La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que Cuba entrenó a militares venezolanos para torturar. Así lo dijo el abogado Francisco Cox, experto integrante de la Misión, en un conversatorio transmitido por Amnistía Internacional (AI).

El organismo de observación descubrió que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela emplea la tortura para obtener autoincriminaciones y acusaciones aparentemente falsas contra otras personas. Varios exfuncionarios del DGCIM aseguraron haber sido adiestrados por personal militar cubano que también participaba directamente en las acciones de tortura.

«Pudimos encontrar una documentación que vimos físicamente de un memorándum de entendimiento de 2008 entre el Gobierno cubano y el Gobierno venezolano, en el que se daba esta asesoría, la creación de un nuevo organismo dentro del DGCIM y entrenamiento en tácticas de seguimiento, infiltración y determinación de los objetivos militares», afirmó Cox.

Además, el comité investigativo detectó una cadena de mando con vínculo directo entre el director del DGCIM y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Este último daba instrucciones, mientras la organización rendía cuentas de la detección de los objetivos.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) es otro de los organismos involucrados en las detenciones arbitrarias a civiles opositores. La Misión detectó que el diputado Diosdado Cabello y Maduro daban instrucciones directas al SEBIN para la detección y persecución de personas. Se comprobó, además, el uso de tecnologías de interferencia telefónica, seguimiento y aparatos de captación a distancia de conversaciones entre las personas con el objetivo de seguirlas y detenerlas arbitrariamente.

Durante la investigación, exfuncionarios del SEBIN enumeraron como prácticas habituales para incriminar la colocación de evidencias falsas como armas o incluso otro tipo de evidencias. La Misión de la ONU pudo documentar la arbitrariedad de las detenciones, al constatar que en varias ocasiones no existe una orden judicial. 

Las condiciones de las personas detenidas «no solo se limitan a tortura, falta de alimentos y de atención médica; sino también en el trato que reciben los familiares que van a visitarlas. Incluso, en ciertas ocasiones, el trato se extiende a las abogadas y abogados que van a cumplir su labor de defensa», informó Cox.

Dichas prácticas constituyen una réplica de las aplicadas por la Seguridad del Estado en Cuba contra opositores, activistas, periodistas independientes y cualquier persona que exprese públicamente críticas o desacuerdos con el poder.

La investigación en Venezuela arrojó que el sistema de justicia —la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial— no son realmente autónomos e independientes. Cox señaló que el poder judicial es el encargado de investigar y fiscalizar estas situaciones, pero no lo hace.

Algunos jueces y juezas contribuían a dotar de legalidad a las arbitrariedades del poder cuando las víctimas denunciaban. En varios casos colocaban fechas posteriores en las órdenes de detención con el fin de eludir el control del plazo legal establecido en el Código Procesal Penal de Venezuela

También la Misión documentó el envío de mensajes directos del presidente de la República o de Diosdado Cabello al presidente del Tribunal Superior de Justicia acerca de cómo deben ser resueltos los casos, junto a declaraciones públicas de altas autoridades al asegurar la culpabilidad de los imputados incluso antes del término del proceso penal.

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El brazo de la Seguridad del Estado cubano puede llegar muy lejos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país suramericano desde 2014. El objetivo de la Misión es investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y presentar actualizaciones orales e informes sobre su trabajo durante los diálogos interactivos de los diferentes períodos de sesiones del Consejo.

Alertas previas sobre la intervención militar cubana

Las evidencias presentadas en la transmisión de Amnistía Internacional coinciden con las descritas en 2019 en un Informe del Centro de Estudios para América Latina (CASLA), instituto dedicado al monitoreo, defensa e investigación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Latinoamérica.

A finales de 2018, CASLA denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia en la planificación y comisión del crimen de la tortura. CASLA obtuvo doce testimonios directos de víctimas que señalaron su presencia cuando estaban siendo torturados en distintos centros —oficiales o clandestinos— donde permanecían detenidos.

El informe de CASLA se basa en testimonios de antiguos funcionarios de inteligencia y desertores del DGCIM y el SEBIN, militares y civiles venezolanos. Según las fuentes, los cubanos estarían instruyendo en técnicas de represión, intimidación y seguimiento a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e inteligencia venezolana, para que realicen labores de investigación, espionaje a sus propios compañeros y familiares, y seguimiento a líderes políticos y sociales.

Milicianos de la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida como G2, y el Grupo de Cooperación y Enlace (GRUCE), conformado por expertos militares cubanos, estarían implicados directamente en la comisión de torturas en Venezuela. De acuerdo al documento de CASLA, «la influencia cubana en la represión sistemática, y en especial en la ejecución del crimen de la tortura, ha producido el incremento de patrones que traen innovaciones en su ejecución y el surgimiento de nuevos métodos; así como también la participación de otras estructuras represivas en la comisión de crímenes de lesa humanidad, ya que son parte actora de dicha planificación».

El teniente Ronald Dugarte Silva, desertor de la DGCIM, entregó al instituto videos de las salas de tortura ubicadas en los sótanos de dicho organismo y narró para la CPI cómo los cubanos están involucrados directamente en el entrenamiento y formación, y en la represión y torturas a los venezolanos.

Dugarte Silva declaró que durante su servicio en el área de operaciones como analista —hasta agosto de 2018— la milicia de inteligencia cubana realizaba comisiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos para ir a cada región de contrainteligencia militar ubicada a lo largo y ancho de Venezuela. Los cubanos daban órdenes a los generales que comandaban cada región sobre cómo efectuar el trabajo de inteligencia en cada unidad.

El exmiembro de la DGCIM aseguró la existencia de varios centros de torturas dentro de unidades militares y en lugares clandestinos, de cuya ubicación solo tienen conocimiento el personal de la milicia cubana y un grupo de paramilitares adiestrados y armados.

Una investigación de la agencia Reuters reveló que desde 2008 el Gobierno de Cuba ayuda a Venezuela a redefinir su seguridad con el rediseño de sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar. Ambos países elaboraron par de acuerdos que otorgaron a Cuba un vasto acceso al sector militar venezolano y libertad para espiarlo y reformarlo.

La colaboración militar entre Cuba y Rusia nunca ha cesado del todo

Nicaragua, Cuba y Venezuela podrán contar con el respaldo de Moscú, aseguró en junio de 2021 el ministro de Defensa ruso. Entre las amenazas que acechan a sus aliados latinoamericanos, el Kremlin resaltó la del «uso abierto de la fuerza militar [… por lo que] el apoyo de Rusia es requerido ahora más que nunca».

De esta manera, se impuso una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, el ahora denominado DGCIM. Bajo la asesoría de los cubanos, Venezuela convirtió la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infunde miedo, paranoia y aplasta a la disidencia.

Los documentos revisados por Reuters arrojan que los acuerdos, firmados en mayo de 2008, permitieron a las Fuerzas Armadas cubanas entrenar a soldados en Venezuela; revisar y reestructurar partes del ejército de esa nación; entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana; y cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros a la de vigilar a los propios soldados, oficiales e incluso comandantes de alto rango.

Según los textos, el primer acuerdo prepararía a los agentes de inteligencia venezolanos para «el descubrimiento y enfrentamiento a la labor de inteligencia y subversiva del enemigo»; mientras que el segundo autorizó a los funcionarios cubanos a supervisar la «asimilación» y la «modernización» del ejército de Venezuela. A través del segundo acuerdo se creó el Grupo de Coordinación y Enlace de la República de Cuba o GRUCE, integrado por ocho «especialistas militares» cubanos que enviarían asesores de la isla a Venezuela para inspeccionar unidades militares y entrenar soldados.

Expertos en seguridad, personas cercanas al Gobierno y políticos de la oposición coinciden en que los acuerdos han sido cruciales para la permanencia del hoy presidente Nicolás Maduro en el poder. 

«Con la ayuda y el entrenamiento de Cuba, el ejército ha apoyado a Maduro y lo ha ayudado a navegar la crisis económica, el hambre y el crimen generalizado, así como la migración en los últimos años de más de 4 millones de personas, cerca de 10 % de la población de Venezuela», apunta la investigación de Reuters.

Declaraciones de más de 20 exoficiales venezolanos militares y de inteligencia recopiladas por la agencia aseguran que, una vez que Cuba comenzó a capacitar a su personal, los agentes fueron introducidos en la DGCIM, a menudo vestidos con uniforme negro, dentro de las barracas. Allí compilarían informes sobre los uniformados percibidos como alborotadores e informarían sobre cualquier señal de deslealtad.

La DGCIM también comenzó a interceptar los teléfonos de los oficiales, incluidos los comandantes militares de alto rango, para escuchar sobre posibles conspiraciones. Los exoficiales dan cuenta del crecimiento de las filas de la DGCIM, desde unos pocos cientos de agentes al inicio del gobierno de Chávez, a alrededor de 1 500 en 2019.