El Gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial un paquete normativo que redefine cómo el Estado financia la construcción y reparación de viviendas para dos grupos prioritarios: personas «sin solvencia económica» y familias con tres o más hijos menores de 18 años.

Los Acuerdos 10326 y 10327 del Consejo de Ministros, publicados el 20 de mayo de 2026, junto con resoluciones de los ministerios de la Construcción, Salud Pública y Trabajo, sustituyen las normas vigentes desde 2021.

Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un «déficit superior a las 900 000 viviendas», según datos oficiales. Además, tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado, según recoge la Gaceta Oficial, en la cual el Consejo de Ministros también admite que desde 2021 se acumularon «problemas que impiden la ejecución de las intervenciones arquitectónicas aprobadas a las personas beneficiadas».

Subsidios para personas «sin solvencia»: montos multiplicados, modalidad revertida

El Acuerdo 10326 mantiene la lógica del anterior 9072/2021 —financiar con cargo al presupuesto obras en viviendas de quienes no pueden pagarlas—, pero introduce cambios sustanciales en los montos y, sobre todo, en quién ejecuta las obras.

Los topes máximos se multiplicaron en términos nominales: para construir una célula básica habitacional de al menos 25 m², el subsidio pasó de 188 560 a 700 000 CUP, un aumento del 271 %. Para rehabilitación, de 133 742 a 656 300 CUP (390 % más). Para conservación mayor, de 38 816 a 273 000 CUP (603 % más); y para conservación menor, de 14 149 a 56 500 CUP (299 % más).

Aunque los incrementos son llamativos, deben leerse en contexto: reflejan la inflación acumulada desde la unificación monetaria de 2021, no un mayor poder adquisitivo real para quienes los reciben.

Los montos fijados contradicen la realidad económica del país. El financiamiento de 700 000 CUP para una célula básica toma como referencia los precios oficiales del Ministerio del Comercio Interior, pero en el mercado informal —donde se consigue la mayoría de los materiales— los precios son muy superiores.

El cambio más significativo es el siguiente: en 2021, el subsidio estaba diseñado para que el beneficiario construyera por esfuerzo propio.

En 2026, esa modalidad pasa a ser la excepción: el nuevo reglamento ordena a los municipios revisar los casos aprobados y pendientes, cancelar las cuentas bancarias de quienes no hayan iniciado obras y asumir la construcción directamente por vía estatal. Si el beneficiario es dueño del terreno, debe cederlo al Estado.

Además, el plazo para ejecutar el financiamiento se amplió de seis meses a un año, reconociendo implícitamente que el plazo anterior era irreal.

Según la Resolución 10/2026 del Ministerio de Trabajo, califica para el financiamiento quien tenga un ingreso per cápita disponible igual o inferior a 2 100 CUP. Excepcionalmente, pueden acceder núcleos con per cápita de hasta 3 234 CUP si concurren situaciones de vulnerabilidad específicas: jefes de hogar solos al cuidado de menores, familias con todos sus miembros en situación de discapacidad o damnificados por desastres naturales.

¿Qué subsidios recibirán las familias con más de tres hijos?

Los municipios mantienen la facultad de comprar viviendas privadas para asignarlas a madres, padres o tutores con tres o más hijos menores, pero se introdujeron algunos cambios.

El Acuerdo 10327 amplía un año la edad de cobertura para las familias con menores: pasa de 17 a 18 años. También eleva sustancialmente los montos: el tope para comprar o intervenir una vivienda sube de 350 000 CUP —cifra única para todo el país en 2021— a montos diferenciados según ubicación, que van desde 1 500 000 CUP en municipios pequeños hasta 1 900 000 CUP en zonas como Playa, Plaza, La Habana Vieja, Trinidad, Viñales y Cárdenas.

Se trata de un aumento nominal de los montos de entre 329 % y 443 % que también debe leerse a la luz de la inflación acumulada.

Vender una vivienda subsidiada tiene un costo

La obligación de reintegrar el subsidio al vender en los primeros 15 años ya existía en 2021 en términos similares a los del nuevo acuerdo.

La normativa de 2026 agrega más restricciones: el Estado se reserva explícitamente el derecho de tanteo —compra preferente— sobre las viviendas asignadas en propiedad, y las permutas y donaciones requieren autorización administrativa previa, un requisito que no existía en el marco anterior. En resumen, el régimen de transmisión se endurece sobre una base que ya era restrictiva.

Cuando un propietario permite obras en su casa para beneficiar a una familia con menores, debe otorgar un derecho real de habitación por al menos 15 años. Si lo extingue antes, debe reintegrar el financiamiento.

Una gota en un océano de déficit de viviendas

Según informó el Ministerio de la Construcción ante la Asamblea Nacional en julio de 2025, el plan estatal para ese año contemplaba terminar 10 795 viviendas, pero al cierre del año solo se concluyeron 5 493 —poco más del 50 % y 1 934 unidades menos que en 2024, cuando se terminaron 7 427—.

La caída afectó a ambas modalidades con permiso para construir: según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el sector estatal terminó 1 791 viviendas, mientras que las construidas con «esfuerzo propio» fueron 3 702.

Pero el dato más revelador es otro: al cierre de 2025 había 107 462 viviendas en ejecución por esfuerzo propio frente a 3 185 del sector estatal. Esa diferencia de más de 104 000 unidades retrata el problema que el nuevo paquete normativo intenta corregir: decenas de miles de obras iniciadas, financiadas en muchos casos con subsidios estatales, que permanecen sin terminar.

La respuesta del Gobierno es más centralización: construcción estatal en lugar de esfuerzo propio, controles mensuales de técnicos de vivienda, rendiciones de cuenta ante las Asambleas municipales.

¿Una mayor supervisión se traducirá en más viviendas terminadas? Lo más probable es que no: las nuevas medidas no resuelven realidades como la poca disponibilidad de cemento, acero y materiales en un país donde construir una casa sigue siendo, para la mayoría, una hazaña.

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