* Los nombres de las personas migrantes así como algunos detalles de sus historias se modificaron para proteger su identidad.

El motivo detrás de los procesos migratorios hacia y dentro de México ha cambiado en los últimos años, reflejo de la volatilidad de las condiciones sociopolíticas regionales. Desde la mirada de instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la violencia —en sus distintas formas— se mantiene como la principal causa que impulsa estos desplazamientos.

En países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, esa violencia se entrelaza con represión política y crisis económicas estructurales: censura, ausencia de libertades básicas, falta de oportunidades laborales y salarios incapaces de cubrir necesidades esenciales.

Elena* salió de Cuba el 4 de julio de 2023 en un vuelo directo hacia Managua, Nicaragua. Desde allí recorrió, por tierra, Honduras y Guatemala hasta llegar a Tapachula, Chiapas, el día 7. Fueron tres días bajo lluvias constantes. «Nos mojamos todos», recuerda.

Al preguntarle por qué decidió irse, menciona la precariedad económica y su desacuerdo con el Gobierno cubano. Era una idea que llevaba tiempo en su cabeza, pero no quería marcharse sin sus hijos. El detonante final fue el asesinato de su hermana: el agresor, un hombre con antecedentes penales, quedó en libertad poco después. «Eso me hizo decir “no aguanto más”».

Para emprender el viaje, contactó meses antes —a través de Facebook— a una persona que le organizó la ruta. Nunca lo conoció en persona, pero en cada país fue recibida por «coordinadores locales» que le garantizaron comida y hospedaje. «Nos trataron bien», dice, aunque viajaba con el miedo de tantas historias de muerte y abandono en el camino. El trayecto completo costó poco más de 2 600 USD, cubierto con ahorros y la venta de bienes.

Su recorrido fue recogido por el estudio «Nuevas olas migratorias en las Américas», coordinado por la fundación 4Métrica: mientras algunos cubanos realizan el viaje en vuelos comerciales o humanitarios gestionados a través de programas académicos o vínculos familiares, otros, como Elena, atraviesan Centroamérica por tierra. Estas travesías suelen estar marcadas por detenciones, caminatas nocturnas, estafas de coyotes o extorsiones policiales. El costo también varía: de 350 a 1 000 USD por vía aérea, y más de 4 000 cuando intervienen coyotes. En la mayoría de los casos, los recursos provienen de ventas, ahorros o remesas familiares.

Al llegar a Tapachula, Elena se instaló en una renta que ya tenía acordada. En la madrugada del lunes siguiente se presentó en las oficinas locales de la Comar. La alta demanda la obligó a pagar 250 MXN (pesos mexicanos) por un turno. Solicitó refugio, le tomaron huellas digitales y recibió autorización para permanecer en el territorio hasta el resultado final. «El 23 de noviembre de 2023 mi resolución fue positiva: refugiada y residencia permanente».

Durante el proceso recibió apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur): asesoría legal, atención médica, artículos de aseo, ayuda económica y el boleto de autobús hacia Monterrey, donde también obtuvo un subsidio decreciente durante cuatro meses. «Todo el trámite fue gratuito».

Esta, sin embargo, no es la experiencia general. De acuerdo con el estudio, la gran mayoría de los cubanos no reciben asistencia económica ni social al llegar a México, ya sea por desconocimiento, exclusión de programas existentes o porque no la solicitaron.

Donde sí hay consenso es en que, con el aumento de los flujos migratorios, los procedimientos de asilo se han vuelto más lentos y complejos. Aun con resoluciones favorables, las personas enfrentan demoras en la entrega de documentos, y la saturación de instituciones como Comar es evidente. Además, se restringió la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que antes permitía trabajar mientras se resolvía la solicitud de refugio. Hoy los mecanismos son escasos, costosos y poco adaptados a la realidad del desplazamiento.

En ese vacío, las organizaciones de la sociedad civil han asumido un rol clave. Varias ofrecen asesoría legal gratuita, atención psicojurídica y programas de integración que incluyen vivienda, salud y empleo. Entre ellas se encuentran Libre Mariposa, Casa del Migrante, Espacio Migrante, Asylum Access, Casa Arcoiris —especializada en población LGBT+—, Jardín de las Mariposas y Refugiados Unidos. También está la Mesa de Enlace para Refugiados (Merlo), que difunde información confiable para evitar engaños de traficantes o rumores en redes sociales. Todo el proceso, entre trámites, transporte, servicios legales y periodos sin empleo puede costar hasta 22 000 MXN (unos 1 160 USD).

Desde su llegada en 2023, Elena ha vivido en Tapachula y Monterrey. Ha trabajado como recepcionista en hoteles y empresas, y actualmente cumple 48 horas semanales de lunes a jueves, con un salario de 2 400 pesos mexicanos a la semana — alrededor de 9 000 MXN al mes—. Vive sola en un departamento por el que paga 3 000 de renta.

«El barrio es tranquilo, pero algo apartado; planeo mudarme al centro de Monterrey».

El acceso a la vivienda es uno de los mayores desafíos para quienes llegan. La discriminación por parte de arrendadores, la falta de documentos o avales y la especulación de precios obligan a muchas familias a compartir espacios, vivir en cuarterías o instalarse en casas abandonadas sin servicios básicos. Esta situación se agrava por la falta de regulación en el mercado de alquiler y de políticas públicas de vivienda social para migrantes.

Tampoco el trabajo formal resulta sencillo. Los retrasos en los trámites y la disminución de permisos humanitarios empujan a la mayoría al empleo informal, mal pagado y sin derechos. Sectores como la venta ambulante, la carga y descarga en mercados, talleres, restaurantes, maquilas o limpieza urbana concentran buena parte de estas «oportunidades» precarias. En contraste, la población cubana suele mostrar una inserción ligeramente mayor en empleos registrados, especialmente quienes logran residencia temporal o permanente.

A poco más de dos años de su llegada, Elena dice haberse sentido acogida por la comunidad mexicana y la diáspora cubana, aunque en Tapachula enfrentó prejuicios: clientes que la rechazaron por ser migrante y afrodescendiente. En México, ha construido una vida propia desde cero, aunque sin familia y con la mayoría de sus amigos —solicitantes del CBP One— ya fuera del país.

Su experiencia se parece a la de otros cubanos que en sus primeras semanas suelen apoyarse en compatriotas, aunque todavía falta que existan asociaciones más visibles y activas que fortalezcan estos vínculos.

Hoy valora la política migratoria mexicana porque le permitió regularizar su situación y «no vivir escondida». Aun así, insiste en que falta información y acompañamiento para acceder a vivienda y empleo: «Combatir que en empresas y rentas se rechace a migrantes por ser migrantes».

De la misión médica en Venezuela al limbo en Colombia: la ruta irregular de cubanos por Táchira y Cúcuta

Manuel, excolaborador de la misión médica cubana en Venezuela, cruzó por trochas de Táchira a Cúcuta para evitar controles y represalias. En Bogotá quedó varado en un limbo migratorio: sin papeles, con alquileres y empleos restringidos, y la única opción de refugio, lenta e incierta, marcada por la precariedad.

Si bien México ofrece mayor flexibilidad que otros países de la región, existe consenso en que su Ley de Migración, vigente desde 2011, está desfasada frente a las dinámicas actuales. El problema no radica únicamente en la norma, sino en su implementación: saturación institucional, ausencia de políticas públicas coherentes y limitadas vías de regularización. El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ampliado la protección de derechos al declarar inconstitucionales prácticas como la detención prolongada o los retenes fuera de puntos internacionales. Sin embargo, el Poder Legislativo es señalado por su inacción frente a la necesidad de reformas y supervisión efectiva de las autoridades migratorias.

Nuevos patrones migratorios en México 

En 2022, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 14 757 solicitudes de venezolanos, un incremento drástico en relación con años anteriores. Para 2024, Venezuela se ubicó en la quinta posición en volumen de migrantes internacionales en México.

Cuba, por su parte, alcanzó cifras históricas entre 2022 y 2023, con 41 771 y 26 832 solicitantes ante el Instituto Nacional de Migración (INM), respectivamente. Este aumento se relaciona con la exención de visado para ciudadanos cubanos por parte del Gobierno de Nicaragua (noviembre de 2021), lo que facilitó su ingreso a la región. En 2023, las solicitudes superaron las 18 400, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

A la par, entre 2014 y 2023, el INM registró cerca de 22 000 presentaciones de personas procedentes de El Salvador, mientras que Comar reportó un promedio de 6 500 solicitudes de refugio entre 2019 y 2023.

El paso o permanencia de migrantes salvadoreños en México es relevante desde la década de 1980, debido a la confrontación armada dentro del país centroamericano que desplazó a miles de nacionales. Desde 2019, sin embargo, un nuevo contexto político y social ha impulsado flujos adicionales. El presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial con el objetivo de reducir los niveles de violencia, estrategia que se materializó en un régimen de excepción que ha restringido derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión, así como la privacidad en las comunicaciones, mediante reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

A pesar de las diferencias entre las tres nacionalidades y contextos de origen, las expectativas de los migrantes al llegar a México coinciden en varios puntos. La mayoría buscaba estabilidad económica, acceso a la educación y una vida más digna y segura.

Políticas migratorias

De acuerdo con el estudio coordinado por 4Métrica, la mayoría de los migrantes centroamericanos y del Caribe ingresan al territorio mexicano sin documentos que acrediten su estancia legal, debido a las dificultades institucionales para obtener un permiso. Esto refleja las particularidades de la política migratoria mexicana y así es percibida por personas procedentes de Cuba, Venezuela y El Salvador.

La política migratoria en México, como lo evidencian los testimonios de Marta, Viviana y Hernán, ha sido objeto de múltiples críticas: improvisación, falta de un diagnóstico claro y de coordinación entre los distintos niveles del Gobierno. Las leyes vigentes aún no están diseñadas para gestionar un tránsito regular y, en su lugar, se recurre a un despliegue militar que ha generado preocupación en organismos de derechos humanos.

La estrategia predominante sigue centrada en la criminalización, segregación, detención y deportación de personas en situación irregular, mientras persiste un vacío informativo sobre el derecho a solicitar refugio.

Comar no tiene presencia en todos los puntos de ingreso formal, lo que hace que la información sobre asilo sea escasa o manipulada con facilidad. En muchos casos, los migrantes son disuadidos de solicitar protección internacional mediante el uso del miedo o la oferta de retornos voluntarios. La respuesta varía según la región: algunas entidades muestran sensibilidad, pero otras combinan la agenda migratoria con temas de seguridad o pobreza.

Rutas del desarraigo: La vida de migrantes cubanos y venezolanos en Chile

Marta y Mariana llegaron a Chile desde puntos distintos del continente, pero ambas sueñan con regularizar su situación migratoria. Una escapó de la precariedad en Cuba; la otra, huyó de amenazas políticas y del colapso institucional en Venezuela. Marta quisiera poder trabajar de forma estable para costear su tratamiento de cáncer. Mariana aspira a revalidar sus estudios para terminar de formarse como ingeniera y ofrecer a su hija un mejor futuro.

En 2010, organizaciones de la sociedad civil impulsaron un debate nacional que derivó en la Ley de Migración y su reglamento. Como resultado, se creó el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, que fijó objetivos clave: integrar la movilidad en estrategias de desarrollo regional, garantizar los derechos humanos de los migrantes, favorecer la integración y reintegración familiar, y fortalecer el acceso a la justicia. Sin embargo, el PEM presentó dos grandes limitaciones: careció de una visión económica integral que atendiera las causas estructurales de la migración y, además, tuvo un carácter no vinculante y sin respaldo presupuestario suficiente. En 2015, apenas se destinaron 50 millones de pesos al programa, lo que representó el 0.19 % de las remesas familiares recibidas ese año.

A inicios de 2019, el Gobierno mexicano implementó la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con la que buscó regularizar la estancia de más de 13 000 personas que llegaron masivamente al país. El documento, con vigencia de un año y posibilidad de renovación, facilitaba el libre traslado de migrantes, el acceso a medios de transporte más seguros y la posibilidad de incorporarse al mercado laboral.

Pero la medida duró poco. Ante la presión del Gobierno de Estados Unidos, seis meses después el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió la expedición de estas visas, restringió el paso de nuevas caravanas en la frontera sur y desplegó a la Guardia Nacional junto con agentes de migración y policías federales en los principales puntos de tránsito.

Las consecuencias se sintieron pronto. La crisis migratoria de 2019 provocó tensiones políticas y sociales en varias regiones del país, sobre todo en el sur y en ciudades fronterizas del norte. El aumento de personas en espera de respuesta a sus solicitudes de refugio en Estados Unidos generó fricciones con comunidades locales, donde se percibió que el Gobierno priorizaba la gestión migratoria por encima de otras necesidades internas.

La criminalización de los migrantes en el discurso mediático profundizó esa percepción, instalando la idea de que la movilidad era un problema de seguridad pública más que un fenómeno social y humanitario. De ese cruce nació incluso un nuevo concepto: crimigración.

Los medios de comunicación desempeñaron un papel clave en reforzar estereotipos negativos, al asociar la migración con crisis humanitaria, amenaza económica o inseguridad nacional. Las redes sociales, por su parte, amplificaron discursos de odio y desinformación.

Aunque existen intentos por disputar esa narrativa —con coberturas que resaltan las contribuciones de los migrantes y su rol en la vida económica y cultural del país—, siguen siendo voces minoritarias en un ecosistema mediático que, hasta hoy, reproduce más temores que soluciones.

El desafío pendiente del Estado mexicano no es solo normativo, sino también político y social: asumir que la movilidad humana no constituye una crisis a contener, sino una realidad estructural que ya forma parte del presente y del futuro del país.

Este reportaje forma parte de una serie multimedia de la Fundación Más Voces y 4Métrica dedicada a difundir los resultados del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas» que analiza la migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia Chile, Colombia, México y Estados Unidos.