Las cifras de importación de vehículos desde Estados Unidos mostraron un crecimiento aproximadamente del 65 % entre enero y febrero de 2024. Pero a falta de información pública disponible hasta el momento y si se analizan otros indicadores menos específicos, el comportamiento de las operaciones en el binomio marzo-abril no fue diferente.

Declaraciones del empresario cubanoamericano Alejandro Martínez, activo en redes sociales y cara visible en los espacios digitales de la compañía Maravana Cargo con licencia para la exportación de vehículos a Cuba, confirman que solamente transcurren días entre la recepción de los autos en sus dependencias y la entrega en Cuba.

La certeza de las afirmaciones de Martínez puede verificarse a partir del monitoreo de algunos buques dedicados al transporte de carga entre Cuba y EE. UU. Según informes de perfiles de redes sociales —@FalconEyes en X— dedicados a monitorear el tráfico marítimo hacia y desde Cuba a través de plataformas online, existe un barco llamado Linda que transporta con frecuencia casi semanal vehículos desde EE. UU. hasta Cuba.

Linda es un buque que navega con bandera panameña y que de acuerdo con la plataforma Marine Traffic es un barco tipo Ro-Ro. Los buques Ro-Ro (relativo al término en inglés roll-on / roll-off) son barcos que transportan cargamento rodado, sean automóviles, camiones, tráileres o vehículos industriales. Este tipo de buques dispone de rampas construidas en la popa o la proa de la embarcación (también pueden estar fijas en tierra) para que sea mucho más fácil acceder y realizar la carga (roll-on) y descarga (roll-off) de mercancía rodante.

Según un informe de @FalconEyes, entre noviembre de 2023 y el 31 de marzo de 2024, Linda realizó 21 viajes desde Miami hasta el puerto de Mariel. Un reporte de 14ymedio indica que el 9 de abril de 2024 realizó otro viaje y elTOQUE confirmó a través de la plataforma Marine Traffic que el 17 de abril partió nuevamente desde el sur de Florida y llegó a Cuba al día siguiente.

Cómo el Gobierno cubano lucra con la importación de autos

La exportación de vehículos a Cuba desde EE. UU. es una opción prohibitiva para el ciudadano promedio y un negocio muy lucrativo para las autoridades de la isla.

¿Cómo es posible que un buque realice tantos viajes entre Cuba y EE. UU. en tan poco tiempo si el embargo estadounidense estipula que una embarcación que atraque en un puerto cubano no puede atracar en uno estadounidense hasta seis meses después?

Es cierto que existe una regulación que forma parte de las normativas del embargo estadounidense contra Cuba, la «regla de los 180 días». Prohíbe que cualquier embarcación que ingrese en un puerto cubano para comerciar bienes o servicios pueda entrar en un puerto estadounidense para cargar o descargar mercancías durante los seis meses posteriores a su salida de Cuba.

Sin embargo, desde 2016 el Gobierno estadounidense estableció excepciones a la regla. Las excepciones permiten, por ejemplo, que los buques dedicados a transportar mercancías resultantes de un intercambio licenciado o autorizado por la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) o por el Departamento de Comercio de EE. UU. no tienen que cumplir con la regla de los 180 días.

La OFAC y el Buró de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) —adscrito al Departamento de Comercio de EE. UU.— han autorizado la exportación y reexportación de vehículos desde Estados Unidos hacia Cuba de varias compañías. Por ende, los buques que sean utilizados para fletar vehículos hacia la isla a través de esas compañías están exentos de cumplir con la regla de los 180 días y pueden ir y venir directamente entre los EE. UU. y Cuba tantas veces deseen.

VENEZUELA, LABORATORIO Y PRECEDENTE EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DESDE EE. UU.

El boom de la importación de vehículos —sobre todo usados— desde Estados Unidos que hoy vive Cuba tuvo un antecedente en la Venezuela chavista, la cual se ha convertido en muchos aspectos (económicos y represivos) en un laboratorio para el régimen cubano.

A partir de 2019, el régimen de Nicolás Maduro inició un proceso de «liberalización» de la economía venezolana con estilo chavista. Dentro de las reformas impulsadas destaca la dolarización parcial de la economía y la transferencia de activos. Las reformas terminaron por profundizar aún más las diferencias sociales y por empoderar a la nueva élite económica en el país.

Las medidas generaron también «bonanza» inducida y efímera que se expresaba —entre otros aspectos— en la explosión de lujosos restaurantes y negocios de diferente tipo promocionados por modelos e influencers.

Misión de la ONU revela que Cuba entrenó a militares venezolanos para torturar

Cuba entrenó a la inteligencia militar de Venezuela para torturar y reprimir opositores. Esto se logró a través de acuerdos desde 2008 que permitieron adoctrinar a las fuerzas armadas venezolanas bajo supervisión cubana, imponiendo vigilancia y persecución a disidentes.

Pero la bonanza inducida por la «liberalización» chavista que inició después del violento ciclo de protestas de 2018 también se expresó mediante el aumento de la importación de vehículos al país. Desde 2014, el chavismo había permitido la importación de vehículos «adquiridos con divisas propias», lo que —de conjunto con la drástica caída de la producción nacional (ensamblaje) de automóviles— hizo que para 2019 hubiese un mercado de importación individual de vehículos nuevos al país. El mercado, sobre todo el proveniente de EE. UU. explotó después de 2019, cuando Maduro autorizó la importación de autos usados bajo la condición —idéntica a la existente en Cuba— de que fueran fabricados en los cinco años previos a su entrada en territorio venezolano.  

Las sanciones estadounidenses contra Venezuela son sectoriales. Están concentradas principalmente contra el sector del petróleo y del gas y no implican, como en el caso de Cuba, una prohibición general de importaciones y exportaciones. La situación permitió que una medida unilateral tomada por el chavismo (eliminación de la prohibición de importación de autos usados) produjera un aumento del flujo de automóviles, sobre todo desde el sur de Florida (donde se ha concentrado gran parte de la emigración venezolana).

En atención al sistema general de sanciones, las autoridades cubanas esperaron a que el Gobierno de EE. UU. entregara las primeras licencias para la exportación de vehículos a Cuba para autorizar la importación individual de vehículos casi en iguales condiciones en las que lo hiciera Venezuela en 2019.

De acuerdo con una investigación del proyecto periodístico venezolano Armando Info, para 2019 en la zona de carga del Doral, en el oeste del condado Miami-Dade, existían al menos 26 empresas que ofrecían servicios de envío de autos a Venezuela.

La investigación asegura que los negocios favorecían que «en las calles venezolanas circula[ran] algunos brillantes vehículos Tacoma, 4Runner, Mustang y Wranglers, de Toyota, Ford y Jeep, en colores de fantasía y de último modelo junto a los que, abollados y renqueantes, anda[ban] a duras penas».

Más de 8 millones de dólares en autos importados desde EE. UU.

Desde la autorización de la importación de vehículos en Cuba (2023), las cifras de autos provenientes de EE. UU. han ido en aumento.

Pero a medida que el negocio de importación de vehículos a Venezuela fue creciendo —una señal importante para los cubanos— también se implicaron en él las redes de corrupción vinculadas con el chavismo.

En julio de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una operación especial en la que confiscó 81 vehículos destinados a Venezuela. El DHS identificó al empresario Raúl Gorrín —quien figura en la lista de los más buscados en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero y corrupción— como una de las personas vinculadas con la adquisición de los automóviles.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mencionó que la investigación comenzó después de que los agentes notaran que muchos de los compradores de los vehículos eran «fantasmas», lo cual hacía casi imposible identificar a las personas o compañías realmente involucradas en las transacciones. Indicó, además, que los vehículos estaban destinados a personas asociadas con Nicolás Maduro, razón por la cual fueron incautados.

El portavoz también comentó que los dueños de los concesionarios tenían cierta responsabilidad, pues «los encargados (…) deben reportar cuando un vehículo está siendo exportado y su valor supera los 10 000 USD». Recordó que, de no hacerlo, podría ser confiscado el auto.

Si el modelo cubano para la importación de vehículos desde EE. UU. continúa igual patrón que el del chavismo en Venezuela, las consecuencias de la implementación del experimento morocho también deberían servir de señal de alerta para los involucrados en replicar el negocio en Cuba y para las autoridades estadounidenses.