En 2023, la organización independiente Archivo Cuba publicó un informe sobre las misiones médicas cubanas. El texto resalta la falta de información sobre el lugar de destino con la que viajan los colaboradores. «Por lo general, los trabajadores no son informados de las condiciones de su asignación en el extranjero», acota. A la mayoría, se les cuenta al llegar sobre el lugar, la vivienda, y las características de trabajo o compensación que les fueron asignados.

Durante la pandemia de COVID-19, añade el informe, el país de destino podía decidirse el día antes de la salida. A cientos de profesionales de la Salud los concentraron en la Unidad de Colaboración Médica —una instalación en La Habana— y allí esperaban órdenes para partir (en dependencia de los acuerdos que Cuba obtuviera).

La investigación de Archivo Cuba documenta, además, que los colaboradores cubanos viven y trabajan en condiciones extremadamente duras. A menudo, están sujetos a conflictos políticos, epidemias, huracanes, terremotos y guerras. «Muchos están asignados a zonas remotas, inseguras y muy pobres (algunas carecen de electricidad y agua corriente), incluidos lugares peligrosos y plagados de delincuencia. En ciertos países, carecen de una dieta adecuada, tienen que compartir alojamientos miserables con numerosos compañeros de trabajo o familias locales y no tienen privacidad ni entretenimiento», especifica. 

Las condiciones de seguridad, comodidad y acceso a recursos básicos pueden variar de manera sustancial dentro de un mismo país. De ahí la importancia de que los galenos conozcan los detalles antes de ofrecer su consentimiento. 

El reglamento disciplinario interno de los colaboradores médicos —que implementó la Resolución 368 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera— establece en el artículo 4.1 que el colaborador tiene derecho a «conocer antes de la salida hacia el país en el cual prestará sus servicios el tipo de trabajo que realizará y su duración». Asimismo, reconoce que tiene derecho a «recibir información sobre las características, hábitos y costumbres del país donde prestará sus servicios». 

Pero más allá de las obligaciones genéricas de las autoridades cubanas, no hay en la normativa un compromiso gubernamental de informar a los colaboradores sobre los posibles riesgos que enfrentarían en los lugares específicos a los que serán destinados.

Los testimonios de múltiples médicos cubanos que han sufrido violencia directa en sus lugares de destino, así como los galenos muertos en diferentes circunstancias durante misiones en el extranjero, demuestran que los riesgos que asumen los «médicos internacionalistas» —hoy se conoce que muchas veces sin tener conocimiento previo— no son menores. 

Lo más grave de la situación es el silencio que mantiene el régimen de La Habana —tanto hacia el público general como hacia los colaboradores— en relación con los riesgos y las razones que motivan el envío de médicos cubanos a lugares de conflicto o de complejas situaciones. 

El silencio y la falta de transparencia respecto a las condiciones de trabajo y el salario, así como los controles sobre los colaboradores y su ubicación en lugares de los que no tienen conocimientos claros, demuestra que los médicos internacionalistas son soldados para el Gobierno de la isla. Soldados que muestran su disposición a partir a un destino del que muchas veces solo saben el nombre. Soldados de lo que Fidel Castro denominó «ejército de batas blancas».

SOLDADOS EN KENIA

No cabe otro calificativo para el tratamiento que han recibido los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. Ambos fueron enviados a Kenia en 2018 como parte de un grupo de 100 profesionales de la Salud. La colaboración era el resultado de un acuerdo firmado entre La Habana y Nairobi ese año. 

No se sabe si Assel y Landy fueron informados antes de partir hacia África sobre cuál sería el lugar de destino final. Tampoco se sabe si les ofrecieron algo más de lo que establece y exige el reglamento disciplinario. Los galenos terminaron en una ciudad denominada Mandera, ubicada al norte de Kenia y cercana a la zona fronteriza con Somalia donde actuaba desde 2003 Al-Shabaab —una milicia yihadista de mucho poder—. Al-Shabaab, por mucho tiempo, había hecho varias incursiones en Kenia y tenía expectativas territoriales en ese país.

Cuando Landy y Assel llegaron a Kenia, Al-Shabaab no solamente tenía capacidad de actuación en la zona fronteriza de Kenia sino en el resto del país. De acuerdo con un reporte de Council on Foreign Relations, Kenia ha sido uno de los países más golpeados por Al-Shabaab. De hecho, en 2019 —año en el que fueron secuestrados los médicos cubanos— la milicia yihadista (aliada de Al Qaeda y que sueña con instaurar un califato somalí) había llevado a cabo un ataque en un hotel en la capital de Kenia en el que murieron 21 personas.

Las condiciones no eran desconocidas para los dirigentes cubanos. Probablemente, fueron asumidas y admitidas desde el momento en el que las autoridades de La Habana firmaron el acuerdo con las de Nairobi. El día del secuestro de los médicos, los reportes de prensa señalaron que resultó muerto un escolta policial que los acompañaba. Necesitan escoltas quienes enfrentan riesgos ciertos y latentes. 

El régimen cubano no ha transparentado las circunstancias o situaciones que tuvieron que enfrentar Assel y Landy. No lo ha hecho porque pueden ser el detonante de cuestionamientos importantes de interés público innegable. Cuestionamientos que pueden resumirse en pocas preguntas. ¿Vale la pena enviar a los médicos cubanos a trabajar en condiciones de riesgo como las que enfrentaban Landy y Assel? ¿No son responsables las autoridades cubanas de informar apropiadamente sobre los riesgos a los colaboradores antes de enviarlos de misión? ¿Cómo el Estado cubano protege o indemniza a los colaboradores afectados durante el cumplimiento de una misión?

Las preguntas anteriores permanecen sin respuesta cinco años después de que Al-Shabaab secuestrara a Assel y Landy. En todo ese tiempo, los reportes de la prensa cubana y los testimonios de las autoridades han sido escasos y parcos. La falta de información se ha justificado con la «sensibilidad» del asunto y bajo el argumento de que la familia de los galenos ha sido informada «oportunamente» de las gestiones y la situación de sus seres queridos.

Pero lo anterior no es suficiente. Si ayer la incertidumbre era dolorosa, hoy la situación es peor. Al-Shabaab dijo en un comunicado que los galenos fallecieron como resultado de un ataque con drones del ejército estadounidense. Por su parte, el Pentágono ha reconocido que atacó las posiciones de Al-Shabaab con drones en la fecha señalada por la milicia. 

Fuentes no oficiales reportan muerte de médicos cubanos en Kenia, ¿qué sabemos?

Información atribuida al grupo extremista Al-Shabaab reporta que los doctores cubanos Assel Herrera y Landy Rodríguez murieron en un bombardeo el 15 de febrero. La noticia aún no ha sido confirmada por el Gobierno cubano. 

Ante la noticia, las autoridades cubanas enviaron a Esteban Lazo a Kenia. En teoría, el presidente del Parlamento cubano evaluaría en persona la situación e intentaría obtener la cooperación de las autoridades de Kenia y Somalia para verificar el supuesto deceso de los médicos. Un comunicado reciente del Ministerio de Relaciones Exteriores informó —sin hacerlo— que obtuvieron información «sensible» que están analizando.

Pero, con independencia de la comprensible cautela que debe existir para confirmar la muerte de cualquier persona, hay discusiones paralelas que no admiten mayores dilaciones y que solamente se prolongan debido a la opacidad y la desresponsabilización del totalitarismo cubano con sus decisiones. 

Más allá de si, lamentablemente, se confirma la muerte de los médicos cubanos, es impostergable comenzar a exigir responsabilidades concretas. La ciudadanía cubana y el gremio médico deberían cuestionarse, ¿quién responde por las condiciones laborales de los médicos dentro y fuera de la isla? 

Los galenos cubanos no solo enfrentan riesgos impensables para lograr mejores condiciones de vida, sino que también tienen condiciones laborales deplorables al interior del país. Hasta hoy, las consecuencias —dentro y fuera de Cuba— las han pagado los médicos, que han encontrado la muerte, vejaciones o la judicialización por situaciones que no pudieron controlar. 

La anterior y otras muchas interrogantes quedan por responder en Cuba. Los argumentos politiqueros de que «nadie quedará desamparado» son insuficientes. Assel y Landy llevan cinco años desamparados y sus familiares, ante la incertidumbre, no deben tener consuelo ni muchas posibilidades de ventilar públicamente y sin riesgo su posible desasosiego.

No solo es necesario que se aclare y se resuelva la situación de Landy y Assel. Es imprescindible, además, que se resarza a sus familias y a ellos —en caso de regresar con vida— por los sufrimientos ocasionados. No hablo solamente del resarcimiento pecuniario que es en el que siempre se piensa en estos casos —sobre todo cuando la muerte no deja otra salida—, sino también del resarcimiento que ofrece la verdad.

La verdad y la posibilidad de que la ciudadanía conozca y discuta con argumentos un tema de interés público es la principal garantía para señalar responsables y para evitar que otros sufran igual destino que Assel y Landy.

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