos. 

También procuran atención médica cada dos semanas, con la visita de especialistas de la organización internacional «Médicos por el Mundo», y reciben donaciones de medicamentos que se distribuyen entre los necesitados, al igual que alimentos, ropas y productos básicos de aseo personal. En el corazón del albergue también funciona una Iglesia católica, en la que se celebra misa cada martes, a las 7:00 p. m., y descansan los restos de personas sin hogar o abandonadas que fueron acogidas allí o en la casa hermana «El Choquito».

Desde 2025 a la fecha, alrededor de 200 cubanos han estado temporalmente en «Amparito», donde ahora solo cuatro se mantienen de forma permanente por su avanzada edad y estado de salud. Sin embargo, muchos de los que ahí estuvieron se mantienen en los alrededores del refugio. Algunos comparten la renta de pequeñas habitaciones. Otros se han instalado en una carpa dentro del cercano parqueo del hospital. Numerosos permanecen en situación de calle. Duermen en cualquier rincón donde puedan poner un cartón o una colchoneta. Deambulan a merced de la caridad pública. Abren y cierran las puertas de un Oxxo por una pequeña propina. Revenden cualquier cosa que encuentren. 

Muchos siguen cerca porque el albergue es uno de los pocos lugares en Villahermosa donde pueden obtener gratis alimentos, ropas, medicinas, atención médica, orientación legal migratoria, opciones de trabajo y hasta acompañamiento psicológico y espiritual.

Adultos mayores deportados que han sido acogidos en «Amparito». Foto Josuel M. Leal.

«Tratamos de alargar la estancia. Aquí llegan los más vulnerables. Algunos se quedaron cuatro meses hasta que pudieron solventar un lugar donde quedarse. Con nosotros están René, con una enfermedad degenerativa, William, Aguedo y Miguel. Los tres últimos por su edad. Miguel Vejo tiene 83 años. Es el mayor. Incluso, estuvo en “Alligator Alcatraz”, el centro de detención para inmigrantes de Florida [cerrado desde el 25 de junio]», refiere Leal, quien señala que tampoco en Villahermosa hay muchas opciones de empleo para las personas deportadas. 

Los trabajos más disponibles que encuentran son como ayudantes en la construcción; carga y descarga de mercancías en la Central de Abasto; para aplicar pintura impermeabilizante o la limpieza de terrenos. «Son las labores a las que pueden acceder. Un reto también para personas mayores de 60 años, sin contar el calor, con sensación térmica por encima de los 50 °C», analiza. 

Los que llegan y se quedan 

René llegó a «Amparito» en febrero de 2026. Es uno de los cuatro cubanos que aún permanecen en el albergue. Padece Parkinson y esquizofrenia. Tiene 60 años. Oriundo de Consolación del Sur, Pinar del Río. Residió 28 años en Estados Unidos. Le dieron una orden de deportación, tras cumplir dos años y tres meses en prisión. Afirma que quiere regresar a Cuba. La familia lo espera, pero el Gobierno no lo acepta. En el albergue, pasa la mayor parte del tiempo en espera de la resolución de su proceso de refugio, además de cooperar en la limpieza. Allí duerme, come y recibe su medicación. Dice que se siente «campana». También asegura, en tono jocoso, que pronto «se va a encontrar una millonaria que lo lleve para su casa» y que «será presidente».

Miguel Martínez tiene 53 años. Fue deportado a Villahermosa a finales de junio de 2025. Nació en La Habana. Pasó unos días en el refugio y luego se pudo rentar en una habitación cercana, compartida con otros cubanos. En 1989, emigró hacia España y luego se fue a Nueva York, donde obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos. Más tarde se mudó a Florida. Perdió su estatus legal tras un período en la cárcel. Nunca quiso que lo deportaran para México. No quiere regresar a Cuba, allá no tiene familia. Desea retornar a Estados Unidos, donde están sus tres hijos. Allí también vive su madre, quien ahora lo apoya económicamente. Su trabajo es abrir y cerrar las puertas de un Oxxo cercano. No puede realizar trabajos que requieran esfuerzo físico porque tuvo un derrame cerebral. Perdió también la visión del ojo izquierdo. Su proceso de refugio fue cancelado en enero de 2026, porque no asistió a una de las firmas requeridas.

Gastón tiene 60 años. Llegó a la capital de Tabasco en junio de 2025 y es uno de los pocos a quien le han aprobado el proceso de refugio. Fue pelotero en la capital de la isla, donde nació. Emigró a Estados Unidos en 2009, pero en 2023 recibió una orden de deportación por un incidente violento en San Diego, California —lesiones a una persona de origen árabe con quien tuvo una pelea—. Está divorciado y tiene ocho hijos que están en Cuba, Miami y California. Mantiene comunicación con la familia en la isla, incluida su madre de 83 años y varias hermanas. No desea volver a su país natal. Trabaja como valet parking en el estacionamiento frente al hospital, junto a otro cubano deportado. Allí viven y se asean, cargando el agua para bañarse. Duermen bajo una improvisada carpa. Lavan su ropa en una lavandería cercana. Asegura que «le va bien» y que «si uno se comporta, es bien tratado en cualquier lugar». Va a seguir trabajando y cuando sea posible tendrá un negocio propio.

Gastón vive en una carpa del parqueo del hospital. Trabaja allí como valet parking. Foto Josuel M. Leal.

Jorge Alberto, de 60 años, emigró junto a su familia a Estados Unidos con apenas 5 años. Su padre fue preso político. En enero de 2025, fue deportado a Tabasco, aunque desde 2009 había recibido una orden de salida del territorio estadounidense, tras cumplir varios años en prisión. Vivía en Los Ángeles, California. Allí falleció su madre hace 12 años. También en 2023, se le murió un hermano. Nunca se casó, pero tuvo un hijo, que es ciudadano americano y tiene 40 años. Aunque vivió muy poco tiempo en la isla, se considera cubano. Nunca volvió a su país natal. Se grabó el escudo nacional entre los muchos tatuajes que decoran su cuerpo. Pasó diez días en «Amparito», pero desde que salió duerme en una colchoneta que ubica en un rincón del hospital cercano. Le han robado varias veces sus pocas pertenencias. Tiene hernias discales en la columna y anda con «un pie jodido». Sobrevive revendiendo ropa en la calle, a 25 MXN la pieza (1.4 USD) y en ocasiones va a descargar sandías a la Central de Abasto por 800 MXN la jornada (46 USD). Piensa moverse a Cancún o Mérida. No le gusta Villahermosa. El mayor deseo es retornar a Estados Unidos. Profesa la fe cristiana, pero no frecuenta iglesias.

José Adalberto tiene 66 años. Fue deportado a la capital tabasqueña en los primeros días de abril de 2026. Llegó con apenas 7 años a Estados Unidos. Residía en Boston. Fue expulsado por «algunos problemas, pero ninguno por drogas», afirma. Eligió venir a México porque una de sus hermanas conocía a una persona que prometió ayudarlo. Pero ahora no desea estar en Villahermosa. Se hospeda cerca del refugio, en una habitación rentada, junto a otro cubano, gracias al apoyo familiar. Lo asaltaron a pocos días de llegar a la ciudad tabasqueña. Le quitaron el teléfono y 100 USD. Da gracias al Señor por seguir con vida. Dice que se siente cansado y desamparado. No tiene ningún documento oficial que lo identifique. 

Atrapados y sin salida 

La abogada Jennifer Pérez Denis conforma el equipo de cuatro servidores que la Acnur mantiene en «Amparito». Se encarga de la asistencia legal a los migrantes que por allí pasan; sobre todo, en el proceso de refugio y, en algunos casos, en la gestión para el retorno a sus países de origen, incluida Cuba. Pero hasta ahora no ha logrado que ningún cubano deportado pueda regresar a su país.

Ella asegura que los migrantes de la isla son los de mayor presencia en la región, con un aumento significativo de personas deportadas desde Estados Unidos, donde vivieron varias décadas. Reitera que ahí llegan porque el Gobierno cubano no permite que retornen. «Muchos son adultos mayores, con poca familiaridad con los sistemas migratorios. Son personas con 30, 40 o 50 años de residencia en EE. UU. que deben volver a empezar de cero en un país que desconocen, con edades avanzadas. Eso les provoca un gran impacto emocional», apunta la jurista.

También refiere que otro de los problemas para estas personas desplazadas es que «el Gobierno cubano no los reconoce como ciudadanos. Los considera “apatriados”. Ni con un pasaporte vigente pueden tomar un vuelo para regresar. No los dejan abordar o los devuelven al punto de partida».

Jennifer Pérez Denis, abogada del albergue. Foto Katia Monteagudo.

Asimismo, comenta que Cuba impone una condición: si se estuvo fuera menos de tres años, el regreso es viable; pero si fue por más tiempo, el retorno no es posible. «Esto afecta a la mayoría de los deportados, quienes han vivido décadas fuera de su país», observa Pérez Denis, quien añade que el consulado oficial de Cuba está en Ciudad de México, pero estas personas no pueden viajar libremente para ir a gestionar cualquier documento que necesiten.

«Están totalmente atrapados. No pueden regresar a Cuba y tampoco pueden transitar libremente por el territorio mexicano, ya que los procesos de refugio están limitados al estado donde iniciaron el procedimiento de asilo, con una duración extendida hasta de dos años debido a la carga de trabajo y a la escasez de personal en la Comar, por los recortes a sus fondos», explica.

También apunta que la tasa de aprobación de la condición de refugiado es de aproximadamente el 50 %. Cuando no son aprobados, se puede realizar un proceso de apelación que incluye un recurso de revisión para que la Comar revalúe el caso y, en última instancia, un juicio de amparo ante un juez federal, quien vuelve a revisar el caso y puede ordenar que se rectifique la resolución. 

«Si estos dos últimos recursos legales son denegados, el solicitante puede enfrentar un proceso de deportación. En el caso de los cubanos es particularmente grave, debido a la política de no reconocimiento de su Gobierno. Quedan “varados” sin estatus legal en México», subraya la abogada.

Pérez Denis insiste en que la asistencia legal que se ofrece en el albergue es totalmente gratuita. Además, alerta de servicios fraudulentos a los que muchos acuden por desesperación. Ella brinda orientación legal, apoya en la redacción de escritos y en la representación legal en casos especiales, con adultos mayores o enfermos.

También refiere que el proceso de refugio es responsabilidad del solicitante, quien debe presentar sus documentos y asistir a entrevistas ante la Comar. En un mes, han llegado a asistir entre 60 y 80 personas. «La comunicación con la Comar se realiza vía correo electrónico, lo cual es una barrera significativa para estas personas deportadas, ante los errores en la dirección o la inaccesibilidad a un correo digital. Los casos pueden cerrarse si el solicitante falta a las citas semanales para firmar o si hay errores en la comunicación por mail. La reapertura de un caso es a discreción del organismo y no está garantizada», puntualiza.

Cuando la gente salva a la gente

Aunque «Amparito» es una Asociación Civil, realmente es operada por una familia que también se ha visto rebasada por la gran cantidad y complejidad de personas deportadas que han estado llegando al albergue desde 2025 a la fecha, señala Josuel M. Leal, quien también pertenece a la Acnur, junto a la abogada y dos psicólogos que permanecen en el refugio.

Según Leal, allí enfrentan numerosos problemas para atender a las personas deportadas, en su mayoría cubanos, debido a un conjunto de normativas y deficiencias estatales, porque «México aplica una política —dictada por Estados Unidos desde 2001— para contener y rechazar migrantes. Las personas detenidas en el norte, centro y sur son también trasladadas a Villahermosa, que funciona como unidad concentradora y para desmantelar caravanas de migrantes rumbo a la frontera estadounidense».

Josuel M. Leal es el coordinador del albergue. Foto Katia Monteagudo.

Entre las muchas problemáticas diarias, Leal señala la falta de identificación y el limbo legal de los migrantes deportados. «Eso dificulta su registro y el acceso a cualquier trámite. Además, el estatus de refugio no es una regularización migratoria completa, lo cual deja a muchos a la deriva, porque necesitan después acceso al Seguro Social, tener una constancia fiscal con número en el Registro Federal de Contribuyente y firma electrónica, además de la forma migratoria que la otorga el Instituto Nacional de Migración. Son más trámites que requieren habilidades y conocimientos para completarlos. La mayoría de estas personas no sabe ni por dónde empezar», subraya.

Los adultos mayores, especialmente, llegan con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, Parkinson, VIH o esquizofrenia, las cuales requieren atención de segundo o tercer nivel que no es proporcionada por los centros mexicanos de salud primaria. «Para acceder al servicio IMSS Bienestar, se necesita un CURP temporal, que solo se obtiene solicitando refugio. Sin embargo, como México no invierte en la Comar, estos trámites se alargan y dificultan», observa.

Asimismo, el albergue tampoco ha estado ajeno a los recortes de fondos de las organizaciones humanitarias que lo apoyan. También, en ocasiones, han sido amenazados por documentar la crisis migratoria de los últimos años y la violencia que se genera por el narcomenudeo en la comunidad donde están insertados. En Villahermosa, la percepción de inseguridad es de más del 80 %.

«El Gobierno mexicano invierte en la militarización y criminalización del migrante, en lugar de su bienestar y deja la responsabilidad de la atención y protección a organizaciones de la sociedad civil, como “Amparito”. Es como usar “una curita” para una hemorragia», razona el también investigador y futuro doctor en Antropología Social.

También apunta que el Gobierno mexicano ha eliminado organismos autónomos y boletines de política migratoria, lo que ha hecho imposible obtener cifras reales de migrantes atendidos, detenidos o fallecidos. Lo anterior acentúa aún más su «necropolítica», porque «estas vidas importan cada vez menos».

En tanto, añade, está la postura del Gobierno cubano, que considera «apátridas» a estos deportados. La Embajada cubana niega su retorno y no facilita la tramitación de documentos oficiales, obligándolos a permanecer en México, donde son cada vez más invisibles.

Asimismo, considera que las políticas actuales no frenan la migración, sino que la empuja a la clandestinidad y facilitan el negocio del crimen organizado mediante secuestro, extorsión, trata de personas, la explotación de órganos y exponiendo a los migrantes a la violencia.

«Amparito», el pequeño refugio creado en una vieja bodega industrial, que nació desde el corazón altruista de una persona, está dando lo mejor para apoyar a estas personas, pero sigue siendo «una curita» o «querer tapar el sol con un dedo», afirma Leal. «Todo este trabajo y esfuerzo se agradece, se valora, pero no tendría que ser», razona el joven coordinador del albergue, quien reitera: «qué bueno que existimos y hacemos maravillas, pero no se puede olvidar que hay tres Estados negligentes que están ausentes y no procuran a las personas. Somos las personas las que procuramos a las personas. Solo la gente salva a la gente».

Capilla del albergue donde descansan los restos de 32 personas, incluido el cubano Ricardo del Pino. Foto Katia Monteagudo.

Jorge Alberto Martínez fue deportado en enero de 2025 a Villahermosa. Foto Katia Monteagudo.

José Adalberto Miranda llegó en abril de 2026 a Villahermosa, vive cerca del refugio. Foto Katia Monteagudo.

Miguel Martínez, cubano deportado, que vive cerca del refugio. Foto Katia Monteagudo.

René Lemus es uno de los cuatro cubanos que permanecen en el refugio. Foto Katia Monteagudo.




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