En Cuba, y en su exilio, hay demasiadas víctimas. Cada historia estremece durante unos días. Circula en redes sociales, provoca indignación, ocupa titulares. Y luego, casi siempre, poco a poco, desaparece del foco. No porque la injusticia haya sido reparada, sino porque una nueva está a punto de suceder.
En los regímenes autoritarios no solo se reprime: se administra la represión, se normaliza. Es una sucesión interminable de abusos que rara vez alcanzan un clímax. No hay un solo escándalo que lo cambie todo, sino muchos pequeños escándalos que se acumulan sin llegar a romper el sistema.
Durante décadas, las instituciones cubanas han actuado con la certeza de que las denuncias internacionales, los reportes de organizaciones de derechos humanos o la indignación en redes sociales rara vez producen consecuencias reales. La impunidad prolongada termina generando una cultura de poder en la que castigar al disidente es la forma natural del funcionamiento del Estado. El engranaje se sostiene, además, en el control absoluto de los tribunales, los medios y los espacios públicos donde esas injusticias podrían transformarse en escándalo. Y el poder lo sabe: la indignación suele durar menos que la impunidad.
Mientras el mundo mira la última injusticia, las anteriores empiezan a desvanecerse en la memoria pública. Cuando la represión es constante y afecta a tantas personas al mismo tiempo, los casos individuales terminan perdiendo visibilidad.
No porque cada uno no importe, sino porque la siguiente historia ya está esperando.
¿Cómo se rompe un sistema cuando ninguna injusticia logra ser la última?
Ahí está Luis Manuel Otero Alcántara, el artista que pasó del performance y las huelgas de hambre contra el régimen, a años de cárcel. El rapero Maykel «Osorbo». Están los cientos de condenados tras las protestas del 11J, los influencers y creadores digitales encarcelados por lo que dijeron en un video o una publicación; el joven que levantó un cartel en la calle San Rafael y pasó años en prisión. Los muertos en huelga de hambre o bajo custodia policial. Están también las historias de Omara Ruiz Urquiola, Karla Pérez, Carlos Manuel Álvarez, Anamelys Ramos, entre otros tantos, desterrados de su país. Tantos ciudadanos anónimos castigados con prisión por una publicación en redes, usar la bandera, escribir en una pared una consigna contestataria.
Y antes de ellos hubo otros. Los que han muerto en el mar baleados por guardafronteras. Los ahogados, víctimas de la migración irregular. Los fusilados por intentar irse. Los que no sobrevivieron porque la ambulancia nunca llegó o porque el hospital no tenía lo necesario en un país donde la crisis también mata.
En muchos países, un caso de represión se convierte en símbolo. Un nombre concentra la indignación colectiva y termina marcando un antes y un después. En Estados Unidos, la muerte de George Floyd a manos de la Policía en 2020 desató protestas masivas contra el racismo y la violencia policial, impulsó reformas en varios estados y colocó el tema en el centro del debate público durante meses. En Irán, el fallecimiento bajo custodia policial de Mahsa Amini en 2022 provocó una ola de protestas que se extendió por todo el país y atrajo una atención internacional sostenida. Otros casos han tenido efectos similares en distintas partes del mundo.
En el contexto cubano, en cambio, los nombres se acumulan. Y no es que no hayan ocurrido momentos que concentraron indignación colectiva: la huelga del Movimiento San Isidro, las protestas del 27N, o el estallido social del 11J. Pero mientras esos episodios abrían grietas visibles en el sistema, la maquinaria represiva seguía sumando presos, desterrados, exiliados, acosados, castigados.
Mientras tanto, en la isla quedan las madres que esperan años una excarcelación que no llega, padres que envejecen visitando cárceles, hijos que aprenden a vivir con la ausencia. Las familias con un luto constante.
Están las denuncias más visibles. Pero también están las historias que casi no se conocen: familias que no han contado —por miedo, por desinformación o simplemente por cualquiera que sea el motivo— lo que ocurre con sus presos políticos.
Están también los casos que uno conoce de cerca. El dolor de mi amigo, el analista y abogado Eloy Viera Cañive: su padre murió y él no pudo darle el último abrazo. No puede entrar a Cuba. Decidió denunciar, con el respaldo de su propio padre, la podredumbre de un sistema que terminó condenando a nuestra isla. En España, la periodista Yadiris Luis Fuentes intenta recomponer su vida después de años de hostigamiento por parte de la policía política. A la también reportera Yaima Pardo, hoy en Estados Unidos, la televisión estatal la ha exhibido falsamente como «vende patria», acompañando el insulto con todos los descalificativos posibles. El periodista José Luis Tan Estrada tuvo que recorrer Centroamérica hasta llegar a México para poder exiliarse, después de años de acoso. Muchos periodistas cubanos han tenido que salir del país en los últimos años. La mayoría no puede regresar.
Podría detenerme en la historia personal de cualquier de mis colegas de elTOQUE, que desde el exilio continúan intentando contar la Cuba real. Pero cada historia tiene detrás la misma herida: un país donde decir la verdad puede costar la libertad, el hogar o el regreso.
Y mientras las familias lidian con la ausencia, el poder permanece intacto, ajeno a la soledad que deja detrás.
El Estado, acostumbrado durante décadas a actuar con impunidad, parece convencido de que nada de eso cambiará realmente las cosas.
Y así la tragedia se vuelve continua.
Sin final.
Sin justicia.
Quisiera terminar con un poco de fe. Pero tengo más incertidumbres que certezas. Es cierto que el 11J le cambió el juego a la cúpula del poder castrista: ante muchos cayeron máscaras, mitos y años de propaganda. Antes y después de ese día, muchos cubanos apostaron todo por exponer los abusos y la represión. Pero también son demasiados años reportando violaciones de derechos humanos, hablando con víctimas y escuchando, una y otra vez, la misma frase: «nada cambia».
Aun así, incluso entre las dudas, hay algo que no deja de ocurrir. Cada día hay personas que siguen denunciando al régimen del Partido Comunista: activistas, observatorios, organizaciones de derechos humanos, miembros de la sociedad civil. Dentro y fuera de la isla. Quienes llegan con sus denuncias a Washington o a Bruselas. Quienes se plantan frente a una embajada y gritan «dictadores» mientras una cámara de la policía política apunta directo a sus ojos. Y tantos colegas periodistas que, a pesar de la presión, el exilio o el descrédito organizado desde el poder, siguen intentando contar Cuba.
Eso merece respeto.
¿Nos acerca al día cero? ¿Y después qué? ¿Cómo se repara un país después de tanto daño? Son preguntas difíciles y todavía abiertas. Pero, mientras llegan las respuestas, al menos intentemos que la soledad del que disiente sea cada vez menor.
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