El Consejo de Ministros cubano prorroga por un año adicional el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales que carecen de estatus legal o fueron construidos sin cumplir las formalidades exigidas. La medida responde a un reconocimiento oficial: las restricciones energéticas que atraviesa el país han impedido que miles de cubanos pudieran completar —o siquiera iniciar— estos trámites antes de la fecha límite anterior, que venció el 31 de diciembre de 2025.
Un proceso que lleva siete años y no termina
El origen del mecanismo se remonta al Acuerdo 8574 de marzo de 2019, que creó un reglamento para regularizar la situación de inmuebles ocupados por personas naturales pero que nunca obtuvieron documentación legal de propiedad. El plazo inicial era de seis años. Sin embargo, al acercarse su vencimiento, el Gobierno aprobó en marzo de 2025 el Acuerdo 10108 que extendió la recepción de trámites hasta el 31 de diciembre de ese año.
Con el Acuerdo 10378 publicado este primero de septiembre de 2026, se abre una tercera ventana. El nuevo plazo es de un año contado desde la publicación en Gaceta, lo que sitúa la fecha límite en el primero de septiembre de 2027.
La norma fue adoptada por el Consejo de Ministros el 17 de junio de 2026, pero no se publicó hasta casi tres meses después. Durante ese intervalo, la recepción de trámites estuvo técnicamente cerrada.
¿Qué permite la prórroga?
El acuerdo reabre la posibilidad de que personas que ocupan viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias o locales sin títulos de propiedad formales puedan solicitar su legalización. El objetivo final del proceso es transferir la propiedad del inmueble a la persona natural que lo ocupa, siempre que se cumplan las regulaciones territoriales y urbanísticas vigentes.
El apartado Segundo del acuerdo establece que a los nuevos expedientes que se reciban se les aplican iguales términos, condiciones y obligaciones de los Acuerdos 8574 y 10108. Lo anterior significa que no hay cambios en los requisitos ni en el procedimiento: las reglas del juego se mantienen.
¿A quién afecta?
La medida está dirigida a un universo que el texto califica como «un número significativo de casos pendientes». Se trata de cubanos que viven en inmuebles autoconstruidos sin licencia, ampliaciones no declaradas, viviendas heredadas sin formalizar, cuartos añadidos a una edificación original o locales ocupados sin documentación que respalde la tenencia legal.
Para estas personas, completar el trámite significa obtener un título de propiedad reconocido, lo que a su vez les permite vender, permutar, donar o heredar el inmueble con plenas garantías legales. Sin ese documento, el ocupante vive en un limbo jurídico: usa el inmueble, pero no puede disponer de él ni tiene protección formal ante disputas.
El segundo Por Cuanto del acuerdo ofrece una admisión poco frecuente en la legislación cubana: las medidas de ahorro energético —los apagones prolongados y la reducción de servicios públicos asociados a la crisis eléctrica— «han obstaculizado el acceso de la población a los trámites».
Sin embargo, la norma no dice cuántos casos quedaron pendientes, qué provincias concentran el mayor rezago ni qué medidas adicionales se adoptarán para que esta nueva prórroga no termine, como las anteriores, con el mismo problema sin resolver.
Para los ocupantes de inmuebles sin papeles, el reloj vuelve a correr: tienen hasta septiembre de 2027 para intentar, una vez más, poner en orden lo que durante años quedó fuera de la formalidad.
Nota: Este texto fue realizado con apoyo de IA y supervisado por el equipo editorial de elTOQUE.
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