«Nos tienen encerrados en jaulas de 1 000 pies cuadrados. Hay 32 personas en cada jaula, y hay ocho jaulas dentro de la carpa. Las luces son como las luces de los estadios; siempre están prendidas, nunca se apagan ni bajan la intensidad. Hace mucho frío, el aire acondicionado es muy fuerte. Hay muchos mosquitos», cuenta una persona que está detenida en Krome y que antes estuvo recluida en Alligator Alcatraz.

Se trata de uno de los testimonios que recoge Amnistía Internacional en su informe más reciente sobre dos centros estatales de detención migratoria en el sur de Florida: Alligator Alcatraz, en los Everglades, y Krome North Service Processing Center, cerca de Miami.

El documento fue publicado el 4 de diciembre, tras una investigación de campo realizada en septiembre de 2025, en medio de un clima político marcado por crecientes denuncias sobre la detención masiva de personas inmigrantes.

El texto, titulado «Tortura y desapariciones forzadas en el Estado del Sol: violaciones de derechos humanos en Alligator Alcatraz y Krome de Florida», tiene como objetivo documentar «el impacto de las políticas federales y estatales de migración y asilo sobre la detención y deportación masiva, el acceso a las garantías procesales y las condiciones de detención» desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

Para sostener la denuncia de Amnistía, el informe muestra entrevistas realizadas a personas que estaban detenidas en Krome y que relataron haber pasado previamente por Alligator Alcatraz; presenta también observaciones de campo.

Alligator Alcatraz: «inhumano e insalubre»

Alligator Alcatraz opera «sin ninguna supervisión federal y, por tanto, sin los sistemas básicos de seguimiento utilizados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)», advierte el informe. Lo anterior, señala Amnistía, crea un entorno en el que no se garantizan ni siquiera los controles mínimos de derechos humanos en detención.

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Más allá de los relatos personales, la organización recopila evidencia de prácticas que —sostiene— constituyen violaciones graves a estándares internacionales de derechos humanos. El documento detalla condiciones que califica de «inhumanas e insalubres» en Alligator Alcatraz, que incluyen retretes atascados cuyos desbordes llegan a las áreas donde duermen las personas, acceso limitado a duchas, comida y agua de mala calidad, luces artificiales encendidas las 24 horas y exposición constante a insectos sin protección adecuada.

«Estas condiciones, despreciables y nauseabundas en Alligator Alcatraz reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas», dice en el informe Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.

El reporte también recoge denuncias de prácticas punitivas que podrían equivaler a tortura, como la utilización de espacios de confinamiento en el exterior (a menudo llamados «la caja») donde las personas permanecen esposadas bajo temperaturas extremas, expuestas a los insectos y sin agua. Esa práctica, según Amnistía, viola normas internacionales que prohíben «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

Krome: hacinamiento, negligencia y trato degradante

El centro de detención Krome —operado por contratistas bajo la supervisión federal— tampoco salió bien librado. El informe señala hacinamiento extremo, demoras en el acceso a servicios médicos y denuncias de trato humillante y degradante que prolongan el sufrimiento de las personas bajo custodia sin garantizarles un trato digno.

Además, el documento recuerda que, desde octubre de 2024, al menos 23 personas han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos, con seis decesos en centros de Florida y cuatro de ellos en Krome, según una recopilación de datos del American Immigration Council (AIC). Las cifras contrastan con reportes oficiales y reflejan preocupaciones por las condiciones en centros de detención. 

«El uso prolongado del asilamiento en Krome y el uso de la «caja» en Alligator Alcatraz constituyen tortura u otros malos tratos. (…) Amnistía Internacional también documentó el uso habitual y prolongado de grilletes a personas detenidas por motivos de inmigración, tanto en los centros de detención como durante los traslados entre centros, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante».

Una crítica a la política migratoria local y federal

El informe también critica el contexto político: subraya que el gobernador Ron DeSantis y la Administración estatal han impulsado políticas que intensifican la criminalización de la migración y la detención masiva, eliminando salvaguardias que antes se consideraban estándares en la supervisión de custodia migratoria.

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Las autoridades estatales han rechazado el informe, calificándolo de «ataque motivado políticamente», y han negado que las acusaciones reflejen la realidad operativa del centro. Sin embargo, hasta el momento no han aclarado de manera puntual las denuncias incluidas en el informe. No han desmentido que las luces permanezcan encendidas las 24 horas, que existan desbordes de aguas residuales en las áreas donde duermen los detenidos ni que se utilicen jaulas exteriores o grilletes prolongados como medidas disciplinarias. No han ofrecido datos, inspecciones recientes, registros internos o evaluaciones independientes que contradigan los hallazgos de Amnistía. Este tipo de reacción, más defensiva que informativa, ha dejado sin respuesta las acusaciones concretas y ha intensificado el debate público sobre la falta de transparencia y supervisión en el sistema de detención migratoria de Florida.

¿Qué representa este informe y qué pide Amnistía?

Tras detallar las condiciones que califica de «crueles, inhumanas y degradantes», Amnistía Internacional dedica la parte final del informe a una serie de exigencias que, de concretarse, transformarían el sistema de detención migratoria en Florida. En su lista de recomendaciones, la organización insta de manera explícita a cerrar Alligator Alcatraz y a «prohibir la existencia de centros estatales de detención migratoria», al considerar que el modelo actual opera sin supervisión, sin estándares mínimos y con alto riesgo de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El informe también pide derogar los acuerdos de colaboración entre agencias estatales y federales, incluidos los contratos que permiten a policías locales actuar como agentes migratorios. Esas alianzas —señala Amnistía— fomentan «detenciones arbitrarias» y convierten la migración en una «conducta criminalizada por diseño», aun cuando se trata de procedimientos administrativos.

Entre sus advertencias más contundentes, Amnistía señala que el Estado debe «poner fin inmediatamente al uso de castigos como la jaula exterior, el aislamiento prolongado y la aplicación indiscriminada de grilletes», prácticas que, según el informe, podrían constituir tortura o trato cruel e inhumano bajo estándares internacionales.

La organización exige también garantizar acceso confidencial a abogados e intérpretes, proveer condiciones básicas de higiene, agua y atención médica adecuada, y establecer mecanismos independientes de supervisión que permitan monitorear muertes bajo custodia, negligencia y uso excesivo de fuerza. Amnistía subraya que estas medidas son necesarias porque el sistema actual carece de «controles institucionales esenciales» que permitan prevenir abusos o investigar denuncias.

Finalmente, el informe insta tanto al Gobierno federal como al estatal a revisar de forma estructural su política migratoria, para que la detención vuelva a ser «la última opción y no la norma generalizada».